Economía

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Del Capitalismo Burocrático al Neoliberalismo Extractivo: Tierra, Comunidades y Desposesión en el Perú (1969-2026)

Cesar Risso

MIENTRAS LA REFORMA Agraria de 1969 constituyó el mecanismo mediante el cual la burguesía burocrática promovió la liquidación de la semifeudalidad, las luchas campesinas permitieron la consolidación de la propiedad comunal como una conquista histórica frente a la concentración de la tierra. El resultado fue la transformación de la estructura agraria permitiendo que las comunidades campesinas se convirtieran en actores reconocidos del proceso productivo.

Cuadro 1: Evolución de la propiedad comunal (1969–2026)

Periodo	Marco legal	Comunidades campesinas	Comunidades nativas
1969–1979	Reforma agraria	Titularidad colectiva consolidada	Reconocimiento incipiente
1979–1993	Constitución 1979	Protección fuerte	Inclusión en desarrollo nacional
1993–2020	Constitución 1993	Posibilidad de transferencia	Ratificación OIT 169, titulación lenta
2021–2026	Ley 31335	Fragmentación y urbanización	Presión extractiva y débil protección

Fuente: Decreto Ley N.º 17716 (1969); Constitución Política del Perú (1979); Constitución Política del Perú (1993); Decreto Ley N.º 22175 (1978); Ley N.º 24656 (1987); Convenio N.º 169 de la OIT; Defensoría del Pueblo, informes sobre derechos colectivos y conflictos sociales; normativa agraria peruana vigente.
Elaboración: Elaboración propia.

La Reforma Agraria de 1969 reconoció dos formas de organización empresarial agraria: las Sociedades Agrícolas de Interés Social (SAIS) y las Cooperativas Agrarias de Producción (CAPS). Ambas fueron diseñadas para reemplazar el latifundio feudal y modernizar la agricultura, pero su funcionamiento tuvo implicaciones complejas en términos de relaciones laborales y sociales.

Las SAIS integraban comunidades campesinas con trabajadores asalariados en una estructura empresarial de gran escala. En teoría, buscaban combinar la propiedad comunal con la eficiencia productiva, otorgando participación a las comunidades. Sin embargo, en la práctica, muchas SAIS reprodujeron relaciones de subordinación: los comuneros quedaban como “socios” pero con escasa capacidad de decisión, mientras que la administración estaba controlada por técnicos y funcionarios estatales. Esto generó tensiones porque, aunque se abolió el gamonalismo, persistieron formas de trabajo forzado o servil disfrazadas de “obligaciones comunales” hacia la empresa.

Las CAPS, formadas a partir de la expropiación de haciendas, convertían a los trabajadores agrícolas en socios de cooperativas. Aunque representaban un avance frente al latifundio, muchas CAPS enfrentaron problemas de gestión y dependencia del Estado. En algunos casos, los campesinos continuaron trabajando bajo condiciones de disciplina laboral rígida, con jornadas extensas y bajos ingresos, lo que puede interpretarse como una continuidad de formas serviles adaptadas al nuevo marco cooperativo.

En consecuencia, tanto las SAIS como las CAPS fueron intentos de superar el latifundio feudal y permitir el desarrollo de la propiedad capitalista, pero en la práctica coexistieron con mecanismos de explotación que mantuvieron al campesinado en condiciones de subordinación. No se trató de servidumbre en el sentido clásico, pero sí de una transición donde el trabajo comunal y las obligaciones colectivas se transformaron en nuevas formas de explotación bajo el capitalismo estatal.

Cuadro 2: SAIS y CAPS en la Reforma Agraria de 1969

Organización	Características	Relación con comunidades	Uso de trabajo servil o subordinado
SAIS	Empresas colectivas de gran escala, con participación comunal y asalariada	Comuneros como socios con beneficios limitados, administración estatal	Persistencia de obligaciones comunales y subordinación técnica, formas cercanas al trabajo servil
CAPS	Cooperativas formadas tras la expropiación de haciendas	Trabajadores agrícolas convertidos en socios	Jornadas extensas, disciplina rígida, bajos ingresos; continuidad de explotación bajo lógica cooperativa

Fuente: Decreto Ley N.º 17716 (1969); José Matos Mar y José Mejía (1980); José María Caballero (1980); Giovanni Bonfiglio (2019); Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (1987).
Elaboración: Elaboración propia.

Del capitalismo burocrático en el campo se pasó al capitalismo en su versión neoliberal. El fenómeno de la servidumbre minera en el Perú entre 1990 y 2026 constituye un ejemplo claro de cómo el capitalismo extractivo se desarrolla articulando mecanismos legales de subordinación territorial con prácticas de expropiación encubierta. En este periodo, las comunidades campesinas y nativas han sido afectadas por proyectos de gran minería y de hidrocarburos que, bajo la figura de servidumbre, han impuesto el uso de sus tierras para infraestructura como carreteras, ductos, relaveras y gasoductos. Aunque la propiedad comunal se mantiene en el papel, el control efectivo sobre el territorio se transfiere a las empresas, debilitando la autonomía comunal y generando conflictos sociales persistentes.

Los casos de Yanacocha en Cajamarca, Conga, Las Bambas, Antapaccay, Tía María y Camisea evidencian las tensiones que pueden surgir entre las grandes inversiones extractivas y las comunidades locales. Diversos estudios y conflictos sociales han puesto de manifiesto que muchas comunidades consideran insuficientes las compensaciones económicas recibidas en comparación con la magnitud de los beneficios generados por los proyectos mineros e hidrocarburíferos. En Yanacocha se denunciaron compras de tierras a precios muy bajos respecto de su valor posterior; en Conga, la preocupación central estuvo vinculada a la afectación de lagunas y recursos hídricos; en Las Bambas, el reasentamiento de comunidades y el uso del corredor minero han originado protestas recurrentes; y en Camisea, las compensaciones económicas y proyectos de desarrollo coexistieron con profundas transformaciones sociales, culturales y ambientales en comunidades indígenas de la Amazonía. Estos casos reflejan las formas que adquieren los procesos de expropiación de tierras comunales.

La servidumbre minera se convierte así en una forma de expropiación encubierta: las comunidades mantienen el título de propiedad, pero pierden el control sobre el uso de la tierra. El Estado, al declarar la servidumbre como de “interés público”, legitima la imposición y reduce la capacidad de decisión comunal. Esto refleja una característica peculiar del capitalismo peruano: su carácter semicolonial, donde la modernización extractiva se articula con mecanismos legales que reproducen relaciones de explotación a través de las diversas formas de expropiación y de explotación de la fuerza de trabajo bajo formas precapitalistas que subsisten en el campo. La compensación económica, lejos de ser un mecanismo de “justicia” agudiza la expropiación, operando como un instrumento de fragmentación interna, dividiendo a las comunidades entre quienes aceptan y quienes resisten.

El cuadro cronológico de casos emblemáticos muestra que, desde 1990 hasta 2026, la servidumbre minera ha afectado a comunidades en Cajamarca, Apurímac, Cusco, Arequipa y la Amazonía. En todos los casos, las compensaciones otorgadas resultaron insuficientes frente a los beneficios obtenidos por las empresas, sin lograr resarcir la pérdida de autonomía territorial ni mitigar adecuadamente los impactos ambientales generados. La servidumbre minera, en consecuencia, debe entenderse como un mecanismo estructural del capitalismo extractivo peruano, que combina la legalidad con la expropiación y que confirma la vigencia de la tesis mariateguiana: el problema de la tierra sigue siendo el núcleo de las contradicciones sociales en el Perú.

Por su parte, la servidumbre hidrocarburífera se ha desplegado principalmente en la Amazonía, con proyectos como Camisea en Cusco y Ucayali. Aquí, las comunidades matsigenkas y asháninkas han visto restringido el uso de sus bosques y territorios ancestrales por la instalación de gasoductos y plantas de procesamiento. Las compensaciones colectivas han sido insignificantes frente a las ganancias de las empresas transnacionales de hidrocarburos. Además, la servidumbre hidrocarburífera ha implicado impactos ambientales severos, como deforestación, contaminación de ríos y pérdida de biodiversidad, afectando directamente la reproducción material y cultural de las comunidades nativas. En este caso, la figura de “cesión en uso” forestal ha sido clave: el Estado reconoce solo la propiedad sobre tierras agrícolas y mantiene bajo control estatal las tierras forestales, facilitando la intervención empresarial.

La comparación muestra que, aunque las modalidades varían, ambas formas de servidumbre cumplen una función estructural en el capitalismo peruano: garantizar el acceso del capital extractivo a territorios comunales sin necesidad de expropiación directa. En la sierra, la servidumbre minera se articula con la lógica de la gran minería, afectando tierras de cultivo y pastoreo; en la Amazonía, la servidumbre hidrocarburífera se vincula con la explotación de gas y petróleo, afectando bosques y territorios indígenas. En ambos casos, las compensaciones económicas son desproporcionadas respecto a las ganancias empresariales, y las comunidades mantienen el título de propiedad, pero pierden el control efectivo sobre el uso de la tierra. El Estado, al declarar estas servidumbres de “interés público”, legitima la imposición y reduce la capacidad de decisión comunal, reproduciendo relaciones de dependencia y subordinación.

La servidumbre minera y la servidumbre hidrocarburífera son dos caras de un mismo proceso: la acumulación por desposesión en el marco del capitalismo extractivo peruano. Ambas figuras muestran cómo el capital articula mecanismos legales con prácticas de despojo, confirmando que el problema de la tierra sigue siendo el núcleo de las contradicciones sociales en el Perú. Mientras las comunidades campesinas y nativas conservan formalmente la propiedad, el uso efectivo de sus territorios queda subordinado a las necesidades de las empresas, perpetuando un modelo de desarrollo semicolonial.

Cuadro 3: Cronología de la servidumbre minera en Perú (1990–2026)

Año	Proyecto / Empresa	Región	Comunidades afectadas	Infraestructura	Forma de afectación
1993–2000	Yanacocha (Newmont-Buenaventura)	Cajamarca	Choropampa, Combayo, La Encañada	Carreteras, ductos, campamentos	Pérdida de tierras agrícolas, contaminación de agua
2005–2012	Conga (Yanacocha)	Cajamarca	Sorochuco, Huasmín, Celendín	Reservorios, carreteras	Restricción de acceso a lagunas, división interna
2014–2026	Las Bambas (MMG)	Apurímac	Cotabambas, Chumbivilcas	Corredor minero, carreteras	Uso intensivo de vías comunales, contaminación por polvo
2016–2026	Antapaccay (Glencore)	Cusco	Espinar	Relaveras, líneas eléctricas	Limitación de pastos, afectación de agua
2004–2026	Camisea (Pluspetrol, Hunt Oil)	Cusco y Ucayali	Matsigenkas, Asháninkas	Gasoductos, servidumbre hidrocarburífera	Restricción de uso de bosques, impactos ambientales
2020–2026	Tía María (Southern Copper)	Arequipa	Valle del Tambo	Infraestructura minera	Riesgo de pérdida de tierras agrícolas, conflictos sociales

Fuente: Defensoría del Pueblo (Reportes de Conflictos Sociales, varios años); Instituto de Defensa Legal (IDL); Grufides; Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL); legislación minera e hidrocarburífera peruana.
Elaboración: Elaboración propia.

En la actualidad, las comunidades campesinas del Perú pueden verse afectadas por cuatro formas principales de servidumbre, que reflejan distintos mecanismos de subordinación territorial y económica frente al capital extractivo y productivo. Aunque la servidumbre minera es la más conocida, existen otras modalidades que operan bajo marcos legales o prácticas de hecho, todas con efectos similares: pérdida de control sobre la tierra, fragmentación comunal y dependencia económica.

La servidumbre no solo se aplica en el caso de la minería y de los hidrocarburos, sino también en la actividad eléctrica y energética, asociada a la instalación de líneas de transmisión, torres y subestaciones en tierras comunales. Las empresas eléctricas y mineras la utilizan para conectar operaciones extractivas con redes nacionales. Las compensaciones son bajas y los impactos paisajísticos y ambientales son significativos.

Del mismo modo, la servidumbre vial y agroindustrial, que se da en zonas de expansión agrícola y agroexportadora, donde empresas privadas o el Estado imponen el uso de tierras comunales para carreteras, canales de riego o infraestructura de transporte. Aunque se presenta como “de interés público”, suele beneficiar directamente a grandes productores y exportadores, reduciendo el acceso comunal a tierras fértiles.

Estas formas de servidumbre, aunque distintas en su objeto, comparten una lógica común: la subordinación del territorio comunal al capital, mediante mecanismos legales que permiten el uso empresarial sin expropiación directa. En conjunto, configuran un sistema de desposesión progresiva que articula el desarrollo del capitalismo peruano con la persistencia de relaciones de dependencia y desigualdad territorial.

Este ciclo puede interpretarse como una forma de acumulación por desposesión, concepto desarrollado por David Harvey (2004) para describir la apropiación de bienes comunes mediante mecanismos legales y económicos. En el caso peruano, la desposesión no se realiza únicamente por expropiación directa, sino por la transformación del régimen comunal en propiedad negociable. La comunidad, antes sujeto colectivo de producción y reproducción social, se convierte en agente económico presionado por la necesidad de liquidez y la falta de apoyo estatal. La venta de tierras comunales no responde a una lógica de inversión productiva, sino a la inserción forzada en un mercado extractivo que redefine el territorio como recurso.

El impacto económico de este proceso es doble. Por un lado, las comunidades pierden activos de largo plazo —tierra, agua, bosque— a cambio de ingresos inmediatos y limitados. Por otro, el Estado obtiene rentas fiscales por concesiones y regalías, pero sin redistribuirlas de manera efectiva en las zonas afectadas. El resultado es una estructura de desigualdad territorial: regiones con alta extracción y baja inversión social. Cajamarca, por ejemplo, concentra varios proyectos mineros activos y sigue siendo una de las regiones con mayor pobreza rural del país.

En términos sociales, la venta y servidumbre de tierras comunales ha generado una nueva forma de proletarización rural. Los comuneros desplazados se integran como trabajadores temporales en las mismas empresas que ocuparon sus tierras, perdiendo autonomía y capacidad de decisión sobre el territorio. Este fenómeno reproduce el sometimiento del campesinado frente al capital, característica del modelo extractivo semicolonial peruano desde el siglo XX.

La lectura histórica permite observar que la propiedad comunal ha sido un espacio de resistencia y negociación. A pesar de las presiones del mercado, muchas comunidades han optado por mantener el dominio común de sus tierras, crear empresas comunales o establecer alianzas cooperativas. Sin embargo, la tendencia general sigue siendo la fragmentación. La presión de las concesiones mineras y petroleras continúan erosionando la base territorial comunal.

En conclusión, el proceso de venta y desposesión de tierras comunales en el Perú entre 1920 y 2026 constituye una expresión prolongada del imperialismo como capitalismo extractivo. La tierra comunal, concebida como bien colectivo, ha sido transformada en mercancía bajo la lógica de acumulación por desposesión.

Fuentes:

Perú, Decreto Ley N.º 17716, Ley de Reforma Agraria (1969).

Perú, Decreto Ley N.º 22175, Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva (1978).

Perú, Constitución Política del Perú de 1979.

Perú, Constitución Política del Perú de 1993.

Perú, Ley N.º 24656, Ley General de Comunidades Campesinas (1987).

Perú, Ley N.º 26505, Ley de Tierras.

Perú, Ley N.º 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos.

Convenio N.º 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Mariátegui, José Carlos. Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. Lima, 1928.

Lenin, Vladímir I. El imperialismo, fase superior del capitalismo. Moscú, 1917.

Harvey, David. The New Imperialism. Oxford University Press, 2003.

Harvey, David. “Accumulation by Dispossession”. En The New Imperialism, 2004.

Matos Mar, José y Mejía, José. La Reforma Agraria en el Perú. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1980. [lineadetie...iep.org.pe]

Caballero, José María. Agricultura, Reforma Agraria y Pobreza Campesina. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1980. [lineadetie...iep.org.pe]

Caballero, José María y Álvarez, Elena. Aspectos cuantitativos de la Reforma Agraria (1969-1979). Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1980. [lineadetie...iep.org.pe]

Mayer, Enrique. Cuentos feos de la Reforma Agraria Peruana. Lima: IEP-CEPES, 2009. [lineadetie...iep.org.pe]

Bonfiglio, Giovanni. Las empresas de la Reforma Agraria. 40 años después. Lima: Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, 2019. [ojs.ceil-c...cet.gov.ar]

Perú: las empresas asociativas agrarias. CEPAL/FAO, 1987. [repositori....cepal.org]

Defensoría del Pueblo. Reportes de Conflictos Sociales (diversos números, 2004-2026).

Instituto de Defensa Legal (IDL). Informes sobre territorios comunales, industrias extractivas y derechos colectivos. [idl.org.pe]

Grufides. Documentación sobre Yanacocha, Conga y comunidades campesinas de Cajamarca. [grufides.org], [servindi.org]

Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL). Informes sobre conflictos mineros y territorios comunales.