(Fin a los Rumores)
Tsipras Mantiene El Pulso: Habrá Referéndum y Syriza Pedirá el ‘No’
Pablo Elorduy
El referéndum sobre las condiciones del rescate a
Grecia se celebrará, tal y como estaba previsto el domingo 5 de julio. Lo ha
anunciado hoy Alexis Tsipras en una comparecencia a través de la televisión
pública ERT. Tsipras ha salido al paso dela información que esta mañana
publicaba Financial Times con la carta enviada a la Troika (Comisión Europea,
Banco Central Europeo y FMI) en la que acepta buena parte de las condiciones
establecidas antes del impago del tramo de rescate hecho efectivo el 30 de
junio. El primer ministro ha subrayado que el ‘no’ permitirá a Grecia lograr
mejores condiciones en unas negociaciones marcadas por la posición de fuerza del
ordoliberalismo alemán, encarnado en la canciller Angela Merkel y la mayoría
del Bundestag.
Tsipras ha
anunciado que seguirá peleando para obtener un mejor acuerdo en las
negociaciones, para lo que mantiene su postura a favor del ‘no’ en el
referéndum. “Los que quieren la Europa de la austeridad no son europeístas”, ha
manifestado Tsipras, quien separa la votación de la salida de Europa: “Los que
os dicen que el ‘no’ será la salida del euro os mienten”, ha declarado el
primer ministro al pueblo griego.
Fuente: Kaos en la Red
Tsipras Convoca un Referéndum: Rechazar el Ultimátum de la Troika, Romper con el Capitalismo
Jorge
Martín
A ÚLTIMA
HORA DE LA NOCHE PASADA, en un discurso televisado a la nación, el primer
ministro griego Tsipras ha anunciado que va a someter el último ultimátum de la
troika a referéndum el 5 de julio. Esto marca una etapa cualitativamente nueva
en la crisis griega, que puede dar rienda suelta a la rabia acumulada de las
masas contra la humillación constante sufrida a manos de la troika.
En su discurso, Tsipras utilizó un lenguaje muy
fuerte:
"Pidieron al gobierno griego que aceptara una
propuesta que acumula una nueva carga insostenible sobre el pueblo griego y
socava la recuperación de la economía y de la sociedad griega, una propuesta
que no sólo perpetúa el estado de incertidumbre, sino que acentúa aún más las
desigualdades sociales.
"La propuesta de las instituciones incluye:
medidas que conduzcan a una mayor desregulación del mercado laboral, recortes
de pensiones, nuevas reducciones de salarios del sector público y un aumento
del IVA en alimentos, restaurantes y turismo, mientras que se eliminan las
exenciones tributarias para las islas griegas.
"Estas propuestas violan directamente los
derechos sociales y fundamentales europeos: muestran que en la preocupación
sobre el trabajo, la igualdad y la dignidad, el objetivo de algunos de los
socios y de las instituciones no es un acuerdo viable y beneficioso para todas
las partes, sino la humillación de todo el pueblo griego."
Dijo que la "responsabilidad histórica hacia las
luchas y los sacrificios del pueblo griego para la consolidación de la democracia
y de la soberanía nacional... pesa sobre nuestros hombros. Nuestra
responsabilidad por el futuro de nuestro país". Y concluyó: "esta
responsabilidad nos obliga a responder al ultimátum sobre la base de la
voluntad soberana del pueblo griego."
Hizo un llamamiento directo a los griegos: "Ante
el chantaje del ultimátum en el que nos piden que aceptemos una severa
austeridad degradante sin fin y sin perspectivas de una recuperación económica
y social, os pido que respondamos de una forma soberana y orgullosa, como
corresponde a la historia del pueblo griego".
Para entender cómo hemos llegado hasta aquí tenemos
que ir de nuevo al principio de la semana. Ya hemos explicado (Ver Ultimátum de la Troika a Grecia - Un golpe de Estado
en ciernes) cómo el gobierno griego presentó un documento a la
troika, que ya incluía muchas medidas que rompían las propias "líneas
rojas" del gobierno. Era un paquete de 8 mil millones de euros que incluía
severos recortes indirectos sobre las pensiones, aumentos del IVA y también un
cierto grado de aumento de los impuestos sobre los capitalistas.
El FMI respondió de una manera muy provocadora, con
una contrapropuesta que básicamente ponía todo el peso del paquete de 8 mil
millones de euros en los hombros de los trabajadores exigiendo recortes más y
más agudos en las pensiones, el aumento de los tipos del IVA, y muchos menos
impuestos sobre las empresas. Esta contrapropuesta se debatió largo y tendido
en una serie de reuniones. Las posiciones estaban acercándose, con el Gobierno
griego haciendo más concesiones. Cuando un acuerdo parecía estar muy cerca, el
principal escollo fue la negativa de Alemania y Finlandia de ofrecer algún
alivio sustancial a la deuda a cambio de que el gobierno griego aceptara todas
sus duras medidas de austeridad. Todo lo que se incluía era una extensión de
cinco meses del memorándum actual, que permitía a Grecia acceder a los 15 mil
millones de euros restantes del rescate en curso más una cantidad más pequeña
de las ganancias del BCE conseguida con la rentabilidad de los bonos griegos
que posee.
Las conversaciones se rompieron y un ultimátum, otro
más, fue emitido por la troika al gobierno griego. Se trata de una oferta
final, dijeron, lo tomas o lo dejas. Esto revela dos aspectos del problema. Por
un lado, dentro de los límites del capitalismo no hay solución real a la crisis
de la deuda del capitalismo griego, ya que significa que alguien más tiene que
soportar la carga. Por otro lado, está claro que también hay un objetivo
político por parte de la troika, el de humillar al gobierno de Syriza como una
forma de impedir el contagio. Si le permitiera al gobierno griego ser visto
llevando a la práctica una política diferente a la austeridad y los recortes,
entonces rápidamente sería un ejemplo que se extendería a Italia, Portugal,
España, Francia, Irlanda, etc.
Tsipras era plenamente consciente de que el estado de
ánimo en el país estaba cambiando, y muy rápidamente. Partidarios acérrimos de
Syriza estaban expresando su oposición a las concesiones interminables por
parte del gobierno en los términos más enérgicos. No había ninguna garantía de
que ninguna de estas concesiones fuera aprobada por el parlamento, en la medida
que no podía confiarse en que el ala izquierda de Syriza las votara.
Se intentó crear un escenario para un golpe
parlamentario, con la troika apoyándose en los líderes de la derecha de To
Potami y Nueva Democracia, y en el presidente derechista de la república
(nombrado por Syriza), que hablaron de la necesidad de un "amplio frente
democrático".
Al final, el acuerdo resultó imposible. Por un lado,
estaba la intransigencia de la troika, con su demanda imposible de que todo el
peso del paquete recayera sobre los trabajadores y pensionistas, y su negativa
a ofrecer un alivio significativo de la deuda. Por otro lado, estaba el aumento
de la oposición de las masas, que se reflejaba a todos los niveles dentro de
Syriza y del gobierno. La lucha de clases, de una manera distorsionada, estampó
su sello en las negociaciones.
Para entender lo que se pretende con el referéndum,
podemos escuchar lo que dijo el ministro de Reforma de la Administración,
Katrougalos: "Un voto No en el referéndum le daría al gobierno un mandato
para volver a los prestamistas y arrancarles un mejor acuerdo". Esto
también se ve claramente en las referencias a los valores europeos en el
discurso de Tsipras. La dirección de Syriza permanece firmemente unida a la
idea de que es posible poner fin a la austeridad a través de un acuerdo con la
troika. Su idea del referéndum no es conseguir un mandato decisivo para romper
con la troika y la austeridad, sino más bien para conseguir una posición más
fuerte en las negociaciones.
Estarían a favor de aceptar algunas modificaciones a su
propuesta del 22 de junio, siempre y cuando consiguieran a cambio un alivio
sustancial de la deuda.
Pero la convocatoria de un referéndum ha puesto en
movimiento fuerzas que están fuera del control del gobierno. En los últimos
días se ha incrementado la polarización en la sociedad griega, y la sensación
acumulada de estar humillada por la troika ahora se desbordará. El estado de
ánimo de las masas será el de decir "¡Ya basta! ¡Demasiada humillación!
¡Demasiadas concesiones! ¡Es la hora de luchar!". Habrá genuino entusiasmo
por el OXI, por un rotundo voto NO que se vincula con las mejores tradiciones
de resistencia del movimiento obrero griego. El referéndum podría obtener una
gran mayoría en contra del ultimátum. Varoufakis mencionó la cifra de 50% más 1
como un mandato claro en contra del acuerdo, pero el referéndum tal vez podría
conseguir el 60, 70 o incluso el 80% del voto en contra. Estas fueron las
cifras de apoyo al gobierno que vimos en la primera semana de febrero cuando
parecía estar tomando una postura firme en contra de la troika.
Habrá sin embargo, una campaña masiva de terror por
parte de los medios de comunicación capitalistas que presentarán esto como un
referéndum en el que la gente tiene que elegir entre quedarse en el euro o ser
arrojada al infierno. Sin embargo, la actitud de la gente también se ha
endurecido en los últimos meses sobre la cuestión del euro. Sí, la gente no
piensa que una salida del euro sea una solución, pero rechazan definitivamente
el actual "acuerdo" que se está ofreciendo. Ellos han aprendido por
su propia experiencia el impacto calamitoso de los paquetes de austeridad
impuestos por la troika. Peor que eso, ellos saben que es un hecho que todos
los sacrificios y el dolor impuestos han sido inútiles en el sentido de que ni
siquiera resuelven la crisis ni el problema de la deuda. No serán amenazados
tan fácilmente esta vez.
Sin embargo, esta no es una situación normal. Esto no
va a ser el caso de un gobierno que convoca un referéndum y luego organiza una
campaña tranquila y civilizada de argumentos durante una semana. De ningún
modo. En primer lugar, Tsipras necesita conseguir que la convocatoria del
referéndum sea aprobada en el parlamento. Ya el líder del PASOK Venizelos ha
acusado a Tsipras de poner en escena ¡"un golpe de Estado"! ¡Qué
hipocresía escandalosa! Él ha utilizado el hecho de que, técnicamente, de
acuerdo con la Constitución griega, ningún referéndum puede ser convocado sobre
temas fiscales sin apelar al presidente de la República para que firme la convocatoria
del mismo. Aquí vemos la importancia de la figura del presidente, que se
suponía que era "puramente ceremonial", y la exactitud de la posición
de la Tendencia Comunista de Syriza cuando criticó el hecho de que un
derechista fuera elegido para el cargo a propuesta de Syriza.
Aparte del aspecto constitucional, la troika aún sigue
manejando los hilos de la bolsa, a través del mecanismo del fondo de liquidez
bancaria europeo (ELA) para mantener la liquidez de los bancos griegos. El
Banco Central Europeo celebrará una reunión de emergencia el sábado por la
mañana para decidir si lo prorroga. Sin ello, los bancos no podrán abrir el
lunes. Como sucedió en Chipre, es una herramienta muy poderosa en las manos de
la troika para obligar a un gobierno a la sumisión.
También está el tema del reembolso al FMI de la deuda
de 1.500 millones de euros que vence el martes 30 de junio. Sin un acuerdo o,
al menos, la concesión de una prórroga, Grecia no podrá pagar, desatando una
suspensión de pagos. Todas estas medidas y más serán utilizadas para chantajear
a los griegos y al gobierno de Syriza. Sin embargo, en estas condiciones,
cualquier provocación adicional sólo tendrá el efecto de polarizar aún más la
situación, y radicalizar a los trabajadores griegos. Definitivamente hemos
entrado en una nueva etapa de la crisis griega.
El discurso de Tsipras contiene una serie de
referencias de haber pedido a Europa un margen de maniobra: "Ya he
informado de mi decisión al Presidente de Francia y a la canciller de Alemania,
al presidente del BCE, y mañana pediré formalmente por carta a los líderes de
la UE y a las instituciones que extiendan por unos días el programa actual para
que el pueblo griego decida, libre de cualquier presión y chantaje, como lo
exige la Constitución de nuestro país y la tradición democrática de
Europa".
Por supuesto, es correcto pedir, ¡pero sería suicida
confiar en la buena voluntad de las mismas instituciones que acaban de ser
acusadas de
chantaje!
Ahora es el momento de tomar una acción decisiva. Este
referéndum es una batalla que no puede ser librada y ganada sólo en las urnas,
sino sobre todo a través de la lucha de clases en las calles, los centros de
trabajo y los barrios. Ya hay manifestaciones convocadas para hoy sábado y
mañana domingo. Estas deben ser masivas, como una demostración de fuerza de
oposición a la troika.
El gobierno debe tomar de inmediato medidas defensivas
que incluyan la nacionalización de todo el sistema bancario para evitar los
retiros de depósitos masivos. El gobierno también debería tomar el control de
los bienes y activos de los principales capitalistas y empresas para evitar la
fuga de capitales. Los trabajadores deben ocupar sus fábricas y lugares de trabajo,
abrir los libros de caja, y establecer el control y la vigilancia obrera para
evitar el sabotaje y el acaparamiento.
La clase capitalista griega no dudará en utilizar
todos los medios a su disposición (legales e ilegales). Los principales
sindicatos deberían convocar un congreso nacional de la clase obrera, con
delegados elegidos en los lugares de trabajo y barrios obreros para coordinar
la lucha y ejercer la vigilancia.
Por otra parte, la lucha no se puede librar, ni ganar
simplemente sobre la base de la idea de presionar a la troika para conseguir un
acuerdo mejor. Esa idea ha quedado completamente rota por los acontecimientos
de los últimos 5 meses. Lo que se necesita es una clara ruptura con la troika,
a través del repudio de la deuda y con un programa de medidas socialistas
audaces.
A nivel internacional el movimiento obrero y los
activistas revolucionarios tienen una gran responsabilidad. Todos deberíamos
discutir cómo podemos, en el transcurso de las próximas horas y días, movilizar
a la mayor cantidad de gente posible contra la troika y en defensa de los
trabajadores griegos. Esta es también nuestra lucha. Está en juego no sólo la
suerte del pueblo griego, sino la de los trabajadores de toda Europa. Esta no
es una lucha nacional, sino una lucha de clases. Se está preparando la mayor de
las batallas.
Por la victoria de los trabajadores griegos. Abajo la
troika. Romper con el capitalismo. Solidaridad internacional.
(Escrito por Sábado 27 de Junio de 2015)
La gran estafa a Grecia: Menos de un 10% del rescate griego ha ido a
parar a los ciudadanos
Kaos. Grecia
Estos miles de millones no se destinaron a la
protección de pensionistas o personas dependientes de ayudas sociales, sino que
fueron a parar a los bancos que prestaron fondos Grecia antes de la crisis, en
su mayoría alemanes y franceses. Grecia recibió 240.000 millones de euros por
parte de la ‘troika’ entre 2010 y 2012, […]
Estos miles de
millones no se destinaron a la protección de pensionistas o personas
dependientes de ayudas sociales, sino que fueron a parar a los bancos que
prestaron fondos Grecia antes de la crisis, en su mayoría alemanes y franceses.
Grecia recibió
240.000 millones de euros por parte de la ‘troika’ entre 2010 y 2012, pero tan
solo una pequeña parte de esta cuantía fue a parar a las arcas del Estado. En
concreto, menos de un 10%, mientras que el resto simplemente pasó de ser deuda
privada a deuda pública.
Es decir, la
mayor parte del dinero del rescate no llegó a la población ahogada por los
recortes. Estos miles de millones no se destinaron a la protección de
pensionistas o personas dependientes de ayudas sociales, sino que fueron a
parar a los bancos que prestaron fondos Grecia antes de la crisis, en su
mayoría alemanes y franceses.
Según apunta The
Guardian, unos 140.000 millones de euros de la ayuda del Banco Central Europeo,
la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional se gastaron en el pago
de las deudas y los intereses a los tenedores originales, principalmente, los
grandes bancos europeos.
Y eso que Grecia
consiguió una quita de algo más de 100.000 millones de euros con los tenedores
privados a través de un canje de los bonos por otros depreciados más de la
mitad. Los tenedores perdieron en principio un 53,5%. Sin embargo para alcanzar
el acuerdo, Grecia tuvo que incluir algunos elementos ‘endulzadores’
(sweeteners en el argot financiero) que supusieron una inyección adicional de
34.000 millones de euros, lo que deja el saldo final de este proceso en menos
de 70.000 millones.
Por otro lado,
como los bancos quedaron descapitalizados tras el ‘haircut’, se destinaron
48.200 millones de euros se destinaron al rescate de los bancos griegos.
Con todo ello,
Atenas se vio obligada a reducir drásticamente su déficit bajando las pensiones
y reduciendo el salario mínimo. “Los rescates han sido para el sector
financiero europeo, mientras que la deuda ha pasado del sector privado al
sector público”, apuntaThe Guardian. Esta última asciende a los 320.000
millones de euros, y 78% se debe a la ‘troika’.
Fuente: Kaos en la Red.
Conozca el ultimátum financiero de la Troika que Grecia rechazó
La 'troika' conformada por el BCE, el FMI y la CE
publicó este domingo las propuestas que realizaron a las autoridades griegas
antes de la ruptura de las negociaciones a última hora del viernes y que fueron
rechazadas por el primer ministro Alexis Tsipras.
Este lunes y
hasta el 6 de julio el mercado de valores y los bancos no van a abrir en
Grecia, hay un límite a los retiros de efectivo, sin embargo las tarjetas
de crédito y dinero en efectivo funcionará plenamente y todos los depósitos
bancarios están garantizados. Esta es una medida que tomó el primer ministro
Alexis Tsipras como una reacción a las presiones del Eurogrupo y el BCE.
Asimismo,
Tsipras pidió una extensión de unos días del programa y envió una
solicitud a los líderes de la Comisión Europea, de la UE y del BCE, así
como a los dirigentes de los estados miembros de la zona euro.
Esta es la lista
de condiciones dadas como “ultimátum” por el Eurogrupo a Grecia y que
el primer ministro Alexis Tsipras rechaza y pide darles un gran no en el
referendo a realizarse este 5 de julio.
* Imponer 23% de IVA en restaurantes.
* Abolir la exención del IVA en las islas.
* Imponer al depósito del 100% de la
"anticipación de impuestos" a las empresas y trabajadores autónomos.
* Abolir las deducciones fiscales para los
agricultores (en combustible, el impuesto sobre la renta).
* Cortar 900 millones (0,5% del PIB) los gastos en
bienestar social.
* Reducir inmediatamente las prejubilaciones.
* Abolir gradualmente el subsidio de solidaridad a
los pensionistas.
* Aplicar plenamente la ley 3863/2010 sobre los
fondos de la seguridad social, que fue adoptada durante el programa memorando
anterior.
* Implementar la condición de déficit cero y la
financiación de los fondos de pensiones secundarios.
* Abolir un tipo específico de contribuciones que
financian los fondos de pensiones, lo que significa una reducción de euros de
sus ingresos de más de 700 millones.
* Aumentar las contribuciones de los pensionistas
por sus derechos a la salud, del 4 al 6%.
* Congelar las pensiones hasta el año 2021.
* Crear ley que permite los despidos masivos.
* Reducir el límite de la no confiscación de los
depósitos bancarios de menos 1.500 euros.
* Aumentar la tasa de interés para los
asentamientos de la deuda de los ciudadanos y las empresas.
* Reducir los salarios en el sector público.
* Privatización de la transmisión de energía
independiente.
* Poner a la venta las acciones de las
telecomunicaciones griegas del Estado.
Estas medidas se
corresponden con la filosofía del Fondo Monetario Internacional
(FMI), que fue dada como un ultimátum al gobierno griego por parte del Eurogrupo.
El pasado
miércoles, las instituciones dieron una propuesta para el 23 por ciento de
IVA en restaurantes y el 13 por ciento en hoteles a partir del 1 de julio.
El Gobierno griego no aceptó el aumento del IVA en restaurantes. En la mañana
del jueves, las instituciones volvieron con una propuesta del 23 por
ciento tanto en restaurantes y hoteles, medida que no fue aceptada por el
Gobierno de Tsipras.
Fuente: Telesur
(http://www.telesurtv.net/news/Esta-es-el-ultimatum-financiero-que-dio-el-Eurogrupo-a-Grecia-20150628-0042.html)
Ecologismo
Infantil Versus Desarrollismo Senil*
Decio
Machado
LA ACTIVIDAD MINERA EN EL ECUADOR no es de ahora. En tiempos
recientes toma aliento en los años 80 del siglo anterior, fruto de las
presiones y orientaciones del Consenso de Washington en América Latina y del
Banco Mundial como herramienta estratégica para dicha operación. Durante las
dos últimas décadas, del siglo XX el país asistió a una espiral especulativa en
materia de concesiones mineras que desembocó en que 5.629.751 hectáreas del
territorio nacional –el 20 por ciento del país– terminara concesionado, pero
que de estas solo el 7 por ciento correspondieran a concesiones mineras
activas. Zonas indígenas, reservas naturales, tierras agrícolas, páramos,
fuentes de agua e inclusive áreas urbanas, formaron parte del territorio
concesionado a la minería, 93 por ciento del cual fue objeto del mercado
especulativo minero.
Unos años
después, en la primera etapa del gobierno Correa e inmersos ya en el proceso
constituyente de Montecristi, el 18 de abril de 2008 fue expedido el Mandato
Constitucional Minero, sustentando que el marco jurídico vigente era insuficiente
y escasamente respetado en lo referente a la protección del ambiente y a los
derechos de los pueblos indígenas y afroecuatorianos. Con esta normativa
pretendían ordenar la caótica situación reinante en el sector minero nacional.
Más allá
de las buenas intenciones de los entonces asambleístas constituyentes, la
realidad de la acción política del gobierno nacional devino en notables
incumplimientos al respecto. Ni revirtieron todas las concesiones al Estado, ni
se cumplió con la extinción del conjunto de concesiones mineras requeridas,
entre ellas las que estaban en manos de exfuncionarios gubernamentales.
El 12 de
enero de 2009 el gobierno del presidente Correa procedía con la rápida
aprobación de una nueva Ley de Minería (1), proceso que conllevó la ruptura
política entre el oficialismo verdeflex
y el movimiento social más importante del país, la Confederación Nacional de de
Organizaciones Indígenas del Ecuador (Comaie), que consideró que con la
aprobación de esta ley violaban el derecho a la consulta previa pre-legislativa
a los pueblos y nacionalidades indígenas; el principio de división y jerarquía
de las leyes, al tener ésta visos de inconstitucionalidad y carecer de
lineamientos respecto al mandato minero; se procedía con la violación del
derecho a los territorios indígenas; además de violentar el principio de
excepcionalidad de la actividad privada en sectores estratégicos.
En su
Informe a la Nación del 15 de enero de 2009 el presidente Correa expresaría la
siguiente cita memorable: “No daremos marcha atrás en la Ley de Minería, porque
el desarrollo responsable de la minería es fundamental para el progreso del
país. No podemos sentarnos como mendigo en un saco de oro”.
A pesar de
las violaciones sobre el mandato constitucional que la Ley de Minería conllevó,
no puede obviarse que este marco normativo supuso determinados alcances
superadores del viejo sistema implementado durante el modelo neoliberal,
especialmente en lo atinente con el pago de regalías por parte de las empresas
concesionarias, dineros destinados a proyectos de desarrollo local a través de
los gobiernos seccionales. Sin embargo, el 13 de junio de 2013, fruto de la
presión de las transnacionales mineras y apenas unos días después de que
Kinross Gold Corporation anunciara su salida del país con el abandono del
proyecto minero Fruta del Norte en la provincia de de Zamora Chinchipe, el
gobierno procedía a reformar la Ley de Minerías (2).
Influencia
minera canadiense
En Toronto está ubicada la bolsa minera más grande del
mundo, en la que actualmente tienen registro 3.827 compañías, de las cuales
1.673 son senior y junior. De estas, 491 empresas canadienses operan en América
Latina, levantando en el año 2010 aproximadamente U$D 1.900 millones de capital
accionario en el subcontinente.
Con estos
antecedentes, sobra indicar que el origen de la inversión minera en Ecuador
proviene en su mayoría de empresas canadienses, las cuales gozan del sostenido
apoyo de su gobierno tanto a nivel fiscal, como político, financiero e incluso
diplomático (3).
En este
sentido, cabe referenciar que en las semanas posteriores a la aprobación del Mandato
Constituyente Minero, tanto las empresas como la
diplomacia canadiense buscaron incidir en la política interna ecuatoriana,
forzando diversas reuniones con el presidente Rafael Correa. El propio Ian
Harris, exvicepresidente de la compañía Corriente Resources, con operaciones
extractivas en el mega-diverso y ambientalmente muy sensible territorio de la
Cordillera del Cóndor, reconocería públicamente que “la embajada canadiense en
Ecuador trabajó sin descanso para incidir en los cambios en la política minera
ecuatoriana (4). De igual manera, Benjamín Little, ejecutivo de la compañía
Iamgold –entonces concesionaria del proyecto aurífero Quimsacocha en la provincia
del Azcuay–, declararía públicamente que “el gobierno canadiense está más
comprometido con Sudamérica que con África, especialmente en la región andina”
(5).
En
resumen, la complicidad entre gobierno y transnacionales mineras canadienses es
tan grande que permite un marco ampliado de impunidad para que estas compañías
mantengan, con escaso pudor, una fuerte campaña de comunicación global por la
cual se referencian como ejemplo de empresas con reputación corporativa
responsable respecto a sus actividades extractivas.
Alto costo
ambiental
Si bien hasta ahora la importancia económica de la
minería en el Ecuador ha sido marginal, con el arranque de la minería metálica
a gran escala por parte del actual gobierno, la proyección es que produzca un
aporte de entre el 4 y el 5 por ciento de su Producto Interno Bruto (Pib),
pretendiendo generar en los próximos veinte años unos 10.000 nuevos puestos de
empleo y una inversión cercana a los U$D 37.000 millones, según indica el Plan
Nacional de Desarrollo Minero ecuatoriano.
En función
de que Ecuador ya habría alcanzado el pico petrolero según la teoría Hubbert,
el gobierno incrementa su apuesta por la extracción de minerales metálicos,
pretendiendo paliar la futura disminución de ingresos petroleros con la actividad
minera. Al respecto, las estimaciones de metales presentes en los yacimientos
ecuatorianos más importantes se elevan a 250.000 millones de dólares –según
datos de la Cámara de Minería del Ecuador–, cuyo monto proviene en lo
fundamental de los supuestos existentes en reservas de oro y cobre. Sin
embargo, cabe señalar que estas cifras están sustentadas a partir de
información proporcionada por empresas transnacionales que desarrollaron
sondeos sobre territorio ecuatoriano, las cuales son propensas a engordar sus
datos con el fin de atraer accionistas y otros mecanismos de inversión hacia
sus proyectos de explotación.
Esta
ambigüedad, forma parte del juego en la Bolsa de Valores del mercado minero, en
la cual se desarrolla una fuerte especulación respecto a la compra y venta de
acciones de este tipo de empresas, motivo por el cual es muy difícil tener una
estimación real del mineral existente en el subsuelo.
Además,
tomando en cuenta solo el proyecto de cobre Mirador y con base en los datos del
informe “Alcance al Estudio de Impacto Ambiental Ampliatorio (6) dicho
yacimiento generará como mínimo 326 millones de toneladas de desechos, lo que
equivale a 405 años de producción de basura en las circunstancias actuales de
la zona urbana de Guayaquil (la primera ciudad en número de población de
Ecuador), y cuyos costos de remediación están escasamente contemplados.
El impacto
que tal desplazamiento de rocas conlleva para el entorno ambiental es difícil
de predecir, especialmente en todo lo referente a contaminación de aguas,
riesgos de accidentes y otras perturbaciones físicas y químicas para el
entorno. Volviendo al estudio referido, en la Cordillera del Cóndor –uno de los
límites amazónicos entre Ecuador y Perú– no existen datos hidrometeorológicos,
a pesar de que por su pluviosidad abundante, estos son indispensables para
desarrollar estimaciones mínimamente aceptables.
En todo
caso, la apuesta del gobierno ecuatoriano por superar la dependencia
extractivista con más extractivismo y de caminar hacia un modelo de desarrollo
postextractivista aumentando los niveles de explotación sobre sus recursos
naturales, siembra muchas dudas a la par que alguna irónica mueca. Lo normal en
estos casos es que con el desarrollo de la megaminería se profundice la
modalidad de acumulación extractivista ya existente en el país, históricamente
causante del subdesarrollo nacional y de su actual dependencia respecto a los
mercados globales de commodities.
Criminalización
de la protesta social
Según la información recopilada en el “Mapa de
criminalización por oposición a la actividad minera del Ocmal (Observatorio de
Conflictos Mineros de América Latina)” (7), durante los últimos años es notable
el incremento de la criminalización de la protesta en zonas de proyectos
mega-mineros.
La
información recogida por el Observatorio cuantifica procesos desarrollados
entre noviembre del 2003 y enero del 2014, clasificando la información en
cuatro tipos de categorías: amenazas, atentados/asesinatos, judicialización y
uso de la fuerza. El caso ecuatoriano registra reportes en todas las
clasificaciones, siendo la judicialización el ámbito que más casos incorpora,
al reportarse un extenso número de expedientes contra dirigentes comunitarios
que lideraron el rechazo a la minería en sus correspondientes comunidades y
territorios en resistencia.
Según el observatorio, la protesta
social de estas comunidades o colectivos humanos coloca en riesgo las
inversiones millonarias realizadas o proyectadas para los territorios en
conflicto, motivo por el cual el Estado entiende de manera cada vez más
acentuada que dichas manifestaciones son una actividad peligrosa, subversiva e
incluso hasta de índole terrorista, que pone en riesgo las inversiones
extranjeras pendientes de recibirse por el país.
Sin embargo, hasta el momento las
acciones de control social emprendidas por el gobierno no neutralizan los
niveles de rechazo que el extractivismo minero encuentra en los territorios
afectados. Es más, al analizar los datos registrados en las elecciones
seccionales de febrero del 2014, puede comprobarse que en los territorios en
conflicto el voto del electorado optó por las posiciones políticas más críticas
y cuestionadoras de las acciones gubernamentales de carácter neoextractivistas.
En estas condiciones, cabe rememorar
una frase del académico catalán Joan Martínez Alier, considerado por muchos
como padre de la economía ecológica, cuando indicaba ante una pregunta
realizada por un periodista afín: “no sé si hay un ecologismo infantil pero sí
creo que hay un desarrollismo senil” (8).
Notas
[1] Ley de Minería, Registro Oficial, Administración
del Sr. Ec. Rafael Correa Delgado, año III-Quito, jueves 29 de enero de
2009-número 517.
[2] Ver artículo “Reforma a Ley Minera fue aprobada” en
http://www.lahora.com.ec/index.phhp/noticias/show/101520981/1/Reforma_a_ley_Minera_fue_aprobada.Html#.VOyV2Bog_r8
[3] Alain Deneault
y William Sacher, Imperial Canada Inc., Talonbooks, Vancouver, 2010.
[4] Jennifer Morre
y Teresa VelásqUEZ, “Sovereignty negotiated: anti-mining movements, the state,
and multinational mining companies under Correa’s 21 st Century Socialism” en: Social Conflict, Economic Development and Extractive Industries: Evidence from South America, A. Bebbington
(ed). London, Routledge.
[5] Ian Harris, Ecuador Mineral’s Crossroads, Canada’s commitment?, FocalPoint, Canada’s
sportight on the Americas, junio de 2008, Vol. 7, num.5, Fundación canadiense
para las Américas.
[6] Revisión crítica parcial del “Estudio de Impacto
Ambiental para la Fase de Beneficio del Proyecto Minero de Cobre Mirador” de la
empresa Ecuacorriente, Ecuador: http://servindi.org/pdf/eia_mirador.pdf.
[7] http:/criminalización.conflictosmineros.net/
[9] Le Monde diplomatique, edición Bolivia 12/2008:
entrevista de Marc Saint-Upéry a Joan Martínez Alier.
*Tomado de Le Monde Diplomatique, edición boliviana
de abril de 2015, pp. 6 y 8. (Nota del Comité de Redacción).
Nueva
Dependencia Respecto a China*
EN CHINA, IGUAL QUE EN EL RESTO del planeta, la minería
le pertenece al Estado, aunque estratégicamente se impulsan las inversiones de
sus mismas empresas hacia otros países, con el fin de aprovechar recursos y
mercados externos.
En la
actualidad, la mayoría de las empresas major
interesadas en los proyectos extractivos de las junior canadienses en Ecuador
son de origen chino. A través de la compra por parte del consorcio chino
Crcc-Tongguan (conformado por las empresas Tongling y China Railwaays) de la
compañía canadiense Ecuacorriente Resources, los asiáticos asumieron el control
el control de los proyectos cupríferos Mirador –ubicado en la provincia Zamora
Chinchipe– y Panantza San Carlos –provincia de Morona Santiago– ambos en su
fase final de exploración. Adicionalmente, la empresa minera china Junefield
adquirió a mediados del pasado año el proyecto de oro río Blanco en la
provincia de Azuay. Estos mega emprendimientos mineros, sumados a los proyectos
en manos de INV Metals de Suecia y Lundin de Canadá conforman en la actualidad
el escaso bagaje de los emprendimientos “estrella” del sector minero
ecuatoriano. Según el recientemente conformado Ministerio de Minería, se espera
la inversión de al menos 400 millones de dólares durante el presente año para
la fase de puesta en marcha de la producción extractiva de minerales en dichos
proyectos.
Tras el
último viaje a China del presidente Correa y su séquito ministerial , las
empresas mineras Jinxing, South American Iron and Steel y Poly Metals, todas de
procedencia del gigante oriental, han manifestado interés por nuevos proyectos
mineros de cobre y hierro en distintas zonas del Ecuador.
Como puede
verse, las empresas chinas carecen de reparos a la hora de asociarse con
empresas nacionales para la explotación de proyectos mineros fuera de sus fronteras.
Por diferentes partes de América Latina pueden verse las alianzas estratégicas
entre empresas chinas y mineras estatales latinoamericanas, valga como ejemplo
la asociación entre Minmetals y Codelco en Chile, así como la multiplicación de
convenios entre empresas mineras canadienses y chinas para la intensificación
de las relaciones comerciales y empresariales entre ambos países. Según el que
fuera ministro canadiense de Comercio Internacional en el período 2008-2010, el
conservador Stockwell Day, esta relación comercial tiene un potencial “casi
ilimitado” (1). De igual manera, el CEO de la canadiense Quadra Mining LTD,
Paul Blythe, llegaría a decir al respercto de una importante inversión hecha en
América Latina por la State Grid Corp of China: “nosotros traemos la
experiencia, ellos ponen el dinero sobre la mesa” (2)
Notas
[1] Alan Campbell, Le
potentiel pour le commerce Canada-Chine
“quasi illimité”, Xinhua, 24 de diciembre de 2009.
[2] Declaraciones recogidas en el libro “La minería a
gran escala en Ecuador” de William Sacher y Alberto Acosta. Editorial Abya
Yala. Quito, 2012.
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