Declaración de Perspectiva Marxista
Internacional sobre el conflicto fronterizo entre Colombia y Venezuela (*)
LA POSICIÓN
de los marxistas revolucionarios frente al conflicto fronterizo entre Colombia
y Venezuela no puede ni debe ser encarada desde el ángulo de los hechos que
aparentemente lo han detonado: el cierre de las fronteras a lo largo de casi
todo el límite entre ambos países y la deportación de miles de inmigrantes
colombianos por parte del gobierno de Maduro. Si bien ambos países son
semicoloniales y ambos gobiernos son burgueses, Colombia y Venezuela son países
políticamente diferentes.
Desde la firma con Estados Unidos del Plan Colombia en 2001, Colombia se
convirtió en el portaaviones político y militar del imperialismo yanqui en la
región. En su territorio hay siete bases militares estadounidenses reconocidas,
pero en realidad hay doce, y los Estados Unidos disponen de permiso para usar
«en caso necesario» todos los puertos y aeropuertos del país con fines bélicos.
La base de Palanquero ha sido modernizada para que desde ella puedan operar
aviones de guerra de última generación capaces de alcanzar todo el Sur del
continente, controlar el Atlántico e intervenir en África.
Las fuerzas armadas colombianas, con 500.000 efectivos, son las más
numerosas de Sudamérica. Han sido y son entrenadas, equipadas y financiadas por
los yanquis; el monto de la «ayuda» de Estados Unidos destinada a ello es el
tercero mayor del mundo, sólo superado por las que le brinda a Israel y Egipto;
sus recursos tecnológicos de última generación son manejados directamente por
personal estadounidense, y en varias bases hay instalaciones cuyo acceso está
vedado a los militares (y civiles) colombianos.
La subordinación militar de Colombia al imperialismo yanqui se
desarrolló al máximo durante los gobiernos de Uribe y del actual presidente,
Santos, que había sido ministro de Defensa de aquél. En 2009 se reunieron el
jefe del ejército colombiano y el comandante militar de la OTAN, la mayor
entidad militar imperialista contrarrevolucionaria del planeta, para acordar el
establecimiento de bases militares de esa organización y, aunque el acuerdo quedó
congelado por objeciones de la Justicia colombiana, siguió en pie el
ofrecimiento colombiano de enviar «asesores» y «tropas de paz» para las
operaciones de la OTAN al servicio, por ejemplo, de la política yanqui contra
Rusia en Ucrania. Y Santos pactó un nuevo convenio de cooperación militar con Estados
Unidos, que se firmará en marzo de 2016.
Las fuerzas armadas y los servicios de Inteligencia colombianas ya han
operado fuera de sus fronteras violando la soberanía de países vecinos cuyos
gobiernos no se someten servilmente a Estados Unidos. En 2004, capturaron en
territorio venezolano al dirigente de las FARC Rodrigo Granda. En 2008, en una
operación conjunta yanqui-colombiana, bombardearon territorio ecuatoriano
—donde el presidente Correa había obligado a los yanquis a desmantelar su base
militar en Manta— para masacrar a los guerrilleros de las FARC allí refugiados.
También en el terreno político los gobiernos colombianos son agentes del
imperialismo. Para no dar más que un ejemplo, en 2002 concedieron asilo
político a Pedro Cardona, quien había sido proclamado presidente por el golpe
de estado contra Chávez propiciado desde Washington.
Finalmente, en el terreno económico, Colombia firmó con Estados Unidos
un tratado de libre comercio que profundiza la semicolonización del país por el
imperialismo yanqui.
En Venezuela no hay bases militares norteamericanas y sus fuerzas
armadas no reciben dólares ni entrenamiento de Estados Unidos.
Desde la asunción de Chávez, el gobierno venezolano independizó
políticamente al país del imperialismo yanqui. Junto con el brasileño y el
argentino, en la IV Cumbre de las Américas (realizada en Mar del Plata,
Argentina, en 2005) hizo fracasar el proyecto estadounidense de imponer en toda
Sudamérica un tratado colonizante de libre comercio, el ALCA (Área de Libre
Comercio de las Américas).
Venezuela ha sido agredida sistemáticamente por los yanquis:
instrumentación y apoyo al golpe militar de 2002 contra Chávez; apoyo político,
financiero y mediático a la oposición proimperialista; sanciones económicas
(congelación de cuentas bancarias) y diplomáticas (retiro de visados a
funcionarios venezolanos); declaración de Venezuela como amenaza para la
seguridad nacional de Estados Unidos, etcétera.
En síntesis, Colombia es la punta de lanza política y militar del
imperialismo yanqui en Sudamérica, mientras que Venezuela es un país política y
militarmente independiente del imperialismo. El peor peligro para los
trabajadores de los dos países son el imperialismo yanqui, los gobiernos
colombianos serviles a éste —desde el de Pastrana (1998-2002) hasta el actual—
y las bases militares yanquis y las fuerzas armadas colombianas, que son la
herramienta contrarrevolucionaria que intentará aplastar a sangre y fuego
cualquier levantamiento obrero y popular que amenace al sistema capitalista y
al dominio semicolonial yanqui a uno u otro lado de la frontera. La política
marxista revolucionaria no puede ignorar o poner en un segundo plano esta
realidad; por el contrario, debe tomarla como punto de partida para responder a
esta coyuntura.
Un segundo elemento fundamental de la situación actual es la dinámica de
la economía mundial. La relación de los dos países con el mercado mundial sigue
siendo sustancialmente la de ser exportadores de materias primas. Sus
respectivos gobiernos, aunque el venezolano pregone un «Socialismo del Siglo
XXI», son defensores del sistema capitalista semicolonial, y por eso fueron incapaces
de aprovechar la década de altísimos precios de esas commodities para sacarlos
del subdesarrollo. Hoy, el colapso de aquellos precios, especialmente del
petróleo y de la minería, es el detonante de crisis económicas a uno y otro
lado de la frontera, y esas crisis devienen en crisis políticas.
El régimen venezolano ve desmoronarse la economía del país y, como todo
gobierno burgués, el de Maduro avanza en medidas de «ajuste» contra las
conquistas logradas por las masas durante el anterior período de «viento de
cola» de la economía mundial. La creciente impopularidad de esas medidas
amenaza al régimen con una derrota electoral.
En Colombia, si bien la crisis no es tan aguda como la venezolana, se
produjo un duro enfrentamiento entre diferentes sectores de la burguesía, que
giró en torno de las conversaciones de paz con la guerrilla de las FARC: el
gobierno de Santos trataba de llevarlas a buen puerto desarmando a las FARC; el
sector representado por Uribe se oponía a las negociaciones y postulaba el
aplastamiento militar de las guerrillas. Si bien el uribismo ha ido aceptando a
regañadientes el plan de paz, hay un serio conflicto económico derivado de
éste: los acuerdos gobierno-FARC sobre la «reforma agraria» y las «tierras
improductivas», que los terratenientes —que constituyen una de las bases más
sólidas del uribismo— ven como una amenaza a sus propiedades.
El detonante de la situación actual fue la muerte de tres militares
venezolanos en un enfrentamiento con traficantes colombianos en la frontera. La
respuesta de Maduro fue el cierre y militarización de la frontera —primero en
algunos departamentos y luego a lo largo de casi toda su extensión—, el
establecimiento del «estado de excepción» y la expulsión de colombianos en
situación «ilegal», esto último con el argumento de que Venezuela no estaba en condiciones
de afrontar el costo que significaba para su economía mantener tantos
extranjeros recibiendo alimentos, combustible, etcétera a precios subsidiados,
que luego eran contrabandeados a Colombia a precios muy superiores. La
expulsión de colombianos dio lugar a una campaña unánime de todos los sectores
de la burguesía colombiana, desde el presidente Santos hasta el ex presidente
Uribe, su actual y feroz adversario, en defensa de los «derechos humanos» de
los expulsados. Lejos estamos de defender las expulsiones, pero lo primero que
un revolucionario debe denunciar es que quienes han violado masivamente los
derechos humanos han sido los gobiernos colombianos por la miseria en la que
hundieron al pueblo y por los asesinatos masivos que marcaron los enfrentamientos
contra las guerrillas del ejército y sus aliados paramilitares. Aunque hay
diferentes estimaciones, se calculan en unos seis millones los colombianos
«desplazados» dentro del propio país, en centenares de miles los que emigraron
a Ecuador, y en más de cinco millones los que residen en Venezuela. Hasta las
recientes expulsiones, los gobiernos de Chávez y de Maduro habían acogido a
esos inmigrantes, incluso promulgando leyes y abriendo oficinas para que
pudieran regularizar su situación en el país.
Están en curso conversaciones diplomáticas y propuestas de mediación de
gobiernos sudamericanos; además, por el momento el imperialismo yanqui (con el
apoyo incondicional del papa Francisco) apuesta a la combinación de la
diplomacia y las negociaciones con la penetración económica para triunfar en
tres de sus objetivos fundamentales para Sudamérica: desarmar a la única
guerrilla que sobrevive en la región, restaurar el capitalismo en Cuba de la
mano de los hermanos Castro y liquidar la independencia de Venezuela por la vía
«democrática», es decir, que la oposición burguesa proimperialista a Maduro
gane las elecciones. Esto aleja la posibilidad de que el conflicto fronterizo
escale a un enfrentamiento militar. Pero no la elimina: no se puede descartar
que cualquiera de los dos gobiernos opte por «resolver» sus problemas
económicos y políticos con acciones militares que les sirvan unificar el frente
interno y pedir «sacrificios» a las masas apelando a las invocaciones al
patriotismo.
Los marxistas revolucionarios sostenemos que los trabajadores no tienen
patria, somos internacionalistas proletarios y nos oponemos a que los
trabajadores colombianos y venezolanos terminen masacrándose entre ellos al
servicio de sus respectivas «patrias» burguesas. Pero precisamente porque somos
internacionalistas, somos luchadores intransigentes contra el imperialismo, que
es el estado mayor, económico, político y militar del capitalismo explotador de
los obreros y los pueblos pobres del mundo entero. Por eso, la política revolucionaria
debe ser defender a una Venezuela independiente frente a una Colombia agente
política y militar del imperialismo yanqui en América del Sur. Consecuentemente
con ello, en caso de conflicto militar entre ambos países, independientemente
de quién lo haya iniciado, nuestra posición será la de preconizar una misma
política antiimperialista a ambos lados de la frontera: el proletariado
venezolano debe defender a su país; el colombiano debe asumir una política de
derrotismo revolucionario: luchar por la derrota de su propio país.
La defensa de Venezuela no implica en modo alguno el apoyo político al
gobierno de Maduro ni al régimen inaugurado por Chávez. Le reconocemos a
Venezuela el derecho a impedir el contrabando de combustible y alimentos
subsidiados por el Estado para ser revendidos a precios muchísimo más elevados
en Colombia. Le reconocemos el derecho a expulsar de su territorio a los
colombianos que colaboren con los paramilitares que proliferan al otro lado de
la frontera o con el ejército colombiano. Pero nos oponemos a la expulsión de
los colombianos «ilegales» que no estén comprometidos con los paramilitares ni
sean agentes del gobierno o de los militares colombianos; por el contrario,
defendemos que Venezuela debe abrir más que nunca sus fronteras y recibir como
hermanos latinoamericanos a todos los colombianos que quieran radicarse allí.
¡Ésta es la mejor manera de dar un contundente mentís a la hipócrita campaña
patriotera del gobierno y la burguesía colombiana y de ganar a millones de colombianos
para la defensa de una Venezuela independiente frente a una Colombia agente del
imperialismo yanqui! También nos oponemos de manera absoluta a la implantación
por el gobierno venezolano del «estado de excepción» porque sabemos, por
incontables experiencias con gobiernos «nacionalistas burgueses», que cualquier
limitación general de las libertades democráticas puede ser y será usada por el
gobierno de Maduro contra las luchas y movilizaciones de los trabajadores
venezolanos.
En el terreno interno, denunciamos al gobierno de Maduro porque no toma
medidas revolucionarias para solucionar la crisis económica de manera favorable
a los trabajadores y el pueblo pobre, empezando por la expropiación de los
bancos y entidades financieras privadas que mantienen el control de la economía
nacional en manos del capital financiero dominado por los imperialistas
mientras se llenan los bolsillos con el saqueo del país. Denunciamos a los
partidarios del castro-chavismo y a los burócratas sindicales que llaman a los
trabajadores a no luchar por sus propios intereses porque según ellos, eso
equivaldría a «hacerle el juego a los yanquis y a la oposición burguesa
proimperialista». Contra el gobierno de Maduro y todos los sectores de la gran
burguesía venezolana, sean opositores o pro gobierno, propiciamos la
movilización independiente de la clase obrera colombiana en defensa de sus
condiciones de vida y de trabajo para que se haga permanente y culmine con la
toma del poder por el proletariado. Y mantendremos esta línea de movilización
independiente incluso si el conflicto con Colombia se escala, llamando a no
confiar en la dirección de Maduro ni en el ejército venezolano para derrotar al
frente yanqui-colombiano, y a reclamar y poner en práctica, como única garantía
de triunfo, el armamento del proletariado.
Con tanta más razón preconizamos que la clase obrera colombiana no debe
dejarse arrastrar por el patrioterismo proimperialista. Por el contrario, debe
luchar contra su propio gobierno, que entregó la economía del país a los
monopolios imperialistas yanquis a través del Tratado de Libre Comercio, al que
defendió reprimiendo ferozmente el paro de los campesinos condenados a la
ruina, y que también está aplicando planes de ajuste contra los trabajadores,
que se enfrentan a la resistencia de éstos, emblematizada por el reciente paro
nacional masivo de los trabajadores de la educación. En relación al conflicto
fronterizo en curso, llamamos a los trabajadores colombianos a pronunciarse
categóricamente por la defensa de Venezuela, lo que significa, de manera
concreta, luchar en primer lugar por la expulsión de las bases militares
yanquis.
Los marxistas revolucionarios luchamos por las relaciones fraternales
entre todos los pueblos del mundo, en este caso, de los latinoamericanos. Pero
más allá de episódicos acuerdos entre gobiernos, ellas no estarán garantizadas
mientras éstos defiendan el sistema capitalista (no importa si en su forma
«neoliberal» o «populista», o si se autodenomina «capitalismo humanizado» o
«Socialismo del Siglo XXI», para usar el engañoso lenguaje de moda), es decir,
mientras estén al servicio de las respectivas burguesías y sometidos a la
semicolonización imperialista.
La fraternidad entre los pueblos sólo se podrá lograr por la acción revolucionaria de la clase obrera, la única clase social que, como dice el Manifiesto Comunista, «no tiene nada que perder, sino sus cadenas». Es tarea del proletariado de América latina derrocar a través de su movilización permanente, de su insurrección, el poder de la burguesía, tomar el poder en sus propias manos apoyándose en el campesinado y el pueblo urbano pobre, acabar con las fronteras nacionales establecidas por los capitalistas y unir fraternalmente a todos nuestros países en una Federación Socialista Latinoamericana.
Perspectiva
Marxista Internacional
Octubre de 2015
(*) Tomado de http://perspectivamarxista.blogspot.pe/
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.