Política

Crisis Política y Dominio Burgués

César Risso

PREGUNTARSE SI ESTAMOS FRENTE A UNA CRISIS política puede parecer curioso en las circunstancias actuales.

        Es necesario, para entender el momento político actual, comprender qué es lo que realmente ha sucedido, qué es lo que está en disputa.

        El enfrentamiento entre el ejecutivo y el legislativo es una disputa por la representación política de los intereses de la burguesía peruana y los intereses del imperialismo.

        Esto surge como consecuencia de haberse hecho público los mecanismos que subyacen a la representación política a todo nivel. La corrupción es en realidad una forma de la competencia burguesa. Este mecanismo tenía hasta hace unos pocos años un cauce normal, dándose como un pago “adecuado” a aquellos que se encontraban en el poder. Vale decir que llegar al gobierno del poder, a nivel nacional o local, significaba hacerse acreedor además del sueldo correspondiente, a los pagos de coimas para asignar los negocios a determinadas empresas.

        La competencia económica, que es en realidad la anarquía de la producción, le exige a cada burgués obtener más negocios rentables, más licitaciones. Las coimas resultaron así el mecanismo ideal, puesto que al ganar las licitaciones, solo tenían que considerar las adendas, para recuperar la coima entregada.

        La crisis es pues la crisis de la forma en la que los representantes políticos de la burguesía han venido ejerciendo el control económico.

        Aunque esta confrontación se presenta como un enfrentamiento entre el ejecutivo y el legislativo, es en realidad la lucha entre una tendencia política burguesa en el ejecutivo y otras tendencias políticas burguesas en el legislativo.

        Al ponerse en evidencia toda la red de corrupción de la representación política, el negocio de la política se ha visto afectado a tal punto que los representantes han tenido que tratar de resolver dos problemas. El primero, es cómo lograr evitar ser denunciados y encarcelados; y, el segundo, es cómo poder seguir con sus turbios negocios.

        El sistema de justicia está adaptado a la corrupción, al dominio burgués, a la mercantilización de la justicia.

        Es decir, la actual crisis política de la burguesía consiste en que sus intereses y la forma en que los defienden, se han puesto al descubierto.

        De otro lado, la burguesía como clase necesita que sus negocios se den en un ambiente de seguridad. Que sus representantes asalariados, los políticos burgueses, trabajen adecuadamente para su beneficio.

        En su momento, la novedad del fujimorismo significó la implementación de las mejores condiciones para los negocios burgueses; pero estos políticos, con su ambición, con su intento de erigirse en un nuevo grupo económico de poder, y sobre todo con su torpeza, sin proponérselo terminaron levantando el telón que escondía los intereses de la burguesía. Se presentó entonces desnuda la burguesía, sin poder esgrimir argumentos verosímiles. Aparecieron así la llamada lucha contra la corrupción, la lucha contra la inseguridad ciudadana, la lucha contra la pobreza, contra el analfabetismo, etc., como lo que realmente eran: de un lado promesas electorales, y, de otro, nuevos negocios.

        La última promesa y argumento para que la burguesía se sostenga en el poder, al igual que sus representantes, consiste en la incorporación del Perú al grupo de los países industrializados a través de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). A esto se ajusta el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, aprobado por el presente gobierno. Así, bajo este plan, se nos presenta toda una serie de medidas que favorecen la explotación burguesa. La promesa de pertenecer al “primer mundo”, y con ello mejorar las condiciones de vida de los explotados, de superar la pobreza, etc., es el nuevo telón que ha levantado Martín Vizcarra para ocultar nuevamente los verdaderos intereses y mecanismos que construyó la burguesía para enfrentarse entre los burgueses particulares, y entre los diversos sectores de la burguesía. Martín Vizcarra aparece así como el Fujimori del siglo XXI. Ya no es la liberalización de la economía con el llamado consenso de Washington; ahora es la incorporación a la OCDE y al “primer mundo” por medio del Plan Nacional de Competitividad y Productividad.

        La acción política de disolver el Congreso, en el marco de la actual Constitución, da nuevos bríos a Martín Vizcarra para implementar este plan. El pedido de varios sectores de la población de que se vayan todos, incluyendo a Martín Vizcarra, empalma con los planes de la burguesía de tener nuevos representantes políticos para que implementen en mejores condiciones las medidas que están esperando les den mayores ganancias.

        Los colectivos y organizaciones sociales han trabajado para el logro de un objetivo concreto, la lucha por el cierre del Congreso. La segunda propuesta es la nueva Constitución. En ambos casos las fuerzas políticas de izquierda, de la izquierda proletaria, no hemos sabido aprovechar la coyuntura para “difundir ideas clasistas y sembrar gérmenes de renovación.”

        El cierre del Congreso no significa la solución de los problemas que se producen en el sistema capitalista. Seguirá habiendo explotación asalariada. Una nueva Constitución, podría, en la letra, modificar las aspiraciones de las clases trabajadoras. Si se incluyese en esta, por ejemplo, la eliminación de la propiedad privada de los medios de producción; si se iniciase la eliminación de la producción de mercancías, que contiene la ganancia de la burguesía, para que sean solo bienes que se distribuyan entre todos los pobladores; si se eliminase la anarquía de la producción, para que se planifique lo que realmente se necesita, eliminando la producción de los bienes superfluos, etc., entonces, la incorporación de estas propuestas permitiría superar el capitalismo y con él el dominio burgués, e ir desarrollando la implementación del socialismo.

        Sin embargo, si de lo que se trata es de maquillar la actual Constitución, sin considerar la esencia de la explotación capitalista, entonces la burguesía como clase, independientemente de quiénes sean los individuos que detentan el poder económico, seguirá sometiendo a los trabajadores a la explotación.

        Para que la lucha actual no sea manipulada en beneficio de la burguesía, debe tener como primer objetivo la unidad, esto es, la unidad en la acción debe traducirse en la organización del frente unido. Pero esta unidad tiene que expresar los intereses de las clases trabajadoras, y en concreto la superación de la sociedad burguesa.

Lineamientos programáticos

El Método en la Elaboración del Programa de la Revolución

(Segunda Parte)

Eduardo Ibarra

EN EFECTO, en el punto 5 del Programa, puede leerse lo que sigue:

5º- La economía pre-capitalista del Perú republicano que, por la ausencia de una clase burguesa vigorosa y por las condiciones nacionales e internacionales que han determinado el lento avance del país en la vía capitalista, no puede liberarse bajo el régimen burgués, enfeudado a los intereses imperialistas, coludido con la feudalidad gamonalista y clerical, de las taras y rezagos de la feudalidad colonial.

El destino colonial del país reanuda su proceso. La emancipación de la economía del país es posible únicamente por la acción de las masas proletarias, solidarias con la lucha anti-imperialista mundial. Sólo la acción proletaria puede estimular primero y realizar después las tareas de la revolución democrático-burguesa, que el régimen burgués es incompetente para desarrollar y cumplir (ibídem, pp. 160-61).

Como vemos, Mariátegui señaló cuatro cuestiones: 1) la ausencia en nuestro país de una burguesía vigorosa; 2) el lento desarrollo de nuestro capitalismo debido a las condiciones nacionales e internacionales; 3) la economía pre-capitalista no puede liberarse bajo el régimen burgués; 4) este régimen está enfeudado al imperialismo, por una parte, y, por otra, a la feudalidad.

Naturalmente, esta realidad expuesta en el Programa exige algunas puntualizaciones. En Punto de Vista anti-imperialista, Mariátegui se preguntó:

¿Los intereses del capitalismo imperialista coinciden necesaria y fatalmente en nuestros países con los intereses feudales y semifeudales de la clase terrateniente? ¿La lucha contra la feudalidad se identifica forzosa y completamente con la lucha anti-imperialista? (ibídem, p. 92).

Y se contestó:

Ciertamente, el capitalismo imperialista utiliza el poder de la clase feudal, en tanto que la considera la clase políticamente dominante. Pero, sus intereses económicos no son los mismos.                                                                                                      

(…) en la medida en que los rezagos de feudalidad entraban el desenvolvimiento de una economía capitalista, ese movimiento de liquidación de la feudalidad, coincide con las exigencias del crecimiento capitalista promovido por las inversiones y los técnicos del imperialismo (ibídem, pp. 92-3).

Entonces, las relaciones entre el capitalismo y la feudalidad tienen que ser analizadas en los planos económico y político.

En el plano económico, es menester tener en cuenta que el modo de producción capitalista es históricamente más avanzado que el modo de producción feudal, y que, en las actuales condiciones del mundo, las relaciones feudales o semifeudales de producción sobrevivientes en algunos países atrasados, experimentan una franca declinación.

En el plano político, hay que tener presente que en el Perú de Mariátegui la clase terrateniente feudal, formalmente desplazada del poder del Estado a partir del gobierno de Leguía, conservaba, sin embargo, su poder económico.

Por lo tanto, si, como sostenía Mariátegui, el capitalismo imperialista utilizaba el poder de la clase feudal en la medida en que esta clase era políticamente dominante, en cambio el desarrollo del capitalismo a instancias de la penetración imperialista socavaba poco a poco la feudalidad sobreviviente.

Pero el desarrollo y la resolución de esta contradicción depende de la lucha de clases y, particularmente, de la lucha de clase del proletariado: desde principios del siglo XX la revolución socialista mundial es un hecho de actualidad, y desde los años veinte el proletariado peruano interviene en la vida política con su propio partido y su propio programa.

Estos hechos hacen que la contradicción capitalismo-feudalidad sea mediada por la contradicción capitalismo-socialismo. Así, en este cuadro, mientras por un lado el capitalismo evolucionaba las formas de la feudalidad, por el otro el socialismo luchaba por su liquidación (así como lucha por la liquidación de la opresión imperialista).

Mariátegui sostuvo:

El capitalismo se desarrolla en un pueblo semi-feudal como el nuestro… (ibídem, p. 160).

Y subrayó:

El Virreinato no sobrevive en el “perricholismo” de algunos trovadores y algunos cronistas. Sobrevive en el feudalismo, en el cual se asienta, sin imponerle todavía su ley, un capitalismo larvado e incipiente. (7 ensayos, p. 53).

Finalmente constató:

Un formal capitalismo está ya establecido. Aunque no se ha logrado aún la liquidación de la feudalidad y nuestra incipiente y mediocre burguesía se muestra incapaz de realizarla, el Perú está en un período de crecimiento capitalista (ibídem, p. 266).

Es decir, el maestro precisó dos fases en el proceso de la contradicción capitalismo-feudalidad. A saber: una primera en la que el capitalismo no le impone todavía su ley a la feudalidad, y una segunda en la que le impone su ley y, por esto, la feudalidad queda subsumida en la lógica del capital.

        En esta segunda fase, se hacen patentes dos posibilidades: o bien la revolución liquida la semifeudalidad, o bien «las exigencias del crecimiento capitalista» terminan por liquidarla mediante una «revolución por arriba».

        Es un hecho que, por diversas causas que no es posible exponer aquí, la revolución peruana no se ha producido hasta hoy.

        Pero las luchas campesinas de la segunda mitad de los cincuenta y la primera mitad de los sesenta, pusieron en cuestión la explotación feudal, y, como es obvio, esta realidad era particularmente explosiva y, por tanto, un peligro latente para el poder político de la burguesía.

Por eso en 1969 el régimen militar encabezado por Velazco Alvarado dictó el decreto-ley de reforma agraria 17716, que, por la vía terrateniente, terminó, ya a lo largo de los setenta, por liquidar la vieja estructura semi-feudal de nuestra economía agraria, pero reemplazándola por una nueva estructura de formas evolucionadas de relaciones serviles en las empresas asociativas andinas principalmente.

Ciertamente la liquidación de la vieja estructura semi-feudal significó una «revolución por arriba», y, como tal, puramente económica, pues en el terreno político tuvo un carácter terrateniente, corporativo y preventivo.

Esta «revolución por arriba» se llevó a cabo, pues, para evitar la temida revolución «por abajo».

Ahora bien, la liquidación de la vieja semifeudalidad plantea un problema teórico que aquí no es posible exponer. Pero al menos preguntémonos: ¿el régimen burgués no es capaz de liquidar la semifeudalidad impulsando el capitalismo agrario? ¿Las exigencias del crecimiento capitalista no pueden finalmente liquidar la feudalidad?

Los hechos han demostrado que en las circunstancias del mundo y específicamente de los países que pugnan por salir del subdesarrollo (circunstancias dibujadas marcadamente desde los años setenta y ochenta), el régimen burgués puede liquidar la estructura semifeudal, aunque al mismo tiempo pueda promover algunas formas evolucionadas de relaciones serviles.

Esta constatación no pone en tela de juicio la verdad de que en nuestra época la burguesía imperialista y la gran burguesía intermediaria del imperialismo tienen un carácter reaccionario: económicamente, la liquidación de nuestra vieja estructura semi-feudal significó un progreso histórico, pero, en la medida en que fue actuada «desde arriba», políticamente fue una medida reaccionaria.

El paso de la vieja estructura semifeudal, caracterizada políticamente por el terrateniente de horca y cuchillo, a una nueva estructura semifeudal caracterizada políticamente por el burócrata de cuello y corbata, significó la clarificación de la contradicción socialismo-capitalismo, proletariado-burguesía, revolución-contrarrevolución.

Ahora bien, la actitud del proletariado ante la liquidación de la vieja estructura semifeudal no podía ser otra que limitarse a constatarla –como se ha visto que hace  Mariátegui cuando habla de la contradicción capitalismo-feudalidad–, y, por tanto, en modo alguno tenía que subirse al carro de la burguesía apoyando la reforma agraria terrateniente-burocrática del régimen militar ni tiene ahora, como creen algunos, que autocriticarse por no haber «percibido» los supuestos «lados positivos» y la presunta «política nacionalista y progresista» de dicho régimen.

Que los intereses del capitalismo no sean los mismos que los de la feudalidad, no significa que el proletariado consciente hubiera tenido que ponerle el hombro al crecimiento capitalista.

La revolución tiene su propio camino: por lo apuntado, no tiene ya, estrictamente hablando, la tarea de liquidar una estructura semi-feudal con un peso específico decisivo, pues en la segunda mitad de los ochenta, la acción campesina y de la izquierda determinó la disolución de muchas de las empresas asociativas y la parcelación de la tierra, lo que significó la liquidación de gran parte de las formas evolucionadas de las relaciones serviles.

Es decir, la liquidación de la «segunda semifeudalidad» fue producto del desarrollo de la vía campesina.

Y es este trascendental acontecimiento, y no la «revolución por arriba», lo que la izquierda debe celebrar.

Nada de lo expuesto, sin embargo, significa que el problema de la tierra haya sido resuelto por el desarrollo del capitalismo agrario a costa de la feudalidad. Por eso, nuestro problema primario continúa vigente.

De hecho, la revolución tiene todavía la tarea de liquidar total y completamente las relaciones serviles y, al mismo tiempo, mantiene su carácter antiimperialista.

Ahora bien, el antiimperialismo que postula el Programa es el antiimperialismo proletario, acerca del cual Mariátegui escribió lo que sigue:

La divergencia fundamental entre los elementos que en el Perú aceptaron en principio el Apra –como un plan de frente único, nunca como partido y ni siquiera como organización en marcha efectiva– y los que fuera del Perú la definieron luego como un Kuo Min Tang latinoamericano, consiste en que los primeros permanecen fieles a la concepción económico-social revolucionaria del anti-imperialismo, mientras que los segundos explican así su posición: “Somos de izquierda (o socialistas) porque somos anti-imperialistas”. El anti-imperialismo resulta así elevado a la categoría de un programa, de una actitud política, de un movimiento que se basta a sí mismo y que conduce, espontáneamente, no sabemos en virtud de qué proceso, al socialismo, a la revolución social. (Ideología y política, pp. 89-90).

Por eso concluyó:

Sin prescindir del empleo de ningún elemento de agitación anti-imperialista, ni de ningún medio de movilización de los sectores sociales que eventualmente pueden concurrir a esta lucha, nuestra misión es explicar y demostrar a las masas que sólo la revolución socialista opondrá al avance del imperialismo una valla definitiva y verdadera (ibídem, p. 91).

Por tanto, la siguiente afirmación del Programa continúa en pie:

Sólo la acción proletaria puede estimular primero y realizar después las tareas de la revolución democrático-burguesa, que el régimen burgués es incompetente para desarrollar y cumplir.

21.05.2019.