martes, 1 de noviembre de 2016

Internacionales

Venezuela, Otro Golpe en Proceso



EN EL TEXTO DEL PASADO 21 DE OCTUBRE, se agregaron al final de la nota tres párrafos (que pueden ser consultado en http://cajaderespuestas.blogspot.com ) en los que se anunciaba que el Consejo Nacional Electoral (CNE) había aceptado una medida cautelar emanada de varios tribunales penales en relación a la usurpación de identidad de miles de supuestos firmantes (casi 600.000 personas) en la etapa inicial del proceso y que, por tanto, hasta tanto no se expidiera la Justicia, se suspendía la recolección del 20% de las firmas de las ciudadanas y ciudadanos que anunciábamos la pasada semana (se puede leer el comunicado del CNE en http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3483 ).

Ese mismo día, el presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, Henry Ramos Allup, convocó una sesión extraordinaria para el domingo 23 de octubre en la que anunció que se tomarían medidas muy importantes, a pesar de que ese organismo legislativo fue declarado en desacato y por tanto nulas las decisiones que pudiera tomar por parte de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), organismo que cuestiona la decisión de esa misma AN de incorporar al pleno a tres diputados cuya elección había sido suspendida como parte de una investigación para determinar su responsabilidad en la compra de votos de algunas comunidades indígenas del estado Amazonas y la violación del secreto en el ejercicio al voto (pueden verse ambas sentencias del TSJ en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/selec/diciembre/184227-260-301215-2015-2015-000146.HTML http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/selec/agosto/189587-108-1816-2016-X-2016-000007.HTML ).

A pesar de que la AN llevaba ya 28 convocatorias fallidas por falta de quórum, la oposición logró que sus diputados acudieran a sala el pasado domingo 23 y la sesión fue casi demencial. Las intervenciones de los diputados se sucedían hablando del papel que jugaría esa sesión en la Historia nacional, así como el papel que jugarían ellos mismos en el derribo de una “dictadura” que según afirmaban “ahora sí” se había instalado en el país (parece que todas las veces anteriores que acusar al chavismo de ser dictatorial, no lo era tanto). Durante la sesión se aprobó una declaración que en su parte resolutiva sostiene (se pueden leer todos los considerandos en http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_bb34d179165bf0203c70b205a54dd6710a1afa9a.pdf ):

PRIMERO: Declarar la ruptura del orden constitucional y la existencia de un golpe de estado cometido por el régimen de Nicolás Maduro en contra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el pueblo de Venezuela.

SEGUNDO: Solicitar a la comunidad internacional la activación de todos los mecanismos que sean necesarios para garantizar los derechos del pueblo de Venezuela, en especial su derecho a la democracia.

TERCERO: Formalizar la denuncia ante la Corte Penal Internacional y demás organizaciones que sean competentes, en contra de los jueces y rectoras del Consejo Nacional Electoral responsables de la suspensión del proceso de Referendo Revocatorio y demás funcionarios responsables de la persecución política al pueblo de Venezuela.

CUARTO: Proceder de manera inmediata y de acuerdo con los mecanismo constitucionales, a la designación de los 3 rectores principales y sus suplentes, que fueron nombrados provisionalmente en diciembre de 2014; así como la designación de los dos rectores principales y suplentes cuyo período de ejercicio culmina en diciembre del presente año, para con ello garantizar el respeto del derecho de los venezolanos a elegir, así como la independencia de poderes y el respeto al estado derecho.

QUINTO: Proceder de manera inmediata y de acuerdo con los mecanismo constitucionales, a la designación de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, para garantizar el respeto del derecho de los venezolanos a elegir, así como la independencia de poderes y el respeto al estado derecho.

SEXTO: Iniciar el proceso para determinar la situación constitucional de la Presidencia de la República y convocar a una sesión especial de la Asamblea Nacional para el próximo martes 25 de octubre, para evaluar y decidir sobre la materia.

SÉPTIMO: Conformar una comisión especial de alto nivel parlamentario encargada de desarrollar y definir las decisiones emanadas de este acuerdo para restituir el orden constitucional.

OCTAVO: Exigir a la Fuerza Armada Nacional no obedecer ni ejecutar ningún acto o decisión que sean contrario a los principios constitucionales o menoscaben derechos fundamentales del pueblo de Venezuela, emanados del Poder Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral. (…)

O sea, en buen romance desconocer al Presidente; solicitar intervención internacional; enjuiciar a las autoridades que se consideran incómodas; sustituir a los rectores del CNE y a los magistrados del TSJ y exigir a la Fuerza Armada Nacional (omitieron el apellido de Bolivariana) que no obedezcan a los poderes que la AN desconoce.

Este mismo martes 25, la AN volvió a reunirse y luego de otra sesión en la que no se debatió el fondo de ninguno de los temas, sino que se hicieron intervenciones para ser registradas en la épica interna de las organizaciones políticas, se adoptó nuevamente un acuerdo por parte de la AN, que en su parte decisoria acuerda (ver completa en http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_d3f219591da2f3670fbe83c1c23dc3aeb9257587.pdf ):

Primero: Iniciar el procedimiento de declaratoria de Responsabilidad Política del Presidente de la República, y a estos efectos se resuelve citarlo para que comparezca al Hemiciclo de Sesiones el día 1 de noviembre de 2016, a las 3:00 pm., a fin de que exponga sobre su posible responsabilidad por las graves violaciones a la Constitución, los Derechos Humanos y la Democracia ya señaladas, y por haber consolidado un modelo político-económico y social que por su estatismo, rentismo, burocratismo y corrupción ha ocasionado la devastación de la economía del país y, en particular, una enorme inflación y el estrangulamiento de la producción nacional, así como el desabastecimiento en el rubro de los alimentos y medicamentos e insumos médicos.

Segundo: Declararse en Sesión Permanente de consulta popular, por medio de la plenaria de la Asamblea Nacional y de sus Comisiones Permanentes, en la sede del Parlamento y en las comunidades, para determinar junto al pueblo, en asambleas de ciudadanos y ciudadanas, movilizaciones y diversas formas de deliberación y manifestación pública, las decisiones posteriores que deban adoptarse ante la ruptura constitucional impulsada por el Presidente de la República, de acuerdo con los artículos 187, numeral 4, de la Constitución y 127 y 128 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional.

Tercero: Encomendar a la Comisión Especial de Alto Nivel Parlamentario designada en sesión ordinaria del 23 de octubre de 2016 evaluar la posibilidad de que esta Asamblea Nacional declare el abandono del cargo por el Presidente de la República, así como su posible responsabilidad penal considerando la consulta popular antes mencionada;

Cuarto: Ratificar su compromiso con la restitución del orden constitucional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 333 de la Constitución, pues la inobservancia de esta se produce no solo por medio de un hecho de fuerza contra la institucionalidad en sentido clásico, sino también cuando el Presidente de la República hace uso de su autoridad civil y militar para socavar la Constitución.

Quinto: Ratificar su decisión de acudir a las instancias internacionales competentes para denunciar las violaciones a derechos humanos y a los elementos esenciales de la Democracia que sufren los venezolanos y venezolanas, en cuya comisión el Presidente de la República ha tenido papel protagónico.

Traduciendo nuevamente: se intenta explicar que se desconoce al Poder Ejecutivo por el ejercicio de su propia gestión de Gobierno, aun cuando no se pueda probar el rompimiento explícito de la institucionalidad; nuevamente se insiste en la intervención extranjera.

        Sin embargo, ya el pasado 13 de octubre –cuando todavía ningún tribunal había adoptado ninguna resolución que detuviera ningún proceso de consulta-, esta misma AN írrita planteaba la siguiente resolución, quizás tanto o más golpista que las mencionadas más arriba (véala completa en 
http://asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_bb870e5b9302c0fc9a98697b99d87ce7a9a18fb4.pdf ):

PRIMERO: Desconocer, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 333 de la Constitución, la autoridad y vigencia de los actos del Poder Ejecutivo y de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, que contraríen los valores, principios y garantías democráticos y lesionen los derechos fundamentales.

SEGUNDO: Encomendar a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional liderar un proceso de consulta y organización de la sociedad venezolana para favorecer un gran movimiento cívico nacional en defensa de la Constitución, la democracia y el voto.

TERCERO: Exigir al Consejo Nacional Electoral proceder como Poder autónomo e independiente a disponer las condiciones favorables al ejercicio de los derechos políticos, garantizando su plena vigencia y efectividad. En concreto, se emplaza al CNE a que fije de manera definitiva el cronograma para la realización del Referéndum Revocatorio al mandato del Presidente de la República, ciudadano Nicolás Maduro Moros, y para la elección de los gobernadores, todo en el año calendario 2016.

CUARTO: Exhortar a la Fuerza Armada Nacional a exigirle al Presidente de la República y al Consejo Nacional Electoral que garanticen el ejercicio de los derechos políticos de los venezolanos y el respeto de la voluntad del electorado, especialmente del referéndum revocatorio y de las elecciones regionales.

QUINTO: Instar a la Fuerza Armada Nacional a coadyuvar en el restablecimiento del Estado de Derecho, de la vigencia de los derechos fundamentales y de los principios democráticos. A tal efecto, deberá acompañar a los venezolanos en las exigencias tendientes a hacer efectivo el ejercicio de sus derechos políticos y velar por el sometimiento de los representantes del Poder Público a la Constitución, así como desconocer los actos del Ejecutivo Nacional y del TSJ que lesionen la Constitución.

SEXTO: Emplazar a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia para que, honrando la democracia representativa, permita de una vez por todas la incorporación de los diputados electos por el Estado Amazonas el 6 de diciembre de 2015, o que se repitan los comicios parlamentarios en esa entidad electoral.

SÉPTIMO: Conformar el Comité de Postulaciones Judiciales para proceder a designar a los Magistrados del TSJ en sustitución de los Magistrados designados de manera inconstitucional el 23 de diciembre de 2015, y cuyo acto de designación está viciado de nulidad y ha sido declarado inexistente por esta Asamblea Nacional.

OCTAVO: Crear una Comisión especial para el estudio y análisis de la designación de Rectores del CNE que hiciera el Tribunal Supremo de Justicia 5 el 26 de diciembre de 2014, con el fin de presentar un informe ante el pleno de la Asamblea Nacional para conocer los vicios de inconstitucionalidad y de ilegalidad de dicho proceso.

NOVENO: Instar a las organizaciones internacionales, a través del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos; al Secretario General y al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), para que en ejercicio de sus competencias emitan pronunciamiento y adopten las medidas que corresponda, tendientes a garantizar la vigencia de la democracia y el respeto de los derechos humanos en Venezuela.

DÉCIMO: Instar a las organizaciones internacionales y parlamentos latinoamericanos, a las autoridades del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y a la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) a estar vigilantes y coadyuvar al restablecimiento de las instituciones democráticas en Venezuela y a exigir al Ejecutivo Nacional el respeto de los principios, valores y libertades esenciales a la democracia.

DÉCIMO PRIMERO: Dar publicidad (…).

DÉCIMO SEGUNDO: Notificar del presente acuerdo a los demás Poderes Públicos, al cuerpo diplomático, al Nuncio de Su Santidad el Papa Francisco, a la Conferencia Episcopal Venezolana, a las universidades nacionales, a las academias nacionales, a los colegios profesionales, a las centrales sindicales y a las federaciones empresariales e industriales.

Nótese que ya estaban presentes todos los elementos que aparecen luego con la justificación de la supuesta limitación de derechos promovida desde el Poder Ejecutivo, cuando éste supuesto aún no se había producido.

Ya basta de loquetera...

Hasta ahora, hemos transcrito exactamente lo aprobado por el órgano legislativo venezolano, a pesar del dolor de estómago, la angustia, o el dolor (según sea el caso) que pudiera provocar.

Detengámonos un minuto a analizar.

        Tenemos un poder del Estado (la Asamblea Nacional, Legislativo) que desconoce al resto de los poderes que componen al Estado venezolano (Ejecutivo, Judicial, Electoral y Ciudadano –poder que a su vez está compuesto por el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República-), mientras que estos mismos poderes desconocen las resoluciones de la Asamblea Nacional por considerarla en desacato de una sentencia del máximo tribunal judicial del país.

Sin embargo, todos los poderes y sus integrantes trabajan activamente y sin cortapisas ni limitaciones exceptuando las que se derivan de sus propios actos.

Adicionalmente tenemos un proceso de elecciones municipales y regionales anunciados para el año entrante, así como un proceso de activación de referéndum revocatorio en curso (aun cuando momentáneamente esté suspendido en primera instancia por orden judicial).

Por otro lado, la Constitución venezolana no prevé el juicio político al Presidente (conocido como “impeachment”, por su nombre en inglés) y sí prevé al Tribunal Supremo de Justicia como máximo organismo de alzada cuando –como en situaciones como la actual- se presenta un conflicto de poderes.

Mientras tanto, el Poder Ejecutivo Nacional encabezado por el presidente Nicolás Maduro, se encuentra desplegado nacional e internacionalmente a efectos de lograr el aumento de los precios del petróleo y la recuperación de la economía venezolana.

Además el presidente Maduro ha convocado en reiteradas oportunidades a los sectores de oposición (desde 2013, fecha en que fue electo hasta ahora), recibiendo siempre negativas o acciones elusivas de parte de este sector político.

Incluso el presidente Maduro convocó al Consejo de Defensa Nacional (organismo integrado por los titulares de los cinco poderes más los ministros de Interior y Defensa) y también obtuvo el rechazo opositor.

Actualmente se encuentra en curso un nuevo intento de diálogo con la mediación de la Unasur y del Vaticano, que cuenta con el explícito apoyo del secretario general Ernesto Samper y del papa Francisco; sin embargo, la oposición venezolana ya ha adelantado que no asistirá a la convocatoria pautada para el próximo domingo 30 en la isla de Margarita (Capriles le dijo al Papa que no se podía dialogar con “diablos”, refiriéndose a los chavistas).

Del mismo modo, anunciaron para este mismo jueves 27 una movilización del sector opositor hacia la AN como forma de respaldar “el juicio político contra el Presidente”.

Por otro lado, anunciaron también un “paro nacional” de doce horas (en realidad un “lockout”, como se conoce a los paros patronales, ya que ningún sindicato nacional convoca a esta movilización) para este mismo viernes.

Y por último una movilización nacional hacia el Palacio de Miraflores (sede de la Presidencia) el 3 de noviembre, para “entregarle a Maduro” los resultados de la resolución (previsiblemente contraria) adoptada por la AN.

Todo esto se parece demasiado a los cronogramas del 2002 y 2003; a las marchas insurreccionales masivas; a los paros patronales por tiempo indeterminado; a las apelaciones a la “comunidad internacional”, que no son sino llamados a la intervención imperialista.

Al mismo tiempo –igual que en esas épocas-, el mismo sector político-empresarial provoca una grave crisis en el acceso a los bienes básicos, mientras éstos son acaparados y se especula con sus precios y se acusa al Gobierno de esa misma crisis.

Una operación clásica, con desconocimiento del Gobierno, apelación a alzamientos militares y a la intervención extranjera.

Omisiones imperdonables

¿Cuál es la diferencia entonces en el accionar de la oposición hoy y en la respuesta errática que han tenido algunos desprevenidos en América Latina que anteriormente se solidarizaron con la Revolución Bolivariana y hoy dudan?

La diferencia es que la oposición ganó UNA elección por casi diez puntos de ventaja. Parece que de nada valen las casi veinte consultas que el chavismo ha ganado hasta la fecha por cifras mayores que esa. Parece que ESTOS diputados son más legítimos (incluso más que cualquiera de los períodos legislativos anteriores) que todo el resto de las funcionarias y funcionarios electos, incluyendo al Presidente de la República.

Parece que algunos no logran encontrar la diferencia entre la realidad real y la diatriba histérica de CNN; algunos no logran encontrar los paralelismos con golpes ya dados, como en el caso de Chile, Haití, Honduras, entre otros.

Algunos parece que incluso no tuvieran la intención de analizar, sino adoptar de una vez los prejuicios (que caben como un traje a la medida), pero en derecho y en política –y más aún en el ámbito internacional-, la ignorancia no es excusa y la Historia no perdona.
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Macri Sube la Apuesta Neoliberal


Claudio Katz1

ANTES DE CONCLUIR EL PRIMER AÑO de gestión Macri ya concentra todas sus energías en las elecciones del 2017. Proyecta prolongar su gobierno para reinstalar a pleno el programa neoliberal recreando los mitos de la privatización, la apertura comercial y la flexibilización laboral. ¿Podrá lograrlo?
                                                             
CATARATA DE FALLIDOS

El crecimiento no aparece en el esperado segundo semestre y la recesión del 2- 3% supera los promedios de las últimas caídas. También la inflación del 40% desborda los porcentajes habituales de la carestía. En lugar de avances hacia la pobreza cero, más de un millón de personas han sido empujadas a la miseria. Los asalariados formales perdieron entre el 8% y el 12% de su ingreso real y la tasa de desempleo se ubica en las zonas industriales por arriba de los dos dígitos. La desigualdad se expande en forma abrupta.

Hasta ahora la administración de Cambiemos no logró las ansiadas inversiones. Los únicos capitales que llovieron son los fondos golondrinas que especulan en el circuito financiero. Si se cumplen las estimaciones oficiales, la economía se encontrará a fines del 2017 en el mismo punto que estaba al concluir el kirchnerismo.

El divorcio entre promesas y realidad se extiende al terreno de la corrupción. Macri no ha explicado el fraude de las empresas off shore que montó para evadir impuestos. Su vicepresidente escondió bolsos con dólares de dudoso origen. El titular del Banco Central arrastra un cajoneado proceso por el fraudulento manejo de la deuda pública y el jefe del Banco Nación participó en las malversaciones de los fondos buitres. Además, el secretario de energía suscribe contratos con sus amigos de Shell y el dueño de un gran supermercado supervisa el jolgorio de los precios.

El líder del PRO enaltece la institucionalidad, pero fuerza la renuncia de los magistrados adversos, disciplina a los fiscales y negocia directamente los temas conflictivos con la Corte Suprema.

Los anuncios de imparcialidad en la comunicación naufragaron con la anulación de la ley de medios. Los principales emporios evitaron la subdivisión y sostienen al gobierno para ampliar su influencia con la próxima regulación del cable, los satélites y la telefonía.

Este blindaje mediático le permite a Macri ocultar el agravamiento de la criminalidad, que afronta con la misma improvisación del gobierno anterior. Trasladan gendarmes de las fronteras al conurbano y negocian cambios con las cúpulas policiales, sin modificar la connivencia de esas jefaturas con el delito.

Durante la campaña Macri cuestionaba la ausencia de un diálogo transparente. Pero desde el gobierno ha convertido al Parlamento en una oficina de favores para aprobar leyes a cambio de prebendas. Con la misma manipulación de los fondos públicos ha logrado frenar el paro de la CGT. La burocracia sindical preserva su turbia administración de las obras sociales y recibe protección frente a cualquier investigación de su enriquecimiento personal.

El presidente ha confirmado la típica fractura entre lo que se enuncia desde el llano y se realiza en el gobierno. Al principio eludió esa estafa con simples llamados a la felicidad. Luego culpó a la herencia kirchnerista de todas las desventuras y posteriormente denunció imaginarias obstrucciones de la oposición. El agotamiento de esos libretos lo induce a ensayar un nuevo relato.

GOBERNABILIDAD CONSERVADORA

Para contrarrestar los fracasos del año el oficialismo sube la apuesta y convoca a un gran operativo electoral. Afirma que un triunfo en las legislativas del 2017 facilitará otro mandato del oficialismo en el 2019, que permitirá destrabar los fallidos del 2016.

Con esta prioridad en los comicios Macri sepulta todas sus críticas anteriores a la obsesión electoral de los políticos por eternizarse en el gobierno. En lugar de “trabajar para la gente” ahora se embarca en la conservación de los cargos.

Proyecta inducir un rebote del consumo anclando el tipo de cambio. Intentará crear la misma primavera económica que indujeron sus antecesores en los años impares de elección. Repetirá el retraso del dólar para apuntalar el poder de compra con el auxilio del gasto público.

Macri tiene previsto recurrir al endeudamiento para financiar el enorme déficit fiscal (6-8% del PBI). Lo que el kirchnerismo solventaba con emisión, el oficialismo sostiene con empapelamiento. Ningún país del mundo compite con el vertiginoso incremento de un pasivo estatal que terminará desatando los conocidos ajustes del FMI.

El pago de intereses usurarios ya absorbe el 11% del presupuesto y la deuda es utilizada para facilitar fugas de capitales, gastos corrientes y aumentos de importaciones. Con esa bomba de tiempo el PRO se dispone a motorizar la campaña de sus candidatos.

Los medios hegemónicos convalidan ese plan. Avalan todas las tonterías de Prat Gay sobre el “enderezamiento de la macroeconomía” y justifican lo que antes demonizaban.

El monumental déficit fiscal, el deterioro de la balanza comercial, el derroche de divisas o la fractura entre inflación y tipo de cambio son presentados como inconvenientes pasajeros. Los mismos desajustes que eran identificados con el precipicio, ahora son retratados como simples datos cotidianos.

El establishment avala posponer un ajuste mayor para facilitar la maniobra electoral. Los talibanes del neoliberalismo también aceptan la demora y la embajada de Estados Unidos invita altos funcionarios del Tesoro o el Departamento de Estado, para elogiar las maravillas de su nuevo peón sudamericano.

Pero el plan de Macri requiere la cooptación de segmentos del justicialismo para fortalecer la cogestión de Vidal con los intendentes. También exige tratativas permanentes para apuntalar la conducta amigable de los renovadores en el Congreso y la decisiva neutralidad del Papa Francisco. La intermediación de Bergoglio fue determinante de la decisión cegetista de anular el paro. El PRO incentiva, además, la división del peronismo y acosa judicialmente a Cristina para forzarla a desertar del 2017.

El proyecto de Macri presupone también el afianzamiento de una base social conservadora permeable a los discursos de mano dura. Por eso el presidente justifica linchamientos o asesinatos de ladrones, mientras enmascara las causas sociales de la criminalidad (desigualdad) y la impunidad del bandidaje financiero. Cuenta, además, con la derechización de capas intelectuales que repiten el itinerario de Vargas Llosa. Lanata es el prototipo de esa involución.

LA IDEOLOGÍA DEL MERCADO

Para implementar un severo ajuste el macrismo necesita reintroducir las creencias neoliberales. Cómo esa idolatría quedó afectada por el desastre de los 90, el PRO ensaya nuevas fórmulas para las mismas falacias.

Despliega una intensa campaña contra el populismo, sin definir el contenido de ese mal. En pleno electoralismo no puede identificarlo con baches fiscales o “fiestas de los políticos”.

Al macrismo le cuesta disimular su pertenencia a la crema de las clases dominantes. Encarna un gobierno de la Ceocracia divorciado de las mediaciones políticas tradicionales y se maneja con gerentes de grandes empresas, que desconocen el universo exterior a Puerto Madero. Por eso proclaman que el pueblo está feliz con “un ajuste necesario y provechoso”.

Los representantes de esa elite declaran abiertamente que se ha vivido una “fantasía consumista”. Se indignan con las vacaciones o las compras de vehículos y electrodomésticos de bajo presupuesto. Retoman las teorías del derroche que identifican a la argentindad con el abuso del gasto y el desapego al ahorro.

Pero recomiendan restricciones sólo para los humildes. Durante el 2016 el segmento de los híper-privilegiados (ABC1) multiplicó sus viajes suntuarios y compras de automóviles de alta gama, mientras descorchaba el champagne que desgravó Macri.

El discurso austero no sólo choca con esa impudicia, sino con el propio intento de crear un alivio de consumo para el escenario electoral del 2017. Esa operación está amenazada por la demolición del poder adquisitivo que Cambiemos pondera y lamenta al mismo tiempo.

La restauración neoliberal también transita por cuestionamientos al “adverso clima de negocios” que generan los altos impuestos. No se refieren al IVA sino a lo aportado por los acaudalados. Pero el PRO ya redujo los gravámenes al patrimonio (bienes personales) y al agro-negocio (retenciones) sin ningún resultado de inversión.

Para soslayar esa contradicción Macri ataca el ausentismo y la baja productividad laboral. Sugiere que los capitales llegarán cuando los asalariados acepten una mayor tasa de explotación. Pavimenta ese camino con una reforma de las ART, que reducirá los derechos de los litigantes en los juicios por accidentes de trabajo. Los capitalistas se ahorrarán compensaciones por las tragedias que cada doce horas se cobran la vida de un operario.

Con el mismo objetivo Macri vetó la ley anti-despido y tolera un incremento del desempleo. Busca recrear el escenario disuasivo de la resistencia obrera que prevaleció a mitad de los 90.

Pero todo el paquete de mensajes neoliberales oculta que las elogiadas inversiones están detenidas por limitaciones estructurales de la economía argentina. No sólo la rentabilidad de los sectores ajenos a la agro-minería es reducida. En el contexto actual no se verifica la euforia privatista que acompañó a Menen, ni el viento de cola internacional que rodeó al kirchnerismo.

En esta coyuntura es muy improbable la repetición de lo ocurrido en el 2002-03, cuando el repunte del agro se transmitió rápidamente a la industria. Brasil es un espejo de las recesiones profundas y continuadas que socavan a las economías sudamericanas.

El macrismo disimula este duro escenario con la fantasía de imitar prosperidades ajenas. Propaga y archiva a toda velocidad los ejemplos a seguir. Ahora propone copiar la trayectoria de Australia, olvidando las diferencias con un país de menor densidad demográfica y mayor dotación de recursos naturales.

La lejana economía de Oceanía que ensalzan los neoliberales exporta minerales (y no alimentos), en estrecha asociación con los vecinos procesos de industrialización asiática. Es un socio militar privilegiado del imperialismo estadounidense, mantiene una estructura interna más igualitaria y nunca afrontó las tensiones sociales de Argentina.

Los cerebros del macrismo discuten Australia, para no registrar lo ocurrido en cualquiera de los modelos latinoamericanos de neoliberalismo continuado. El futuro macrista de Argentina se puede avizorar en la terrible desigualdad de México, la precarización laboral de Perú, las miserables jubilaciones de Chile o la marginalidad social de Colombia.

Allí se pueden explorar los anticipos del país “serio y normal” que propicia Cambiemos. Macri recita el viejo sermón liberal de enderezar a la Argentina con mayor apego al trabajo y respeto a la institucionalidad. Con ese maquillaje disfraza su proyecto de minorías más acomodadas y multitudes más empobrecidas.

SOCAVAR LA EDUCACIÓN PÚBLICA

Cualquier afianzamiento del neoliberalismo exige un drástico deterioro de la enseñanza estatal, puesto que en ese ámbito predomina una fuerte oposición a la prédica derechista.

El macrismo ya retomó las campañas contra todos los docentes que se ubican en la primera fila de la resistencia al ajuste. Cuenta con el apoyo de los grandes medios, que hostilizan a los maestros para enfrentarlos con la población.

El oficialismo y sus escribas presentan al magisterio como un sector que abusa de privilegios, elude obligaciones y aprovecha el ausentismo. No ofrecen pruebas de esas calumnias y ocultan las adversas condiciones de trabajo que prevalecen en la mayoría de los colegios.

También olvidan que sólo la esforzada labor de los docentes contuvo la destrucción de la educación pública. Las Carpas Blancas impidieron en los 90 la degradación que monitoreaba el Banco Mundial.

Macri pretende reiniciar ese desguace. Por eso implementa censos concebidos por las consultoras privadas, para establecer los rankings escolares que preceden a la privatización. Es totalmente falso que “los docentes no quieren ser evaluados” o evitan un “diagnóstico de la situación”. Simplemente se oponen a la cirugía que prepara el gobierno.

Bullrich ha confesado que promueve una “segunda campaña del desierto”, sin recordar a las víctimas de la primera cruzada. Los Ceócratas tienen en mente el modelo chileno de endeudamiento de las familias para costear los estudios, pero se presentan como adalides de una educación pública de calidad.

Con cierto cinismo declaran su propósito de contener la emigración de alumnos a los colegios privados. Ese enunciado choca con el mantenimiento de los subsidios a las escuelas pagas y con la abrumadora distribución de cargos entre directivos provenientes de ese sector. Un funcionariado que envía a sus hijos a las escuelas más costosas, no tiene el menor interés en potenciar la enseñanza pública. El gabinete de egresados del Cardenal Newman que maneja el país, ni siquiera conoce dónde quedan los colegios del estado.

El macrismo critica la conversión de muchas escuelas en centros asistenciales, pero no propone restaurar su función educativa. Su gestión acentúa la segmentación social que recrea esa degradación. Suelen constatar el deterioro de las escuelas más empobrecidas y la reducción de las exigencias de aprendizaje, en un ámbito que contiene a millones de chicos excluidos. Pero presentan esa desgracia como un dato ajeno a la inequidad que potencian todos los días.

Cambiemos intenta gobernar durante muchos años para crear un consenso privatista que naturalice la fragmentación escolar. Necesita un tiempo prolongado para instaurar creencias elitistas, que chocan con la extraordinaria historia de la educación pública argentina. Esa tradición distingue al país del grueso de América Latina.

Para promover la sostenida expansión de la enseñanza privada, la derecha necesita socavar la subsistencia de buenos colegios y universidades públicas. Allí florece el pensamiento crítico y la actividad militante, que los conservadores pretenden erradicar.

El des-financiamiento de la educación superior es el primer paso de la campaña por el arancelamiento que prepara el macrismo. Ya subrayan el “alto costo” de universidades con bajas tasas de graduación en proporción a los ingresantes y el malgasto en estudiantes extranjeros. No comparan esas “pérdidas” con los millones de dólares transferidos a los parásitos del sector financiero. Ocultan que sólo los fondos buitres recibieron este año una suma dos veces y media superior al presupuesto de las universidades.

En lugar de introducir becas para aumentar el porcentaje de los recibidos, Cambiemos piensa en la expulsión de los “sobrantes”. Su objetivo es despolitizar y embrutecer a la juventud.

NUEVOS PLANES FRENTE A LA RESISTENCIA

El macrismo ultimó su plan de gobierno prolongado a partir de lo ocurrido con las movilizaciones del 2016. La intensidad de esa lucha puso en evidencia que el movimiento popular no será doblegado con facilidad. El nivel de resistencia y ocupación de las calles supera el promedio regional.

Las batallas que iniciaron los estatales contra los despidos fueron sucedidas por importantes paros en incontables sectores. El gran acto sindical de abril constituyó la mayor concentración unitaria de los últimos años y corroboró el fortalecimiento de la agremiación registrada durante la última década. Esa ampliación volvió a otorgar protagonismo a los asalariados en reemplazo de los piqueteros.

Pero también la manifestación de San Cayetano reactivó la presencia callejera de los movimientos sociales y la masiva marcha federal logró un excepcional impacto de concurrencia y visibilidad.

La expresión más reciente de estas acciones ha sido la movilización contra el femicidio. Un nuevo sector irrumpe con niveles de organización forjados en encuentros periódicos de la militancia. Allí se han elaborado programas para preservar vidas, revertir la desigualdad y legalizar el aborto.

La intensidad general de esas acciones neutralizó las pretensiones represivas del macrismo. El oficialismo no pudo aplicar la ley anti-piquetes, ni los protocolos de garrotazos que ensayó en las primeras semanas de gobierno.

Han logrado mantener en la cárcel a Milagros Salas, pero fracasaron en el intento de detener a Hebe de Bonafini. Tampoco pudieron avanzar en el desprocesamiento de los genocidas y el masivo repudio a la negación de los desaparecidos forzó la renuncia de Loperfido. Nuevamente la resistencia democrática transita por los mismos carriles que la lucha social.

El gobierno sufrió también una dura derrota en la aplicación del tarifazo. La Corte percibió el malhumor social y obligó a reformular los aumentos, a través del sinuoso camino de las audiencias y las nuevas facturaciones. En los cacerolazos de protesta reapareció una reacción espontánea de vecinos indignados, que actúan más allá de las organizaciones sindicales o políticas. Ese despertar atemorizó al macrismo e incentivó su plan de priorizar las elecciones.

En un momento de crecientes protestas, Macri logró el aval de la burocracia sindical para desactivar el paro nacional a cambio de un bono vergonzoso. Los jerarcas archivaron la reapertura de las paritarias sin lograr ninguna compensación. La suma negociada es insignificante y su otorgamiento depende de la voluntad de cada sector patronal. Pero el gobierno sabe que la batalla social continúa y por eso renueva su artillería política, ideológica y electoral.

COMPARACIONES Y ESCENARIOS

Macri encabeza el mismo proyecto de restauración neoliberal que ensaya Temer en Brasil. En ambos casos se han instalado gobiernos directos de las clases dominantes, con el propósito de consumar agresiones virulentas contra las conquistas populares.

El líder de Cambiemos engañó al electorado, pero logró una consagración en los comicios que no tuvo su colega brasileño. Temer fue instalado por una mafia de corruptos, que utilizó la farsa del Parlamento para derrocar a Dilma. Es un bandido ungido por la casta de jueces y poderes mediáticos, que reemplazan a los militares en el viejo ejercicio de la acción golpista.

Macri no carga con esa mochila de ilegalidades, pero afronta obstáculos inmediatos de mayor alcance que su par brasileño. Frente a un nivel de resistencia popular más intenso, no ha podido desplegar el acelerado plan de ajuste que implementa Temer.

El golpista ya dispuso recortes del programa Bolsa Familia, congeló el gasto social y avanza en la reforma laboral y jubilatoria. Brasil no cuenta con el margen de endeudamiento que tiene Argentina y por eso los neoliberales impulsan las privatizaciones que Macri pospone.

La derecha brasileña tiene en carpeta la proscripción de Lula, pero su principal apuesta es la desmoralización popular. La abstención masiva en las recientes elecciones es una carta de esa estrategia. En cambio Macri debe colocar todas sus fichas en una próxima secuencia de comicios con alta concurrencia.

El dirigente del PRO tiene un proyecto reaccionario muy definido, pero carece del poder requerido para implementarlo. Por eso busca repetir la trayectoria de Menen que sorteó un debut tormentoso, para afianzar luego su gestión con endeudamiento y contubernios.

En un contexto internacional muy distinto a los 90 y con gran memoria de ese desastre, el periplo de Macri puede naufragar. Si pierde las próximas elecciones podría afrontar el mismo destino de Fox (México) o Piñera (Chile) -que con gabinetes de CEOs o equipos políticos- no pudieron consolidar su proyecto. Perdieron la partida y fueron reemplazados por otras fuerzas de las clases dominantes.

Las elecciones serán un campo de batalla pero la gran pulseada se dirimirá en las calles. Menem empobreció al país al doblegar la resistencia popular. En cambio De la Rúa falló en ese mismo operativo y quedó sepultado por la rebelión del 2001. El primer resultado condujo a una década de miseria y el segundo a un periodo de mejoras sociales y conquistas democráticas. Quiénes proclaman su deseo de “que a Macri le vaya bien” deberían recordar esos antecedentes. Sólo con victorias del pueblo y derrotas de los poderosos el país saldrá adelante.

30-10-2016
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Notas
(1) Economista, investigador del CONICET, profesor de la UBA, miembro del EDI. Su página web es: www.lahaine.org/katz





Los Crímenes de Guerra Estadounidenses en Yemen


Periódico Revolución (*)

EL SÁBADO 8 DE OCTUBRE, centenares de personas se reunieron en la capital de Yemen, Saná, para llorar la muerte del padre de un funcionario en el gobierno respaldado por el movimiento houthi y elementos del antiguo régimen. Estas son fuerzas que Arabia Saudita y sus aliados, incluido Estados Unidos, han atacado durante los últimos 18 meses.

De repente, aviones de combate saudíes atacaron la sala de recepción funeraria varias veces, masacrando a más de 140 asistentes. Hirieron a otros 600, entre ellos figuras principales houthis y otros funcionarios.

“Había más de 800 personas en el edificio, entre ellas ancianos y niños,” un sobreviviente dijo a los periodistas. “Súbitamente escuchamos el sonido de aeronaves, y después vino el bombardeo. La primera bomba atravesó el techo y estalló, y destruyó nada más el sótano. Yo estaba herido y desconcertado. El calor me hizo sentir que me estaba quemando. Me levanté y corrí hacia la puerta, por donde venía la gente que presentía para rescatarnos. En ese momento, cayó la segunda bomba sobre las personas que venían para socorrernos”. (Salim Saleh Rowaishan, citado por Democracy Now!, 10 de octubre)

“Cuando llegué allí, había más de 50 cadáveres quemados,” afirmó un testigo citado por Human Rights Watch, “en muchos casos todavía se podía verle los rasgos, pero la mitad del cuerpo le había desaparecido, la mitad de la cabeza le había desaparecida, pero los otros, era muy, muy difícil saber quiénes eran”.

Esto no era una base ni un aeródromo militar. Estos no eran combatientes. Era un funeral. ¡Haberlo atacado fue un crimen de guerra!

Los saudíes inicialmente afirmaron que no sabían nada del ataque, pero luego dijeron que iban a hacer una investigación sobre “informes sobre el bombardeo lamentable y doloroso”.

¿“Lamentable”? ¿“Doloroso”? La matanza en el funeral en Saná no fue ninguna excepción; fue una concentración irrefutable y condenable de cómo los saudíes han librado la guerra reaccionaria, respaldada por Estados Unidos, que lanzaron en marzo de 2015.

La guerra reaccionaria en Yemen

Yemen se encuentra en las garras infernales de una guerra civil reaccionaria, alimentada por las potencias reaccionarias regionales y mundiales.

Yemen es un país empobrecido, relativamente pequeño y en gran parte rural. Es una sociedad que todavía se caracteriza en gran medida por las relaciones feudales. Sin embargo, por su historia y ubicación Yemen es importante estratégicamente tanto para el imperialismo Estados Unidos como para el gobierno fundamentalista islámico del Reino de Arabia Saudita. Yemen está en la desembocadura del mar Rojo, lo que conduce al canal de Suez, por el cual enormes cantidades de petróleo y comercio mundiales pasan; comparte una frontera con Arabia Saudita y está cerca del noreste de África.

Durante 33 años, hasta 2011, el déspota pro-U.S. y pro-saudí, Ali Abdullah Saleh, gobernó Yemen. En 2011, cuando los levantamientos de la “Primavera Árabe” sacudían la región, en Yemen el odio por el régimen de Saleh hizo estallar protestas masivas a nivel nacional. Estados Unidos decidió que Saleh ha llegado a ser una carga y lo obligó a abandonar. Pero el estado de Yemen, en particular los militares, se mantuvo intacto. Con el respaldo de Estados Unidos, Arabia Saudita y otros estados del Golfo, se instaló al mayor general Abd Rabbuh Mansur Hadi, en el cargo del jefe de estado a principios de 2012. Hadi no era diferente o mejor que Saleh, y la agitación continuó en Yemen.

En agosto de 2014 una combinación de combatientes houthis y elementos del ejército de Yemen todavía leales a Saleh tomaron el control de Saná, la capital del país. La mayoría de los houthis (llamado así por el líder de su alzamiento de 2004 contra el régimen de Saleh) viven en el norte y son miembros de la rama zaidi del islam chiíta. Los zaidis representan alrededor de un tercio de la población de Yemen. Las autoridades religiosas zaidis —los imanes— gobernaron Yemen del Norte durante siglos hasta principios de la década de 1960. Los houthis luchan bajo la bandera islamista reaccionaria de Ansar Allah (Partisanos de Dios) y a ellos se les han acusado ​​de masacres y el asesinato indiscriminado. Tienen el apoyo político y algunos vínculos con la reaccionaria República Islámica de Irán. En febrero de 2015, las fuerzas houthis y las de Saleh se hicieron cargo del gobierno central, forzando al presidente Hadi al exilio en Arabia Saudita.

Arabia Saudita consideró estos acontecimientos una grave amenaza para sus intereses, incluida su contención con Irán. Con el respaldo de Estados Unidos, los saudíes formaron una alianza militar con otros estados de la región y, el 26 de marzo de 2015, esta alianza lanzó una campaña de bombardeo salvaje contra las fuerzas houthis y las de Saleh con el objetivo de restaurar al poder a su títere Hadi.

La guerra del terror saudí

Los saudíes han librado una guerra de terror desde el aire, y una guerra de inanición mediante el bloqueo naval y aéreo. A lo largo de esta campaña bárbara, han bombardeado repetidamente objetivos civiles: hospitales, fábricas de papitas, vecindarios y escuelas. La ONU informa que desde que comenzó la campaña aérea de Arabia Saudita, 4.125 civiles han muerto y 7.207 han resultado heridos, sobre todo por bombas saudíes hechas, por lo general, en Estados Unidos. Un padre yemení escribió acerca de sus hijos, “dormimos con miedo, nos despertamos con miedo”. (New York Times, 11 de octubre).

Y ahora tratan de lavarse las manos de toda esta sangre y estos crímenes monstruosos con palabras como “doloroso” y “lamentable”.

Estados Unidos — hasta el cuello en sangre yemení

Después de la matanza del funeral del 8 de octubre, el gobierno de Estados Unidos se hizo pasar por un espectador inocente, preocupado por el comportamiento de uno de sus amigos. Un portavoz de la Casa Blanca dijo que Estados Unidos estaba “profundamente preocupado” por los bombardeos y ataques “preocupantes” saudíes contra los civiles yemeníes. Prometió que el gobierno de Obama iba a revisar el apoyo estadounidense a la guerra saudí y que estaba “preparado para ajustar nuestro apoyo a fin de alinearlo mejor con los principios, valores e intereses de Estados Unidos”. Dijo que Estados Unidos no ha dado a los saudíes un “cheque en blanco”.

En realidad, Estados Unidos ha estado hasta el cuello en esta guerra desde el principio y hasta el cuello en la sangre yemení. Cualesquiera que sean sus diferencias con el régimen de Arabia Saudita —y sí hay diferencias concretas y tensiones agudas— ese país sigue siendo una pieza clave en el imperio global de Estados Unidos. Los gobernantes de Estados Unidos se ven obligados a apoyar a Arabia Saudita. Y lo han hecho.

Estados Unidos ha vendido a Arabia Saudita $ 110 mil millones en armas bajo el presidente “anti-guerra” Barack Obama. Ha armado y apoyado la brutal y criminal guerra saudí de bombardeos contra los houthis durante los últimos 18 meses. Los saudíes pilotean aviones de fabricación estadounidense, lanzan bombas de fabricación estadounidense, son reabastecidos de combustible por petroleros aéreos estadounidenses (más de 5.700 veces según el último recuento) y reciben ayuda técnica y de inteligencia de Estados Unidos, incluido de un equipo de personal militar enviado por el Pentágono a Arabia Saudita para ayudar a planificar su guerra aérea.

¡Por eso se encontraron fragmentos de una bomba hecha en Estados Unidos en el lugar de la matanza del funeral del 8 de octubre en Saná!

Estados Unidos ha mantenido este apoyo, lo que incluye la venta reciente de $ 1.15 mil millones adicionales en armas adicionales a los saudíes, incluso después de repetidas y bien conocidas matanzas de civiles de parte de los sauditas. Y lo hizo después de que abogados del gobierno advirtieron a la administración de Obama que se podría considerarlo un co-beligerante en la guerra según el derecho internacional e involucrado en crímenes de guerra.

Estos son los “principios, valores e intereses” a que Estados Unidos se dedica en todo el mundo.

Los misiles de crucero estadounidenses: No defienden “la libertad de navegación”, sino que imponen un bloqueo que les causa la hambruna a millones de personas

Los gobernantes de Estados Unidos han actuado entre bastidores durante la guerra salvaje de Arabia Saudita. Hasta ahora.

A primeras horas del jueves 13 de octubre, cinco días después de la matanza en el funeral, un destructor de Estados Unidos que operaba por las costas de Yemen disparó tres misiles de crucero que destruyeron lo que Estados Unidos aseveró que eran estaciones de radar bajo el control houthi. La Marina de Estados Unidos afirmó que se trataba de la “autodefensa” en represalia por el lanzamiento de varios misiles a otro buque de guerra de Estados Unidos que navegaba por las costas de Yemen en los días previos. Los misiles no dieron al barco, los houthis niegan haber lanzado ningún misil contra barcos estadounidenses, y Estados Unidos no produjo ninguna evidencia de que lo hayan hecho.

Después funcionarios del Pentágono actuaron como si este ataque, aprobado por el presidente Obama, no tenía nada que ver con la guerra de 18 meses entre Arabia Saudita y facciones lideradas por los houthis en Yemen. Afirmaron que Estados Unidos no buscaba “un papel más amplio en el conflicto”, y que el ataque estadounidense con misiles en Yemen fue simplemente para proteger a “nuestro personal, nuestros barcos, y nuestra libertad de navegación en este pasaje marítimo importante” como si los barcos hubieran estado en patrullas de rutina.

Pero de ninguna manera fueron patrullas de rutina. La semana antes de los ataques, Estados Unidos habían enviado estos buques de guerra a la costa de Yemen porque alguien —según se informa fuerzas houthis— le dio y casi hundió un barco de los Emiratos Árabes Unidos. ¿Por qué estaba un barco del EAU en la zona? Era parte de un bloqueo marítimo y aéreo que la coalición liderada por Arabia Saudita ha impuesto a Yemen desde el comienzo de la guerra.

¡Yemen es un país que importa el 70 por ciento de su combustible, el 90 por ciento de sus alimentos, y el 100 por ciento de sus medicamentos! La coalición encabezada por Arabia Saudita, la que incluye Egipto y otros estados del Golfo, ha estrangulado y provocado hambre en esta población ya empobrecida y vulnerable mediante un bloqueo que, según la ONU, ha cortado el 85 por ciento de las importaciones, incluidos medicinas, agua, combustible y, sí, alimentos. Los saudíes han bombardeado incluso campos de aviación principales y puentes para impedir que suministros entraran a Yemen, especialmente en las zonas controladas por los houthis.

Este bloqueo ha tenido consecuencias nefastas para la población de Yemen: la mitad de la población —unos 14 millones de personas— ya sufre el hambre o la desnutrición. De los aproximadamente 28 millones de personas en Yemen, el 80 por ciento —más de 22 millones de yemeníes— necesitan desesperadamente la ayuda humanitaria. Se han salido graves advertencias de que el Yemen se encuentra al borde de la hambruna y el colapso. ¡Provocar la inanición y castigar a una población entera es un monumental crimen de guerra!

El “espectador inocente”, Estados Unidos, ha respaldado lo anterior desde el principio. ¡La Marina de Estados Unidos, que asevera que simplemente defiende “la libertad de navegación”, no ha insistido en que la ayuda alimentaria y médica, que llegan en barco, fuera permitido penetrar el bloqueo naval de Arabia Saudita y entregar la ayuda necesaria! Precisamente lo contrario. De hecho, a principios de la guerra, Estados Unidos impidió que un barco iraní llegar a Yemen, alegando que llevaba armas. En otras palabras, Estados Unidos no ha protegido “la libertad de navegación” para todos, sino que apoya y refuerza el bloqueo de Yemen encabezado por Arabia Saudita.

Ahora Estados Unidos despliega buques de guerra a la costa de Yemen para proteger a los buques que llevan a cabo este bloqueo criminal. Y Estados Unidos atacó instalaciones de los houthis. Esto constituye el apoyo militar directo —y por primera vez la participación militar directa— en el bloqueo criminal y guerra saudíes. (Y estos misiles de crucero estadounidenses sirvieron de un mensaje más amplio: Nadie puede atacar con impunidad a las fuerzas navales de Estados Unidos).

¿Qué diablos hace la Armada de Estados Unidos en el mar Rojo en primer lugar?
El imperialismo — no la “autodefensa”

Estados Unidos está facilitando directamente las matanzas aéreas de parte de Arabia Saudita y la inanición en masa del pueblo de Yemen — y ahora dispara misiles de crucero en directo apoyo de la guerra saudí en aras de sus intereses reaccionarios. ¿Por qué?

Los gobernantes reaccionarios de Arabia Saudita luchan desesperadamente para mantener su sumamente opresiva y absoluta monarquía fundamentalista islámica. Los han sacudido los cambios en la economía mundial y el mercado mundial de petróleo, así como los levantamientos y agitaciones de la “Primavera Árabe” de 2011. Se encuentran enredados en una serie de conflictos con la reaccionaria República Islámica de Irán y el aumento de la influencia iraní en Siria, Irak, Líbano y Palestina. Los preocupan que las arenas rápidamente movedizas de las alianzas regionales dejen a su régimen en una situación más precaria. Por todas partes han intentado financiar, armar y restaurar a tiranos con quienes pudieran tratar. Con el respaldo de Estados Unidos, organizaron una iniciativa de la Liga Árabe —con el apoyo de Egipto, Jordania y los Estados del Golfo— para formar una fuerza de respuesta militar de 40.000 hombres para combatir la influencia iraní en la región.

Los saudíes están cada vez más nerviosos por la erosión del poder de Estados Unidos en la región porque los gobernantes de Estados Unidos no han podido reestructurar y fortalecer el orden regional dominado por Estados Unidos, inclusive en Afganistán e Irak. El acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán, al que los saudíes se opusieron vehementemente, así como la posibilidad de una victoria de parte de Rusia y Assad en la guerra de Siria, así como la continua fragmentación de Irak, han aumentado los temores de Arabia Saudita e intensificado su feroz rivalidad regional con la República Islámica de Irán. Y por mucho tiempo Arabia Saudita ha considerado Yemen, con que comparte su frontera sur, importante para su propia estabilidad y seguridad.

Por todas estas razones, los saudíes han estado determinados a aplastar el levantamiento de las fuerzas houthis y de Saleh, cual levantamiento podría dar a Irán más influencia en la región (aunque no parece que Irán está dando mucho apoyo militar a los houthis, y posiblemente ninguno). Estas tensiones y preocupaciones se reflejaron en la “reorganización” de 2015 dentro de la monarquía saudí y la familia real, que al parecer ha puesto a cargo a defensores de la acción más agresiva por parte de Arabia Saudita. (New York Times, 30 de abril de 2015)

Por su parte, los imperialistas estadounidenses maniobran y luchan desesperadamente para mantener su dominio general regional y mundial de un mundo de explotación y opresión (y hay conflictos agudos en sus propias filas sobre cómo hacerlo, lo que incluye cómo lidiar con Arabia Saudita). Arabia Saudita —el mayor exportador de petróleo del mundo con las reservas de petróleo más grandes del planeta y enormes reservas de dinero en efectivo— ha constituido un pilar crucial del imperio Estados Unidos desde los años 1940. Así que Estados Unidos está decidido a mantener la estabilidad de Arabia Saudita y quiere asegurarles a los saudíes que —después de su acuerdo nuclear con Irán, y a pesar de los conflictos y tensiones actuales sobre otras cuestiones— Estados Unidos seguirá respaldando al reino saudí.

Esto también significa dejarlo claro a Irán que Estados Unidos está decidido a seguir siendo la potencia dominante en la región — lo que incluye luchar contra acciones y medidas iraníes que podrían erosionar esa dominación. Uno de esos intereses es mundial: mantener la posición de Estados Unidos como garante (dominador) militar del comercio y la navegación, en este caso por el golfo Pérsico, el mar Arábigo y el canal de Suez — arterias principales del comercio mundial. Por ejemplo, alrededor del 30 por ciento del petróleo del mundo transportado en barcos fluye a través del golfo Pérsico y más de ocho por ciento a través del canal de Suez. Además, a Estados Unidos le preocupa mucho la creciente intervención y asertividad militares de Rusia en la región —particularmente en Siria— lo que aumenta la importancia de su alianza con Arabia Saudita. (Para más sobre el tema, vea: “Obama y el imperialismo estadounidense: Arrastrando a Yemen aún más profundo en el infierno”, Revolución / revcom.us, 12 de mayo de 2015).

Los gobernantes de Estados Unidos están detrás de los horrendos crímenes de lesa humanidad en Yemen, crímenes que siguen en curso. Respaldan y facilitan la matanza en Yemen por parte de Arabia Saudita, y ahora refuerzan de forma directa y militar un bloqueo bárbaro con el fin de causarle la inanición a la población civil.

¡ALTO A LAS GUERRAS POR IMPERIO, EJÉRCITOS DE OCUPACIÓN Y CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD!
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(*) Tomado de http://revcom.us/a/462/los-crimenes-de-guerra-estadounidenses-en-yemen-es.html. Revolución #462 26 de octubre de 2016

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