Economía

La Juventud  y el Derecho Laboral Burgués

César Risso

La ley de promoción del empleo juvenil, es una arremetida del capital contra los trabajadores. Es una política burguesa, que bajo la forma de política nacionalista e inclusiva, asumen sus representantes en el gobierno.

Este régimen laboral es con el que sueña la burguesía, que durante décadas ha venido reclamando la disminución o eliminación de los “sobrecostos laborales”. Estos en realidad son derechos conquistados por los trabajadores. Pero, en un régimen burgués, ya sea abiertamente neoliberal o nacionalista pequeñoburgués, o cualquiera otra variante burguesa, la confrontación entre los trabajadores y la burguesía es permanente. Y aunque en la lucha, la clase trabajadora actúe como si el triunfo fuese total y definitivo, es decir, eterno, mientras exista el sistema capitalista, nada es definitivo en cuanto a los derechos laborales, porque al fin y al cabo, estas conquistas se dan en el marco del mismo sistema capitalista, es decir, son conquistas que atienden a las mejores condiciones en que los trabajadores venden su fuerza de trabajo, sin dejar de ser explotados, pues la ganancia en sus diversas formas, no es otra cosa que trabajo no remunerado.

La burguesía tiene su ejército de intelectuales asalariados, que en el mundo y en el Perú trabajan para justificar la agresión del capital contra el trabajo, y para denostar contra las luchas de los trabajadores por sus derechos.

La informalidad contra la que dicen luchar los representantes políticos de la burguesía, sin enfrentarla abiertamente, fue creada por las políticas burguesas a nivel mundial, y aplicadas en nuestro país por el títere de la burguesía mundial, Alberto Fujimori, quien fue uno de sus más fieles discípulos.

Esta informalidad es una política que aplicó la burguesía, con la que las empresas lograron desprenderse de un buen número de trabajadores formales, para no seguir asumiendo los derechos laborales. De modo que lo que antes se generaba dentro de su propia empresa, a nivel de bienes intermedios o de servicios, se trasladó, con los mismos trabajadores, a la informalidad. Con esto la burguesía logró varios beneficios: uno de ellos fue disminuir la “carga laboral”, logrando tener menos trabajadores. Otra ventaja con esta política fue la de obtener los bienes intermedios y servicios, que estas empresas producían internamente, a precios más bajos, pues la informalidad genera en el propietario del negocio informal la sensación de que es un propietario burgués, que trabaja en función de la ganancia; esta sensación o mentalidad del informal lo convence de que sus ingresos son utilidades; pero estas son en realidad los salarios que no reciben la esposa ni los hijos del propietario informal, en su condición de trabajadores no remunerados. Así, en promedio, cuando la empresa formal contrata a una empresa informal, paga por el bien o servicio menos de lo que pagaría por los cuatro trabajadores de esta (Según el INEI el promedio de personas por hogar es de cuatro).

Esta trampa, que se ha ido elaborando teóricamente, con el llamado emprendedurismo, y con la falsa necesidad de formalizar a este sector, es la coartada de la burguesía para explotar aún más a los trabajadores.

En la década de los noventa, las grandes empresas despedían a los trabajadores mayores y los reemplazaban por jóvenes. Esta fue una política masiva.

Sabido es que sin recortar los derechos, los jóvenes que recién se incorporan al mercado laboral reciben una remuneración menor en comparación con aquellos que llevan varios años trabajando y que en consecuencia tienen más experiencia. Pero esto no le basta a la burguesía, porque de lo que se trata es hacer extensiva la ley de promoción del empleo juvenil a todos los trabajadores. Es decir, quieren universalizar el régimen laboral juvenil, para aumentar la explotación de todos los trabajadores, y así aumentar sus ganancias.

Esta arremetida burguesa, le pasará la factura a la propia burguesía, pues los menores ingresos de los jóvenes se traducirán en menores ingresos de las empresas por ventas. Si de lo que se trata con esta ley es sortear la crisis económica, lo cual es una oportunidad para recortar los derechos laborales, entonces las contradicciones de la burguesía operarán en el sentido de acelerar la crisis y de hacerla más aguda.

Cualquier medida anticrisis no anula la crisis económica; solo puede retrasarla, haciendo que cuando estalle se más aguda.

La Ley en mención señala, en el artículo primero, que: “tiene por objeto mejorar la empleabilidad y promover la contratación de jóvenes desocupados para que cuenten con mayores oportunidades de acceso al mercado laboral a través de un empleo de calidad con protección social.”

Con la intención de presentar esta Ley de la forma más acogedora para los jóvenes, se dice que busca promover mayores oportunidades para los jóvenes, a través de un empleo de calidad. La pregunta que nos hacemos es, qué entiende este gobierno por calidad en el empleo. Porque lo que proponen es menos derechos, es decir, justamente lo contrario de lo que afirman es el objetivo de la Ley.

No es cierto lo que han venido argumentando los defensores de la Ley, tanto políticos como empresarios, que se trata de beneficiar a aquellos jóvenes sin estudios, puesto que la Ley dice: “La presente Ley es aplicable a nivel nacional en el sector privado, a la contratación laboral de jóvenes entre dieciocho (18) y veinticuatro (24) años, inclusive, con educación completa o incompleta de secundaria o superior técnica o universitaria, que:

a) se incorporen por primera vez a la planilla electrónica como trabajador, o

b) a la fecha de contratación, se encuentren desocupados.”

No es cierto, además, que sea aplicada a aquellos que recién se incorporan al mercado laboral, sino que incluye a todos los jóvenes entre 18 y 24 años.

Se señala que esta ley es aplicable para todas las empresas del sector privado. No es pues una ley que atienda a superar la informalidad de las pequeñas empresas, sino que atiende a la necesidad de satisfacer la voracidad de las grandes empresas.

El intento de encubrir los verdaderos alcances de la Ley revela la intencionalidad de estafar a los jóvenes. No son capaces de decir abiertamente el sentido de la norma, pues saben que esta tiene por objeto favorecer exclusivamente a las medianas y grandes empresas.

El artículo tres de la Ley nos muestra con toda claridad lo que se pretende con esta norma. A la letra dice: “La presente norma crea el régimen laboral especial, de carácter opcional, para la contratación de jóvenes y regula los derechos y beneficios laborales contenidos en los contratos laborales juveniles celebrados a partir de la vigencia así como el acceso a la protección social, por parte de empresas del sector privado que al momento de la contratación no tengan multas consentidas impagas vigentes por infracciones a la normativa sociolaboral.”

Es decir, que esta norma al disminuir los derechos de los jóvenes, generará a las empresas utilidades tan considerables, que estas se verán motivadas a pagar las multas adeudadas, para poder acceder a este beneficio. Esto pone en evidencia a los verdaderos beneficiarios de la Ley.

Siendo esta la norma la ejecución de una política de disminución de derechos, es abiertamente discriminatoria. Sin embargo dice que: “En toda empresa del sector privado a nivel nacional se deben respetar los derechos fundamentales laborales de los jóvenes, entre ellos:

a)   No ser discriminado por motivo de edad, origen, raza, sexo, idioma, religión o de cualquier otra índole. La empresa no debe discriminar al remunerar, capacitar, entrenar, promover o despedir a su personal.” (Cursiva nuestra).

En el artículo 22, titulado Fraude de ley, se da una muestra adicional de la importancia económica, para las empresas, de esta norma, pues amenaza a las empresas que pretendan despedir sin causa justa a los trabajadores para reemplazarlos por jóvenes contratados bajo este nuevo régimen laboral. Así nos dice: “Está prohibido el cese de trabajadores sin causa justa, con el fin de ser sustituidos, en el mismo puesto y funciones, por jóvenes contratados bajo el régimen laboral de la presente Ley. El incumplimiento del empleador se considera infracción administrativa muy grave en materia de relaciones laborales, conforme al artículo 33 de la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo.”

Pero como se sabe, los contratos para los jóvenes, y para los adultos, son temporales, y en consecuencia las empresas tendrán que esperar su cumplimiento para poder contratar bajo este régimen.

       

Si se trata de otorgarles derechos a quienes no los tienen, tratando de favorecer a los jóvenes, como argumentan los defensores de los intereses de la burguesía, tendríamos que considerar a los jóvenes como unos privilegiados. La razón es simple. “En la propuesta de nuevas inversiones de este gobierno, que como hemos visto apuntan a generar ganancias para la burguesía, no se dice nada de la grave situación de los trabajadores con respecto a que la Remuneración Mínima Vital (RMV) está por debajo de la Canasta Básica Familiar; ni en relación a la tasa de incumplimiento de pago de la RMV, que es de 50% en promedio a nivel nacional; ni del exceso de horas trabajadas semanalmente, que en Lima Metropolitana y el Resto Urbano es en promedio de 73 horas, situación en la que se encuentra la tercera parte de los trabajadores.” (http://creacionheroica1928.blogspot.com/2014/08/economia_68.html).

Vemos que las normas laborales burguesas no se cumplen. Que las remuneraciones son inferiores a la canasta básica familiar; que ni siquiera se cumple con pagar esta miserable remuneración; y que los trabajadores cumplen largas jornadas. En otras palabras, si bien en la letra se reconocen una serie de derechos, en la práctica se desconocen, y encima se les legaliza. La situación de hecho se transforma así en una situación de derecho. Derecho burgués hay que añadir, porque estas normas no pueden significar derechos para los trabajadores.

De todos los argumentos, desordenados e incoherentes, esgrimidos por la burguesía y sus apologistas, podríamos decir lo que escribió Carlos Marx acerca de los argumentos del ciudadano Weston: que estos se podían comprimir hasta hacerlos caber en una cáscara de nuez (http://www.ehu.es/Jarriola/Docencia/EcoMarx/salario,%20precio%20y%20ganancia.pdf)

El Capitalismo Senil y el Nuevo Caos Mundial

(Cuarta Parte)

Samir Amin

La evaporación  del proyecto europeo

1. La adhesión de los gobiernos europeos (de derecha y de izquierda) al neoliberalismo, desde que se originó el proyecto en la década de 1980, responde, lógicamente, a causas internas que no son sino la brutal inversión de las relaciones de fuerzas a favor del capital dominante que se dio en las sociedades europeas mismas.

        Independientemente de cuáles fueran las coyunturas políticas locales y los programas electorales –a menudo particularmente silenciosos en cuanto a lo esencial en ese momento de preferencias decisivas, o guardados en un cajón al día siguiente de los comicios–, esa adhesión es un hecho. No creo que ella pueda interpretarse sino como la expresión del respaldo de las fuerzas políticas dominantes en Europa a la lógica del imperialismo colectivo, al cual el capital transnacional de los países europeos estaba asociado desde mucho tiempo antes.

Que las clases políticas estuvieran o no conscientes de los alcances de la decisión que tomaban no impidió que la lógica propia del sistema se desplegara rápidamente con todo su rigor. No es posible que en la década de 1980, mientras se alineaban bajo la bandera del neoliberalismo, el conjunto de los gobiernos de los países de la tríada no imaginaran las difi­cultades crecientes que deberían afrontar como resultado de la aplicación de esas políticas, tanto en el plano interno de cada nación como en el de la gestión de la nueva mundialización liberal. Los economistas convencionales no contaban con argumentos suficientes para hacerles comprender las razones -sin embargo, evidentes- de la imposibilidad de llevar a cabo la prodigiosa utopía simple del capital: ¡que todas las dimensiones de la realidad humana -social e internacional- aceptaran someterse a la lógica exclusiva de las exigencias de la maximización de las ganancias de las empresas trans­nacionales!

En realidad, la instrumentación del proyecto instalaría en el largo plazo un estancamiento económico que llegó a hacer­se pertinaz -a pesar del aparente éxito de los años Clinton en los Estados Unidos-, mientras que el desastre social que pro­ducía en todas partes sólo podía erosionar la legitimidad de los poderes políticos, particularmente en las periferias más vulnerables. A su vez, la desestabilización de los poderes del Estado debía, por la fuerza de las cosas, hacer ineficaz el funcio­namiento del sistema económico, por liberal que éste fuera. Sin Estado no hay economía viable, mal que le pese al discurso liberal incapaz de comprender por qué esto es así.

De modo tal que la necesidad de pasar a la militarización de la gestión económica se impuso muy rápidamente, mucho antes del 11 de septiembre de 2001, como lo atestigua la serie de guerras desatadas en la década de 1990. La adhesión de los Estados europeos al liberalismo mundializado -traducción de la comunidad de intereses del capital dominante en el nue­vo sistema del imperialismo colectivo- implicaba necesaria­mente que esos países ajustaran el paso a la estrategia política y militar norteamericana. Pues el ejercicio de la hegemonía de los Estados Unidos garantiza, a su vez, la supremacía de la tríada en el sistema mundial. Así es como los europeos han aceptado navegar en la estela norteamericana, como Gran Bretaña, Alemania y el Japón, que han reconocido la necesi­dad de hacerlo aunque sea sin gran entusiasmo. Pero, de pronto, los discursos con que los políticos colman a sus auditorios -referentes a la potencia económica de Europa- pier­den todo alcance real. Si se sitúa exclusivamente en el terreno de las disputas mercantiles, sin un proyecto propio, Europa está derrotada de antemano. Y en Washington lo saben.

Por consiguiente, la adhesión de los Estados europeos no significa nada menos que la evaporación del proyecto europeo, su doble dilución económica (las ventajas de la unión económica europea se disuelven en la mundialización econó­mica) y política (la autonomía política y militar europea desa­parece detrás de la OTAN). En el momento actual, ya no hay un proyecto europeo. Ha sido reemplazado por un proyecto del Atlántico Norte (o, eventualmente, de la tríada) bajo el mando norteamericano. Este proyecto, que había sido sugerido por un miembro de la Comisión Europea -Léon Brittain- y había suscitado en su época la indignación general (al menos en Francia), en realidad, es el único que se ha puesto en marcha actualmente.

2. La desaparición del proyecto europeo en beneficio de un retorno del atlantismo detrás del cual se perfila la ambición hegemónica de los Estados Unidos debería, por lo menos, preocupar a algunos sectores de la opinión general y a algunos segmentos de las clases políticas de ciertos países europeos, particularmente, Francia. Los temas de la construcción euro­pea estuvieron hasta tal punto asociados a los de la riqueza, la potencia y la independencia que parecería difícil que todos traguen tan fácilmente la píldora, es decir, que la protección "militar" de los Estados Unidos (o sea, la función de la OTAN) ¡sea hoy aún más necesaria que ayer!

La OTAN fue creada en 1949 para asegurar, según se dijo, la defensa de la Europa occidental contra una eventual agresión de la Unión Soviética. Que esta amenaza haya sido real o no (y por mi parte digo que esa amenaza no existía, pues la URSS nunca imaginó avanzar más allá de las fronteras fijadas por la "división de Yalta") y, en consecuencia, que haya sido una exigencia insoslayable o solamente el pretexto por el cual los Estados Unidos establecieron su hegemonía polí­tica sobre el conjunto del mundo capitalista, complemen­tando así la supremacía económica con que se beneficiaron al terminar la Segunda Guerra Mundial (y por mi parte afirmo que el único propósito verdadero de la OTAN era tutelar Europa), son preguntas de historia que no examinaré aquí, aunque más no sea porque, al desaparecer la URSS del es­cenario, la amenaza que habría representado ya no existe.

No discuto el derecho de los europeos a asegurar su propia defensa. Ese derecho, en el estado actual de desarrollo de la civilización humana, es imprescriptible. Los Estados europeos individual y colectivamente, por vía de la Unión Europea, tienen, como todas las demás naciones del planeta, el derecho de organizar fuerzas armadas capaces de resistir a todo agresor y hasta de disuadirlo. Y aun cuando en las circunstancias ac­tuales nadie amenace a Europa, ese derecho a la defensa con­tinúa siendo imprescriptible. Pero la OTAN no constituye el medio de responder correctamente a la cuestión planteada, porque esta organización no es una alianza entre iguales; sitúa necesariamente a los aliados europeos en la posición de socios subalternos obligados a alinearse siguiendo los objetivos fija­dos por los Estados Unidos. De Gaulle fue el único político importante de la posguerra que comprendió el vicio fatal que caracteriza a esta organización. La historia de la última déca­da, de la guerra del Golfo a la de Afganistán, demuestra que la OTAN sólo obra y obrará para servir a los propósitos de Washington y de ningún otro. Porque la OTAN sólo intervendrá si los Estados Unidos lo deciden, y no actuará si los Estados Unidos no quieren que lo haga. La OTAN no puede ser sino el instrumento del proyecto hegemónico planetario de los Estados Unidos.

El poderío militar de los Estados Unidos se construyó sistemáticamente a partir de 1945 y fue cubriendo el conjunto del planeta, dividido en regiones correspondientes al sistema integrado de los "US military commands". Hasta 1990, esta hegemonía estuvo obligada a aceptar la coexistencia pacífica que le imponía la potencia militar soviética. Hoy ya no es ése el caso. Aquí no puedo más que remitir al lector a mis escritos anteriores sobre esta cuestión y al contraste que señalaba allí entre la vocación planetaria de la estrategia militar utilizada por los Estados Unidos desde 1945 y la estrategia defensiva de la Unión Soviética, que no constituía en modo alguno una actitud ofensiva que apuntara a "conquistar el mundo en nombre del comunismo", como se esforzó por hacer creer -con éxito, desgraciadamente- la propaganda occidental (8)

Ante estas realidades deslumbrantes, los incondicionales del "proyecto europeo tal cual es" presentan argumentos de circunstancia adaptados a sus auditorios del momento. Aquí y allá se retoman con candor (¿o con falso candor?) algunos argumentos de apariencia ideológica: la OTAN es una aso­ciación de naciones democráticas, e incluso de las únicas na­ciones democráticas sólidas que se conocen (sólo podrían agregarse a la lista los casi miembros de la OTAN: Israel, Australia y Nueva Zelanda). Por lo tanto, "tenemos necesidad de ella". ¿Para qué? Nadie se anima necesariamente a confe­sarlo: contra el nuevo adversario que ha tomado el relevo del comunismo, es decir, el "nacionalismo" de los países del "Sur". Confesarlo sería aceptar que Europa se inscribe en la lógica del nuevo imperialismo colectivo de la tríada. Por consiguien­te, se mantiene el silencio acerca de las funciones reales de la OTAN, que son hacer aceptar a los pueblos del Sur en cuestión -mediante la permanente amenaza militar- la dictadura del capital transnacional. A veces se invoca, en cambio, una función puramente imaginaria ¡pero tan noble!: defender la democracia, los derechos de los pueblos o los deberes "humanitarios". Sin embargo, la farsa es tal que el argumento ya no puede ser tomado en serio. Se podrá invocar entonces -puesto que ahora parece posible- otra utilidad de la OTAN (o de las fuerzas armadas norteamericanas): erradicar el "terrorismo". Bin Laden viene aquí de perilla. La cuestión del "terrorismo" permite mantener en silencio los verdaderos designios de la intervención norteamericana en Asia central.

En la coyuntura actual, el "frente unido contra el terroris­mo" ha permitido una increíble movilización "occidental" alrededor de temas tan elásticos y hasta dudosos como los "mismos valores compartidos". "Todos somos norteamerica­nos" se ha llegado a oír decir. La declaración podría suscitar respeto si sus iniciadores hubieran tenido la valentía -inme­diatamente después de Sabré o de Chatila- de declarar "todos somos palestinos" y de exigir, en consecuencia, una acción firme contra el Estado de Israel. En cambio, la opinión general afroasiática lee esta declaración como una expresión suplementaria de la solidaridad racista de los "caucásicos" -para utilizar el término que el establishment norteamericano emplea para designar a los arios sumados a los judíos (¡!)-. Además, uno -sea "occidental" o no- tiene el derecho a decir: no, yo no comparto los valores del señor Bush, ni siquiera lo considero un demócrata (y más bien creo que es abiertamente macartista). La manipulación de estos temas de "solidaridad", en estas condiciones, está de total conformidad con los objetivos de la estrategia del "choque de civilizaciones" preco­nizado por el establishment reaccionario de Washington. Se trata de afirmar la "unidad" de las sociedades "occidentales" cuyos pueblos compartirían el mismo "consenso democrá­tico" y, por ese medio, de hacerles admitir en su territorio la imposición neoliberal y, en el exterior, la agresión contra los pueblos del Tercer Mundo.

Otra serie de argumentos pone el acento en los esfuerzos que desplegaría Europa por liberarse de la tutela norteame­ricana. Destinados a los segmentos de las opiniones europeas menos permeables a las alabanzas del modelo norteamerica­no, estos argumentos pretenden hacer creer que mediante la iniciativa de la moneda común (el euro) y la decisión de crear una fuerza militar europea integrada, la construcción europea tal como es hoy responde de antemano a sus deseos.

En lo que a la moneda común se refiere, el argumento calla el hecho de que la moneda sólo es un instrumento eficaz si hay alguien que puede servirse de ella. Detrás del dólar no sólo están las empresas transnacionales norteamericanas, tam­bién está el gobierno de los Estados Unidos. Detrás del euro están probablemente las compañías transnacionales europeas, pero no hay gobierno. Por su jerarquía misma, el colegio de banqueros reunidos en Frankfurt no tiene que rendirle cuen­tas a ninguna autoridad política, nacional o europea; sólo tiene que responder al "mercado", es decir, a las empresas. Y si la Europa política llegara a cobrar conciencia del absurdo de la decisión en ese sentido que tomó en Mastricht, ¿a qué autoridad política le confiaría la gestión del euro?

La cuestión de la fuerza militar europea es de la misma naturaleza. Con una postura que pretende tener un toque de cinismo -aunque sin fundamento real-, algunos comenta­dores políticos habían querido hacer creer -sin temerle al ridícu­lo- que Europa podía utilizar la fuerza militar norteamericana como la de ¡"mercenarios" a su servicio! Ese discurso, que pro­bablemente satisfizo la vanidad de los europeos, no corres­ponde a ninguna realidad: la fuerza militar norteamericana sólo sirve para asentar la hegemonía de Washington y no obedece más que a esa lógica exclusiva. Obligados a reconocer esa verdad, estos europeos a cualquier precio quisieron en­tonces presentar otro argumento: el de que Europa había decidido dotarse de una fuerza de intervención integrada que ya estaba conformándose. Para las naciones europeas, de tradiciones militares sólidas, instaurar una fuerza de intervención potencialmente tan capaz como la que podría alinear Washington, en realidad no implica ningún problema técnico. Yo hasta diría que la cuestión podría resolverse en algunos días, no más. Pero, ¿quién asumiría la dirección política de esa fuerza? ¿Quién decidiría sus intervenciones? ¿Quién definiría sus objetivos políticos? ¿Qué jefe de estado europeo? A falta de ese jefe, ¿está la cumbre europea en condiciones de expresar algo diferente de lo que expresa desde su origen, es decir, el registro de las divergencias intraeuropeas o el denominador común que representa el alineamiento con Washington?

        Sin Estado europeo no habrá ni moneda ni fuerza militar europeas dignas de ese nombre. Y la doble dilución del proyecto europeo en la mundialización económica y en la adhesión al liderazgo político y militar de Washington, producto en sí misma de la ausencia de un Estado europeo, garantiza la perennidad de la hegemonía de los Estados Unidos.

Notas

[8] Samir Amin, La géopolitique de la región Méditerranée Golfe, estudio citado.