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Si Una Persona en el Mundo Permanece Desprotegida, Todos Estamos Desprotegidos. El “Apartheid” de las Vacunas nos Pone a Todos en Peligro.

 

Amy Goodman

“HE RECIBIDO PERSONALMENTE más dosis de la vacuna contra la COVID-19 que 130 países”, dijo el Dr. Craig Spencer al referirse a las dos dosis de la vacuna contra la COVID-19 que recibió recientemente como médico de la sala de emergencias.

En 2014 el Dr. Spencer contrajo el ébola cuando se encontraba luchando contra la epidemia en Guinea, África. El doctor conoce la vital importancia de los protocolos de salud pública, del equipo de protección personal y de las vacunas: “Hace apenas unas semanas, uno de los pocos países del África subsahariana que comenzó a vacunar a su población fue Guinea, y recibió 25 dosis; no 2.500, ni 25.000, sino solo 25”. En una entrevista con Democracy Now!, el Dr. Spencer, que es director de salud global en medicina de emergencias en el Centro Médico de la Universidad de Columbia, dijo: “Por suerte yo he recibido la vacuna, pero mis amigos que trabajan en una clínica en el sur de Burundi, en África oriental, quizás tengan que esperar hasta 2022 o 2023”.

El problema que el Dr. Spencer describe en forma tan sentida y personal ha sido denominado como “apartheid de las vacunas” o “nacionalismo de las vacunas”. Las naciones ricas, como Estados Unidos, el Reino Unido y los países de la Unión Europea, negociaron la adquisición de miles de millones de dosis de las potenciales vacunas mientras éstas aún estaban en desarrollo. En cambio, las naciones más pobres, donde vive el 85% de la población mundial, han quedado a la deriva, obligadas a esperar los envíos de vacunas del programa Covax, un mecanismo de cooperación mundial coordinado por la Organización Mundial de la Salud.

El Dr. Spencer señala que algunos países ricos han comprado incluso dosis suficientes para vacunar a toda su población varias veces: “Podemos retener las dosis y acumularlas, o podemos pensar en cómo vacunar a las poblaciones vulnerables de otras partes del mundo. Hay 59 millones de trabajadores de la salud en el mundo. Podríamos tomar una proporción muy pequeña de las dosis que hemos encargado y podríamos ayudar a coordinar un programa con la Organización Mundial de la Salud y con otros organismos internacionales de salud para vacunar a las personas más vulnerables del mundo, para que no solo estemos seguros nosotros, sino que también lo estén las personas de otras partes del mundo”.

Un impedimento clave para la vacunación generalizada de la población mundial es la escasez en el suministro de las dosis de vacunas, agravada por la codicia de los países ricos. La mayoría de las vacunas disponibles han sido desarrolladas por corporaciones farmacéuticas privadas con fines de lucro, que poseen patentes sobre las vacunas, lo que les otorga el control monopólico sobre la producción de estos medicamentos tan necesarios para salvar vidas. Estas corporaciones se aseguran grandes ganancias, a pesar de haber recibido, en algunos casos, miles de millones de dólares en subsidios públicos para el desarrollo de las vacunas.

Esta explotación de la pandemia con fines de lucro es posible por la aplicación estricta de tratados mundiales, principalmente el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio. Varios países, encabezados por India y Sudáfrica, han pedido a la Organización Mundial del Comercio que se suspendan temporalmente los derechos de propiedad intelectual de las vacunas y otras tecnologías relacionadas con el coronavirus. Esta exención permitiría a instalaciones públicas y privadas de todo el mundo producir, en forma masiva, vacunas y otros artículos relacionados protegidos por patentes, como jeringas y equipos de protección personal. Junto con otros países ricos, Estados Unidos —primero bajo el Gobierno del expresidente Donald Trump, y ahora también bajo el Gobierno del presidente Joe Biden— han boicoteado este pedido de suspensión de los derechos de propiedad intelectual. Una coalición creciente de movimientos, coordinada por la organización Public Citizen, un grupo de defensa de los derechos de los consumidores, está presionando a Biden para revertir esta destructiva política.

La congresista demócrata Jan Schakowsky, del estado de Illinois, dijo a Democracy Now!: “[La suspensión de las patentes] sería algo muy significativo para el mundo. Estamos gastando miles de millones de dólares adicionales para sostener el turismo, para ayudar a las aerolíneas, para reforzar nuestra economía. Todo eso no servirá de nada si no podemos protegernos del virus porque no vamos a ayudar a la comunidad internacional. Hay cientos de organizaciones de todo el mundo, organizaciones de la salud, de defensa de los derechos humanos y ONGs, que están exhortando a que se apruebe esta suspensión de las patentes. Sé que Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, también se ha pronunciado sobre este tema y ha dicho que esta exención es importante para nosotros mismos. También es por nuestro propio interés”.

El punto que señala la congresista Schakowsky es vital: si una persona en el mundo permanece desprotegida, todos estamos desprotegidos. El virus de la COVID-19 muta rápidamente. Las variantes altamente contagiosas se están extendiendo por todo el mundo, incluidas las variantes del Reino Unido, de Sudáfrica y de Brasil, a las que ahora se agrega la variante de la ciudad de Nueva York. Si el virus no se contiene a nivel mundial, continuará mutando y propagándose a través de las poblaciones desprotegidas. Esto podría provocar que nuestro suministro actual de vacunas sea ineficaz, y que el planeta se hunda nuevamente en una pandemia catastrófica.

Fatima Hasan sabe lo que significa el término “apartheid de las vacunas”. Hasan es una activista sudafricana defensora de los derechos humanos que luchó para que los países pobres pudieran tener acceso a medicamentos vitales contra el VIH/sida. La activista escribió lo siguiente en un artículo para la revista Foreign Policy de esta semana: “Ha surgido una forma perniciosa de “apartheid” en torno al acceso a las vacunas, basada en gran medida en la riqueza y la geografía. La respuesta a la pandemia no debería tener que depender de la cooperación voluntaria, sino de medidas de emergencia, incluidas las medidas compulsivas, como sucede en tiempos de guerra”.

La Organización Mundial del Comercio se reunirá a principios de marzo para debatir la suspensión de los derechos de propiedad intelectual de las vacunas. Como la decisión debe tomarse por consenso, cualquier país puede impedir la aprobación de la suspensión. Miles de millones de dólares en posibles daños económicos y millones de vidas están en juego. Estados Unidos, la nación más rica del mundo, con el mayor número de muertes por COVID-19 —más de medio millón hasta el momento— debería liderar los esfuerzos para lograr que todo el planeta pueda tener acceso a las vacunas y a los tratamientos contra el coronavirus, fundamentales para salvar vidas.

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© 2021 Amy Goodman

Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

Fuente: https://www.democracynow.org/es/2021/2/26/el_apartheid_de_las_vacunas_nos

Tomado de Rebelión.

Las Exigencias de Pfizer: Pide a Gobiernos Utilizar Activos Soberanos Como Garantía Para Acuerdo de Vacuna

 

PFIZER HA SIDO ACUSADO de "intimidar" a los Gobiernos latinoamericanos en las negociaciones de la vacuna contra la Covid-19, y ha pedido a algunos países que pongan sus activos soberanos -que incluyen edificios de embajadas y bases militares- como garantía contra el costo de futuros casos legales, revela esta investigación liderada por el Bureau of Investigative Journalism, con sede en Londres, Reino Unido, y el apoyo del medio de investigación Ojo Público desde Perú.

 

En el caso de un país de Latinoamérica, que no puede ser identificado por solicitud de las autoridades que declararon para este reportaje, las demandas del gigante farmacéutico llevaron a un retraso de tres meses en el acuerdo de la compra de esta vacuna.  En el caso de Argentina y Brasil, no se llegó a ningún acuerdo nacional. Mientras que en Perú, Pfizer solicitó durante el proceso de negociación incluir cláusulas que reducían la responsabilidad de la empresa ante posibles efectos adversos. 

 

Cualquier retraso en los países que reciben vacunas significa un continuo incremento de personas que contraen la Covid-19 y que, potencialmente, mueren.

 

Funcionarios de Argentina y otro país latinoamericano, que no podemos nombrar pues los funcionarios firmaron un acuerdo de confidencialidad con Pfizer, dijeron que los negociadores de la compañía exigieron una indemnidad adicional contra cualquier reclamo civil que los ciudadanos pudieran presentar si experimentaban efectos adversos, después de ser vacunados. En Argentina y Brasil, Pfizer pidió que los activos soberanos se pusieran como garantía para cubrir posibles costos legales futuros.

 

Situación similar ocurrió en Perú. En las negociaciones, Pfizer solicitó incluir cláusulas que eximen de responsabilidad a la farmacéutica por los eventuales efectos adversos de la vacuna, la demora en la entrega de los lotes, implementar todos las normas legales necesarias para cumplir con las obligaciones al proveedor frente a demandas futuras e indemnizaciones. Las cláusulas fueron consideradas extremas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, según confirmaron fuentes cercanas a las negociaciones. Las mismas fuentes señalaron que las condiciones de este laboratorio eran diferentes a las de otros desarrolladores de vacuna.

 

Un funcionario que estuvo presente en las negociaciones del país anónimo, por su parte, describió las demandas de Pfizer como "intimidación de alto nivel", y dijo que el gobierno sentía que estaba siendo "chantajeado" para acceder a vacunas.

 

Algunos activistas ya están advirtiendo sobre un "apartheid de vacunas" en el que los países occidentales ricos podrían ser inoculados años antes que las regiones más pobres. Actualmente, expertos legales han expresado su preocupación de que las demandas de Pfizer equivalen a un abuso de poder.

 

"Las compañías farmacéuticas no deberían usar su poder para limitar las vacunas salvadoras en países de ingresos bajos y medios", dijo el profesor Lawrence Gostin, director del Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud en Derecho de Salud Nacional y Global, "[Este] parece ser exactamente lo que están haciendo".

 

La protección contra la responsabilidad no debe usarse como "la espada de Damocles colgando sobre las cabezas de países desesperados con una población desesperada", agregó.

 

Pfizer ha estado en conversaciones con más de 100 países y organizaciones supranacionales, y tiene acuerdos de suministro con nueve países de América Latina y el Caribe: Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay. Sin embargo, se desconocen los términos de esos acuerdos.

Pfizer dijo al Bureau: "A nivel mundial, también hemos asignado dosis a países de ingresos bajos y medianos bajos a un precio sin fines de lucro, lo que incluye un acuerdo de compra anticipada con Covax para suministrar hasta 40 millones de dosis en 2021. Estamos comprometidos a apoyar los esfuerzos destinados a brindar a los países en desarrollo el mismo acceso a las vacunas que el resto del mundo ". Se negó a comentar sobre las negociaciones privadas en curso.

 

La mayoría de los gobiernos ofrecen indemnidad (exención de responsabilidad legal) a los fabricantes de vacunas de los que compran. Esto significa que un ciudadano que sufre un evento adverso después de ser vacunado puede presentar un reclamo contra el fabricante y, de tener éxito, el gobierno pagaría la compensación. En algunos países, las personas también pueden solicitar una compensación a través de otras estructuras sin ir a juicio.

 

Esto es bastante típico de las vacunas que se administran en una pandemia. En muchos casos, los eventos adversos son tan raros que no aparecen en los ensayos clínicos, y solo se hacen evidentes una vez que cientos de miles de personas han recibido la vacuna (una vacuna contra la gripe H1N1 del 2009, por ejemplo, finalmente se relacionó con la narcolepsia). Debido a que los fabricantes han desarrollado vacunas rápidamente y porque protegen a todos en la sociedad, los gobiernos a menudo aceptan cubrir el costo de la compensación.

 

Sin embargo, los funcionarios del Gobierno de Argentina y del país que solicitó no ser mencionado en este reporte señalaron al equipo de esta investigación que sintieron que las demandas de Pfizer iban más allá que las otras fabricantes de vacunas, y más allá de las condiciones de Covax, una organización creada para garantizar que los países de bajos ingresos puedan acceder a las vacunas, quien también exige sus miembros que otorguen inmunidad a los fabricantes. Esto representa una carga adicional para algunos países porque significa tener que contratar abogados especialistas y, a veces, aprobar una nueva legislación compleja, para poder eximir a los fabricantes de sus responsabilidades.

 

'Una exigencia extrema'

 

Pfizer solicitó una indemnidad adicional de los procesos civiles, lo que significa que la empresa no sería responsable de los efectos adversos raros que ocasione su vacuna, o de sus propios actos de negligencia, fraude o malicia. Esto incluye aquellos relacionados con las prácticas de la empresa como, por ejemplo, si Pfizer envió la vacuna incorrecta o cometió errores durante la fabricación.

 

"Se garantiza cierta protección de responsabilidad, pero ciertamente no en caso de fraude, negligencia grave, mala gestión o incumplimiento de las buenas prácticas de fabricación", dijo Gostin. "Las empresas no tienen derecho a pedir indemnidad por estas cosas".

El Dr. Mark Eccleston-Turner, profesor de derecho sanitario mundial en la Universidad de Keele, afirmó que Pfizer y otros fabricantes han recibido financiación gubernamental para investigar y desarrollar las vacunas, y ahora quieren que los posibles costos de los efectos adversos recaigan sobre los gobiernos, que incluye a países de ingresos bajos y medios.

       

BioNTech, socio de Pfizer, recibió US$445 millones del Gobierno alemán para desarrollar una vacuna, y el Gobierno estadounidense acordó en julio realizar un pedido anticipado por 100 millones de dosis por casi US$2.000 millones, antes de que la vacuna hubiera entrado siquiera en la fase tres de los ensayos. Pfizer espera vender vacunas por valor de US$15.000 millones en 2021. 

 

En opinión de Eccleston-Turner, pareciera que Pfizer "está tratando de obtener el máximo beneficio y minimizar su riesgo en cada situación crítica con el desarrollo de esta vacuna, y luego con su lanzamiento". Ahora bien, el desarrollo de la vacuna ya ha sido subvencionado generosamente; es así que el riesgo para el fabricante es mínimo". 

 

El Bureau habló con funcionarios de dos países, que describieron cómo las reuniones con Pfizer empezaron de forma prometedora, pero se frustraron rápidamente, y revisó un informe del Ministerio de Salud de Brasil.

 

El Ministerio de Salud argentino comenzó a negociar con la empresa en junio y el presidente Alberto Fernández mantuvo una reunión con el director general de la empresa al mes siguiente. Durante las reuniones posteriores, Pfizer pidió que se le indemnizara por el costo de cualquier futura demanda civil. Aunque esto nunca se había hecho antes, el Congreso aprobó una nueva ley en octubre que lo permitía. Sin embargo, Pfizer no estaba contenta con la redacción de la legislación, según un funcionario de la oficina del Presidente. El Gobierno creía que Pfizer debía ser responsable de cualquier acto de negligencia o malicia. Pfizer, dijo el funcionario, no estuvo de acuerdo.

El gobierno ofreció enmendar la ley existente para dejar claro que "negligencia" significaba problemas en la distribución y entrega de las vacunas. Pero Pfizer seguía sin estar satisfecha. Pidió al gobierno que modificara la legislación mediante un nuevo decreto; Fernández se negó.

 

"Argentina podría ofrecer compensación por los efectos adversos de la vacuna, pero no si Pfizer cometía un error", dijo el funcionario, que conoce en detalle las negociaciones. "Por ejemplo, ¿qué pasaría si Pfizer interrumpe involuntariamente la cadena de frío de la vacuna [de transporte y almacenamiento a -70C]... y un ciudadano quiere demandarlos? No sería justo que Argentina pagara por un error de Pfizer".

 

El funcionario dijo que las conversaciones pronto se volvieron tensas y complicadas: "En lugar de ceder en algunos puntos, Pfizer exigía más y más". Además de los cambios en la nueva ley, la farmacéutica le pidió a Argentina que contratara un seguro internacional para pagar posibles casos futuros contra la empresa (también se pidió a los países que lo hicieran durante el brote de H1N1).

 

A finales de diciembre, Pfizer hizo otra petición inesperada: que el gobierno pusiera sus activos soberanos -que podían incluir reservas de bancos federales, edificios de embajadas o bases militares- como garantía. 

 

"Nos ofrecimos a pagar millones de dosis por adelantado, aceptamos este seguro internacional, pero la última petición fue extraordinaria: Pfizer exigió que los activos soberanos de Argentina también formaran parte del respaldo legal", dijo el funcionario. "Era una exigencia extrema que sólo había escuchado cuando había que negociar la deuda externa, pero tanto en ese caso, como en este, la rechazamos inmediatamente". 

 

'Policía bueno, policía malo'

 

El fracaso de las negociaciones significa que los ciudadanos argentinos, a diferencia de los de los países vecinos, no tienen acceso a la vacuna de Pfizer, lo que les deja con la vacuna rusa Sputnik V, la de AstraZeneca y las suministradas a través de Covax. El gobierno también está negociando para adquirir vacunas de Moderna, Sinopharm y CanSino. 

 

"Pfizer se portó mal con Argentina", dijo Ginés González García, entonces ministro de Salud de Argentina. "Demostraron una tremenda intolerancia con nosotros". González García renunció el último sábado luego de que se conociera que el periodista Horacio Verbitsky y otras personas fueron vacunadas fuera del proceso formal de inmunización y se iniciara una investigación por más “vacunados VIP”.

 

Las mismas exigencias se hicieron al Ministerio de Salud de Brasil. Pfizer pidió que le otorguen indemnidad y solicitó al ministerio que pusiera activos soberanos como garantía, además de crear un fondo de garantía con dinero depositado en una cuenta bancaria en el extranjero. En enero, el ministerio rechazó estas condiciones, calificando las condiciones de "abusivas". 

 

Un funcionario de otro país latinoamericano, que no puede ser nombrado, describió el desarrollo de las conversaciones de forma similar. Según ellos, el gobierno empezó a negociar con Pfizer en julio, antes de que se aprobara la vacuna. Existía la percepción de que los negociadores de Pfizer tenían una rutina de "policía bueno, policía malo", en la que el "policía malo" presionaba al gobierno para que comprara más dosis. 

"[En ese momento] no había un solo fármaco o vacuna en el mundo con este tipo de tecnología que hubiera demostrado ser segura y eficaz ... Esta señora presionaba diciendo: 'Compren más, van a matar a la gente, la gente va a morir por su culpa'", dijo el funcionario.

Las negociaciones se volvieron tensas cuando la empresa pidió una indemnidad adicional. El gobierno nunca había concedido ningún tipo de indemnidad antes, y no quería renunciar a la responsabilidad, pero Pfizer dijo que esto no era negociable. Finalmente se firmó un acuerdo, pero tras un retraso de tres meses.

Dado que Pfizer sólo tiene 2.000 millones de dosis para vender en todo el mundo este año -al parecer, por orden de llegada-, el funcionario está enfadado por un retraso que probablemente haya hecho retroceder al país en la cola.

Una de las razones por las que el gobierno quería las vacunas de Pfizer era porque la empresa dijo que las podía entregar rápidamente. Sin embargo, en el contrato, Pfizer quería reservarse el derecho a modificar el cronograma. No había espacio para la negociación. Era "lo tomas o lo dejas", dijo el funcionario.

También expresó que, dentro de cinco años, cuando se acaben estos acuerdos de confidencialidad, se sabrá lo que realmente ocurrió en estas negociaciones.

Las idas y vueltas en Perú

A pesar de que Pfizer era la primera opción, su vacuna no fue la primera comprada por Perú. Las conversaciones formales con esta farmacéutica iniciaron en agosto, cuando el Gobierno peruano firmó un acuerdo de confidencialidad. Luego, en setiembre, se firmó un “pliego de condiciones vinculantes”, que detallaba los compromisos preliminares de ambas partes, y establecía la compra de 9,9 millones de dosis por US$118,8 millones. Es decir, 12 dólares por dosis, 24 por cada vacuna completa.

Para dicho mes, sin embargo, el Perú no tenía un marco regulatorio que le permitiera comprar medicamentos en desarrollo. El Ministerio de Salud de Perú planteó una iniciativa legislativa para acelerar dicho proceso. La norma se aprobó recién en diciembre de 2020.

A la par de esta iniciativa legal, el 1 de diciembre de 2020, el gabinete del nuevo Presidente del Perú, Francisco Sagasti, emitió un decreto supremo que expresaba el compromiso del Perú a someterse a arbitrajes internacionales, ante controversias que surgieran en los contratos para la compra de vacunas. La norma también precisó que el Perú renunciaba “a la inmunidad soberana del Estado para la ejecución de una decisión arbitral”.

Según explicó Eduardo Iñiguez, abogado especialista en arbitrajes internacionales y asociado de la firma legal Bullard Falla Ezcurra, el decreto confirma que el Estado peruano está de acuerdo con que otras jurisdicciones ejecuten un laudo (o decisión) de un tribunal arbitral, ante una controversia. “Un Estado, por regla general, no se somete a que otro Estado pueda decidir sobre la confiscación de su propiedad”, explicó Iñiguez. 

Iñiguez agregó que, aunque no es necesario emitir una normativa que precise la renuncia a la inmunidad soberana, “esto puede evitar problemas de interpretación [...] es normal que exista este tipo de fraseos en los contratos”. El abogado especialista en contrataciones públicas, Luis Villavicencio, aseguró que “no debería ser necesario incluir este tipo de disposiciones, pero el problema es que tiene que quedar expreso”. 

“En principio, el contrato es ley para ambas partes”, continuó Villavicencio, “y debería bastar que se señale en dicho documento; sin embargo, estas renuncias no pueden ser contempladas en un contrato, porque no es el mecanismo adecuado para que el Estado renuncie a este tipo de prerrogativas”. Ante el Congreso, la entonces ministra de Salud, Pilar Mazzetti, anunció la publicación de esta norma como parte del avance en las negociaciones con Pfizer. 

Las conversaciones con Pfizer fueron retomadas el 10 de enero, y se plantearon alternativas para superar dichos obstáculos. En febrero, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) del Ministerio de Salud otorgó registro sanitario condicional a la vacuna de Pfizer, con lo que se le permite su importación y distribución en nuestro país. El 4 de febrero, finalmente, el Gobierno peruano concretó el acuerdo con Pfizer por 20 millones de dosis de vacunas, el doble de lo que inicialmente se había conversado. 

Desde el pliego de condiciones vinculantes entre Pfizer y el Ministerio de Salud, el Gobierno aceptó asumir todos los gastos de posibles demandas en cualquier parte; transporte; distribución; o productos relacionados a la vacuna.

Los detalles del contrato, sin embargo, no se volvieron a mencionar. Pfizer dijo al Bureau: "Pfizer y BioNTech están firmemente comprometidos a trabajar con los gobiernos y otras partes interesadas para garantizar un acceso equitativo y asequible a nuestra vacuna contra la Covid-19 para las personas de todo el mundo".

Fuente: Ojo Público