Política

¡Defender el Pensamiento de Mariátegui de Toda Tergiversación y Desarrollarlo en Función de la Realidad Actual!

Izquierda y Derecha

 

E. I.

 

I

 

Los dos términos que dan título al presente artículo han sido desahuciados por algunos intelectuales burgueses con el espurio argumento de que son anacrónicos. Según ellos, en el mundo no existe ya la contradicción entre capitalismo y socialismo, y, en consecuencia, en todos los países ha desaparecido la división de las fuerzas políticas en izquierda y derecha. Con esta falacia buscan borrar de la conciencia de las clases trabajadoras toda precisa demarcación entre revolución y reacción. Por otro lado, hay quienes utilizan los mencionados términos de una manera abusiva, es decir, sin tener en cuenta su estricto significado. Finalmente, hay también quienes, so capa de su origen, pretenden expulsar ambos términos del lexicón marxista o, cuando menos, descalificar el término izquierda como denominación de las fuerzas revolucionarias.

 

Ciertamente estas son razones suficientes para intentar un esclarecimiento de tales cuestiones.

 

En la Convención Nacional francesa de 1791, los jacobinos, que luchaban por liquidar el feudalismo, ocuparon el lado izquierdo del foro, mientras los girondinos, que seguían el camino de la conciliación con la monarquía, ocuparon el lado derecho. De esta azarosa circunstancia se tomó la costumbre de llamar izquierda a los jacobinos y derecha a los girondinos. En consecuencia, ambos términos adquirieron un contenido político preciso: empezaron a designar las dos tendencias fundamentales de la burguesía francesa del siglo XVIII: la  tendencia revolucionaria y la tendencia oportunista.

 

Ahora bien, la clase feudal era entonces la derecha por antonomasia. En consecuencia, en la época de que tratamos, en el seno del pueblo eran de izquierda quienes luchaban por liquidar la sociedad feudal y establecer la sociedad burguesa, mientras eran de derecha quienes conciliaban con la monarquía. Esto quiere decir que, desde un principio, ambos términos definieron la posición de las distintas fuerzas políticas en el seno del pueblo por su posición ante el poder político vigente. Y, precisamente en esto reside el quid de la cuestión.

 

En virtud pues de su adquirido contenido político, los términos izquierda y derecha cobraron carta de ciudadanía más allá de los marcos de la Francia dieciochesca, y hasta terminaron trascendiendo los marcos de la lucha de la burguesía contra el feudalismo.

 

Así, los dichos términos fueron asimilados al lexicón marxista, y precisamente en la literatura del partido bolchevique. En el ¿Qué Hacer? (escrito entre 1901 y 1902), Lenin sostuvo:

 

La comparación de las dos tendencias existentes en el seno del proletariado revolucionario (la revolucionaria y la oportunista) con las dos corrientes de la burguesía revolucionaria del siglo XVIII (la jacobina –la Montaña– y la girondina)  fue hecha en el artículo de fondo del número 2 de Iskra (febrero de 1901). El autor de dicho artículo fue Plejánov. Los demócratas-constitucionalistas, los “sin título” y los mencheviques gustan aún ahora de hablar del  “jacobinismo” en la socialdemocracia rusa. Pero hoy día prefieren callar u... olvidar el hecho de que Plejánov lanzó por primera vez este concepto contra el ala derecha de la socialdemocracia.

                                         

Y, en 1904, mantuvo en otro lugar:

 

De por sí el hecho de la división del Congreso (del partido) en ala izquierda y derecha, en ala revolucionaria y oportunista, no sólo no representa aún nada terrible ni nada crítico, sino ni siquiera absolutamente nada anormal. (Un paso adelante, dos pasos atrás).

 

De manera pues que, ya a principios del siglo XX, los términos izquierda y derecha estaban consagrados en el lexicón marxista y, como hemos visto, los mismos designan las dos tendencias fundamentales en el seno del proletariado (y por extensión en el seno del pueblo): la tendencia revolucionaria, que lucha por liquidar el capitalismo y reemplazarlo por el socialismo; y la tendencia oportunista, que lucha por atenuar algunas expresiones extremas del capitalismo, pero no por liquidarlo como sistema económico-social.

 

Con estos términos ha sucedido, pues, lo que Engels señala con toda razón en su famoso Ludwing Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana: las palabras valen no «lo que deberían denotar por su origen», sino lo que «significan con arreglo al desarrollo histórico de su empleo real».

 

II

 

Exactamente como ayer la clase feudal fue la derecha por antonomasia, hoy la clase burguesa es la derecha por antonomasia. Por consiguiente, en nuestra época cualquier fuerza política en el seno del pueblo se define como de izquierda o de derecha en función de su posición ante al poder político de la burguesía.

 

Los gobiernos del Frente Amplio en Uruguay, del Partido de los Trabajadores en Brasil, del Partido Socialista Unificado de Venezuela, del Movimiento al Socialismo en Bolivia, entre otros, son considerados por algunos como de izquierda. Pero la verdad es que, en rigor, ninguno de esos gobiernos es de izquierda, pues no tienen más horizonte que reformar el capitalismo.

 

No obstante, es un hecho que, con arreglo a su empleo real, el término izquierda ha cobrado una nueva acepción: designa también a las fuerzas políticas reformistas. Entonces, como consecuencia de ello, es menester aclarar que tales fuerzas son, en realidad, la izquierda de la derecha, pues, objetivamente, cumplen la función de sostener el sistema capitalista mediante su maquillaje.

 

Existe, pues, una diferencia sustancial entre la izquierda que lucha por liquidar el capitalismo y la izquierda que lucha por retocarlo, entre la izquierda revolucionaria y la izquierda reformista, entre la izquierda auténtica y la izquierda espuria.

 

Por otra parte, hay quienes creen decir algo muy profundo con aquello de que el marxismo «no es de derecha ni de izquierda, sino de avance». Con esto niegan que, con arreglo al desarrollo histórico de su empleo real, el término izquierda encierra el concepto de avance, y el término derecha encierra el concepto de conservación. Ocurre, por lo tanto, que el marxismo es la doctrina de izquierda por antonomasia, sencillamente porque de su aplicación por el movimiento revolucionario dimana el avance histórico de la humanidad hacia su emancipación.

 

Contra la pretensión reaccionaria, hay que reivindicar los términos izquierda y derecha como conceptos políticos que dan cuenta del revolucionarismo y el conservadurismo, respectivamente; contra la maniobra oportunista de cubrirse detrás del término izquierda, hay que reivindicar su estricto significado revolucionario; contra la pretensión de descalificar ambos términos que tipifican las fuerzas políticas opuestas en el mundo actual, hay que reivindicar la acertada observación de Engels según la cual las palabras valen por lo que «significan con arreglo al desarrollo histórico de su empleo real», pues el árbol del lenguaje vivo es siempre más verde que cualquier consideración etimológica.

 

Nota

[1] De hecho, la última pretensión comentada es un caso de negación de la semántica diacrónica.

 

Economía

¡Defender el Pensamiento de Mariátegui de Toda Tergiversación y Desarrollarlo en Función de la Realidad Actual!

El Plan de Gobierno de Fuerza Popular y el Dominio del Capital

Cesar Risso

EN EL PLAN DE GOBIERNO de Fuerza Popular, Keiko Fujimori ha planteado la necesidad de corregir el déficit fiscal, con la finalidad de realizar obras que favorezcan a la ciudadanía por medio de la inversión en servicios públicos esenciales. Sin embargo, si únicamente consideramos el periodo 2021-2026, periodo en el que, a través del congreso, el fujimorismo impuso su política pública, encontramos que, violentando la ley, dio normas que favorecieron a las grandes empresas, además de sostener y ampliar las ventajas tributarias como las exoneraciones y los contratos ley.

Veamos cuáles serán las consecuencias de la aplicación de las propuestas económicas de Fuerza Popular. Pero primero analicemos los antecedentes.

Las propuestas económicas de Fuerza Popular se dan en el marco de la política neoliberal, profundizada por el fujimorismo desde su primer gobierno. Uno de los aspectos del neoliberalismo es el impacto sobre la situación de los trabajadores.

“La reforma laboral neoliberal se orienta a flexibilizar el mercado de trabajo, es decir, a la «eliminación de trabas o rigideces que impiden la libre operación del mecanismo de la oferta y la demanda». Entre estas trabas o rigideces se encuentran no solo los contratos colectivos y la sindicalización, sino también otros derechos y beneficios laborales que, según el discurso neoliberal, encarecen la mano de obra. En la lógica de este discurso, el abaratamiento de la mano de obra es fundamental para incentivar las inversiones y, en consecuencia, el crecimiento del empleo. Por esta razón, entonces, se propone reducir los costos de producción de las empresas a costa de los trabajadores. De otro lado, los neoliberales sostienen que un país compite mejor con otros por inversiones extranjeras cuando tiene los salarios más bajos. Se fomenta, así, una competencia espuria, rentista o extractivista en empresas que producen para los mercados internacionales, y se reduce el mercado interno al disminuir o estancar la capacidad de compra de los salarios para empresas que producen para el mercado interno.”¹

En otras palabras, las empresas privadas son incapaces de aumentar la productividad, o mejor dicho, prefieren no aumentar la productividad sino exacerbar la explotación de los trabajadores, por lo cual tratan por todos los medios de reducir y hasta eliminar una serie de derechos laborales, a los que llaman sobrecostos laborales; con lo cual se vuelven “competitivas”, y en consecuencia pueden hacer frente a la competencia (anarquía de la producción). Así, pretenden aumentar sus ganancias a costa de las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias; pero también, tratando de sumar más trabajadores como consecuencia de haber abaratado la mano de obra. No les basta con haberse apropiado del esfuerzo de más trabajadores y de sus familias, así como del esfuerzo de los trabajadores familiares no remunerados.

Cómo se evalúa la situación del déficit fiscal en el Plan de Gobierno de Fuerza Popular:

“Desde hace varios años el déficit fiscal se ha mantenido con una tendencia alejada a la regla fiscal y ello trae como consecuencia una visión negativa hacia el manejo del Estado pues no está en la capacidad de invertir en servicios públicos esenciales y cubrir las reales necesidades de la ciudadanía.”²

Cuáles fueron la política fiscal y monetaria aplicadas durante el gobierno de Alberto Fujimori:

“La política fiscal de la década se orientó a servir la deuda externa […] Esta política afectó negativamente al crecimiento de largo plazo porque redujo y estancó los gastos en educación y salud, y descuidó la infraestructura social y económica […] La política monetaria también fue contraria al crecimiento porque encareció el crédito.” (Jiménez, 2017, p. 16).

¿Será, entonces, la propuesta de Keiko Fujimori una crítica velada a la gestión de su padre?

Desde la década de 1990 hasta la actualidad, la política fiscal peruana ha estado marcada por una lógica de disciplina y restricción, diseñada para garantizar estabilidad macroeconómica y credibilidad internacional. Sin embargo, esta política ha tenido un costo social y económico significativo: al ser procíclica, la política fiscal ha profundizado las recesiones en lugar de amortiguarlas, limitando la capacidad del Estado para impulsar inversión pública y atender las necesidades sociales más urgentes.

En consecuencia, la política fiscal se convirtió en un instrumento de ajuste y control, más que en una herramienta de desarrollo. El énfasis en cumplir con metas de déficit y deuda, bajo reglas rígidas, subordinó las decisiones fiscales a la lógica de los mercados y organismos internacionales, dejando de lado la función redistributiva y estabilizadora que debería cumplir en una economía con profundas desigualdades producto del sistema capitalista, agudizada por su versión neoliberal.

La política fiscal ha servido como un mecanismo para proteger los intereses del imperialismo, así como para favorecer a las grandes empresas en nuestro país.

Un enfoque socialdemócrata, plantearía superar este modelo mediante la flexibilización del gasto público de acuerdo con el ciclo económico, reorientando la inversión hacia sectores estratégicos que fortalezcan la productividad y reduzcan las llamadas brechas sociales. Por lo tanto, la política fiscal debería, según la visión socialdemócrata, recuperar un rol contra cíclico y transformador, capaz de sostener el crecimiento “inclusivo” y garantizar derechos básicos, en lugar de limitarse a ser un mecanismo de disciplina macroeconómica.

Para decirlo brevemente: la política fiscal de la burguesía en nuestro país se desenvuelve según la siguiente regla: cuando la economía está en una etapa recesiva, es decir, cuando cae la producción, se reduce el gasto público, con lo cual se profundiza la crisis; mientras que cuando la economía crece, se considera que la “economía está caliente”, esto es, que hay mucha demanda, que la gente tiene más dinero del que debería (esto se considera así a pesar de los millones de pobres, del más del 70% de informalidad, y de los más de 2 millones de trabajadores familiares no remunerados), y en consecuencia reducen la capacidad de gasto de los trabajadores.

En conclusión, cuando la economía cae, los trabajadores pagan las consecuencias, y cuando la economía crece, también los trabajadores se ven afectados negativamente. Y qué sucede con las empresas. Estas se benefician en ambos casos.

La política fiscal de la burguesía no trata de mejorar las condiciones de vida de las clases trabajadoras; trata de mejorar las condiciones en las que se explota a las clases trabajadoras. El supuesto bienestar que se lograría con el equilibrio fiscal es una forma de encubrir los intereses de la burguesía. Por ello, cualquiera que sea la política económica, la existencia del sistema de trabajo asalariado significa que hay trabajo no remunerado del cual se apropia la burguesía. Esto involucra otro aspecto, que se refiere a la fuente de los ingresos del Estado. Así, la burguesía financia el funcionamiento del capitalismo y las mejores condiciones para la explotación de los trabajadores, con la extracción de plusvalía, es decir, con el uso de la propia fuerza de trabajo; mientras que, de otro lado, exonera a las empresas del pago de tributos y les asegura esta condición con los contratos ley.

Durante el periodo 2021–2026, el Perú ha enfrentado una serie de incumplimientos en su regla fiscal, reflejando tensiones entre la disciplina presupuestaria y las presiones políticas y sociales.

La regla fiscal peruana, establecida en el Marco de Responsabilidad y Transparencia Fiscal (Decreto Legislativo N.º 1276, 2016), tiene como objetivo mantener el déficit fiscal del Sector Público No Financiero por debajo del 2,2% del Producto Bruto Interno (PBI) y la deuda pública por debajo del 30%. Sin embargo, los últimos cinco años han evidenciado una tendencia de incumplimiento que pone en riesgo la sostenibilidad fiscal y la credibilidad del marco macroeconómico.

Evidentemente el verdadero objetivo de la política fiscal, y de la llamada meta fiscal, es sostener el dominio del capitalismo, y mejorar las condiciones para explotar en mejores condiciones y con mejores resultados a las clases trabajadoras.

Entre las causas del incumplimiento de la meta fiscal, se tiene: Incremento del gasto público por parte del Congreso; volatilidad de los ingresos fiscales, que dependen de los ingresos mineros y de la limitada base tributaria; y el impacto de las exoneraciones tributarias.

Las exoneraciones tributarias constituyen uno de los factores más persistentes de erosión fiscal. El MEF (Informe de Transparencia Fiscal, 2024) estima que el Estado deja de recaudar entre 1,5% y 2% del PBI anual, equivalente a más de S/ 15.000 millones. Estas exoneraciones, muchas de ellas sin evaluación de costo-beneficio, reducen la capacidad del Estado para financiar gasto social y cumplir la regla fiscal. El Fondo Monetario Internacional (FMI, Artículo IV, 2023) recomienda racionalizar estos beneficios para ampliar la base tributaria y fortalecer la disciplina fiscal.

Los intelectuales burgueses han cuestionado el manejo fiscal, lo cual revela las contradicciones propias del capitalismo, así como los conflictos internos entre los diversos sectores empresariales.

Entre las críticas a la política fiscal se tiene, por ejemplo, que el Consejo Fiscal advirtió el año 2024 que el incumplimiento se produjo “sin choques externos significativos”, lo que evidencia debilidad institucional en la gestión del gasto. En cuanto al Instituto Peruano de Economía (IPE), el 2025 calificó la falta de consolidación fiscal como “la principal fuente de inestabilidad macroeconómica”. El FMI, el año 2023 recomendó fortalecer el marco fiscal y eliminar exoneraciones ineficientes. Finalmente, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el año 2025 reconoció que el cumplimiento de la meta fue coyuntural y dependió de ingresos extraordinarios, no de reformas estructurales.

Durante los últimos cinco años, la consolidación fiscal (reducción del déficit de –4,7% en 2021 a –1,0% en 2025) se presentó como un éxito técnico. Sin embargo, esta disciplina se logró mediante recortes en el gasto social y mantenimiento de exoneraciones tributarias que benefician a grandes grupos empresariales.

Así, la política fiscal no fue neutral, como pretenden los intelectuales y políticos burgueses, más bien sirvió para garantizar la reproducción del capital y la confianza de los inversionistas, mientras las clases trabajadoras enfrentaron limitaciones en salud, educación y empleo.

Además, la regla fiscal funcionó como un mecanismo de control ideológico, imponiendo la idea de que el equilibrio presupuestario es más importante que la satisfacción de necesidades sociales.

En cuanto a la política monetaria, el BCRP endureció la política monetaria en 2022–2023, elevando la tasa de referencia a 7,75% para contener la inflación. Aunque se presentó como defensa del “poder adquisitivo de los hogares”, en realidad protegió la estabilidad del capital financiero y la confianza de los acreedores internacionales.

La inflación, causada en gran parte por choques externos (energía, alimentos), fue combatida con medidas que encarecieron el crédito y afectaron a pequeñas empresas y consumidores.

En consecuencia, la política monetaria priorizó la estabilidad del valor del dinero como condición de acumulación capitalista, incluso a costa de restringir el consumo popular.

El conjunto de la política fiscal y monetaria tuvo un mismo objetivo: asegurar la reproducción del capital y la disciplina macroeconómica exigida por organismos internacionales.

Esta coordinación refleja lo que Marx denominaba la “ley general de la acumulación capitalista”: el Estado interviene para sostener las condiciones de valorización del capital, incluso si ello implica generar un “ejército industrial de reserva” mediante desempleo y precarización.

En el siguiente cuadro podemos apreciar la evolución de la producción, de la inflación y el déficit fiscal:

Año	PIB (%)	Inflación (%)	Déficit Fiscal (% PBI)	Evaluación
2021	10,5	6,4	–4,7	Expansión fiscal y monetaria para salvar al capital tras la pandemia.
2022	4,8	8,5	–3,7	Inflación global; ajuste monetario que golpea a trabajadores endeudados.
2023	3,1	5,6	–2,7	Consolidación fiscal; reducción de gasto social.
2024	3,8	3,2	–1,7	Normalización monetaria; disciplina fiscal.
2025	4,2	2,6	–1,0	Cumplimiento de regla fiscal, pero con exclusión social.
2026	4,0 (proy.)	2,8	–1,0	Estabilidad aparente, contradicciones estructurales intactas.

La políticas fiscal y monetaria en el Perú entre 2021–2026 no fueron instrumentos neutrales de gestión técnica, sino mecanismos de reproducción del orden capitalista. La disciplina fiscal y la estabilidad monetaria garantizaron la confianza de inversionistas y acreedores, pero profundizaron la desigualdad social al limitar el gasto en los llamados sectores vulnerables.

Estas políticas deben entenderse como parte de la superestructura estatal que asegura la acumulación de capital, con la consecuente sobre explotación de las clases trabajadoras.

En síntesis, la experiencia peruana muestra que el Estado en el capitalismo actúa como “comité de negocios de la burguesía”, administrando las crisis a través de una supuesta disciplina para sostener la valorización del capital.

Si adicionamos al análisis el resultado en la tasa o cuota media de ganancia, se tienen los siguientes resultados: 

Año	Contexto	Política fiscal	Política monetaria	Tasa de ganancia (estimada)
2021	Recuperación pospandemia, crecimiento 10,5%	Déficit –4,7% del PBI, gasto expansivo	Tasa de referencia 0,25%	Alta (≈18%) por recuperación rápida y bajos costos financieros.
2022	Inflación global, crecimiento 4,8%	Déficit –3,7%	Subida agresiva de tasas (7,75%)	Moderada (≈14%), caída por encarecimiento del crédito y presión inflacionaria.
2023	Desaceleración, crecimiento 3,1%	Déficit –2,7%	Política contractiva	Baja (≈11%), menor inversión y consumo, aumento de costos financieros.
2024	Normalización, crecimiento 3,8%	Déficit –1,7%	Tasa baja a 6%	Recuperación parcial (≈13%), gracias a estabilidad inflacionaria.
2025	Consolidación fiscal, crecimiento 4,2%	Déficit –1,0%	Tasa 4,5%	Moderada-alta (≈15%), mejora por disciplina fiscal y crédito más barato.
2026	Proyección 4% crecimiento	Déficit –1,0%	Tasa 4,25%	Estable (≈15%), sostenida por confianza empresarial y estabilidad macro.

Como se puede apreciar, en los años 2021–2022, la tasa de ganancia se sostuvo gracias al gasto público expansivo y crédito barato. El Estado actuó como garante de la acumulación capitalista tras la crisis sanitaria. Durante los años 2022–2023, la subida de tasas redujo la rentabilidad empresarial, mostrando cómo la política monetaria protege el valor del dinero y a los acreedores, incluso sacrificando inversión productiva. En el periodo 2024–2026, la consolidación fiscal y la normalización monetaria estabilizaron la tasa de ganancia, pero a costa de limitar el gasto social y mantener privilegios tributarios para grandes capitales.

El impacto de la política fiscal y monetaria entre los años 2021 y 2026 logró asegurar la reproducción del capital. La disciplina fiscal y la estabilidad monetaria favorecieron al capital financiero y a las grandes empresas, mientras las clases trabajadoras fueron sometidas a peores condiciones materiales de existencia, y a una mayor sobre explotación.

Consideremos ahora la tasa de ganancia. Esta se mantuvo relativamente alta en promedio (14–15%), lo que explica la continuidad de la inversión extranjera directa y la resistencia del modelo neoliberal, pese a las tensiones sociales. 

A partir de los datos macroeconómicos y la evolución de la tasa de ganancia que ya analizamos, se puede estimar el volumen de ganancias obtenidas por las empresas privadas en el Perú entre 2021 y 2026, considerando el contexto fiscal y monetario. 

Año	Tasa de ganancia estimada	Capital total (US$ miles de millones)	Ganancia total (US$ miles de millones)	Contexto político-económico
2021	18%	420	75,6	Expansión fiscal y monetaria; recuperación pospandemia.
2022	14%	430	60,2	Inflación global; subida de tasas; caída de rentabilidad.
2023	11%	435	47,9	Ajuste fiscal y monetario; desaceleración productiva.
2024	13%	440	57,2	Normalización monetaria; estabilidad inflacionaria.
2025	15%	445	66,8	Consolidación fiscal; mejora del crédito y confianza empresarial.
2026	15%	450	67,5	Estabilidad macroeconómica; continuidad del modelo neoliberal.

El volumen de plusvalía se mantuvo elevado gracias al papel del Estado como garante de la acumulación: gasto público expansivo en 2021–2022 y disciplina fiscal posterior.

La política monetaria contractiva (2022–2023) redujo temporalmente la rentabilidad, pero protegió el valor del dinero y los intereses del capital financiero.

La recuperación de la tasa de ganancia desde 2024 muestra cómo la estabilidad macroeconómica sirvió para restaurar la confianza empresarial, no necesariamente el bienestar social.

En consecuencia, el Estado burgués actuó para asegurar que la caída de la rentabilidad no se transformara en crisis estructural, sino en ajuste sobre el trabajo y el gasto público.

Entre los años 2021 y 2026, las empresas privadas peruanas acumularon aproximadamente US$ 375 mil millones en ganancias, reflejando una tasa de ganancia promedio de 14–15%.

Por lo tanto, está claro que la política fiscal y monetaria no redistribuyó la riqueza, sino que preservó la rentabilidad del capital. Asimismo, la estabilidad macroeconómica fue funcional al capital financiero y a la inversión extranjera directa; mientras que la aparente “recuperación” económica ocultó una transferencia sistemática de valor desde el trabajo hacia el capital, sostenida por el Estado.

Veamos, ahora sí, las consecuencias de la aplicación del Plan de gobierno de Fuerza Popular.

La síntesis de la propuesta del fujimorismo puede ser la siguiente: Reducción del déficit al 1 % del PBI, digitalización del 80 % de trámites, entrega directa del 40 % del canon a familias; atracción de US$ 5 000–7 000 millones anuales en inversión privada, desregulación y estímulo a la competitividad; crecimiento sostenido con reducción de pobreza a 15 % en cinco años.

En base a estas propuestas, la proyección de la tasa de ganancia puede ser la siguiente: 

Año	PBI real (US$ millones)	Inversión privada anual (US$ millones)	Tasa de ganancia estimada	Ganancia total (US$ millones)	Evaluación
2026	190 000	7 000	15 %	67 500	Punto de partida: estabilidad macroeconómica.
2027	198 000	6 500	16 %	72 000	Expansión del capital por desregulación y digitalización.
2028	205 000	6 000	17 %	77 000	Aumento de productividad y concentración empresarial.
2029	212 000	5 500	17,5 %	80 000	Consolidación del modelo liberal; presión sobre salarios.
2030	220 000	5 000	18 %	83 000	Rentabilidad máxima; auge de inversión extranjera.
2031	228 000	5 000	18 %	85 000	Estabilidad aparente; desigualdad estructural persistente.

La política fiscal restrictiva y la política monetaria estable favorecerían la acumulación de capital al reducir la incertidumbre y los costos financieros.

La digitalización y desregulación aumentarían la productividad del capital constante, elevando la tasa de ganancia.

Sin embargo, la redistribución limitada del canon y la ausencia de reforma tributaria profundizarían la desigualdad: el Estado seguiría actuando como garante de la rentabilidad del capital.

Por consiguiente, el periodo 2026–2031 consolidaría una fase de expansión del capital con tendencia a la concentración, donde la ganancia empresarial crece más rápido que el salario real.

Así, el programa de Fuerza Popular implicaría: Aumento de la tasa de ganancia del capital privado (del 15 al 18 %); ganancias acumuladas superiores a las del quinquenio anterior (US$ 465 000 millones); reproducción ampliada del capital, sostenida por disciplina fiscal y estabilidad monetaria; y, persistencia de la contradicción central: crecimiento de la plusvalía frente al estancamiento del ingreso laboral.

Con respecto a la pobreza, el programa promete reducirla a 15 %, pero por la disciplina fiscal y la entrega directa del canon no compensan la falta de reforma tributaria. Una proyección crítica plantearía que la pobreza podría estancarse en torno al 22–23 %.

Con respecto a la informalidad y el empleo informal, la desregulación y flexibilización laboral propuestas por Fuerza Popular tienden a aumentar el empleo informal, pues facilitan contratación precaria. Así, la informalidad laboral podría subir a 72–73 %, consolidando un mercado dual (formal en grandes empresas, informal en microempresas y servicios).

En el caso del desempleo, la atracción de inversión privada puede sostener el empleo, pero mayormente en sectores extractivos y servicios de baja productividad. Se tendría como resultado que el desempleo abierto se mantendría en 6–7 %, pero acompañado de subempleo creciente.

En el caso de la concentración de la riqueza, mientras que en el periodo 2021–2026 el 10 % más rico concentró alrededor del 50 % del ingreso nacional; el 40 % más pobre apenas obtuvo el 12 %. En cambio, para el periodo 2026–2031, la política fiscal restrictiva y la ausencia de reforma tributaria favorecen la acumulación de capital en grandes grupos. En consecuencia, de la aplicación del Plan de Gobierno de Fuerza Popular, se tendría como resultado que el 10 % más rico podría llegar a concentrar 52–55 % del ingreso, mientras el 40 % más pobre caería a 10–11 %.

Si consideramos ahora el tiempo de trabajo, sabiendo que este se divide en dos partes: el tiempo de trabajo necesario, que es el tiempo en que el trabajador crea un valor que corresponde al salario que le pagan; y de otro lado el tiempo de trabajo adicional, que es el tiempo que el trabajador labora para crear el valor del que se apropia la burguesía, aunque es creado por el trabajador, se tiene que, de acuerdo con el Plan de Gobierno de Fuerza Popular, el tiempo de trabajo adicional aumentará. Esto es, la burguesía se apropiará de más tiempo de trabajo, o lo que es lo mismo, el trabajador laborará más tiempo para “su” capitalista que para sí mismo. 

Año	Tasa de ganancia	Tasa de explotación (aprox.)	Tn (horas)	Ta (horas)	Evaluación
2021	18%	150%	3,2	4,8	Recuperación pospandemia: crédito barato y alta plusvalía.
2022	14%	120%	3,6	4,4	Inflación y subida de tasas reducen rentabilidad.
2023	11%	100%	4,0	4,0	Ajuste fiscal y monetario: equilibrio precario entre salario y plusvalía.
2024	13%	115%	3,7	4,3	Normalización monetaria: recuperación parcial de plusvalía.
2025	15%	130%	3,5	4,5	Consolidación fiscal y crédito más barato elevan explotación.
2026	15%	130%	3,5	4,5	Estabilidad macroeconómica: jornada laboral con fuerte tiempo adicional.

Con el gobierno de Fuerza Popular, se espera un incremento de la tasa de explotación, la misma que se refleja en el aumento del tiempo de trabajo adicional, del que la burguesía se apropia bajo la forma de ganancia.

Año	Tasa de ganancia proyectada	Tasa de explotación	Tn (horas)	Ta (horas)	Evaluación
2027	16%	140%	3,3	4,7	Desregulación laboral aumenta plusvalía relativa.
2028	17%	150%	3,2	4,8	Productividad creciente, salarios estancados.
2029	17,5%	160%	3,1	4,9	Mayor concentración de capital, precarización laboral.
2030	18%	165%	3,0	5,0	Auge de inversión extranjera, intensificación de explotación.
2031	18%	165%	3,0	5,0	Estabilidad aparente, desigualdad estructural consolidada.

Podemos apreciar que la burguesía en su conjunto será beneficiada con mejores condiciones para la explotación de las clases trabajadoras en el gobierno de Keiko Fujimori; aunque también es cierto que se presentarán conflictos entre los diversos sectores de la burguesía para ver como se reparten la plusvalía que le extraen a los trabajadores.

No hemos considerado los periodos de crisis económica que constituye una ley del sistema capitalista, porque era necesario aislar y destacar el papel de la política económica de los representantes de la burguesía en el poder. Habría que agregar las crisis económicas para ampliar el cuadro del dominio burgués, así como las luchas de las clases trabajadoras.

Este es un caso concreto del dominio del capital, pero que refleja la característica común de todas las versiones del capitalismo: la extracción de trabajo no remunerado, cuyo nombre científico es plusvalía, y que en su forma fenoménica se llama ganancia. Así que, de lo que se trata no es de maquillar la explotación en el capitalismo, ni de moderar o suavizar la explotación. Se trata de cambiar el sistema capitalista.

__________

(1) Jiménez, F. (2017). Veinticinco años de modernización neocolonial: Crítica de las políticas neoliberales en el Perú (pp. 452–453). Lima: Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

(2) Fuerza Popular. (2026). Plan de gobierno 2026–2031: Perú con orden (p. 21). Lima: Jurado Nacional de Elecciones.