Latifundismo Capitalista en el Perú
César Risso
El problema de la
tierra en el Perú exige partir del análisis y propuesta realizados por José
Carlos Mariátegui, con la finalidad de esclarecer la situación actual.
La condición de marxista que esgrimió J. C. Mariátegui no fue una actitud
postiza, sino expresión de su verdadera posición doctrinal. Aunque algunos lo
califican de marxista heterodoxo, pretendiendo descentrarlo de su verdadera
filiación ideológica, y con ello negar su marxismo ortodoxo, en tanto método y
principios, con el fin de amoldarlo al positivismo que reina actualmente en las
ciencias sociales.
Así pues, la base
del análisis de J. C. Mariátegui es el marxismo. Sobre esto no puede haber
discusión, pues en la nota de advertencia a los 7 Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana, dice: “Toda
esta labor no es sino una contribución a la crítica socialista de los problemas
y la historia del Perú”, añadiendo que tenía la ambición de “concurrir a la
creación del socialismo peruano”; y en El
Problema de la Tierra de la misma obra escribe: “Me ha correspondido a mí,
marxista convicto y confeso, su constatación.”
J. C. Mariátegui utilizó las categorías económicas marxistas para
analizar los diversos problemas del Perú. Particularmente en el problema de la
tierra, señaló que “El régimen de propiedad de la tierra determina el régimen
político y administrativo de toda nación. El problema agrario –que la República
no ha podido hasta ahora resolver–, domina todos los problemas de la nuestra.
Sobre una economía semifeudal no pueden prosperar ni funcionar instituciones
democráticas y liberales.” (JCM. 7
Ensayos).
Siguiendo
el mismo criterio, hay que señalar ahora que el régimen económico que domina en
nuestro país es el capitalista. Pero también debemos reconocer que no es el
único, puesto que en la sierra existen actualmente más de seis mil comunidades
campesinas, y 1469 comunidades nativas. Estos dos regímenes comunales son de
carácter colectivista, donde el trabajo remunerado es casi inexistente. Son
organizaciones económicas llamadas de producción y autoconsumo, es decir, que
producen bienes, no mercancías, salvo excepcionalmente, pues tienen un pequeño
remanente que intercambian vía trueque o por dinero.
Esta es la estructura económica
sobre la que se levanta la actual política del Gobierno en relación a la
propiedad de la tierra, fundamentándose en las siguientes acciones: “En la
costa, se ganan tierras de cultivo al desierto mediante costosas obras de
irrigación. Detrás de cada uno de estos proyectos hay estudios, planes,
acuerdos financieros, movilización de grandes recursos, realización de grandes
obras de infraestructura, complejos temas logísticos. Por su magnitud e
importancia económica, hay grandes decisiones políticas y complejos juegos de intereses
de inversionistas y del Estado.” (Fernando Eguren. En Revista
“Somos Norte” N° 192, de Diciembre de 2010).
Estos megaproyectos de irrigación
tienen por finalidad favorecer a inversionistas interesados en lucrar con la
tierra, aprovechando la valorización provocada por estas grandes inversiones
públicas. En el caso de Chavimochic, “apenas algo más de una decena de propietarios
son los dueños de las cerca de 40 mil hectáreas ganadas al desierto. Está
previsto que las tierras de Olmos sea entregada en su mayoría en lotes de 1,000
hectáreas (a US$ 4,250 la hectárea).” (Fernando Eguren. En Revista
“Somos Norte” N° 192, de Diciembre de 2010).
Esta
situación nos informa de la creación de “neolatifundios” en el Perú, lo cual
nos obliga a precisar lo siguiente: “Las expresiones de la feudalidad sobreviviente son dos:
latifundio y servidumbre. Expresiones solidarias y consustanciales, cuyo
análisis nos conduce a la conclusión de que no se puede liquidar la
servidumbre, que pesa sobre la raza indígena, sin liquidar el latifundio.”
(JCM. 7 Ensayos).
Estas
expresiones de J. C. Mariátegui se han tomado para sustentar que en el Perú
seguirá existiendo la servidumbre mientras existan latifundios. Sin embargo el
mismo Mariátegui explicó que “La concentración
capitalista crea también, con la absorción de la pequeña propiedad por las
grandes empresas, su latifundismo. Pero en el latifundio capitalista, explotado
conforme a un principio de productividad y no de rentabilidad, rige el
salariado, hecho que lo diferencia fundamentalmente del latifundio feudal.”
(JCM. Respuesta al cuestionario Nº 4 del
Seminario de Cultura peruana).
De modo que
ha habido latifundismo feudal y hay latifundismo capitalista. El primero, del
cual hace el análisis J. C. Mariátegui, se caracteriza porque “El
bracero que recibe un magro pedazo de tierra, con la obligación de trabajar en
las tierras del señor, sin otra paga, no es otra cosa que un siervo. ¿Y no
subsiste acaso la servidumbre en la cruda y característica forma del
"pongazgo"? Ninguna ley autoriza, ciertamente, la servidumbre. Pero
la servidumbre está ahí evidente, viva, casi intacta. Se ha abolido muchas
veces los servicios gratuitos; pero los servicios gratuitos subsisten, porque
no se ha abolido, económicamente, la feudalidad.” (JCM. Respuesta al cuestionario Nº 4 del Seminario de Cultura peruana).
Mientras que “En las
haciendas de la costa, rige el salariado. Por la técnica de la producción y por
el régimen de trabajo, nuestras haciendas de azúcar y algodón, son empresas capitalistas.”
(JCM. Respuesta
al cuestionario Nº 4 del Seminario de Cultura peruana).
Por lo
tanto, de acuerdo a la concepción marxista esgrimida por J. C. Mariátegui, la
diferencia entre el sistema económico capitalista y el sistema económico feudal
está dado por las relaciones entre el propietario y el trabajador, esto es, por
las relaciones sociales de producción. En el caso del feudalismo el trabajador
es un siervo que recibe una porción de tierra a cambio del trabajo en las
tierras del latifundista (no discutimos aquí la forma en la que el siervo paga
por la porción de tierra cedida por el latifundista feudal, que puede ser en
trabajo, en producto o en dinero); en cambio, en el caso del capitalismo, lo
característico es que el trabajador es un asalariado.
Para enfrentar el problema de la tierra J. C. Mariátegui planteó en su
tiempo lo siguiente:
“1.-
El punto de partida, formal y doctrinal, de una política agraria socialista no
puede ser otro que una ley de nacionalización de la tierra”
“2.-
En contraste con la política formalmente liberal y prácticamente gamonalista de
nuestra primera centuria, una nueva política agraria tiene que tender, ante
todo, al fomento y protección de la "comunidad" indígena. El
"ayllu", célula del Estado incaico, sobreviviente hasta ahora, a
pesar de los ataques de la feudalidad y del gamonalismo, acusa aún vitalidad
bastante para convertirse, gradualmente, en la célula de un Estado socialista
moderno.”
“3.- El crédito
agrícola, que sólo controlado y dirigido por el Estado puede impulsar la
agricultura en el sentido más conveniente a las necesidades de la agricultura
nacional, constituiría dentro de esta política agraria el mejor resorte de la
producción comunitaria.” (JCM. Principios
de Política Agraria Nacional. En Peruanicemos al Perú).
En la agricultura
capitalista, los rasgos determinados por el marxismo, que nos deben orientar en
el análisis del problema de la tierra, consisten en dos posibilidades: que el
propietario de la tierra y el capitalista sean dos personas distintas, o que el
capitalista puede ser a la vez el propietario de la tierra.
Si el propietario
de la tierra la alquila al capitalista, este invierte su capital, contratando a
los obreros, quienes crearán la plusvalía. Esta se divide entre el propietario,
bajo la forma de alquiler o renta, y el capitalista bajo la forma de ganancia.
Así, de toda la plusvalía creada por el trabajador asalariado, una parte va a
parar a las manos del propietario de la tierra bajo la forma de renta, que paga
el capitalista arrendatario; en tanto que el remanente queda en manos del
capitalista bajo la forma de ganancia. En el caso en que el capitalista es
simultáneamente el propietario de la tierra, se queda con toda la plusvalía.
La renta
capitalista de la tierra tiene dos formas, la renta diferencial y la renta
absoluta. La primera corresponde a la diferencia entre las peores tierras y las
tierras medias y mejores, que se determina por tres aspectos: la diferente
fertilidad de las tierras, la situación de las tierras respecto al mercado, y
el rendimiento de las inversiones adicionales en la tierra. En cambio, la renta
absoluta consiste en el alquiler que paga el capitalista al propietario de la
tierra para poder explotarla.
En la lucha concreta, las
reivindicaciones inmediatas tienen que ver con la mejora de las condiciones
laborales y el aumento de las remuneraciones. Pero la lucha histórica del
proletariado por el socialismo, consiste justamente en la propuesta de José
Carlos Mariátegui, teniendo en cuenta que las relaciones feudales han sido
superadas, y que en consecuencia la lucha debe ser contra la burguesía.
En
la réplica a Luis Alberto Sánchez, Mariátegui fue categórico: “La
reivindicación que sostenemos es la del trabajo. Es la de las clases trabajadoras, sin distinción de costa ni de
sierra, de indio ni de cholo. Si en el debate -esto es en la teoría
diferenciamos el problema del indio, es porque en la práctica, en el hecho,
también se diferencia. El obrero urbano es un proletario: el indio campesino es
todavía un siervo. Las reivindicaciones del primero, -por las cuales en Europa
no se ha acabado de combatir- representan la lucha contra la burguesía; las del
segundo representan aún la lucha contra la feudalidad. El primer problema que
hay que resolver aquí es, por consiguiente, el de la liquidación de la
feudalidad, cuyas expresiones solidarias son dos: latifundio y servidumbre. Si
no reconociésemos la prioridad de este problema, habría derecho, entonces sí,
para acusarnos de prescindir de la realidad peruana. Estas son, teóricamente,
cosas demasiado elementales. No tengo yo la culpa de que en el Perú -y en pleno
debate ideológico- sea necesario todavía explicarlas.” (JCM. Replica a Luis Alberto Sánchez. En
Ideología y Política).
El
Capitalismo Senil y el Nuevo Caos Mundial
(Segunda
Parte)
Samir
Amin
El
Apartheid a Escala Mundial
El nuevo imperialismo colectivo de la
tríada y la ambición hegemónica de los Estados Unidos, que está
indisolublemente ligada a aquél, han desarrollado evidentemente su propia
concepción del gobierno del mundo en el doble plano de su orden económico y de
su orden geopolítico.
La
idea de que los asuntos del mundo no pueden dejarse librados únicamente a las
relaciones de fuerza de las naciones y que la construcción progresiva de
elementos de un orden supranacional se impone como única alternativa a la ley
de la jungla es ciertamente simpática por sí misma y merece apoyo. Por otra
parte, la ONU había sido creada con ese espíritu, y la Asamblea General y el
Consejo de Seguridad se instituyeron sobre la base de una Carta que prohibía
recurrir a la guerra como medio de resolver conflictos políticos.
Inmediatamente después de concluida la Segunda Guerra Mundial, en el terreno de
la regulación de la vida económica internacional, los Estados Unidos explotaban
las ventajas con que se los había beneficiado: ya fuera la de imponer
organizaciones situadas de entrada bajo su mando directo (las organizaciones de
Bretton Woods) o la de decidir actuar por fuera del marco de la ONU (el Plan
Marshall para Europa, cuyo famoso “Punto IV” abría la posibilidad de una ayuda
de los Estados Unidos a los países del Tercer Mundo que aceptaran colocarse en
el bando antisoviético). Luego, el peso creciente de los países del Tercer
Mundo influyó en la creación de instituciones especializadas, la CNUCED entre
otras, cuyo objetivo era corregir los desequilibrios fundamentales generados
por la expansión capitalista. Esta página de la historia ya pertenece al
pasado.
1. Desde 1975, en respuesta a la presión
ejercida en aquella época por el Movimiento de los No Alineados, el presidente
Giscard d’Estaing tomaba la iniciativa de inventar el “G-7”, cuya composición
expresa perfectamente la idea del imperialismo colectivo. La transformación del
GATT al término de la “Ronda de Uruguay” y la creación de la Organización
Mundial del Comercio (OMC) se sitúan en el corazón de la nueva concepción de la
governance [control] económica del
mundo por parte del imperialismo colectivo.
La OMC estuvo, en
efecto, concebida precisamente con el propósito de reforzar las “ventajas
comparativas” del capital transnacional y darle legitimidad. Los derechos de
propiedad industrial e intelectual fueron formulados de modo tal que
eternizaran los monopolios de las empresas transnacionales, garantizaran sus
superganancias y crearan obstáculos prácticamente insalvables a todo intento de
industrialización autónoma de las periferias. La OMS no es una organización
encargada de reglamentar el comercio9 mundial (es decir, el comercio que se
realiza traspasando las fronteras de los Estados), como parecería sugerirlo su
nombre. Sus funciones van mucho más allá. La OMC propone unificar las reglas
relativas a la gestión de los mercados internos y al mercado mundial, suprimir
toda distinción entre ellas, en nombre de un concepto extremo del libro
intercambio como no había habido nunca antes en la historia. El resultado solo
puede ser una reorganización de los sistemas productivos para mayor ventaja de
los más fuertes, es decir, del capital transnacional. La OMC se propone pues
organizar la producción a escala mundial (y no solamente el comercio mundial),
y organizarla, no en función de las exigencias del desarrollo (es decir, de
“alcanzar la meta”, al menos parcialmente, para los más pobres), sino en
función de la maximización de las ganancias de las empresas transnacionales,
que, por supuesto, exige un endurecimiento de la asimetría de las estructuras
productivas y su desigualdad. El proyecto de gobierno económico del mundo por
parte de la OMC es un proyecto ultrarreaccionario en el sentido pleno del
término: volver a formas anteriores de la división internacional del trabajo.
Ésta es la razón por la cual creo que la OMC es verdaderamente el nuevo
Ministerio de las Colonias del G-7 (el imperialismo colectivo). Pues esta
institución cumple, respecto del conjunto de las periferias, una función
idéntica: impedir que las colonias lleguen a convertirse en competidores,
prohibiéndoles a los Estados (de la periferia, en realidad) el derecho de
legislar y regular las actividades del capital de las metrópolis que opera en
territorio de esos Estados…
La
lógica que gobierna el capitalismo realmente existente es la de la protección
sistemática de los monopolios de los más poderosos. El trillado discurso de la
economía (la teoría de un capitalismo imaginario) referente a las “virtudes” de
la libertad de comercio no es más que un discurso de propaganda en el sentido
lato del término, es decir, una mentira. Soy –junto con Braudel (y no somos
muchos más)– de los que no definen el capitalismo a través del concepto de
“mercado”, como lo quiere la vulgata liberal, sino por medio de la idea del
poder que está más allá del mercado.
Los
medios que emplean esos poderes que están más allá del mercado son tan diversos
como permiten imaginar las circunstancias del ejercicio de la fuerza. La
propiedad intelectual, por ejemplo –interpretada por jueces ad hoc propuestos por la OMC–, puede
permitirle a una empresa (transnacional, por supuesto) apropiarse de un saber
campesino establecido y “no protegido” (las virtudes de una variedad de arroz)
imponiendo su monopolio de comercialización de las semillas de la especie en
cuestión, ¡incluso a los agricultores que practican su cultivo desde hace
siglos! ¡Los indios tendrán que comprarles las semillas de arroz basmati a una
compañía norteamericana! Este y algunos casos semejantes, estudiados entre
otros por Vandana Shiva (5), revelan una faceta de quienes toman las decisiones
económicas principales del mundo contemporáneo que no difiere mucho de la de
los jefes de la mafia que practicaban el rackett,
es decir, el comercio obligatorio. Analogía de naturaleza acerca de la cual
remito al lector a los trabajos de Carlo Vercellone. (6)
El
escándalo de los laboratorios farmacéuticos que intentan beneficiarse con un
acceso libre y exclusivo al mercado mundial, prohibiendo la producción
competitiva de medicamentos más barato en los países del Sur, ofrece un buen
ejemplo de este apartheid a escala
mundial: sólo los pueblos de los países ricos tendrán derechos a una atención
eficaz, mientras que a los pueblos del Sur, sencillamente, se les niega el
derecho a la vida. Del mismo modo, el proyecto de la OMC de “liberalizar” la
agricultura reduce a la nada las políticas de seguridad alimenticia de los
países del Sur y condena a centenares de millones de sus habitantes a la
miseria y, como consecuencia, a la migración a los barrios paupérrimos urbanos,
lo cual no les permite abrigar ninguna esperanza de integrarse a alguna
actividad económica. (7)
Esta
e4s la lógica que se repite en el proyecto de la OMC: hacer aprobar una “ley
internacional de negocios” (international
business law) y darle preeminencia sobre todas las demás dimensiones de la
legislación, nacional e internacional. El proyecto escandaloso del AMI (Acuerdo
Multilateral para las Inversiones), tramado en secreto por la OCDE
(Organización de Cooperación y Desarrollo), también participa de esta lógica.
Las
funciones de las demás instituciones internacionales es sencillamente respaldar
las estrategias definidas en la OMC por sus dirigentes políticos. Tal es el
caso del Banco Mundial, pomposamente calificado de think tank, encargado de formular las estrategias de desarrollo,
que en realidad no es ninguna otra cosa más que una especie de Ministerio de
Propaganda del G-7 responsable de la redacción de los discursos; mientras que
las decisiones económicas importantes se toman en el marco de la OMC y se le
confía a la OTAN la dirección política y militar de los negocios. El FMI es más
importante, aunque menos de lo que se supone con frecuencia. Puesto que se ha
adoptado como regla general el sistema de los cambios flexibles, y puesto que
la gestión de las relaciones entre las divisas principales (el dólar, el
euro-marco, el yen) escapan al FMI, esta institución es sólo una especie de
Autoridad Monetaria Colonial cuya gestión está asegurada por el imperialismo
colectivo de la tríada.
Notas
[5] Vandan Shiva, Éthique et agro-industrie, Harmattan, 1996.
[6] Carlo Vercellone, La mafia comme expression endogène de l’accumulsation du capital, Matisse, Univ. París I, 2001.
[7] Marcel Mazoyer y Laurence Rondart, Histoire des agricultures du monde, Seuil, 1997.
