Internacionales

 Genocidio por Hambruna en Gaza 

Mahmoud Elalwani(*) 

El jueves 21 de agosto de 2025, las Naciones Unidas declararon oficialmente la hambruna en la Franja de Gaza, tras 690 días del genocidio del siglo XXI que ha provocado el asesinato de 62.744 palestinos, entre ellos 41.450 niñas y niños, y 244 periodistas, y más de 158.259 heridos. 

La clasificación de las Naciones Unidas se ha realizado tras cumplirse los criterios técnicos para declarar que Gaza ha entrado oficialmente en estado de hambruna. El hambre catastrófica ha alcanzado al 20% de los hogares, y la desnutrición infantil severa supera el 30%. Se estima que más de medio millón de personas corren el riesgo de una muerte lenta y se prevé que esta cifra aumente debido al continuo bloqueo israelí y a la constante denegación de ayuda al pueblo gazatí. Según el informe, el 86% del territorio de la Franja de Gaza está bajo control del ejército de ocupación israelí y el 90% de la población se ha visto obligada a huir al menos una vez de su lugar de residencia. El informe indica escasez de alimentos, de agua y de servicios médicos, almacenes de ayuda vacíos e infraestructuras para transportar y distribuir ayuda gravemente dañada. También indica que el sistema de salud está al borde del colapso debido a la escasez de combustible, de las restricciones de movimiento y de la destrucción, dejando expuesta a la población, especialmente a los niños, a enfermedades infecciosas. 

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, describió la situación como una catástrofe provocada por el hombre y un fracaso moral para toda la humanidad, subrayando que el uso de la inanición como arma de guerra podría constituir un crimen de guerra según el derecho internacional humanitario. Esta descripción se entrelaza con el Artículo 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que tipifica como delito el hambre de civiles como método de guerra y con el Cuarto Convenio de Ginebra, que obliga a la potencia ocupante a garantizar el suministro de alimentos, medicamentos y artículos de primera necesidad a la población civil. Con la declaración de hambruna, la situación en Gaza ya no es solo una tragedia humanitaria, sino un delito en toda regla que exige rendición de cuentas y castigo. 

La Corte Internacional de Justicia anteriormente emitió órdenes cautelares exigiendo medidas urgentes para prevenir las violaciones de los derechos palestinos. Estas órdenes imponen a Israel la clara obligación de cesar las prácticas que amenazan la vida de la población. Hoy, ante la inminente hambruna, la continua retención de la ayuda humanitaria supone un desafío directo a la Corte Penal y a todo el sistema del derecho internacional. Además, la apertura del caso de hambruna ante la Corte Penal Internacional cobra mayor relevancia, dado que los elementos materiales y morales del delito han sido documentados oficialmente por organismos de las Naciones Unidas. 

Lo que agrava la situación es que Israel se niega a reconocer los informes de la ONU, sigue con las restricciones y con el bloqueo impuesto durante más de 18 años y agravado por la atroz guerra en curso. Israel intenta reforzar su discurso desmintiendo el hambre con imágenes y vídeos falsos, mientras que la realidad demuestra todo lo contrario. Los niños mueren de hambre y la sociedad civil no puede obtener suficientes alimentos. El caos es generalizado. 

La declaración de hambruna en Gaza impone a la comunidad internacional el deber de actuar de inmediato, sin conformarse con meras declaraciones de preocupación. Se requieren medidas vinculantes, comenzando por la apertura de corredores humanitarios bajo la supervisión de las Naciones Unidas y del Comité Internacional de la Cruz Roja, la activación de las resoluciones del Consejo de Seguridad en virtud del Capítulo VII para garantizar el acceso incondicional a la ayuda, y el establecimiento de un mecanismo internacional independiente que supervise la distribución y garantice que los alimentos y los medicamentos lleguen a quienes los necesitan. Los Estados parte del Estatuto de Roma también deben impulsar una investigación urgente sobre el delito de inanición, un crimen de guerra imprescriptible. Además, los países amigos deben aprovechar su influencia política y diplomática para que el tema vuelva a ocupar un lugar destacado en la agenda internacional y condicionar cualquier cooperación o financiación con Israel al fin inmediato del bloqueo. 

Gaza hoy no es solo un problema palestino, sino una prueba para la credibilidad del derecho internacional y de la dignidad humana. O el mundo actúa para detener la hambruna y salvar a niños, mujeres y ancianos de una muerte segura o será cómplice con su silencio y pasará a la historia como testigo de un genocidio cometido a cámara lenta y a plena vista de todos. El deber legal y humanitario exige el levantamiento inmediato del bloqueo y garantizar el flujo de ayuda, de lo contrario, la responsabilidad seguirá pesando sobre Israel y sus partidarios ante los tribunales internacionales y ante el tribunal de la historia.

 

(*) Mahmoud Elalwani es embajador del Estado de Palestina en Bolivia.

Con la Excusa del «Narcoterrorismo», EE.UU. Amenaza con Invadir Venezuela 

Editorial de Observatorio en Comunicación y Democracia  

El gobierno de Donald Trump envió el crucero de misiles guiados USS Lake Erie y el submarino de ataque rápido de propulsión nuclear USS Newport News al “sur del Caribe”, es decir, a las costas venezolanas. Washington ya cuenta con por lo menos ocho buques de guerra desplegados en la zona, como parte de lo que el mandatario denomina «ofensiva contra el narcoterrorismo» pero que en realidad es un intento más de apoderarse del petróleo venezolano. 

Resulta inverosímil que el combate al trasiego de estupefacientes se lleve a cabo con cruceros, destructores, plataformas de desembarco y submarinos nucleares, naves cuyo poder de fuego no sólo es absolutamente desproporcionado para la supuesta misión, sino que además tienen dimensiones que los vuelven inútiles y hasta contraproducentes en esa clase de operaciones recuerda La Jornada de México. 

Una posible invasión estadounidense es un tema que empezó a surgir en las calles de Venezuela, entre bromas, preocupación, y algún que otro opositor esperanzado y hasta eufórico. Pero los analistas ven lejano el escenario de una operación directa contra Venezuela. Quizá sea apenas un intento por crear ansiedad en esferas del gobierno y obligar al presidente Nicolás Maduro a negociar algo. 

Si a lo anterior se suman los antecedentes de la clasificación por parte de Washington de los cárteles como organizaciones terroristas y la fábula del presidente venezolano Nicolás Maduro, como líder de uno de ellos, queda en evidencia que la flota estadounidense persigue el derrocamiento del gobierno bolivariano, ya sea mediante la traición de los mandos militares –con que la ultraderecha venezolana fantasea desde 2002– o la intervención directa de las fuerzas armadas de la superpotencia.

 

Una nueva invasión en lo que considera su patio trasero 

Basta repasar la naturaleza y capacidades de las embarcaciones para develar las verdaderas intenciones de semejante alarde belicista: el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson son destructores de la clase Arleigh Burque, fabricados para lanzar ataques terrestres, guerra antiaérea, guerra antisubmarina, guerra antisuperficie e incluso armamento antisatélite, así como misiles antibalísticos (misiles que derriban otros misiles). 

En tanto, el USS San Antonio, el USS Iwo Jima y el USS Fort Lauderdale, con una tripulación de 4 mil 500 elementos, son buques de asalto anfibio, cuya función es transportar tropas con todo el material necesario para emprender una invasión en cualquier tipo de costa. El USS Newport News, que también dispone de armamento anti superficie, fue utilizado en la invasión y colonización de Irak y Afganistán a principios de siglo. 

En este contexto, es deplorable que los émulos regionales de Trump sigan el juego de equiparar el negocio delictivo del narcotráfico con el del terrorismo, cuyos móviles son políticos e ideológicos, y que apliquen la etiqueta de narcoterrorista a organizaciones cuya existencia es más que dudosa, como señala La Jornada. 

Con independencia de filiaciones ideológicas y partidistas, todos los gobernantes latinoamericanos deberían entender que la agresión imperialista contra Caracas erosiona la soberanía de todos los demás países del hemisferio y que rechazar el intervencionismo es un asunto de seguridad nacional, dignidad, patriotismo bien entendido y, en última instancia, de supervivencia. 

La administración de Trump sostiene que ejecutará operaciones contra el narcotráfico internacional, sin mencionar en ningún momento la posibilidad de invadir Venezuela. Pero la movilización de tres destructores lanzamisiles y 4 mil marines, a los que se les suman otros dos buques, coincide con el aumento de la recompensa a 50 millones de dólares por la captura de Maduro y la declaratoria como organización terrorista del llamado “Cartel de los Soles” una desconocida narcobanda que según Trump encabeza el presidente venezolano. 

La representación de Venezuela ante la ONU reclamó el cese del despliegue militar estadounidense, que incluye el arribo de un submarino nuclear de ataque rápido y un crucero lanzamisiles a aguas cercanas a Venezuela y denunció la acción como una “escalada de amenazas” y exigió garantías claras de Washington de que no usará armas nucleares en la región. 

El gobierno venezolano considera que la operación pone en peligro la paz y contradice los tratados internacionales, especialmente el Tratado de Tlatelolco que prohíbe armas nucleares en América Latina. La misión venezolana también exhortó a otros países de la ONU a defender el carácter «desnuclearizado» y de «zona de paz» de la región.

El patio trasero

No hay información clara de adonde o cuándo llegará la flota estadounidense al Caribe sur.  Trump impulsó en su primer gobierno (2017-2021) una política de máxima presión contra Maduro, con una batería de sanciones que incluyó un embargo petrolero aún vigente. En su segundo gobierno, sin embargo, inició contactos tempranos con el chavismo para coordinar la deportación de venezolanos sin documentos en Estados Unidos. 

De hecho, los aviones con deportados no pararon de llegar a Venezuela a propósito de la tensión. Lo mismo ocurre con el petróleo. Después de ordenar la suspensión de operaciones del gigante Chevron, Trump autorizó la renovación de un permiso especial que evade el embargo. «Todos los días pendiente de un barco y la verdad es que los barcos que están saliendo son los de petróleo, algunos de ellos salieron de Chevron para los Estados Unidos», apuntó la vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez. 

En el pivote del relato de la Casa Blanca está el Cartel de los Soles. El inasible (¿o imaginario?) cartel de la droga capitaneado por generales venezolanos, que tienen soles en sus charreteras. Se trata de una construcción mediática que comenzó en 2014, y que aparece y desaparece de los titulares según la conveniencia del momento. 

EE.UU. blandió la “amenaza” del Cartel de los Soles en 2020, cuando naufragaba el experimento del «presidente» Juan Guaidó, promovido por los halcones de Washington en la primera administración Trump para acabar con el gobierno de Maduro. Fracaso de por medio, la narrativa casi desapareció hasta ahora, cuando la retomó el furibundo antilatinoamericanista Marco Rubio en el Departamento de Estado. 

Para preparar el terreno al ¿eventual? despliegue de marines en el Caribe Sur, Estados Unidos duplicó la recompensa sobre Maduro y blindó el discurso contra Caracas. Esto mientras, paradójicamente, se restablecían las operaciones de la petrolera estadounidense Chevron en Venezuela. Así, en esta semana que pasó, los únicos buques “gringos” en aguas venezolanas fueron los tanqueros de Chevron.

 

La reacción regional

A diferencia de la embestida anterior, en 2020, ahora la amenaza estadounidense encendió luces rojas en varios tableros en el subcontinente. Además de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestramérica (ALBA) en cumbre presidencial remota, la movida de la Casa Blanca sumó cuestionamientos en Colombia, México y Brasil. 

El más enfático fue el principal vecino de Venezuela, Colombia. Gustavo Petro, presidente colombiano, dijo: «Los gringos están en la olla (al horno) si piensan que invadiendo Venezuela resuelven su problema». Advirtió que una intervención convertiría a Venezuela en una nueva Siria. Y que arrastrarían a Colombia a lo mismo. 

Venezuela y Brasil abogan por el fin «inmediato» de las «agresiones» de Estados Unidos contra América latina y el Caribe, dijo el canciller venezolano, Yván Gil, tras una llamada telefónica con su par brasileño, Mauro Vieira. Gil aseguró que se trata de una «amenaza nunca antes vista» en la región y de una «abierta violación de la zona de paz proclamada por la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) en 2014 y del Tratado de Tlatelolco de 1967». 

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró el martes la postura histórica de su país contra toda forma de intervención extranjera en Venezuela. Durante su conferencia habitual matutina, la mandataria subrayó: «Nosotros nunca vamos a estar a favor de la intervención de un gobierno extranjero en un país soberano. Y repito, ni siquiera es solo por convicción propia, sino que esa debe ser la posición de cualquier presidente de México, porque está en la Constitución».

 

Amenaza nuclear 

«Venezuela ha sido amenazada con un submarino nuclear, se ha violado el Tratado de Tlatelolco que prohíbe la movilización, la utilización y la fabricación de armas nucleares en todo el territorio de América Latina y el Caribe» afirmó en declaraciones transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión, Nicolás Maduro. Además, señaló que «nunca se había amenazado a ningún país» de la región «con un submarino nuclear». 

«No le bajamos la mirada a nadie, ni hoy ni nunca, no le bajamos la cara a nadie, no nos creemos más que nadie porque no somos supremacistas, pero no aceptamos el supremacismo de nadie», expresó Maduro, quien, en ese sentido, agregó que a Venezuela «no la va a parar nadie». El gobierno anunció que habrá «más de mil puntos» de alistamiento de milicianos el viernes y sábado próximos, con el fin de incrementar el registro de  voluntarios convocado por el gobierno.

 

El informe de la ONU 

Pino Arlacci, quien fuera Vicesecretario general de Naciones Unidas y Director ejecutivo de la UNODC, el programa antidrogas y anticrimen de la ONU, señala que se trata de la gran farsa contra Venezuela: la geopolítica del petróleo disfrazada de lucha antidrogas, y deja en claro que el informe 2025 del organismo «es cristalino, y debería avergonzar a quienes han construido la retórica de la demonización de Venezuela». 

El informe solo menciona mínimamente a Venezuela, afirmando que «una fracción marginal de la producción de droga colombiana pasa por el país hacia Estados Unidos y Europa. Venezuela, según la ONU, ha consolidado su posición como territorio libre de cultivos de hoja de coca, marihuana y similares, así como de la presencia de cárteles criminales internacionales». 

Añade que el documento no hace sino confirmar los 30 reportes anuales anteriores, que no mencionan el narcotráfico venezolano porque simplemente no existe. Solo el 5% de la droga colombiana transita por Venezuela. Para poner esto en perspectiva: en 2018, mientras 210 toneladas de cocaína cruzaban Venezuela, 2.370 toneladas, diez veces más, se producían o comerciaban desde Colombia, y 1.400 toneladas desde Guatemala, un corredor de droga siete veces más importante que el temido «narcoestado» bolivariano. Pero nadie lo menciona porque Guatemala históricamente carece de petróleo, la única droga no natural que interesa a Trump.

 

Colectivo del Observatorio en Comunicación y Democracia (Comunican), Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA)

 

Fuente: Rebelión.