Perú: La Necesidad de un Cambio Revolucionario
Jan Lust Van Zeeland
Resumen: El gobierno peruano de Ollanta
Humala no ha enterrado
el modelo de desarrollo neoliberal y
estructuralmente exclusivo impuesto en la década de 1990. Adaptado a la correlación de fuerzas de clase en el
Perú, se está implementando una forma social más
inclusiva de neoliberalismo. La contribución fiscal de las industrias extractivas (transnacionales) constituye la
piedra angular para la financiación de sus políticas sociales y proyectos de infraestructura. En el Perú, el único modelo realista del desarrollo
es avanzar en la lucha por el cambio
revolucionario.
Introducción
En los últimos cincuenta años ningún cambio estructural y duradero ha
sido implementado en favor de la mayoría de la población peruana. Todos los regímenes
que gobernaron el país durante un
período determinado, con la única excepción del gobierno militar de Juan Velasco (1968-1975),
se orientaron a mantener
y profundizar el proceso de acumulación
de capital. En este sentido, no
es de extrañar que el concepto dominante de desarrollo se basara en la teoría neoclásica del crecimiento económico, así como en la teoría keynesiana de la crisis.
Las elecciones presidenciales de 2011
podría ser considerado como una lucha
entre dos concepciones de desarrollo.
El nacionalista Ollanta Humala centró su programa
electoral en conceptos
relacionados con la de CEPAL relativas
al regreso del Estado en los
procesos de producción y distribución. El punto de vista clásico
neoliberal fue encarnada
por Keiko, la hija del exdictador Alberto Fujimori, y otros partidos políticos de
la corriente dominante.
La victoria de Ollanta Humala
levantó muchas expectativas en la población peruana. De acuerdo con el programa de su plataforma electoral Gana
Perú ─una alianza de partidos políticos de izquierda e
intelectuales─ el Perú se transformaría y las políticas neoliberales, implementadas en
su forma más o menos pura en la década de 1990, serían
enterradas.
El primer gobierno nacionalista
era una mezcla de tecnócratas neoliberales y profesionales con una orientación progresista. Este matrimonio no natural duró sólo cinco meses. En
diciembre de 2011, el gobierno cayó
sobre la cuestión de cómo manejar
las protestas en el departamento de
Cajamarca en contra de una concesión minera valorada en 4.8 mil
millones de dólares. Los ministros progresistas y asesores gubernamentales fueron reemplazados por halcones neoliberales. Consideramos que la lucha por una sociedad en la que los seres humanos sean las fuerzas impulsoras en lugar de los
intereses y necesidades del capital
(transnacional), y donde el desarrollo
colectivo forme la base para la asignación individual y social de los recursos, es la única alternativa
viable para el modelo de desarrollo capitalista”.
El Modelo Peruano de Desarrollo
El modelo peruano de desarrollo no puede ser calificado como tal. Es cíclicamente inclusivo,
pero estructuralmente exclusivo porque no
cambia los fundamentos de la exclusión.
Los orígenes del actual modelo pueden encontrarse en los cambios del marco legal y
regulatorio que se introdujeron a
principios de la década de 1990, en el marco del Consenso de Washington. La Constitución neoliberal de 1993 permitió al
capital transnacional ampliar y profundizar
sus tentáculos de explotación extrema de mano de obra y de los recursos naturales.
El
paquete de medidas económicas y anti-regulatorias
adoptadas por el primer gobierno de
Fujimori (1990-1992) incluyó convenios de estabilidad jurídica
con las empresas transnacionales y
mecanismos legales especiales,
tales como la depreciación acelerada y
posibilidades de deducir las
inversiones en infraestructura pública de sus pagos de
impuestos de la renta. Se prohibió cambiar las leyes
que protegían los intereses del capital
transnacional, pactadas en estos convenios, para 10 a 15 años.
El
enfoque neoliberal no se cambió después de la “caída” del dictador
Fujimori, orquestada por la propia clase
dominante en vez de causado
por un levantamiento popular. Aunque el presidente Toledo (2001-2006) volvió a reinsertar el país dentro
de la “familia de naciones
democráticas”, fue su gobierno el
que institucionalizó su privatización
mediante la creación de la Agencia de
Promoción de la Inversión Privada (Proinversión),
a la que se le asignó la tarea de vender la riqueza
de la nación ordenadamente. Alan García (2006-2011), por
su parte, se propuso la tarea de
impulsar el crecimiento económico y
atraer inversiones del capital transnacional (extractivo) acelerando la parcelación y la venta de tierras indígenas. Mientras que en el 2004, el 13% de este
territorio fue dado en concesión a compañías de gas y petróleo, a finales del
año 2008 eso se incrementó al 70%
(Pinto, 2009: 86; Bebbington, 2009: 14).
En el 2010, más del 70% de la
Amazonía fue parcelada (Huertas Castillo, 2011:
217) y 21 millones de hectáreas fueron dadas en concesión,
aproximadamente el 16% del territorio
nacional (Urteaga, 2011: 40; De Echave,
2012: 72).
La práctica política del gobierno
peruano actual se puede situar
en el marco del Consenso de Washington (Petras y Veltmeyer,
2012b: 54). Esto no debe sorprender,
ya que las agencias intelectuales del
Estado capitalista no son capaces de producir un modelo de
desarrollo social que socava su
propia posición de clase; el conocimiento no es neutro, sino socialmente
determinado.
El
gobierno de
Humala considera que las actividades de las industrias extractivas
son cruciales para la financiación de
sus programas sociales y proporcionan la
necesaria estabilidad económica, al aumentar sus exportaciones y las reservas internacionales. Justo antes del comienzo de su presidencia, Humala cerró un acuerdo con las empresas mineras que, supuestamente, permitió al gobierno obtener más recursos financieros que su predecesor
Alan García, quien sólo había seducido a las empresas a donar una parte pequeña
de sus superganancias. El acuerdo de Humala preveía en un nuevo régimen fiscal para las empresas mineras que debería aumentar estructuralmente el
presupuesto del Estado. Sin embargo,
debido a que estos pagos de impuestos
pueden ser considerados como costos y,
por tanto, deducibles de impuestos;
los ingresos totales de impuestos no aumentarán
con los ampliamente proclamados mil millones de dólares de ingresos fiscales adicionales.
El
régimen de
Humala es totalmente dependiente de
las inversiones de capital extranjero
y los precios en los mercados internacionales de los denominados commodities, determinados en las oficinas
del capital transnacional. En
el período 2007-2010, las industrias extractivas
contribuyeron alrededor del 22% de los ingresos fiscales totales (Sotelo y Francke,
2012: 109). En el
caso particular de las
exportaciones del sector minero, en 1995 estas representaron el 48% de las
exportaciones totales y en los años 2006-2009 este porcentaje se incrementó
al 60%. Esta situación condena los pretendidos proyectos sociales del gobierno
de Humala a la mano visible de las crisis
económicas y a las fluctuaciones y
flujos de capital especulativo (Pegg,
2006: 378; Petras y Veltmeyer, 2012a).
Además, aunque el ingreso bruto departamental de las regiones con actividades mineras han aumentado, cabe preguntarse si la calidad de vida ha mejorado (Bebbington
et. al., 2011: 225) o si la pobreza se
ha reducido significativamente (Alayza,
2009: 164).
El Problema Para el Cambio Revolucionario en el
Perú
La concepción de
desarrollo –en sociedades capitalistas– se opone a la
de liberación, porque connota la posibilidad de que
progreso real y estructural son posibles
dentro de las restricciones implícitas establecidas por el modo de producción capitalista y los intereses
políticos y económicos del
imperialismo y la clase dominante local. De hecho, una definición de desarrollo no es neutra en el sentido
de clase y está determinada política y
económicamente. Esta definición ha cambiado a lo largo del tiempo como resultado
de la lucha de clases global (Parpart y Veltmeyer,
2011). Por estas razones, suponemos
que el cambio revolucionario sería
una mejor descripción que el desarrollo
que se necesita para el establecimiento de las condiciones de un desarrollo pleno e
integral de la población peruana.
La
necesidad
de un cambio revolucionario puede
ser defendida sobre la base de los objetivos de desarrollo generalmente
aceptados. Si eso significa la mejora constante y
estructural de las condiciones sociales de una parte cada vez mayor de todo el mundo, debería implicar una ruptura con la mercantilización de las necesidades sociales básicas de la población. Si también apunta a un incremento cualitativo de la participación de la población en la toma de decisiones políticas y económicas, debería significar dar a las masas explotadas y oprimidas la propiedad, el
control y la gestión de los medios
de producción. Este cambio radical
del curso del desarrollo significaría una ruptura de la base del poder
político y económico
de las clases dominantes, es
decir, la propiedad privada sobre
los medios de producción.
La lucha
por el cambio revolucionario en
el Perú se enfrenta a una serie
de problemas que varían en
carácter, profundidad e importancia.
En este artículo nos centramos en dos
aspectos: la conciencia social de la población peruana y las relaciones entre
el “Norte” y el “Sur”.
En
los últimos veinte
años, el Estado peruano ha sido capaz de erradicar la idea de que la sociedad está compuesta por clases sociales antagónicas y que el desarrollo solo es posible con el libre y desregulado
funcionamiento de los mercados. Sin embargo, en la década de 1980 la lucha de clases alcanza su más alto nivel,
no sólo reflejada en la extensión de la lucha guerrillera, sino
también por el poder político de la
organización Izquierda Unida que funcionó legalmente y, según
McClintock y Vallas
(2005: 71), fue
considerada como la coalición electoral orientada
al marxismo más fuerte en América Latina.
La
victoria de
Alberto Fujimori en
las elecciones presidenciales de 1990 marcó un giro radical en
la correlación de fuerzas de clase. Siguiendo los dictados del Consenso de Washington y
usando el terrorismo de Estado, el gobierno fue capaz de erradicar cualquier fuerza social popular o clasista contra el neoliberalismo. Estas “políticas” fueron
combinadas con un ataque ideológico
a las ideas relacionadas con el colectivismo,
la intervención estatal y la
regulación.
Las
medidas económicas
introducidas por el gobierno de Fujimori
parecían tener efectos positivos,
y podrían ser consideradas como el
fundamento de la conciencia
social actual de la población peruana.
De hecho, se podría defender la tesis de que la población dio la bienvenida a las
propuestas neoliberales porque estaba con la espada contra la pared. Estaba dispuesta a aceptar cualquier programa
económico que podría resolver la
crisis y cortar una inflación galopante a proporciones “normales”. Además, las ideas colectivistas estaban “fuera”
después del colapso de la Unión
Soviética y del socialismo realmente
existente en Europa del Este a
finales de los años 80. Cuando
los programas de microcrédito comenzaron
a expandirse, la ideología del capitalismo se extendió a todos los rincones de la sociedad. Los desempleados y los pobres encontraron una manera de salir
de su miserable
existencia: emprendimiento.
Las relaciones entre el “Norte”
y el “Sur” se
caracterizan por el predominio político
y militar del centro imperialista. Aunque, actualmente,
el 45% de la producción mundial de
cobre, el 50% de plata, el 26% de
molibdeno, el 21% de zinc y el 20% del oro se
produce en América Latina[1] y, por lo tanto, se
podría argumentar que su
importancia estratégica para la
economía mundial podría contribuir al desarrollo de un camino “independiente”, es decir, de los dictados de
Washington; sin embargo, este punto de vista
abstrae la noción que los intereses del capital transnacional se integren con los de la
burguesía local, de su posición como clase unificada respecto a las
fuerzas revolucionarias opuestas.
El panorama para el
cambio revolucionario en el Perú y en el resto de América Latina parece
ser poco prometedor si tenemos en cuenta
que la lucha tiene que enfrentar
enemigos tanto internos como externos.
Los intereses del capital transnacional
son monitoreados por su base política
y militar y la burguesía local. Dado que cambios en el modo de producción y distribución afectará enormemente la
riqueza de los países dominantes, los desarrollos
políticos en América Latina están siendo
“influenciados” en el caso de que sus
intereses puedan verse afectados.
Experiencias recientes han demostrado
–Zelaya, Honduras 2009 y Lugo, Paraguay
2012– que en el caso de que los gobiernos piensen en cambiar las reglas del juego impuestas
por el imperialismo, van a tener que
enfrentar la posibilidad de ser derrocados.
Las propuestas que apuntan a un cambio revolucionario deben tener el carácter de clase
de las relaciones internacionales en
consideración.
¿Qué Hacer?
Un cambio revolucionario
de la sociedad comienza con la conciencia de que esto es posible. Consideramos que el único concepto viable de desarrollo es
el avance de la lucha por un proceso que conduce a una sociedad basada en
principios socialistas. Esto implica
estar armado con una comprensión
de clase de las condiciones objetivas
como las condiciones subjetivas para el cambio revolucionario y de sus interrelaciones. Solo esto nos permitirá comprender plenamente la dinámica de una sociedad de clases y, en particular, la situación política
actual en el Perú. Además, significa
proyectar esta comprensión a la lucha contra el
modelo de desarrollo presente con
el fin de contribuir a la transformación estructural de la sociedad.
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*Publicamos el presente artículo de
nuestro nuevo colaborador, no obstante no compartir su apreciación sobre el
gobierno de Velasco Alvarado ni el concepto de “socialismo realmente existente”,
porque, en primer lugar, el artículo es un acertado análisis del “modelo de
desarrollo” que se aplica en el Perú, y, en segundo lugar, porque no nos anima
ningún afán de expurgar con un temor inquisitorial alguna idea discrepante,
sino más bien el deseo de contribuir, en el marco del pensamiento
revolucionario, a la centralización del debate sobre los problemas del Perú.
(Nota del Comité de Redacción).
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