viernes, 6 de noviembre de 2026

Política

¡Defender el Pensamiento de Mariátegui de Toda Tergiversación y Desarrollarlo en Función de la Realidad Actual!

 

El Socialismo Peruano

y la Lucha Electoral 

(Cuarta Parte) 

Eduardo Ibarra 

Por su parte –y como hemos visto más arriba–, Ramón García dice que, “Dada la situación actual de aplastamiento de la forma superior de lucha, la tarea del momento es la movilización por una nueva República”. Así, pues, a diferencia de la indeterminación del PCP-PR, García señala puntualmente el fracaso de la lucha armada del PCP-SL (fracaso, y no “aplastamiento”, porque si esto último fue posible, se debió a causas internas a dicho partido, causas que tuvieron su fuente en una línea ultraizquierdista). Como tal “aplastamiento” tenía como objetivo la instauración de un Estado de nueva democracia, puede entenderse que la frase “la tarea del momento es la movilización por una nueva República” significa un rebajamiento con respecto al mencionado objetivo. Sin embargo, en lo que sigue en el artículo “Frente Unido, para qué”, hay afirmaciones que parecen dar a entender que la “nueva República” es lo mismo que la “revolución de nueva democracia”. En esta indefinición formal se mueve el planteamiento de “una nueva República” de García. 

Pues bien, en el año 2000, Abimael Guzmán planteó la lucha por objetivos menores en relación al programa de su partido; es decir, en cierto sentido se adelantó en diez años a García. En aquel año, el dirigente senderista planteó la “democratización de la sociedad peruana”, una “producción nacional y trabajo para el pueblo” y “luchar por derechos fundamentales, económicos y sociales” (“Notas tomadas de exposición del presidente Gonzalo”, 11 de noviembre de 2000) y, complementando todo ello, propuso, como es de conocimiento general, una “nueva Constitución”. 

Ciertamente el fracaso de la revolución cultural china (desde el punto de vista de sus declarados objetivos, no desde el punto de vista de haberse confirmado como la necesaria lucha que desbroza el camino de la realización del comunismo), el retroceso de la revolución mundial a la situación de defensiva estratégica, la fragmentación de la clase obrera a escala mundial, la dispersión del movimiento comunista internacional, el fracaso del proyecto político-militar del PCP-SL, la reducción del movimiento marxista nacional a su mínima expresión, son hechos que tienen que considerarse necesariamente en el análisis de la actual situación nacional. 

García dice: “si el objetivo del Partido de clase es un nuevo Estado, el objetivo del Frente de clases es una nueva República.” Así, el objetivo del programa del Partido queda disociado del objetivo del Frente Unido y la lucha por un Estado de nueva democracia queda disociada de la lucha por la República de nueva democracia. Sin embargo, –y como hemos visto más arriba–, en el pensamiento de Mao el “sistema de Estado” está intrínsecamente ligado a la forma política de la República y, por lo tanto, el objetivo del programa del Partido se manifiesta, concretamente, en el objetivo del programa del Frente Unido. Por eso, el jefe de la revolución china enfatizó: “el frente único antijaponés representa esta forma de Estado de nueva democracia.” 

¿Cuál es el contenido de la “nueva República” que propone García? Pues “un nuevo derecho, un nuevo municipio, una nueva democracia.” Analicemos estas cuestiones. 

García dice que “el derecho al trabajo es la base del nuevo derecho” y que “El nuevo municipio expresa el derecho a la vida digna, material y espiritual, física e intelectual.” Ocurre, pues, que, luego de más de dos décadas, García no termina de ponerse de acuerdo consigo mismo. En 2002 sostuvo que “el nuevo municipio es el “por dónde empezar” de la lucha por el cambio social” (Polémica, año II, nº 4, marzo-mayo, 2002; subrayados en el original). Es decir, entonces sostenía “el nuevo municipio” no como resultado del “cambio social”, sino como su premisa. Concomitante con esto, planteaba que el municipio o, más exactamente el “nuevo municipio”, tiene «que ser una corporación de trabajo, Legislativa y Ejecutiva a la vez», que «tiene que planificar su economía, asumiendo sus funciones de producción, administración y gobierno.” (Municipio y Estado, mimeo.) 

Ahora mismo, García dice: 


Lograr paso a paso un 5, 10, 15, 20 % y más, de la representación municipal, es mostrar el nacimiento, crecimiento, potencialidad de la soberanía popular de la nueva República. De la progresión cuantitativa surge el cambio cualitativo, la conciencia de la necesidad del cambio social. (“Frente Unido, para qué”) 

Es decir, en el planteo de García el “nuevo municipio” cubre un proceso en el cual cada vez alcanza a más municipios hasta imponerse en la mayoría de ellos y, de este modo, surgirá “la necesidad del cambio social”. 

       Por eso, redondea su argumentación en los términos siguientes: 


Menospreciar la elección municipal por la elección regional, parlamentaria, presidencial de la vieja República (parlamentaria) es menospreciar la naciente representación de la soberanía popular. Es seguir con la oposición protestataria. (…) Los gobiernos municipales, reunidos formarán la Asamblea Popular. Y esta Asamblea Popular de la democracia participativa (nueva República) hace innecesario por obsoleto y anacrónico el Parlamento Nacional de la democracia representativa (vieja República).  La elección municipal es la vía que conduce de la legalidad a la legitimidad del Cambio Social. (Ibíd.) 

Aquí se observa una concepción evolucionista, una concepción no revolucionaria de la lucha de clases que, como sabemos, se desarrolla en espiral, no en línea recta, no como un proceso constante, incontenible y tranquilo como un proceso de la naturaleza. Peor aún: este proceso así concebido debe desembocar, como hemos visto, en la formación de una “Asamblea Popular” que haría innecesario el “Parlamento Nacional”; es decir, la legalidad de la labor del “nuevo municipio” conduce, como por un tubo, a la “legitimidad del Cambio Social”. Es decir, el “cambio social” recorre la vía del trabajo legal hasta el reemplazo del “Parlamento Nacional” (“vieja República”) por una “Asamblea Popular” (“nueva República”). Así de sencillo. En el fondo, se trata de una argumentación que sostiene, sibilinamente, la tesis revisionista de la “transición pacífica”. En efecto, al decir García que, “Dada la situación actual de aplastamiento de la forma superior de lucha, la tarea del momento es la movilización por una nueva República”, no solo está rebajando el objetivo de la lucha de clases del proletariado, sino que al mismo tiempo está proponiendo el pacífico “camino municipal al socialismo”. 

Así, la lucha directa de las masas (que es directa precisamente porque, predominantemente, no es legal), queda por fuera de la propuesta de García. No solo eso: la tesis mariateguiana según la cual “la praxis marxista… propone precisamente la conquista del poder político como base de la socialización de la riqueza” (Defensa del marxismo) es puesta de lado, y la democracia directa es reemplazada por la “democracia participativa”, que puede ser muy participativa, pero que, como es obvio, en las condiciones del capitalismo no puede servir sino para reproducir las relaciones capitalistas de producción y distribución. 

Así, huelga decir que cuestiones como el “trabajo emancipado”, “la vida digna material y espiritual”, etcétera, quedan sin base real que las haga posibles en el régimen capitalista. 

El municipio es parte del aparato del Estado burgués y, por lo tanto, la afirmación de Mariátegui que sigue es irrefutable: “los cauces legales no pueden contener una acción revolucionaria” (Temas de nuestra América). 

En conclusión, la “nueva República” no equivale a la revolución de nueva democracia y, así, teniendo en cuenta la lucha de clases tal como objetivamente tiene lugar, es un hecho que el planteamiento de García se limita a reestructurar el Estado burgués en sus bases municipales. 

       Es notorio que, con su artículo “Frente unido, para qué”, tenemos una vez más una muestra del método formalista de exposición de nuestro liquidador: coherencia interna formal que deja por fuera los hechos que contravienen su esquema previo. 

Es oportuno recordar que hace algunos años García intentara fusionar su grupo con el PCP-Unidad, uno de los partidos representativos de la “oposición protestataria”, y, además, que, en una elección de hace ya un tiempo, propagandizara votar por Kuczynski, representante de la “vieja República”. 

Desde el Informe al VII Congreso del PCP-PR a la fecha, han pasado veintiséis años, y desde el artículo de García “Frente unido, para qué”, han transcurrido veintitrés años.  Cabe, entonces, la pregunta: ¿dónde está la lucha por una “nueva República”? En los resultados de las elecciones generales de este año está la respuesta. 

Naturalmente, el análisis del contenido de la acción que debe desarrollar el proletariado consciente en el actual período, exige un artículo aparte.

 

17.08.2026.


Economía

¡Defender el Pensamiento de Mariátegui de Toda Tergiversación y Desarrollarlo en Función de la Realidad Actual!


Del Capitalismo Burocrático al Neoliberalismo Extractivo: Tierra, Comunidades y Desposesión en el Perú (1969-2026)

Cesar Risso

MIENTRAS LA REFORMA Agraria de 1969 constituyó el mecanismo mediante el cual la burguesía burocrática promovió la liquidación de la semifeudalidad, las luchas campesinas permitieron la consolidación de la propiedad comunal como una conquista histórica frente a la concentración de la tierra. El resultado fue la transformación de la estructura agraria permitiendo que las comunidades campesinas se convirtieran en actores reconocidos del proceso productivo.

Cuadro 1: Evolución de la propiedad comunal (1969–2026)

Periodo

Marco legal

Comunidades campesinas

Comunidades nativas

1969–1979

Reforma agraria

Titularidad colectiva consolidada

Reconocimiento incipiente

1979–1993

Constitución 1979

Protección fuerte

Inclusión en desarrollo nacional

1993–2020

Constitución 1993

Posibilidad de transferencia

Ratificación OIT 169, titulación lenta

2021–2026

Ley 31335

Fragmentación y urbanización

Presión extractiva y débil protección

Fuente: Decreto Ley N.º 17716 (1969); Constitución Política del Perú (1979); Constitución Política del Perú (1993); Decreto Ley N.º 22175 (1978); Ley N.º 24656 (1987); Convenio N.º 169 de la OIT; Defensoría del Pueblo, informes sobre derechos colectivos y conflictos sociales; normativa agraria peruana vigente.
Elaboración: Elaboración propia.

La Reforma Agraria de 1969 reconoció dos formas de organización empresarial agraria: las Sociedades Agrícolas de Interés Social (SAIS) y las Cooperativas Agrarias de Producción (CAPS). Ambas fueron diseñadas para reemplazar el latifundio feudal y modernizar la agricultura, pero su funcionamiento tuvo implicaciones complejas en términos de relaciones laborales y sociales.

Las SAIS integraban comunidades campesinas con trabajadores asalariados en una estructura empresarial de gran escala. En teoría, buscaban combinar la propiedad comunal con la eficiencia productiva, otorgando participación a las comunidades. Sin embargo, en la práctica, muchas SAIS reprodujeron relaciones de subordinación: los comuneros quedaban como “socios” pero con escasa capacidad de decisión, mientras que la administración estaba controlada por técnicos y funcionarios estatales. Esto generó tensiones porque, aunque se abolió el gamonalismo, persistieron formas de trabajo forzado o servil disfrazadas de “obligaciones comunales” hacia la empresa.

Las CAPS, formadas a partir de la expropiación de haciendas, convertían a los trabajadores agrícolas en socios de cooperativas. Aunque representaban un avance frente al latifundio, muchas CAPS enfrentaron problemas de gestión y dependencia del Estado. En algunos casos, los campesinos continuaron trabajando bajo condiciones de disciplina laboral rígida, con jornadas extensas y bajos ingresos, lo que puede interpretarse como una continuidad de formas serviles adaptadas al nuevo marco cooperativo.

En consecuencia, tanto las SAIS como las CAPS fueron intentos de superar el latifundio feudal y permitir el desarrollo de la propiedad capitalista, pero en la práctica coexistieron con mecanismos de explotación que mantuvieron al campesinado en condiciones de subordinación. No se trató de servidumbre en el sentido clásico, pero sí de una transición donde el trabajo comunal y las obligaciones colectivas se transformaron en nuevas formas de explotación bajo el capitalismo estatal.

Cuadro 2: SAIS y CAPS en la Reforma Agraria de 1969

Organización

Características

Relación con comunidades

Uso de trabajo servil o subordinado

SAIS

Empresas colectivas de gran escala, con participación comunal y asalariada

Comuneros como socios con beneficios limitados, administración estatal

Persistencia de obligaciones comunales y subordinación técnica, formas cercanas al trabajo servil

CAPS

Cooperativas formadas tras la expropiación de haciendas

Trabajadores agrícolas convertidos en socios

Jornadas extensas, disciplina rígida, bajos ingresos; continuidad de explotación bajo lógica cooperativa

Fuente: Decreto Ley N.º 17716 (1969); José Matos Mar y José Mejía (1980); José María Caballero (1980); Giovanni Bonfiglio (2019); Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (1987).
Elaboración: Elaboración propia.

Del capitalismo burocrático en el campo se pasó al capitalismo en su versión neoliberal. El fenómeno de la servidumbre minera en el Perú entre 1990 y 2026 constituye un ejemplo claro de cómo el capitalismo extractivo se desarrolla articulando mecanismos legales de subordinación territorial con prácticas de expropiación encubierta. En este periodo, las comunidades campesinas y nativas han sido afectadas por proyectos de gran minería y de hidrocarburos que, bajo la figura de servidumbre, han impuesto el uso de sus tierras para infraestructura como carreteras, ductos, relaveras y gasoductos. Aunque la propiedad comunal se mantiene en el papel, el control efectivo sobre el territorio se transfiere a las empresas, debilitando la autonomía comunal y generando conflictos sociales persistentes.

Los casos de Yanacocha en Cajamarca, Conga, Las Bambas, Antapaccay, Tía María y Camisea evidencian las tensiones que pueden surgir entre las grandes inversiones extractivas y las comunidades locales. Diversos estudios y conflictos sociales han puesto de manifiesto que muchas comunidades consideran insuficientes las compensaciones económicas recibidas en comparación con la magnitud de los beneficios generados por los proyectos mineros e hidrocarburíferos. En Yanacocha se denunciaron compras de tierras a precios muy bajos respecto de su valor posterior; en Conga, la preocupación central estuvo vinculada a la afectación de lagunas y recursos hídricos; en Las Bambas, el reasentamiento de comunidades y el uso del corredor minero han originado protestas recurrentes; y en Camisea, las compensaciones económicas y proyectos de desarrollo coexistieron con profundas transformaciones sociales, culturales y ambientales en comunidades indígenas de la Amazonía. Estos casos reflejan las formas que adquieren los procesos de expropiación de tierras comunales.

La servidumbre minera se convierte así en una forma de expropiación encubierta: las comunidades mantienen el título de propiedad, pero pierden el control sobre el uso de la tierra. El Estado, al declarar la servidumbre como de “interés público”, legitima la imposición y reduce la capacidad de decisión comunal. Esto refleja una característica peculiar del capitalismo peruano: su carácter semicolonial, donde la modernización extractiva se articula con mecanismos legales que reproducen relaciones de explotación a través de las diversas formas de expropiación y de explotación de la fuerza de trabajo bajo formas precapitalistas que subsisten en el campo. La compensación económica, lejos de ser un mecanismo de “justicia” agudiza la expropiación, operando como un instrumento de fragmentación interna, dividiendo a las comunidades entre quienes aceptan y quienes resisten.

El cuadro cronológico de casos emblemáticos muestra que, desde 1990 hasta 2026, la servidumbre minera ha afectado a comunidades en Cajamarca, Apurímac, Cusco, Arequipa y la Amazonía. En todos los casos, las compensaciones otorgadas resultaron insuficientes frente a los beneficios obtenidos por las empresas, sin lograr resarcir la pérdida de autonomía territorial ni mitigar adecuadamente los impactos ambientales generados. La servidumbre minera, en consecuencia, debe entenderse como un mecanismo estructural del capitalismo extractivo peruano, que combina la legalidad con la expropiación y que confirma la vigencia de la tesis mariateguiana: el problema de la tierra sigue siendo el núcleo de las contradicciones sociales en el Perú.

Por su parte, la servidumbre hidrocarburífera se ha desplegado principalmente en la Amazonía, con proyectos como Camisea en Cusco y Ucayali. Aquí, las comunidades matsigenkas y asháninkas han visto restringido el uso de sus bosques y territorios ancestrales por la instalación de gasoductos y plantas de procesamiento. Las compensaciones colectivas han sido insignificantes frente a las ganancias de las empresas transnacionales de hidrocarburos. Además, la servidumbre hidrocarburífera ha implicado impactos ambientales severos, como deforestación, contaminación de ríos y pérdida de biodiversidad, afectando directamente la reproducción material y cultural de las comunidades nativas. En este caso, la figura de “cesión en uso” forestal ha sido clave: el Estado reconoce solo la propiedad sobre tierras agrícolas y mantiene bajo control estatal las tierras forestales, facilitando la intervención empresarial.

La comparación muestra que, aunque las modalidades varían, ambas formas de servidumbre cumplen una función estructural en el capitalismo peruano: garantizar el acceso del capital extractivo a territorios comunales sin necesidad de expropiación directa. En la sierra, la servidumbre minera se articula con la lógica de la gran minería, afectando tierras de cultivo y pastoreo; en la Amazonía, la servidumbre hidrocarburífera se vincula con la explotación de gas y petróleo, afectando bosques y territorios indígenas. En ambos casos, las compensaciones económicas son desproporcionadas respecto a las ganancias empresariales, y las comunidades mantienen el título de propiedad, pero pierden el control efectivo sobre el uso de la tierra. El Estado, al declarar estas servidumbres de “interés público”, legitima la imposición y reduce la capacidad de decisión comunal, reproduciendo relaciones de dependencia y subordinación.

La servidumbre minera y la servidumbre hidrocarburífera son dos caras de un mismo proceso: la acumulación por desposesión en el marco del capitalismo extractivo peruano. Ambas figuras muestran cómo el capital articula mecanismos legales con prácticas de despojo, confirmando que el problema de la tierra sigue siendo el núcleo de las contradicciones sociales en el Perú. Mientras las comunidades campesinas y nativas conservan formalmente la propiedad, el uso efectivo de sus territorios queda subordinado a las necesidades de las empresas, perpetuando un modelo de desarrollo semicolonial.

Cuadro 3: Cronología de la servidumbre minera en Perú (1990–2026)

Año

Proyecto / Empresa

Región

Comunidades afectadas

Infraestructura

Forma de afectación

1993–2000

Yanacocha (Newmont-Buenaventura)

Cajamarca

Choropampa, Combayo, La Encañada

Carreteras, ductos, campamentos

Pérdida de tierras agrícolas, contaminación de agua

2005–2012

Conga (Yanacocha)

Cajamarca

Sorochuco, Huasmín, Celendín

Reservorios, carreteras

Restricción de acceso a lagunas, división interna

2014–2026

Las Bambas (MMG)

Apurímac

Cotabambas, Chumbivilcas

Corredor minero, carreteras

Uso intensivo de vías comunales, contaminación por polvo

2016–2026

Antapaccay (Glencore)

Cusco

Espinar

Relaveras, líneas eléctricas

Limitación de pastos, afectación de agua

2004–2026

Camisea (Pluspetrol, Hunt Oil)

Cusco y Ucayali

Matsigenkas, Asháninkas

Gasoductos, servidumbre hidrocarburífera

Restricción de uso de bosques, impactos ambientales

2020–2026

Tía María (Southern Copper)

Arequipa

Valle del Tambo

Infraestructura minera

Riesgo de pérdida de tierras agrícolas, conflictos sociales

Fuente: Defensoría del Pueblo (Reportes de Conflictos Sociales, varios años); Instituto de Defensa Legal (IDL); Grufides; Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL); legislación minera e hidrocarburífera peruana.
Elaboración: Elaboración propia.

En la actualidad, las comunidades campesinas del Perú pueden verse afectadas por cuatro formas principales de servidumbre, que reflejan distintos mecanismos de subordinación territorial y económica frente al capital extractivo y productivo. Aunque la servidumbre minera es la más conocida, existen otras modalidades que operan bajo marcos legales o prácticas de hecho, todas con efectos similares: pérdida de control sobre la tierra, fragmentación comunal y dependencia económica.

La servidumbre no solo se aplica en el caso de la minería y de los hidrocarburos, sino también en la actividad eléctrica y energética, asociada a la instalación de líneas de transmisión, torres y subestaciones en tierras comunales. Las empresas eléctricas y mineras la utilizan para conectar operaciones extractivas con redes nacionales. Las compensaciones son bajas y los impactos paisajísticos y ambientales son significativos.

Del mismo modo, la servidumbre vial y agroindustrial, que se da en zonas de expansión agrícola y agroexportadora, donde empresas privadas o el Estado imponen el uso de tierras comunales para carreteras, canales de riego o infraestructura de transporte. Aunque se presenta como “de interés público”, suele beneficiar directamente a grandes productores y exportadores, reduciendo el acceso comunal a tierras fértiles.

Estas formas de servidumbre, aunque distintas en su objeto, comparten una lógica común: la subordinación del territorio comunal al capital, mediante mecanismos legales que permiten el uso empresarial sin expropiación directa. En conjunto, configuran un sistema de desposesión progresiva que articula el desarrollo del capitalismo peruano con la persistencia de relaciones de dependencia y desigualdad territorial.

Este ciclo puede interpretarse como una forma de acumulación por desposesión, concepto desarrollado por David Harvey (2004) para describir la apropiación de bienes comunes mediante mecanismos legales y económicos. En el caso peruano, la desposesión no se realiza únicamente por expropiación directa, sino por la transformación del régimen comunal en propiedad negociable. La comunidad, antes sujeto colectivo de producción y reproducción social, se convierte en agente económico presionado por la necesidad de liquidez y la falta de apoyo estatal. La venta de tierras comunales no responde a una lógica de inversión productiva, sino a la inserción forzada en un mercado extractivo que redefine el territorio como recurso.

El impacto económico de este proceso es doble. Por un lado, las comunidades pierden activos de largo plazo —tierra, agua, bosque— a cambio de ingresos inmediatos y limitados. Por otro, el Estado obtiene rentas fiscales por concesiones y regalías, pero sin redistribuirlas de manera efectiva en las zonas afectadas. El resultado es una estructura de desigualdad territorial: regiones con alta extracción y baja inversión social. Cajamarca, por ejemplo, concentra varios proyectos mineros activos y sigue siendo una de las regiones con mayor pobreza rural del país.

En términos sociales, la venta y servidumbre de tierras comunales ha generado una nueva forma de proletarización rural. Los comuneros desplazados se integran como trabajadores temporales en las mismas empresas que ocuparon sus tierras, perdiendo autonomía y capacidad de decisión sobre el territorio. Este fenómeno reproduce el sometimiento del campesinado frente al capital, característica del modelo extractivo semicolonial peruano desde el siglo XX.

La lectura histórica permite observar que la propiedad comunal ha sido un espacio de resistencia y negociación. A pesar de las presiones del mercado, muchas comunidades han optado por mantener el dominio común de sus tierras, crear empresas comunales o establecer alianzas cooperativas. Sin embargo, la tendencia general sigue siendo la fragmentación. La presión de las concesiones mineras y petroleras continúan erosionando la base territorial comunal.

En conclusión, el proceso de venta y desposesión de tierras comunales en el Perú entre 1920 y 2026 constituye una expresión prolongada del imperialismo como capitalismo extractivo. La tierra comunal, concebida como bien colectivo, ha sido transformada en mercancía bajo la lógica de acumulación por desposesión.

Fuentes:

Perú, Decreto Ley N.º 17716, Ley de Reforma Agraria (1969).

Perú, Decreto Ley N.º 22175, Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva (1978).

Perú, Constitución Política del Perú de 1979.

Perú, Constitución Política del Perú de 1993.

Perú, Ley N.º 24656, Ley General de Comunidades Campesinas (1987).

Perú, Ley N.º 26505, Ley de Tierras.

Perú, Ley N.º 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos.

Convenio N.º 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Mariátegui, José Carlos. Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. Lima, 1928.

Lenin, Vladímir I. El imperialismo, fase superior del capitalismo. Moscú, 1917.

Harvey, David. The New Imperialism. Oxford University Press, 2003.

Harvey, David. “Accumulation by Dispossession”. En The New Imperialism, 2004.

Matos Mar, José y Mejía, José. La Reforma Agraria en el Perú. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1980. [lineadetie...iep.org.pe]

Caballero, José María. Agricultura, Reforma Agraria y Pobreza Campesina. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1980. [lineadetie...iep.org.pe]

Caballero, José María y Álvarez, Elena. Aspectos cuantitativos de la Reforma Agraria (1969-1979). Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1980. [lineadetie...iep.org.pe]

Mayer, Enrique. Cuentos feos de la Reforma Agraria Peruana. Lima: IEP-CEPES, 2009. [lineadetie...iep.org.pe]

Bonfiglio, Giovanni. Las empresas de la Reforma Agraria. 40 años después. Lima: Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, 2019. [ojs.ceil-c...cet.gov.ar]

Perú: las empresas asociativas agrarias. CEPAL/FAO, 1987. [repositori....cepal.org]

Defensoría del Pueblo. Reportes de Conflictos Sociales (diversos números, 2004-2026).

Instituto de Defensa Legal (IDL). Informes sobre territorios comunales, industrias extractivas y derechos colectivos. [idl.org.pe]

Grufides. Documentación sobre Yanacocha, Conga y comunidades campesinas de Cajamarca. [grufides.org], [servindi.org]

Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL). Informes sobre conflictos mineros y territorios comunales.

Internacionales

Las flaquezas de una sociedad histriónicamente viviente y el poder de un proyecto de sociedad imperial programado

En Medio del Arrasamiento, Ahora en Cisjordania*

Por Luis E. Sabini Fernández | 06/11/2026 |

Fuentes: Rebelión

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En medio del arrasamiento ahora de Cisjordania, convertida en nueva Gaza, un par de palestinos armados apenas con un fusil y una pistola tomaron al parecer justicia por mano propia y balearon a soldados israelíes; mataron a dos, hirieron a tres y fueron a la vez matados por los israelíes. En una barriada de Hebrón, de donde los palestinos serían oriundos. 

La respuesta israelí, como ante cada reacción violenta palestina, ha sido draconiana: venir con topadoras e iniciar el derribo de miles de viviendas de palestinos, previo un aviso perentorio de que sus pobladores debían abandonar las viviendas. Miles de habitantes de la histórica ciudad de Hebrón pierden así lo poco que tenían para sobrevivir bajo la ocupación, que ya desde antes bloqueaba sus calles y negocios y a menudo sus propias viviendas. Todo ello, sin estar ni directa ni indirectamente conectados con la escaramuza mortal.

Los medios informativos hablan de “la destrucción de infraestructuras que Israel considera terrorista”. ¡Como si las edificaciones históricas pudieran ser terroristas! Queda claro: vivir en Hebrón, en Cisjordania, para palestinos es equivalente a que son “terroristas”: habitantes, enseres, habitaciones. Y queda clara la política del gobierno israelí: los dos soldados muertos le vienen muy bien para acelerar la erradicación violenta y generalizada de lo palestino.

Tal es el lenguaje israelí. Lo que hace el ejército israelí, los colonos israelíes día a día, noche a noche, golpeando, baleando (a veces, matando), arrasando viviendas, calles, mercados, escuelas, eso entonces, ¿qué es?

Nos recuerda Paul Eisen: “Tal como prometió el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant: “sin alimentos, combustible, agua ni electricidad; hambruna y peste, una tierra inhabitable”, al menos para quienes no son judíos. Y todo esto, en el mejor de los casos, recibido con silencio y evasivas, y en el peor, aplaudido por judíos de todo el mundo.”

Eisen otra vez: «Gaza puede ser solo la atrocidad más reciente, pero nunca el terror y la mentira judíos habían sido tan evidentes para todos». Y agrega: “líderes comunitarios, activistas de derechos humanos, feministas, homosexuales, marxistas, psicoanalistas, filántropos y sus rabinos, todos ellos influyentes. Y la gente del mundo, sobre todo la del mundo occidental, parece estupefacta e incapaz de reaccionar.”

Todos los partes militares mienten, es sabido, pero la sofisticación y lejanía de la verdad de los partes israelíes ha superado las marcas conocidas. El terrorismo llevado adelante por esta constelación de poder que tiene su eje en el estado sionista mantiene varias y variadas coartadas. La primera, tal vez, que actúan contra el terrorismo. 

La más chocante, empero, es la afirmación de que simpatizan con la población palestina. 

O que se constituyen como víctimas permanentes del “antisemitismo”.

Los acontecimientos posteriores al 23 octubre 2023 y la irrefrenable difusión de imágenes de nuestro presente (debido a desarrollos tecnológicos en constante expansión) ─pese a los enormes problemas con la manipulación de imágenes y nuestra consecuente indefensión─ nos ha otorgado también un contacto casi inmediato y sin mediaciones con acontecimientos –verdades crudas–. Nos ha permitido conocer aspectos cruciales de los atropellos sionistas; en suma, nos ha permitido entrever un genocidio en acción, en directo como nunca antes.

Un colonialismo rampante, que nuestro “sentido común”, el de la cultura hoy dominante, atribuía al pasado, “superado” en nuestra sensible contemporaneidad, ha aflorado, mejor dicho reaflorado ante nuestras retinas, conmovido nuestras conciencias.  

Ese claroscuro racista ha reaparecido sin vergϋenza, con toda su ferocidad y su desprecio por “los nadies”, su impudicia, sus aires de superioridad. Si tuviéramos que poner una fecha ─siempre arbitraria─ 7, 8 de octubre de 2023.

Porque Gaza había resultado la piedra en el zapato sionista e imperial. 

Se nos quiso señalar a Hamás, otorgándole el papel de demiurgo intempestivo en cielo sereno, pero ¿cómo olvidar los planteles de fútbol palestino compuestos por lisiados que Israel venía “produciendo” desde décadas atrás? 

¿Cómo olvidar los niños macilentos en muerte lenta resuelta por Israel asfixiando el ingreso de alimentos a la franja (desde 2006, expresamente, como “castigo” por haber votado “mal”). 

¿Como olvidar el suplicio cotidiano de los checkpoints, toda una escuela de desprecio sionista hacia los natives y una humillación cotidiana, en su propia tierra, de pobladores milenarios? 

¿Cómo olvidar los allanamientos nocturnos, a menudo acompañados de confiscaciones con familias dejadas en la noche a la intemperie, con bebes y lo puesto, porque el mobiliario ya le queda a flamantes moradores judíos?

Ya no años, décadas de abusos de todo tipo, alimentario, sanitario, sexual y de destrozos, literalmente de la sociedad palestina, de su trama social increíblemente desgastada a fuego lento.

(Todo lo que “todo el mundo” no quiso ver el 7 de octubre 2023)

Lo más llamativo, conmocionante, es que nada de todo eso es nuevo.

Un punteo mínimo.

En Hebrón, en la década del ’20 del siglo pasado, palestinos, ultrajados por el robo “legal” de tierra, se amotinaron y ajusticiaron a recién instalados sionistas. Desde 1948, los sionistas dueños del país sitiaron a la población de Hebrón y, como castigo o ajuste de cuentas, se adueñaron estratégicamente de la ciudad y bloquearon las comunicaciones habituales, obligando a los palestinos a vivir sitiados dentro de sus viviendas.

En 2006, para castigar votaciones limpias controladas por el Centro Carter que otorgaron mayoría a quienes Israel entendió que había que repudiar, la policía israelí (y su asistente, la policía de la Autoridad Nacional Palestina) encarceló a los candidatos triunfantes y poco después remató su despecho mediante incursiones con tanques y artillería contra la capital gazatí, matando a miles de sus pobladores (2008-2009).

Para acabar con las Marchas por la Tierra (2019, 2020), Israel con francotiradores, cómodamente situados, desangró o mutiló a centenares de pobladores (que no llevaban ni palos ni piedras), jugando tiro al blanco con los cuerpos de los manifestantes.

Esa impunidad rampante no resultaba sino anuncio de políticas genocidas.

Pero el comportamiento israelí viene de mucho antes. El colonialismo sionista adquirió vigencia inusitada amparado por el victimismo judío. Dando lugar a “hazañas” en Palestina que el colonialismo europeo medieval desplegara varios siglos atrás (matanzas, abusos y mestizaje en el modelo español; matanzas y abusos sin mestizaje en el modelo inglés, holandés, belga, alemán). Y el sionismo, en los siglos XX y XXI, haciendo lo mismo, pero con mayor potencia tecnológica. 

El colonialismo sionista está reconstituyendo el suelo palestino a su manera, apelando a los textos bíblicos. No hay antecedentes que una franja de tierra costera, fértil, climáticamente agradable, de unos 5 o 10 km. de ancho y unos 50 km. de largo, poblada por cientos de miles de “naturales” haya sido tan arrasada, habiendo sido conocida en el pasado como centro de producción frutícola y pesquera, y que gerentes y empresarios modelo Kushner, Blair y Trump más otros de su calaña, planeen ahora, limpiar de escombros (con múltiples habitantes reducidos a cadáveres en su seno) ese suelo, devastado por la artillería israelí, e instalar en esa costa balnearios de lujo para billonarios (que imaginan ajenos a la para ellos obsoleta sexualidad tradicional). Gaza, entonces, sin gazatíes. Y con “humanos” de nuevo tipo.

Rachel Corrie, 23 años; la noble estadounidense que permaneció a pie firme defendiendo un hogar palestino y fue arrasada por el conductor de una topadora israelí, señalando la falta de límites del poder sionista;  Fátima Hassouna, 24 años, una brillante fotógrafa gazatí que logró rescatar del pozo de abyección al que Israel ha procurado convertir la Franja de Gaza, la luz de los ojos de niños, el canto de algún pájaro, los afanes de los gazatíes, los juegos infantiles, y que el mismo día en que sus imágenes y secuencias fueron ternadas al Festival de Cannes, el año pasado, recibió la “visita” de los terroristas, ésos sí, terroristas, israelíes, que la mataron junto a TODOS sus familiares (su padre y los otros siete  familiares con quienes convivía, entre ellos hermanos). Fátima, sin bandería política, practicante de un neorrealismo a la italiana…

Trabajos “perfectos” de extirpación sionista, que muestran como los escuadrones de la muerte discriminan, hacen política, a su manera: a Rachel, estadounidense, su muerte; a Fátima, palestina, la muerte suya, y la de su estirpe. Porque EE.UU., es un aliado o un obstáculo, pero Palestina es el objetivo.  

Hemos reseñado trenzas de nuestro doloroso, vergonzante presente. Pero la situación viene de atrás. Y ese pasado, a menudo escamoteado, tan abyecto, explica a su vez la resistencia.

Los sionistas no reparan, no han reparado nunca, en métodos para lograr sus objetivos, desde asesinar fríamente a judíos recalcitrantes a sus planteos hasta el asesinato político de quienes se les convierten en escollos a su estrategia. Folke Bernadotte, Walter Guinness (lord Moyne). 

Hacia 1948 la colectividad judeoárabe de Irak aclaró públicamente que tienen muy buenas relaciones con los musulmanes y que no quieren por cierto abandonar ese país, porque su idioma es el árabe, su cultura es árabe aunque su religión sea judía: “Judíos y árabes han disfrutado de los mismos derechos y privilegios desde hace mil años”, aclaró el rabino iraquí, y de inmediato proceden los sionistas mediante ataques encubiertos contra judíos iraquíes, “con el ánimo de inducirlos a «huir» a Israel. También pusieron bombas en las sinagogas iraquíes y en la biblioteca del Servicio de Información de EE.UU. en Irak con “el objetivo de presentar a los iraquíes como antinorteamericanos”. Se saldrán con la suya: los judíos iraquíes se incorporarán al Estado de Israel como judíos de segunda (de sus generaciones más jóvenes saldrán “los panteras negras” dando a conocer la problemática de los judíos mizrajíes: los jóvenes “panteras negras”, según el modelo de la resistencia afronorteamericana de los ’60, enfrentando a los judíos askenazíes, de origen europeo y norteamericano).

De más está aclarar el origen de “las bombas”. La “mano larga” de los servicios israelíes.

En 1948 la flamante ONU sigue los pasos de su potencia principal, EE.UU. Pero EE.UU. sigue los pasos de su élite judía que viene desplazando inmisericordemente a la clásica élite WASP, al menos desde el período de entreguerras, con el creciente dominio judío de las redes comunicacionales estadounidenses (ese dominio ya estaba asentado desde antes en el mundo financiero). Pero se trataba hasta entonces de un dominio judío pero no sionista (por ejemplo, de las siete compañías cinematográficas principales de Hollywood, en seis la presencia de capitales o direcciòn judía era decisiva).

Desde 1948, se advierte un acentuado proceso de sionización de las redes de poder y de lobby, característico de la política estadounidense. 

Así, las flamantes fuerzas israelíes se permiten literalmente invadir ─con violencia─ Jerusalén para adueñarse de su mayor parte (esa ciudad estuvo por siglos compartida en varios barrios, cristianos, judíos, musulmanes).

“Donald Neff, de Time Magazine en Jerusalén y autor de libros sobre el conflicto palestino-israelí, da cuenta de los ataques sionistas a núcleos cristianos en mayo de  1948, año del nacimiento de Israel: […] los sionistas habían matado  y herido a cientos de personas entre los que había niños, refugiados y clérigos, en las iglesias y las instituciones humanitarias cristianas […] muchos niños fueron asesinados o resultaron heridos por las granadas judías… ocho fueron asesinados y cerca de 120 resultaron heridos […] las fuerzas árabes habían cumplido la promesa de respetar las instituciones cristianas mientras que los judíos ocuparon por la fuerza estructuras cristianas y bombardearon las iglesias indiscriminadamente con granadas”, señala Neff (Weir, ob. cit.).

Pero ya vimos que esa impunidad sionista no empezó siquiera en 1948.  

Muchos factores entran en su complejísima estructura: las persecuciones a los judíos reiteradas en el tiempo, la reinstauración de privilegios bíblicos propios del Antiguo Testamento con la crisis de la Iglesia Católica ante lo que llamamos la Reforma del siglo xvi; el protestantismo volviendo al Antiguo Testamento…

En 1945, la organización y actas del proceso a la dirección nazi en el Tribunal de Nurenberg estuvo exclusivamente a cargo de judíos (muchos, víctimas de las persecuciones nazis) con lo cual en buena medida tomó los rasgos de un desquite, una vendetta… Algo que, por lo demás, ya había pasado con el seudotratado de Versalles que constituyó una suerte de descuartizamiento geográfico de la Alemania que se había convertido en la potencia desafiante al dominio británico, entonces el imperio más gravitante del mundo (en donde los judíos gozaban de un trato preferencial que apenas se veía en otras naciones occidentales). Todo lo cual despertó la reacción nazi y su racismo intolerante, insolente, soberbio, violento (su propia soberbia facilitó su aniquilamiento). 

Por eso nuestra pregunta actual, actualísima, es acerca de la impunidad sionista, israelí. 

Un factor que encuentro decisivo para entender los abusos del poder que acompañan la impunidad sionista es la fusión de lo político y lo étnico.

Que el partido y la iglesia se fusionen, se confundan, es altamente problemático, en cualquier tejido social, en cualquier sociedad, pero que el partido, la iglesia y la raza unifiquen su poder, se definan con su pureza, eleva la pesadilla a niveles pocas veces visto. Carente de todo equilibrio o compensación, la impudicia, la soberbia, el orgullo pasan a ser rasgos dominantes que encuentran su mejor despliegue.

Son exactamente los rasgos que veíamos en el comportamiento israelí, como a su modo, en el nazismo, en el comunismo soviético(1), en tantas sociedades absolutistas, y que hemos visto expandirse, desplegándose desde el 7 octubre 2023 sobre Palestina.

El colonialismo no ha muerto, ciertamente. Y el racismo, el sionismo, el supremacismo no sólo no han muerto sino que gozan, tal vez no de salud, pero sí de poder (al que hemos designado anglosionismo).  

Pero la resistencia, el sueño de humanos, tampoco ha muerto. Vive en muchos corazones.

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(*) Tomado de https://rebelion.org/en-medio-del-arrasamiento-ahora-en-cisjordania/

(1) La mención se ajusta al socialimperialismo soviético (Comité de redacción de Creación Heroica).

 

El Retroceso Republicano en Florida y la Política de EE.UU. Hacia Cuba*

Por Gabriel Vera Lopes | 06/11/2026 |

Fuentes: Rebelión

Las dinámicas de la política estadounidense hacia Cuba tienen en Florida uno de sus principales escenarios, explica Alejandra García Elizalde, analista y periodista internacional cubana. Allí, afirma, “viven y lucran quienes hacen de la industria del odio hacia Cuba un negocio”. Sobre el resultado de las elecciones de medio término señala que no se espera un cambio sustancial en la política de Washington hacia la isla después del retroceso republicano en Florida.

En Florida, los resultados encendieron las alarmas: aunque los republicanos lograron imponerse, lo hicieron por un margen estrecho que los dejó contra las cuerdas. Con un mapa electoral mucho más competitivo que el de los últimos años, los demócratas avanzaron en zonas urbanas y en varios condados de mayoría latina.

A pocas millas de Florida, en Cuba, las elecciones se siguieron con particular atención. La isla atraviesa uno de los momentos de mayor hostilidad de Washington en los últimos años: desde enero, Estados Unidos ha impuesto una política de asfixia energética y reforzado su guerra económica contra el país.

 

Florida y la política contra Cuba

Las dinámicas de la política estadounidense hacia Cuba tienen en Florida uno de sus principales escenarios, explica Alejandra García Elizalde, analista y periodista internacional cubana. Allí, afirma, “viven y lucran quienes hacen de la industria del odio hacia Cuba un negocio”.

La analista vincula el peso de estos grupos con la herencia de figuras que promovieron acciones contra la Revolución cubana. Se trata de “la herencia que dejaron los terroristas que fueron apadrinados y protegidos por Estados Unidos, como Luis Posada Carriles y Orlando Bosch”. Estos sectores han impulsado el derrocamiento del gobierno cubano por distintas vías, desde acciones terroristas hasta el lobby político y económico contra la isla.

“Durante décadas, este estado ha marcado el rumbo de las políticas de Estados Unidos hacia la isla, caracterizadas por el odio, el anticastrismo y el anticomunismo. Estos elementos han permeado y definido la estrategia de Trump. Florida es una de las principales usinas de la ultraderecha en el continente”, sostiene.

La influencia del estado también se extiende al resto de la región. Las comunidades de origen cubano, venezolano, colombiano, nicaragüense y haitiano representan más del 25% de la población de Florida, un peso demográfico que ha dado especial relevancia electoral y mediática a las políticas de Washington hacia América Latina y el Caribe. “Es donde se define buena parte de las políticas de los republicanos hacia América Latina y el Caribe”, apunta.

En ese contexto, el resultado de las elecciones supone un revés para un partido que había consolidado su predominio en Florida durante los últimos años. En 2022, Ron DeSantis y Marco Rubio ganaron con ventajas de entre 16 y 19 puntos. Dos años después, Donald Trump se impuso en el estado por 13 puntos. Esta vez, en cambio, los republicanos obtuvieron alrededor del 50% al 51% de los votos en las disputas por la gobernación y el Senado, mientras que los demócratas se acercaron al 48% y 49%.

El retroceso también se reflejó en las elecciones a la Cámara de Representantes. Los congresistas republicanos de ultraderecha Mario Díaz-Balart, Carlos Giménez y María Elvira Salazar, los tres de origen cubano y entre las voces más influyentes en Washington a favor de endurecer las sanciones contra Cuba, lograron la reelección, pero por márgenes muy estrechos. Salazar obtuvo el 50,2% de los votos frente al 49,8% del demócrata Eliott Rodríguez en el Distrito 27, que incluye buena parte de Miami. La diferencia fue tan ajustada que los demócratas pidieron un recuento. Díaz-Balart, en tanto, retuvo el Distrito 26 con el 49,9% de los votos, frente al 49,1% de Nicole Lucklin.

 

Cambios en la diáspora

Para García Elizalde, estos resultados muestran que “las políticas de odio hacia Cuba ya no tienen la misma simpatía entre la comunidad cubana en Estados Unidos”. Aunque considera que todavía es pronto para saber si este retroceso se traducirá en cambios concretos en la política de Washington hacia la isla, identifica señales de una posible transformación en la percepción de la diáspora.

“Es posible que esté produciéndose un cambio en la percepción de la diáspora latinoamericana y, especialmente, de la cubana sobre lo que está pasando con Cuba”, afirma.

Muchos integrantes de esa comunidad son descendientes de cubanos que mantienen familiares en la isla y conocen de cerca las dificultades que atraviesa la población. Sin embargo, cada vez encuentran más obstáculos para ayudarlos, visitarlos y mantener esos vínculos. A esto se suman las políticas antimigratorias y las campañas de odio y xenofobia contra quienes no son estadounidenses, que también afectan a los propios cubanos.

A ese escenario se suma el retroceso de los beneficios migratorios que durante décadas favorecieron a los cubanos que llegaban a Estados Unidos. Históricamente, esas políticas les otorgaban un trato preferencial y, en la práctica, les abrían las puertas del país si ingresaban por vía marítima o cruzaban la frontera. La situación comenzó a cambiar durante el primer mandato de Trump y se profundizó en su actual gobierno, cuando dejaron de recibir muchos de los beneficios de los que antes gozaban. Para García Elizalde, estos cambios están alimentando un debate que todavía habrá que seguir de cerca.

“Habría que seguir de cerca lo que ocurre, sin ser demasiado optimistas, pero sí estar atentos y tener presente que lo de ayer en la Florida no fue una victoria segura y tranquila para el Partido Republicano ni para esos grupos que piden una intervención en Cuba y reclaman hambre y sanciones para la isla”, remarca.

 

¿Una intervención militar?

Más allá del escenario electoral, García Elizalde considera que la determinación de Cuba de defender su integridad territorial es uno de los factores que podrían frenar una eventual agresión militar estadounidense.

“Un ataque militar a pocas millas del territorio estadounidense no creo que sea el verdadero interés de Washington”, afirma. El rechazo de parte de la población estadounidense a una intervención, los cuestionamientos al aumento del gasto militar y las consecuencias económicas, energéticas y humanas de la guerra en Irán son, a su juicio, elementos que también pesan en cualquier decisión de la Casa Blanca.

A esto se suma que Estados Unidos sabe que Cuba respondería ante un eventual ataque militar. En paralelo, la analista apunta a las dificultades de Washington para identificar una posible sucesión política en la isla.

“Tienen intentos desesperados por identificar una posible sucesión de lo que ellos consideran el gobierno cubano, pero no lo han logrado. La CIA está haciendo convocatorias descaradas y desesperadas para tratar de captar a personas que quieran impulsar un cambio en Cuba, porque ellos mismos no logran identificar a un posible sucesor”, señala.

El escenario, considera, seguirá marcado por las presiones económicas y políticas de Estados Unidos, frente a las cuales Cuba mantendrá una postura firme de resistencia. Por eso, no espera un cambio sustancial en la política de Washington hacia la isla, incluso después del retroceso republicano en Florida.

“Aunque no haya una confrontación militar, sí creo que continuará esa política hostil y que nada va a cambiar en ese sentido”, concluye.

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(*) Tomado de https://rebelion.org/el-retroceso-republicano-en-florida-y-su-impacto-en-la-politica-de-ee-uu-hacia-cuba/

CREACIÓN HEROICA