Economía

El Negocio de la Muerte en el Perú

César Risso

A LAS DISCUSIONES SOBRE EL TRATO a los medicamentos en el marco del TPP que se dio hace unos pocos años, se agrega el monopolio de la comercialización de los mismos, a raíz de la compra por parte del grupo Intercorp de las cadenas de farmacias Mifarma, BTL y Fasa.

        Esta adquisición, de 583 millones de dólares, le da el control a Intercorp del 95% del mercado de comercialización de medicamentos en el Perú.

        Tenemos pues lo que se conoce como posición de dominio, o sea un monopolio en la comercialización de medicamentos. Esto le permitirá al susodicho grupo tener el control de los precios de los medicamentos, crear escasez artificial de los mismos, etc. Aunque según el gerente general de Inretail (empresa de Intercorp que realizó la adquisición)

“Esta transacción reafirma nuestro compromiso de continuar brindando acceso a la salud y bienestar a todos los peruanos y, además, nos permite expandir nuestra presencia a otros mercados atractivos dentro de la región andina”.

La expresión que ha utilizado el gerente de esta empresa es muy elocuente; “continuar”, dice. Pero, continuar qué.

        El año 2016 se sancionó con una multa de 8 millones de soles por parte de Indecopi a las cadenas de farmacias Arcángel, Fasa, Inkafarma, Mifarma y Felicidad por haber concertado precios de medicamentos y complementos nutricionales.

        Pues bien, lo que fue motivo de sanción el año 2016 ya no requerirá de la concertación de precios, ya que ahora estas cadenas son parte de una misma empresa.         Es decir, para elevar los precios, este grupo ya no incurrirá en el delito de concertación de precios: ahora será legal elevar los precios a su antojo.

        Cuál es el impacto que tendrá esta situación en la población. Aunque no podemos medir inmediatamente este impacto, podemos deducirlo teniendo en cuenta los estudios previos.

        El año 2006 el Ministerio de Salud publicó la versión resumida del estudio Potenciales efectos del tratado de libre comercio con Estados Unidos en el acceso a medicamentos.¹ Lamentablemente el Ministerio de Salud no tuvo el mismo cuidado para la firma del TPP. Sin embargo, la información contenida en el estudio puede ser de mucha utilidad.

“Aproximadamente 40% de la población no está cubierto por un seguro y 30% tiene sólo coberturas parciales (que no suelen incluir las enfermedades de alto costo), por lo que sus gastos en salud y medicamentos tienen, como ya se señaló, un carácter altamente regresivo e inequitativo. En el Perú, a pesar de sus niveles de pobreza, gran parte del gasto en salud y medicamentos es costeado por el propio consumidor.”

“Se estima que entre 25% y 30% de la población del país no tiene acceso a los medicamentos esenciales que necesita (Valladares 2001). Esta situación, por cierto, no es reciente, y la principal responsabilidad le corresponde al Estado, particularmente al sector Salud.”

Esta es la condición en la que se desenvuelven los trabajadores, y los sectores sometidos a variadas formas de explotación comandadas por el capitalismo.

        Con respecto a los precios de los medicamentos se tiene que: 

“La desregulación del mercado farmacéutico peruano y la ausencia de mecanismos de seguimiento de los precios de las medicinas han facilitado que el precio de nuestras medicinas sea uno de los más altos de la región, incluso en comparación con algunos países europeos, lo que sin duda contribuye al reducido acceso a medicamentos por parte de la población.”

Tomemos la experiencia de otros países con respecto al impacto de los acuerdos de libre comercio en el acceso a medicamentos.

        En Canadá, por ejemplo, el precio de los medicamentos no patentados creció a una menor tasa que el aumento de los precios de los medicamentos protegidos por patentes. A pesar de este mayor aumento de precios de los medicamentos patentados, las ventas de estos crecieron más, debido a la lentitud del ingreso de los medicamentos genéricos, retraso que se debe justamente a la protección otorgada por la patente.

        La Comisión de Propiedad Intelectual del Gobierno Inglés, el año 2000 presentó los resultados de una investigación del impacto de la  introducción del régimen de patentes en los acuerdos comerciales en los países en desarrollo, concluyendo que los precios de los medicamentos se elevarían en un rango que va de 12% hasta 200%.

        En Australia, el acuerdo comercial firmado con Estados Unidos, provocaría el aumento del gasto farmacéutico en 1.500 millones de dólares.

        Al año 2006, el resultado de la firma del Acuerdo de Promoción Comercial firmado con Estados Unidos, los precios de algunos medicamentos, no obstante la desregulación y el libre mercado, considerados como la panacea del capitalismo, subieron en 400% o más en comparación con los precios de siete países de la región y tres de Europa.

        Si esta es la situación en cuanto a la producción de medicamentos, podemos imaginar cuál será el impacto como consecuencia del monopolio de la comercialización. Una razón del aumento de los precios está dada por la protección por medio de patentes. Una segunda razón del aumento de los precios de los medicamentos estaría dada por el monopolio de su comercialización.

        Aunque el asunto no se detiene aquí. Se prevé la agudización de la competencia entre las empresas productoras y las empresas comercializadoras de medicamentos. Será el conflicto entre la burguesía industrial y la comercial, por apropiarse una mayor porción de plusvalía.

        De qué monto estamos hablando. El mercado peruano de medicamentos era de entre 600 y 650 millones de dólares (Ministerio de Salud 2003. Cuentas nacionales de salud). Esta cifra aumentó llegando, en el año 2016, hasta los 1.400 millones de dólares. Esto da cuenta del volumen económico de lo que está en juego para estos dos sectores de la burguesía.

        Por su parte, el Estado atiende a determinados sectores en el ámbito de la salud. Que el Estado atienda enfermedades específicas significa dos cosas: que el Estado adquiere medicamentos a un precio cada vez más alto, y que como representante de la burguesía, tiene que preocuparse por la salud de los trabajadores, pues sin estos, la burguesía no tendría a quién explotar.

        En el primer caso, el presupuesto tiene que ser cada vez mayor para poder adquirir medicamentos a precios más altos, de lo contrario solo podría comprar cantidades menores de medicamentos, atendiendo a menos trabajadores.

        Algunos datos presentados en el informe del Ministerio de Salud nos muestran la gravedad del impacto del acuerdo comercial firmado con Estados Unidos:

“Si bien el impacto económico total del TLC podría llegar hasta los 398 millones de dólares, lo más probable es que se produzca una pérdida de bienestar en el rango de 205 millones a 300 millones de dólares entre los años 2011 y 2017, lo que significará principalmente mayores gastos de bolsillo, pero también mayores gastos en el MINSA y ESSALUD. El efecto atribuible a los datos de prueba (“efecto TLC”) oscilará entre 130 millones y 170 millones de dólares, siendo su efecto al primer año de 34,4 millones de dólares para mantener los mismos niveles de cobertura y cuidado de la salud de los hogares.

“Si se descompone el efecto atribuible directamente al TLC (básicamente datos de prueba), en el primer año se observa que de los 34,4 millones de dólares adicionales, 29 millones de dólares deberán ser asumidos por las familias, y la diferencia (5,4 millones de dólares) corresponde al presupuesto adicional que requerirán tanto el MINSA como ESSALUD para mantener los mismos niveles de cobertura.”

“La estrategia de reducir o eliminar aranceles e IGV, aplicada desde hace varios años en el contexto de una libertad absoluta en la fijación de precios, no ha sido efectiva. Los precios no se redujeron e incluso se incrementaron, lo que ha causado un doble perjuicio a la sociedad, porque también contribuyó a reducir los ingresos fiscales. Todos los beneficios de la medida significaron un millón de dólares de ganancias adicionales por año para las empresas farmacéuticas.

“La rebaja de precios esperada por el 18% del IGV (luego 19%) y de 12% de aranceles era en promedio de 20%. Sin embargo, de una muestra de 200 medicamentos oncológicos, solamente 8% rebajaron sus precios en 20% o más; el resto rebajó menos, no bajó e incluso un grupo de 23% aumentaron sus precios (véase también el anexo B.4).”

De un lado acuerdo de libre comercio para la protección de patentes y aumento de los años de protección para que las grandes transnacionales funcionen como monopolios; de otro lado, concentración de la comercialización de medicamentos en nuestro país, formando un monopolio. Ya sea que el monopolio sea promovido por el Estado, como en el caso de los acuerdos comerciales, o que se formen naturalmente como consecuencia de la competencia, el resultado es el mismo. Finalmente, estos monopolios tienen como objetivo inmediato el incremento de las ganancias por medio del incremento de los precios.

        Las consecuencias para los sectores de escasos recursos es la reducción de su ingreso real, al adquirir medicamentos cada vez más caros, con lo cual dispondrán de una menor proporción de sus ingresos para destinarla al consumo de alimentos, lo cual provocará más enfermedades. El capitalismo atenaza así a los trabajadores, sin dejarles ninguna salida en este mismo sistema.

        El tope del desarrollo del capitalismo está dado por el límite que el mismo sistema se impone. Como ya no puede sostener a los trabajadores a los que explota, la única posibilidad de continuar la explotación es imponiendo regímenes fascistas, con lo cual se aproxima a su superación definitiva por el socialismo.

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Notas

(1) http://www.minsa.gob.pe/portada/Especiales/TLC-MINSA/TLCresumen.pdf

Capitalismo, Barbarie y Esclavitud Moderna*

Ana García

“No es nada extraordinario encontrar en Nottingham a 14, a 20 niños, comprimidos en un cuartucho que acaso no tiene más que 12 pies cuadrados, consagrados 15 horas de las 24 que trae el día a un trabajo que es ya agotador de por sí por su aburrimiento y monotonía, y además en las condiciones más malsanas que puedan imaginarse... Hasta los niños más pequeños trabajan con una concentración y una celeridad asombrosas, sin dar jamás descanso a sus dedos ni amortiguar sus movimientos. Si se les habla, no levantan la vista de la labor, por miedo a perder un minuto de trabajo. (…) El 'palo largo' sirve a las 'Místresses' como estímulo, administrado en la proporción en que la jornada de trabajo se alarga. (…) Los niños van agotándose poco a poco y se convierten en seres desasosegados como los pájaros, conforme va acercándose el término de su largo encadenamiento a una faena monótona, mortífera para los ojos, agotadora por la posición constante en que hay que mantener el cuerpo. Es un verdadero trabajo de esclavos”.

Karl Marx, El Capital

ASÍ DESCRIBÍA MARX la situación de explotación laboral salvaje que ingentes cifras de niños sufrían en Inglaterra hace más de 150 años. Pudiera parecer que hablamos de una realidad remota, superada y felizmente pasada, pero la realidad es que en el año 2018 la situación que sufren millones de personas, incluidos niños, en todo el mundo nos hace recordar las escalofriantes imágenes que se retrataban en las páginas de El Capital.

        Todas las alarmas han vuelto a sonar. Las imágenes difundidas el pasado 17 de diciembre por la CNN en las que se mostraba una verdadera subasta de seres humanos en Libia, donde migrantes eran vendidos por 300 y 400 dólares, han recorrido las televisiones y periódicos de todo el mundo, causando un enorme impacto e indignación. El presidente francés, Emmanuel Macron, o Federica Mogherini, alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, eran algunos de los que ponían el grito en el cielo denunciando esta situación y calificándola de inaceptable. Pero sus declaraciones, lamentos y buenas palabras en defensa de los derechos humanos contrastan enormemente con los intereses que estas mismas personas defienden en Libia y en muchos otros países de África y Asia promoviendo guerras de rapiña y millonarios negocios sobre la base del sufrimiento y la desesperación que viven cada día de su vida millones de personas.

El esclavismo, ¿una práctica del pasado?

Las imágenes de la CNN han puesto de manifiesto una realidad que, aunque oculta, no es para nada excepcional. Se estiman que existen en todo el mundo 45,8 millones de personas esclavizadas, una cifra que equivale aproximadamente a toda la población del Estado español. La esclavitud es además una práctica que ha experimentado un tremendo auge en los últimos años, de forma paralela al desarrollo de la crisis económica. Según Andrew Foster, presidente y fundador de Walk Free Foundation, “durante los últimos cinco años 89 millones de personas llegaron a experimentar alguna forma de esclavitud moderna por períodos de tiempo que abarcan desde unos pocos días hasta cinco años”. Se calcula que el trabajo forzado genera ingresos ilegales por más de 150.000 millones de dólares al año según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), una cifra tres veces superior a los ingresos de Apple en todo un año y superior al PIB de la mayoría de países africanos.

        Tal y como revela la OIT, la mayoría de las personas víctimas de la esclavitud trabajan en industrias como la agricultura, la pesca, la construcción, la manufactura, la minería, los servicios y el trabajo doméstico, es decir que la inmensa mayoría forman parte del proceso de producción de bienes. La industria de pescados y mariscos es un gran ejemplo de cómo este tipo de prácticas no son una excepción. Tailandia, por ejemplo, el mayor exportador de mariscos del mundo, es uno de los países famoso por formar las tripulaciones de sus barcos con migrantes birmanos y camboyanos forzados a trabajar como esclavos. Resulta difícil pensar que se trata de una fatídica casualidad: trabajo esclavo en el sector de la primera potencia exportadora de mariscos. Por supuesto no es el único caso, ni mucho menos. Los testimonios al respecto son impactantes y reflejan el tipo de prácticas cada vez más extendidas en este sector: las víctimas son retenidas en barcos durante varios años contra su voluntad, a riesgo de ser tirados por la borda si se niegan a trabajar, extorsionados con dañar a sus familias y viviendo en condiciones infrahumanas.

Guerras imperialistas y refugiados: una cantera de mano de obra esclava

La responsabilidad y complicidad de los gobiernos de las grandes potencias europeas y mundiales a este respecto clama el cielo. De hecho, son los migrantes y los refugiados las primeras víctimas de la explotación esclava. Las políticas económicas de los capitalistas, las recetas del FMI, las guerras imperialistas impulsadas, armadas y fomentadas en terceros países donde las grandes potencias se disputan los recursos naturales y las posiciones geoestratégicas más importantes de todo el mundo juegan un papel vital en esta desastrosa situación. No solamente destruyen países enteros con guerras que les sumen en el caos y la barbarie, que alientan la creación de grupos radicales, de terrorismo, sino que además provocan que cientos de miles de personas huyan de la guerra, del hambre, la miseria o incluso de la persecución política y religiosa.

        El caso de Libia –donde el 30% de su PIB procede del tráfico de personas– es muy representativo al respecto. Se calcula que hay cerca de 700.000 refugiados y millares de esclavos, provenientes fundamentalmente del África subsahariana. Estos migrantes son interceptados en su largo camino a Europa por los gobiernos europeos en  operaciones conjuntas con el gobierno libio. Como recompensa por evitar físicamente su entrada a Europa, los gobiernos europeos no sólo pagan cuantiosas sumas de dinero al gobierno libio sino que también abastecen el mercado de personas desesperadas e indefensas que terminarán en muchos casos vendidas, maltratadas, vejadas o explotadas en redes de trata por todo el mundo.

        La Guardia Costera de Libia –entrenada y financiada por la UE y la OTAN, quienes también les dan apoyo vía aérea y suministran informaciones sobre la localización de migrantes– ha sido frecuentemente acusada de colaborar con milicias y contrabandistas y de violar los derechos humanos de los migrantes. Una vez capturados son llevados a campos de concentración donde son maltratados y muchas veces vendidos como esclavos. Programas como “Fondo África”, firmado el pasado octubre entre Italia y Libia y que aporta cerca de 236 millones de dólares al gobierno de Libia, o la “Operación Sofía”, el operativo actual comandado por el Estado español y anteriormente por Gran Bretaña, representan los acuerdos de la vergüenza entre las grandes potencias europeas y sus representantes, que lloran lágrimas de cocodrilo por la desgraciada suerte de estas personas, mientras pagan a otros por hacer el trabajo sucio, condenando a centenares de miles de personas inocentes a vivir un auténtico infierno en la tierra.

Los que baten récord de beneficios gracias al trabajo esclavo

¿Quiénes se benefician del trabajo de estas personas? La respuesta es bien sencilla: las grandes multinacionales que cotizan en los mayores índices del mundo y cuyos nombres son sinónimo de progreso y modernidad, y que basan su riqueza en extraer hasta la última gota de plusvalía –y en muchas ocasiones de sangre– de trabajadores esclavos para obtener sus beneficios multimillonarios.

        La industria de la telefonía móvil, la automoción y los dispositivos electrónicos son una de las grandes impulsoras de esta práctica. Multinacionales como Volkswagen, Apple, Microsoft, Samsung, Sony o HP han sido acusadas por Amnistía Internacional de utilizar trabajo esclavo infantil para la extracción de coltán y cobalto en Congo, donde se encuentra el 80% de los recursos mundiales de coltán, el mineral con el que se fabrican las baterías de sus productos. “Sus dolores musculares y problemas pulmonares son demasiado comunes para tener poco más de 10 años. Lo son también los gritos recibidos, los abusos físicos y psicológicos, las decenas de horas de trabajo diario en una mina. El dólar y medio obtenido por cada fatídica jornada de extracción de cobalto, material fundamental para la fabricación de las baterías que acaban siendo comercializadas por una empresa china cuyos materiales, a su vez, acaban abasteciendo a Volkswagen, Apple, Microsoft, Samsung o HP, según los documentos a los que ha tenido acceso Amnistía Internacional”.

        La industria del maquillaje es otra de las grandes beneficiadas del trabajo esclavo infantil, llevando a cabo esa práctica especialmente en la India, donde se encuentran las mayores reservas de mica, el mineral que da brillo a las cremas y pinturas que luego se comercializan, tal y como han denunciado las organizaciones humanitarias Made a Free World y Anti-Slavery International en diversos documentos, campañas e informes a medios de comunicación desde el año 2014.

        El textil es otro de los viejos conocidos por emplear el trabajo esclavo, en países como la India. El informe Captured by cotton (Atrapadas en el algodón) relata el proceso de reclutamiento de miles de niñas y jóvenes indias de entre 14 y 20 años por los grandes fabricantes textiles. La inmensa mayoría de ellas pertenece a los Dalit, la casta más baja de la India, considerada impura y dedicada a tareas marginales con míseros salarios: limpiadores, lavanderos, artesanos callejeros... Las adolescentes son atraídas por sus empleadores con falsas promesas de una vida mejor, que incluye comida y alojamiento en las mismas factorías, y empujadas por sus padres por el reclamo de un salario diferido que cobrarán al acabar sus contratos de tres a cinco años, trabajando 72 horas a la semana por un salario de 0,88 euros al día, muchas veces encerradas en las propias fábricas, para costear su dote y contraer matrimonio. Tommy Hilfiger, Timberland, H&M, Marks&Spencer, Diesel, Gap, C&A, El Corte Inglés, Inditex –propietaria de Zara– y Cortefiel, son algunas de las marcas que se hacen de oro de esta forma.

        El hecho de que las principales empresas y multinacionales del mundo recurran a estas prácticas es muy ilustrativo: el trabajo esclavo juega un papel muy importante en el proceso productivo y como fuente de riqueza de los grandes capitalistas. Ante esta realidad, es fácil que nos vengan a la cabeza esas previsiones futuristas que todos hemos oído a economistas, sociólogos... en las que se argumenta que el progreso de la tecnología nos lleva inevitablemente al punto en que los trabajadores seamos, en un futuro próximo, sustituidos por la robótica. Ciertamente, el progreso de la tecnología podría desarrollarse hasta el punto de poder liberar de muchos trabajos a los hombres y mujeres de todo el mundo. El problema es que la dinámica del capitalismo no se rige por el criterio de hacer avanzar la sociedad, de hacerla más cómoda y amable para la mayoría, sino de garantizar el máximo beneficio de los grandes propietarios. Y esta lógica es la que demuestra que con tal de garantizar esa razón de ser del sistema que nos rige, todo está justificado: devolver a millones de personas a las condiciones de miseria de hace cientos de años, incluso volver a instaurar prácticas como la venta y explotación de seres humanos, que es mucho más barato y rentable que invertir en ciencia y tecnología.

El esclavismo moderno tiene rostro de mujer

Pero hay que olvidar esa falsa idea de que estas prácticas bárbaras se dan solamente en países azotados por la guerra y la devastación, que comprenden sólo a los países del tercer mundo, porque lo cierto es que también Europa y EEUU conviven con esta realidad oculta. Sin ir más lejos, la Organización Internacional de las Migraciones de la ONU estima que 8.400 personas viven en condiciones que pueden ser calificadas como esclavitud moderna en el Estado español. “En base a nuestra experiencia, en el sector agrícola se explota principalmente a víctimas llegadas de Rumanía, Lituania, Bulgaria o el Magreb. A las asiáticas las llevan a fábricas textiles, talleres o empresas cárnicas”, explica un comisario de la Policía Nacional al diario El País. Como cuando liberaron en el verano de 2015, en una operación conjunta de la Guardia Civil y Europol, a 23 pakistaníes que trabajaban de sol a sol en una red de más de 50 locales de kebabs distribuidos por Málaga, Sevilla, Córdoba, Granada y Jaén. “Los obligaban a cubrir jornadas continuadas sin ningún tipo de descanso y sin recibir a cambio ningún tipo de remuneración”, detallaban fuentes policiales antes de añadir que dormían hacinados en habitaciones con colchones tirados por el suelo y cubiertos con mantas viejas.

        Otro dato realmente escalofriante es el que destaca el informe “Estimaciones sobre Esclavitud Moderna 2017”: el 71% de todas esas víctimas de trabajo esclavo a nivel mundial son mujeres y niñas, es decir 29 millones de personas en total. Sobra decir que este porcentaje es aún mayor en casos donde su condición de esclavas responde a que son explotadas sexualmente. El Estado español es uno de los países en los que la explotación con fines sexuales ocupa un mayor porcentaje: el 96%. Rumanas, chinas y nigerianas son las nacionalidades más frecuentes de estas víctimas. Aquí cualquiera pueda vivir de la prostitución de otra, solo se castiga cuando hay violencia, coacción o una situación abusiva, pero es casi imposible probarlo si la víctima no denuncia. Curiosamente, la legislación española no recogió como delito en el código penal la trata de seres humanos para la explotación sexual hasta el año 2010.

        Y es que este tremendo negocio también vive un enorme auge en el Estado español, de forma paralela a los recortes y ataques del Partido Popular en los últimos años. La situación de vulnerabilidad, de desesperación de los sectores más desprotegidos como las mujeres, y especialmente las mujeres inmigrantes, las empuja a acabar prostituyéndose para sobrevivir. Mientras tanto, las mafias, proxenetas y redes de trata hacen su agosto con la connivencia de la mal llamada justicia que mira para otro lado.

Peperos y puteros

Según la ONU, el Estado español es el tercer país del mundo con más demanda de prostitución, después de Tailandia y Puerto Rico. Convertido sin lugar a dudas en un destino de “turismo sexual” da cobijo a lo que es considerado el mayor prostíbulo de toda Europa: los clubs de La Jonquera, en la frontera con Francia. Y es que, según fuentes policiales, en todo el Estado hay más de 1.700 clubes de alterne que mueven 5 millones de euros ¡al día!, sin contar el dinero de la publicidad, periódicos incluidos.

        El calvario de las víctimas es un daño colateral y sin valor para quienes se enriquecen y benefician de este tipo de esclavitud. Tal y como explica Rocío Mora, directora de Apramp, una de las ONGs de referencia en este ámbito, “es una obviedad que son muy pocas mujeres que se prostituyen, que están ahí porque quieren, la inmensa mayoría son víctimas de la trata o la explotación sexual”. Explica los indicios que demuestran que tras esas chicas hay una organización: viven encerradas en pisos o clubs donde comen y cenan, e incluso a las que están en la calle les llevan la comida y la leña para las fogatas. “Hay mujeres que a la hora de llegar al aeropuerto ya aparecen en la calle Montera de Madrid y no saben ni en qué ciudad están”.

        Los relatos y testimonios de las víctimas ponen de manifiesto la barbarie, el atraso y la degradación que conlleva un sistema y una justicia que permiten este tipo de maltrato flagrante hacia los seres humanos. Algunos son especialmente escalofriantes. El diario El País recogía muchos de ellos en una serie sobre la trata de seres humanos. Hablando sobre las víctimas de explotación sexual explicaba: “En 2012, una víctima rumana que logró escapar y fue de nuevo capturada acabó atada a un radiador, rapada al cero y con un tatuaje en la muñeca que le recordaba su precio, con un código de barras. La mostraban a sus compañeras de piso para que vieran lo que les podía ocurrir”. Increíble, repugnante y aterrador pensar que vivimos en las mismas ciudades donde estos dramas suceden ajenos a la vista de la mayor parte de la sociedad.

        Pero, ¿cómo es posible que esta realidad conviva sin problemas con la legalidad? ¿Cómo un negocio de tal magnitud –el segundo más lucrativo por detrás de las drogas– puede pasar inadvertido para Hacienda, para la policía? Pues la respuesta es tan sencilla como aberrante. Y es que quien se acaba beneficiando de este gran negocio no son otros que los grandes capitalistas con conexiones en las altas esferas de la política, de la judicatura, la policía… Y esta afirmación no es ninguna exageración polémica. Baste como muestra recordar la conversación filtrada entre Ignacio González –antiguo vicepresidente de la Comunidad de Madrid y mano derecha de Esperanza Aguirre durante años– y Luís Vicente Moro –exdelegado del Gobierno en Ceuta– cuando comentaban compungidos sobre la mala racha de un amigo común, hostelero, e Ignacio González proponía para mejorar la rentabilidad del negocio “usar uno de ellos (los hoteles) como una casa de putas y convertirlo en un puticlub con habitaciones cojonudas”, a lo que su colega le responde: “lo hemos pensado todo ya…, Palencia está llena de puticlubs”. Termina la conversación recomendándole puticlubs, claro, “los puticlubs, al lado de Palencia… donde teníamos la fábrica de azúcar, a tres kilómetros o cuatro, hay uno que te caes para atrás”. Sin palabras.

        Pero no se trata de un par de desalmados y depravados machistas y puteros, no son casos aislados. Todo el sistema protege los negocios de personajes como éstos. Y muy especialmente el Partido Popular. De hecho, la última reforma del código penal de 2015 estuvo a punto de castigar el proxenetismo totalmente, lo que hubiera significado el cierre de clubs e incluso prohibir la publicidad “erótica”. El texto pasó en el Congreso, pero en el Senado una mano, la del PP, retocó el texto y asoció el proxenetismo al concepto de explotación, que abre un margen de interpretación y sigue dificultando la prueba. Es decir, el Partido Popular evitó que así fuera.

¡No es la crisis! ¡Es el sistema!

Es obvio que no puede existir esclavitud para más de 40 millones de personas en todo el mundo si no es con la connivencia, el amable permiso y el agrado de los grandes banqueros, propietarios y magnates que se lucran gracias a ellos. Y no sólo ellos, sino todos los que trabajan a su servicio, los que reciben los sobres en Génova 13 y en otras sedes de partidos en todos los países de todo el mundo, en grandes fincas y casas de lujo, donde viven jueces, propietarios de medios de comunicación y un largo etcétera de todos aquellos que forman parte de ese gran ejército de mercenarios, de ese conglomerado al servicio del gran capital que abarca los gobiernos, los grandes operaciones financieras, las empresas generadoras de opinión como cadenas de televisión y periódicos, la judicatura...  El trabajo esclavo no es ningún accidente, no es excepcional, no es residual, sino una práctica que cada vez golpea a más personas por la sencilla razón de que el capitalismo lo necesita en momentos como éste, de vacas flacas, para poder reponerse y seguir aumentando sus beneficios.

        Esto es todo lo que un sistema agotado y decrépito como el capitalismo puede ofrecer a la sociedad. La hipocresía y la moral podrida de los dirigentes de las grandes potencias y los gobiernos a su servicio, de las instituciones que se supone defienden los derechos humanos mientras miran para otro lado en cuestiones tan graves como éstas, ponen encima de la mesa de una forma clara la necesidad de acabar con un sistema que condena a la mayoría. Y cada vez de forma más brutal, cruel y salvaje. Los avances y progresos que están al alcance de la mano en este momento histórico en el que las fuerzas productivas, la tecnología y la ciencia harían posible la mejora de la vida de millones de personas o acabar con la escasez, se desarrollan en sentido opuesto a toda velocidad. La naturaleza de este sistema le empuja a luchar por su supervivencia y eso significa, en momentos de crisis como éste, echar mano de todos los recursos posibles. Si es a costa de hacer retroceder a la sociedad siglos y siglos… que así sea. Por eso, para defender el futuro de la humanidad, para defender el derecho a vivir una vida digna hay que luchar por derribar este sistema caduco y construir una nueva sociedad en la que la ingente riqueza que el hombre es capaz de producir sirva para garantizar la dignidad de todas las personas y no la explotación y el sometimiento de la inmensa mayoría por parte de una minoría parásita.

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(*)http://www.izquierdarevolucionaria.net/index.php/internacional/otros-africa/10900-capitalismo-barbarie-y-esclavitud-moderna