Crisis Política y Dominio Burgués
César Risso
PREGUNTARSE SI ESTAMOS FRENTE A UNA
CRISIS política puede parecer curioso en las circunstancias actuales.
Es
necesario, para entender el momento político actual, comprender qué es lo que realmente
ha sucedido, qué es lo que está en disputa.
El
enfrentamiento entre el ejecutivo y el legislativo es una disputa por la
representación política de los intereses de la burguesía peruana y los
intereses del imperialismo.
Esto
surge como consecuencia de haberse hecho público los mecanismos que subyacen a
la representación política a todo nivel. La corrupción es en realidad una forma
de la competencia burguesa. Este mecanismo tenía hasta hace unos pocos años un
cauce normal, dándose como un pago “adecuado” a aquellos que se encontraban en
el poder. Vale decir que llegar al gobierno del poder, a nivel nacional o local,
significaba hacerse acreedor además del sueldo correspondiente, a los pagos de
coimas para asignar los negocios a determinadas empresas.
La
competencia económica, que es en realidad la anarquía de la producción, le
exige a cada burgués obtener más negocios rentables, más licitaciones. Las
coimas resultaron así el mecanismo ideal, puesto que al ganar las licitaciones,
solo tenían que considerar las adendas, para recuperar la coima entregada.
La
crisis es pues la crisis de la forma en la que los representantes políticos de
la burguesía han venido ejerciendo el control económico.
Aunque
esta confrontación se presenta como un enfrentamiento entre el ejecutivo y el
legislativo, es en realidad la lucha entre una tendencia política burguesa en
el ejecutivo y otras tendencias políticas burguesas en el legislativo.
Al
ponerse en evidencia toda la red de corrupción de la representación política,
el negocio de la política se ha visto afectado a tal punto que los
representantes han tenido que tratar de resolver dos problemas. El primero, es
cómo lograr evitar ser denunciados y encarcelados; y, el segundo, es cómo poder
seguir con sus turbios negocios.
El
sistema de justicia está adaptado a la corrupción, al dominio burgués, a la
mercantilización de la justicia.
Es
decir, la actual crisis política de la burguesía consiste en que sus intereses
y la forma en que los defienden, se han puesto al descubierto.
De
otro lado, la burguesía como clase necesita que sus negocios se den en un ambiente
de seguridad. Que sus representantes asalariados, los políticos burgueses, trabajen
adecuadamente para su beneficio.
En
su momento, la novedad del fujimorismo significó la implementación de las
mejores condiciones para los negocios burgueses; pero estos políticos, con su
ambición, con su intento de erigirse en un nuevo grupo económico de poder, y
sobre todo con su torpeza, sin proponérselo terminaron levantando el telón que
escondía los intereses de la burguesía. Se presentó entonces desnuda la
burguesía, sin poder esgrimir argumentos verosímiles. Aparecieron así la
llamada lucha contra la corrupción, la lucha contra la inseguridad ciudadana,
la lucha contra la pobreza, contra el analfabetismo, etc., como lo que
realmente eran: de un lado promesas electorales, y, de otro, nuevos negocios.
La
última promesa y argumento para que la burguesía se sostenga en el poder, al
igual que sus representantes, consiste en la incorporación del Perú al grupo de
los países industrializados a través de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). A esto se
ajusta el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, aprobado por el
presente gobierno. Así, bajo este plan, se nos presenta toda una serie de
medidas que favorecen la explotación burguesa. La promesa de pertenecer al “primer
mundo”, y con ello mejorar las condiciones de vida de los explotados, de
superar la pobreza, etc., es el nuevo telón que ha levantado Martín Vizcarra
para ocultar nuevamente los verdaderos intereses y mecanismos que construyó la
burguesía para enfrentarse entre los burgueses particulares, y entre los diversos
sectores de la burguesía. Martín Vizcarra aparece así como el Fujimori del
siglo XXI. Ya no es la liberalización de la economía con el llamado consenso de
Washington; ahora es la incorporación a la OCDE y al “primer mundo” por medio
del Plan Nacional de Competitividad y Productividad.
La
acción política de disolver el Congreso, en el marco de la actual Constitución,
da nuevos bríos a Martín Vizcarra para implementar este plan. El pedido de
varios sectores de la población de que se vayan todos, incluyendo a Martín
Vizcarra, empalma con los planes de la burguesía de tener nuevos representantes
políticos para que implementen en mejores condiciones las medidas que están
esperando les den mayores ganancias.
Los
colectivos y organizaciones sociales han trabajado para el logro de un objetivo
concreto, la lucha por el cierre del Congreso. La segunda propuesta es la nueva
Constitución. En ambos casos las fuerzas políticas de izquierda, de la
izquierda proletaria, no hemos sabido aprovechar la coyuntura para “difundir
ideas clasistas y sembrar gérmenes de renovación.”
El
cierre del Congreso no significa la solución de los problemas que se producen
en el sistema capitalista. Seguirá habiendo explotación asalariada. Una nueva
Constitución, podría, en la letra, modificar las aspiraciones de las clases
trabajadoras. Si se incluyese en esta, por ejemplo, la eliminación de la
propiedad privada de los medios de producción; si se iniciase la eliminación de
la producción de mercancías, que contiene la ganancia de la burguesía, para que
sean solo bienes que se distribuyan entre todos los pobladores; si se eliminase
la anarquía de la producción, para que se planifique lo que realmente se
necesita, eliminando la producción de los bienes superfluos, etc., entonces, la
incorporación de estas propuestas permitiría superar el capitalismo y con él el
dominio burgués, e ir desarrollando la implementación del socialismo.
Sin
embargo, si de lo que se trata es de maquillar la actual Constitución, sin
considerar la esencia de la explotación capitalista, entonces la burguesía como
clase, independientemente de quiénes sean los individuos que detentan el poder
económico, seguirá sometiendo a los trabajadores a la explotación.
Para
que la lucha actual no sea manipulada en beneficio de la burguesía, debe tener
como primer objetivo la unidad, esto es, la unidad en la acción debe traducirse
en la organización del frente unido. Pero esta unidad tiene que expresar los
intereses de las clases trabajadoras, y en concreto la superación de la
sociedad burguesa.
Lineamientos
programáticos
El Método
en la Elaboración del Programa de la Revolución
(Segunda
Parte)
Eduardo
Ibarra
EN EFECTO, en el punto 5 del Programa, puede leerse lo
que sigue:
5º- La
economía pre-capitalista del Perú republicano que, por la ausencia de una clase
burguesa vigorosa y por las condiciones nacionales e internacionales que han
determinado el lento avance del país en la vía capitalista, no puede liberarse
bajo el régimen burgués, enfeudado a los intereses imperialistas, coludido con
la feudalidad gamonalista y clerical, de las taras y rezagos de la feudalidad
colonial.
El destino
colonial del país reanuda su proceso. La emancipación de la economía del país
es posible únicamente por la acción de las masas proletarias, solidarias con la
lucha anti-imperialista mundial. Sólo la acción proletaria puede estimular
primero y realizar después las tareas de la revolución democrático-burguesa, que
el régimen burgués es incompetente para desarrollar y cumplir (ibídem, pp. 160-61).
Como vemos, Mariátegui señaló cuatro cuestiones: 1) la ausencia
en nuestro país de una burguesía vigorosa; 2) el lento desarrollo de nuestro
capitalismo debido a las condiciones nacionales e internacionales; 3) la
economía pre-capitalista no puede liberarse bajo el régimen burgués; 4) este
régimen está enfeudado al imperialismo, por una parte, y, por otra, a la
feudalidad.
Naturalmente, esta realidad expuesta
en el Programa exige algunas puntualizaciones. En Punto de Vista anti-imperialista, Mariátegui se preguntó:
¿Los intereses del capitalismo imperialista coinciden necesaria y
fatalmente en nuestros países con los intereses feudales y semifeudales de la
clase terrateniente? ¿La lucha contra la feudalidad se identifica forzosa y
completamente con la lucha anti-imperialista? (ibídem, p. 92).
Y se contestó:
Ciertamente,
el capitalismo imperialista utiliza el poder de la clase feudal, en tanto que
la considera la clase políticamente dominante. Pero, sus intereses económicos
no son los mismos.
(…) en la medida en que los rezagos de feudalidad entraban el
desenvolvimiento de una economía capitalista, ese movimiento de liquidación de
la feudalidad, coincide con las exigencias del crecimiento capitalista
promovido por las inversiones y los técnicos del imperialismo (ibídem, pp. 92-3).
Entonces, las relaciones entre el capitalismo y la feudalidad
tienen que ser analizadas en los planos económico y político.
En el plano económico, es menester
tener en cuenta que el modo de producción capitalista es históricamente más
avanzado que el modo de producción feudal, y que, en las actuales condiciones
del mundo, las relaciones feudales o semifeudales de producción sobrevivientes
en algunos países atrasados, experimentan una franca declinación.
En el plano político, hay que tener
presente que en el Perú de Mariátegui la clase terrateniente feudal, formalmente
desplazada del poder del Estado a partir del gobierno de Leguía, conservaba,
sin embargo, su poder económico.
Por lo tanto, si, como sostenía
Mariátegui, el capitalismo imperialista utilizaba el poder de la clase feudal
en la medida en que esta clase era políticamente dominante, en cambio el
desarrollo del capitalismo a instancias de la penetración imperialista socavaba
poco a poco la feudalidad sobreviviente.
Pero el desarrollo y la resolución de
esta contradicción depende de la lucha de clases y, particularmente, de la
lucha de clase del proletariado: desde principios del siglo XX la revolución
socialista mundial es un hecho de actualidad, y desde los años veinte el
proletariado peruano interviene en la vida política con su propio partido y su
propio programa.
Estos hechos hacen que la contradicción
capitalismo-feudalidad sea mediada por la contradicción capitalismo-socialismo.
Así, en este cuadro, mientras por un lado el capitalismo evolucionaba las
formas de la feudalidad, por el otro el socialismo luchaba por su liquidación (así
como lucha por la liquidación de la opresión imperialista).
Mariátegui sostuvo:
El
capitalismo se desarrolla en un pueblo semi-feudal como el nuestro… (ibídem, p. 160).
Y subrayó:
El
Virreinato no sobrevive en el “perricholismo” de algunos trovadores y algunos
cronistas. Sobrevive en el feudalismo, en el cual se asienta, sin imponerle
todavía su ley, un capitalismo larvado e incipiente. (7 ensayos, p. 53).
Finalmente constató:
Un formal
capitalismo está ya establecido. Aunque no se ha logrado aún la liquidación de
la feudalidad y nuestra incipiente y mediocre burguesía se muestra incapaz de
realizarla, el Perú está en un período de crecimiento capitalista (ibídem, p. 266).
Es decir, el maestro precisó dos fases en el proceso de
la contradicción capitalismo-feudalidad. A saber: una primera en la que el
capitalismo no le impone todavía su ley a la feudalidad, y una segunda en la
que le impone su ley y, por esto, la feudalidad queda subsumida en la lógica
del capital.
En esta segunda
fase, se hacen patentes dos posibilidades: o bien la revolución liquida la
semifeudalidad, o bien «las exigencias del
crecimiento capitalista» terminan por liquidarla mediante una «revolución
por arriba».
Es un
hecho que, por diversas causas que no es posible exponer aquí, la revolución
peruana no se ha producido hasta hoy.
Pero las
luchas campesinas de la segunda mitad de los cincuenta y la primera mitad de
los sesenta, pusieron en cuestión la explotación feudal, y, como es obvio, esta
realidad era particularmente explosiva y, por tanto, un peligro latente para el
poder político de la burguesía.
Por eso en 1969 el régimen militar
encabezado por Velazco Alvarado dictó el decreto-ley de reforma agraria 17716,
que, por la vía terrateniente, terminó, ya a lo largo de los setenta, por
liquidar la vieja estructura semi-feudal de nuestra economía agraria, pero reemplazándola
por una nueva estructura de formas evolucionadas de relaciones serviles en las
empresas asociativas andinas principalmente.
Ciertamente la liquidación de la vieja
estructura semi-feudal significó una «revolución
por arriba», y, como tal, puramente económica, pues en el terreno político tuvo
un carácter terrateniente, corporativo y preventivo.
Esta «revolución
por arriba» se llevó a cabo, pues, para evitar la temida revolución «por
abajo».
Ahora bien, la liquidación de la
vieja semifeudalidad plantea un problema teórico que aquí no es posible exponer.
Pero al menos preguntémonos: ¿el régimen burgués no es capaz de liquidar la
semifeudalidad impulsando el capitalismo agrario? ¿Las exigencias del crecimiento capitalista no pueden finalmente liquidar
la feudalidad?
Los hechos han demostrado que en las
circunstancias del mundo y específicamente de los países que pugnan por salir
del subdesarrollo (circunstancias dibujadas marcadamente desde los años setenta
y ochenta), el régimen burgués puede liquidar la estructura semifeudal, aunque
al mismo tiempo pueda promover algunas formas evolucionadas de relaciones
serviles.
Esta constatación no pone en tela de
juicio la verdad de que en nuestra época la burguesía imperialista y la gran
burguesía intermediaria del imperialismo tienen un carácter reaccionario:
económicamente, la liquidación de nuestra vieja estructura semi-feudal
significó un progreso histórico, pero, en la medida en que fue actuada «desde
arriba», políticamente fue una medida reaccionaria.
El paso de la vieja estructura
semifeudal, caracterizada políticamente por el terrateniente de horca y
cuchillo, a una nueva estructura semifeudal caracterizada políticamente por el
burócrata de cuello y corbata, significó la clarificación de la contradicción
socialismo-capitalismo, proletariado-burguesía, revolución-contrarrevolución.
Ahora bien, la actitud del
proletariado ante la liquidación de la vieja estructura semifeudal no podía ser
otra que limitarse a constatarla –como se ha visto que hace Mariátegui cuando habla de la contradicción
capitalismo-feudalidad–, y, por tanto, en modo alguno tenía que subirse al
carro de la burguesía apoyando la reforma agraria terrateniente-burocrática del
régimen militar ni tiene ahora, como creen algunos, que autocriticarse por no
haber «percibido» los supuestos «lados
positivos» y la presunta «política
nacionalista y progresista» de dicho régimen.
Que los intereses del capitalismo no
sean los mismos que los de la feudalidad, no significa que el proletariado
consciente hubiera tenido que ponerle el hombro al crecimiento capitalista.
La revolución tiene su propio
camino: por lo apuntado, no tiene ya, estrictamente hablando, la tarea de liquidar
una estructura semi-feudal con un peso específico decisivo, pues en la segunda
mitad de los ochenta, la acción campesina y de la izquierda determinó la
disolución de muchas de las empresas asociativas y la parcelación de la tierra,
lo que significó la liquidación de gran parte de las formas evolucionadas de
las relaciones serviles.
Es decir, la liquidación de la «segunda
semifeudalidad» fue producto del desarrollo de la vía campesina.
Y es este trascendental
acontecimiento, y no la «revolución
por arriba», lo que la izquierda debe celebrar.
Nada de lo expuesto, sin embargo,
significa que el problema de la tierra haya sido resuelto por el desarrollo del
capitalismo agrario a costa de la feudalidad. Por eso, nuestro problema
primario continúa vigente.
De hecho, la revolución tiene
todavía la tarea de liquidar total y completamente las relaciones serviles y,
al mismo tiempo, mantiene su carácter antiimperialista.
Ahora bien, el antiimperialismo que
postula el Programa es el antiimperialismo proletario, acerca del cual
Mariátegui escribió lo que sigue:
La divergencia
fundamental entre los elementos que en el Perú aceptaron en principio el Apra
–como un plan de frente único, nunca como partido y ni siquiera como
organización en marcha efectiva– y los que fuera del Perú la definieron luego
como un Kuo Min Tang latinoamericano, consiste en que los primeros permanecen
fieles a la concepción económico-social revolucionaria del anti-imperialismo,
mientras que los segundos explican así su posición: “Somos de izquierda (o
socialistas) porque somos anti-imperialistas”. El anti-imperialismo resulta así
elevado a la categoría de un programa, de una actitud política, de un
movimiento que se basta a sí mismo y que conduce, espontáneamente, no sabemos
en virtud de qué proceso, al socialismo, a la revolución social. (Ideología y política, pp. 89-90).
Por eso concluyó:
Sin
prescindir del empleo de ningún elemento de agitación anti-imperialista, ni de
ningún medio de movilización de los sectores sociales que eventualmente pueden
concurrir a esta lucha, nuestra misión es explicar y demostrar a las masas que
sólo la revolución socialista opondrá al avance del imperialismo una valla
definitiva y verdadera (ibídem, p. 91).
Por tanto, la siguiente afirmación del Programa
continúa en pie:
Sólo la
acción proletaria puede estimular primero y realizar después las tareas de la
revolución democrático-burguesa, que el régimen burgués es incompetente para
desarrollar y cumplir.
21.05.2019.
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