domingo, 1 de octubre de 2017

Economía

Crisis Económica y Lamento Burgués

César Risso

EN LOS ÚLTIMOS NÚMEROS de la revista de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), curiosamente, se ha venido publicando artículos sobre la situación laboral en el Perú. Pero lo curioso no es el tema, al cual le dan un tratamiento en el que se plantea los llamados sobrecostos laborales, sino la visión un tanto dramática de la situación de los trabajadores, en la que proponen tener en cuenta la posibilidad de mejora de las condiciones laborales.

        Esto solo se puede explicar por la situación de crisis económica que se viene agudizando. Así, estas propuestas de los empresarios no son otra cosa que un grito de ayuda para que el gobierno de medidas a favor, no tanto de los trabajadores, sino de los empresarios.

        El proyecto de ley de promoción del empleo juvenil, en el que se respetan los derechos de los jóvenes trabajadores, como la remuneración mínima, las vacaciones, cts, etc., es un beneficio no para los jóvenes que se inician en el trabajo, sino para las empresas. Esto se debe a que al contratar jóvenes, las empresas reciben beneficios tributarios. De esta forma, de lo que se trata es de favorecer a las empresas, puesto que los trabajadores están protegidos, aunque más en el papel que en la realidad. Así pues, este proyecto de ley es una mascarada en la que se encubre el verdadero objetivo: destinar recursos del Estado para favorecer a las empresas y sus representantes.

        En el artículo 3 de la referida norma (Proyecto de Ley 1104 2016-PE), que trata del beneficio para la contratación de jóvenes, se dice:

“Los empleadores que contraten formalmente jóvenes que cumplan con alguna de las condiciones establecidas en el artículo precedente, tienen un crédito del cien por ciento (100%) respecto de las aportaciones regulares al Seguro Social de Salud correspondiente a dichos trabajadores.

El beneficio aplica por un máximo de tres (3) años para cada trabajador contratado bajo los alcances de la presente norma”

Uno de los síntomas de la crisis que se viene agudizando es la caída del sector manufactura:

“El sector manufactura cayó 6.28% en julio respecto al mismo mes de 2016, según el último Avance Coyuntural de la Actividad Económica del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Con ello, acumula dos meses consecutivos de contracción.

El sector lleva dos años seguidos en negativo. En específico, la caída en julio se debe a que la extracción de bienes marinos de consumo humano indirecto decreció.”1

Como se puede apreciar, la supuesta ley de promoción del empleo juvenil, en realidad es una norma de promoción, o de salvataje, de las empresas privadas.

        Una de las preocupaciones que tiene la burguesía respecto del empleo es acerca de la informalidad.

        Del total de la población económicamente activa (PEA) ocupada, el 28% tiene empleo formal, mientras que el 72% se encuentra en la informalidad, es decir, 11 millones 657 mil 322 personas.

        Como hemos señalado en anteriores artículos, no es la informalidad propiamente lo que le preocupa a la burguesía, pues esta le es útil para pagar bajos salarios; lo que le preocupa de la informalidad es cómo sustentar que su existencia se debe a los “sobrecostos laborales”, es decir, los costos de contratación de mano de obra, como las vacaciones, gratificaciones, cts. En pocas palabras, la burguesía quiere eliminar los derechos laborales conquistados por los trabajadores.

        Cuando la crisis se presenta, lo primero que hace la burguesía es cargar sobre los hombros de los trabajadores los costos de la crisis económica. Trata pues de mantener o aumentar la producción, no por medio del aumento de la productividad, que es una de las modalidades de incremento de la plusvalía, sino por medio de la disminución de las remuneraciones a través de la eliminación de las vacaciones, gratificaciones, cts, etc. Pero, cuando las condiciones burguesas de producción son insostenibles, la burguesía opta pura y simplemente por reducir la producción, despidiendo a gran parte de los trabajadores, o simplemente cerrando las empresas.

        Otra de las preocupaciones “sociales”, que manifiesta últimamente la burguesía, es la de la situación de la llamada “clase” vulnerable. Los organismos financieros de la burguesía imperialista dividen a la población en clase pobre, vulnerable, media y rica, según los ingresos que obtienen.

“[…] el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima afirma que el concepto de población vulnerable se toma de un estudio del Banco Mundial (2013) sobre la evolución de la clase media en América Latina, en donde, empleando un enfoque llamado de seguridad económica, definen cuatro clases socioeconómicas: pobres, vulnerables, clase media y alta, clasificadas según su ingreso per cápita medido bajo paridad de poder de compra (ppc). En el caso de la clase vulnerable se considera a los que tienen un ingreso per cápita diario de entre US$4 y US$10 (ppc) y clase pobre menos de US$4 (ppc).”2

Con este criterio, la población del Perú se divide en clase alta, 1,5%; clase media, 34,8%; clase vulnerable, 34,2%; y clase pobre, 29,5%.


        Esto quiere decir que la clase alta, 1,5% de la población,  explota a las clases vulnerable y pobre, extrayéndoles plusvalía; y a la clase media, por medio de la competencia, sustrayéndoles parte de la plusvalía que esta ha obtenido directamente de la clase pobre. Así tenemos que el 1,5% de la población explota al 63,7% de la población, o si tomamos a todos los que se ven afectados por el accionar de la “clase” rica, el 1,5% de la población explota al 98,5% de la población.

        Según el mismo estudio, la clase vulnerable consta de 10 millones 800 mil personas, de las cuales 3 millones 900 mil se encuentran en el límite de la clase vulnerable, es decir, a un paso de la pobreza. Que, por lo tanto, cualquier desequilibrio, o problema, como los causados por los fenómenos naturales, o la propia crisis económica, puede lanzar inmediatamente a estos cerca de 4 millones de personas a la situación de pobreza. El asunto que no ve la burguesía nativa e imperialista, es que la pobreza es un problema permanente, propio del sistema capitalista, y que para eliminarla se debe eliminar el sistema capitalista. Que, en consecuencia, en tanto el capitalismo siga dominando, el número de pobres oscilará, sin desaparecer.

        Otro aspecto de la problemática “social” que preocupa a la burguesía, es el de la canasta básica. El título del artículo en el que se encuentra esta preocupación es para no creerlo: Sube el costo de la canasta básica y aún no está del todo cubierta.

        “Jorge Guillén, profesor de Economía y Finanzas de ESAN comentó que había una propuesta para elevar el salario mínimo a S/1500 pero que el problema es que ello coadyuvaría a incrementar la informalidad, debido al incremento de los sobrecostos laborales. ‘Hay una buena población en pobreza y extrema pobreza, en especial en provincias. Ellos son los que generalmente no pueden acceder a una buena canasta. Hemos visto que el mínimo vital no cubre ni la mitad de un hogar de cuatro miembros. Además en los últimos meses, los alimentos se han incrementado por los huaycos, no estamos ajenos a presiones inflacionarias por este rubro’, expresó.”3

No podemos suscribir las intenciones de la burguesía al plantear problemas reales, pero que usan para favorecerse. Aunque los problemas que describen son las consecuencias de la explotación, pretenden hacernos ver que estos problemas no tienen causa alguna, o que de ninguna manera se le pueden atribuir al accionar de la burguesía ni al sistema capitalista.
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(3) http://www.camaralima.org.pe/RepositorioAPS/0/0/par/EDICION786/ED_DIG_786.pdf

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