viernes, 1 de mayo de 2015

Movimientos Sociales

Crece la Lucha Contra Proyecto Minero Tía María

C.H.

LAS PROTESTAS CONTRA EL PROYECTO minero Tía María de la transnacional mexicana Southern Cooper, llevan más de un mes, y por el momento no hay una solución a la vista. De un lado el gobierno en su función de representante de los intereses de la burguesía imperialista, presiona para la realización de dicho proyecto; en tanto que del lado de los agricultores del valle de Tambo, en Arequipa, se mantienen organizados y participando activamente en las protestas, que van dirigidas a impedir la realización del proyecto minero.

El saldo de este conflicto, es el de un campesino muerto a tiros por las fuerzas represivas. Así, la policía política asesina impunemente a los pobladores que en el afán de conservar sus medios de vida se enfrentan al imperialismo.

Decenas de heridos, entre ellos uno de bala, muestra la forma en que el gobierno cumple las tareas encomendadas por sus amos imperialistas.

En las últimas manifestaciones (22 de abril), se han hecho públicos los métodos que aplica el gobierno. A través de material fílmico, se pudo observar cómo un policía, acompañado de todo un contingente policial, además de un fotógrafo, sembraban un verduguillo a un agricultor después de haberlo golpeado brutalmente. La fotografía así obtenida fue publicada en un medio de prensa (Correo), tratando de presentar a los pobladores que desarrollaban sus justas medidas de protesta como personas armadas atacando a la policía.

Al quedar esta maniobra al descubierto, el gobierno, a través del ministro del interior, se vio obligado a sancionar a los directos responsables. Suponemos la sanción se debe al hecho de haberse dejado sorprender con la filmación que los puso en evidencia; pues este debe ser un método de trabajo promovido por el Estado burgués en defensa de sus negocios y de los de sus amos imperialistas.

La labor de la policía, con su grupo de operaciones especiales, desarrolla estas estrategias para generar rechazo en la población contra quienes luchan por sus derechos. Esta labor, compartida por los medios de prensa de derecha, es permanente, pues es parte de la lucha de la burguesía contra todas las formas de lucha que los diversos sectores de los trabajadores desarrollan contra los negocios de los capitalistas.

Los dirigentes han manifestado su férrea voluntad de continuar luchando contra este proyecto.



Reflexiones en Torno al Conflicto de Tía María.


Santiago Ibarra

                 

LAS PROTESTAS DEL PUEBLO DEL VALLE DEL TAMBO, Arequipa, que alberga a 15 mil familias, 25 mil trabajadores dedicados a la agricultura,  y que a la fecha lleva 38 días de paro y movilizaciones, son tildadas de irracionales por el gobierno de Ollanta Humala y los medios de comunicación masivos, por no aceptar una inversión de más de 1.300 millones de dólares para la explotación de 120 mil toneladas de cobre anuales. Pero, ocurre que los marginados de siempre, los agricultores, defienden únicamente la conservación del equilibrio ecológico de su comunidad, frente a los riesgos inminentes de destrucción de su hábitat, de las condiciones naturales de reproducción biológica y social de los seres vivos, que trae consigo la actividad minera, tal y cómo ésta ha venido practicándose. Se trata, ciertamente, de un nuevo (relativamente) escenario de la lucha de clases a escala mundial y nacional: la lucha por la preservación del ambiente para hacer posible la sobrevivencia de los seres vivos, lucha directamente asociada con la lucha por la superación del capitalismo. Así, mientras que para el Estado lo racional es aceptar y promover la inversión minera sin tomar en cuenta sus efectos sobre la naturaleza y sobre el hombre, y sin tomar en cuenta tampoco su impacto sobre el desarrollo integral de las fuerzas productivas, los agricultores y la población en general rechazan la inversión minera porque sus efectos sobre la naturaleza y el hombre son destructivos, y porque la misma no tiene ningún impacto positivo sobre el desarrollo humano ni sobre el desarrollo integral de las fuerzas productivas (desarrollo agrícola, desarrollo industrial). Siendo así las cosas, ¿quiénes actúan de un modo racional, quiénes de un modo irracional?

El autoritarismo es la opción que adopta el Estado peruano para desarrollar la inversión minera

Las movilizaciones contra el proyecto Tía María vienen produciéndose desde el 2011 y ya ha costado la vida de cuatro trabajadores, tres el 2011, bajo el gobierno de Alan García, y uno este año, con el de Ollanta Humala, además de decenas de heridos.

A los trabajadores agrícolas de Islay, y a todo individuo que se haya posicionado a su favor, les sobra razones para rechazar el proyecto Tía María. La amenaza de que sus aguas y sus suelos queden inutilizables a raíz de la actividad minera no es un invento de nadie sino un riesgo real que por lo demás muchas comunidades y pueblos del Perú y el mundo ya han padecido desde siglos atrás. Sobre todo cuando el proyecto se desarrollaría a escasos 2 kilómetros y medio de las tierras que cultivan.

Pero, además, la empresa a cargo del proyecto, la Southern Perú Copper Corporation, ya ha sido objeto de 14 sanciones por incumplir las normas de conservación ambiental, y recientemente ha sido multada por la Osinergmin (Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería) con más de 608 mil soles (alrededor de 200 mil dólares) por no cumplir con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, atentando contra la Ley General de Salud.

Para efectos de ejecución del Proyecto Tía María la referida empresa presentó un Estudio de Impacto Ambiental el 2009, que fue sometido a una revisión por la UNOPS (Oficina de las Naciones Unidas de Servicio de Proyectos). El resultado fueron 138 observaciones por parte de este organismo, entre las cuales tenemos que el citado estudio no dice nada acerca de cómo se tratarían los suelos y el agua contaminados, que no dice nada acerca de los proyectos sociales que generaría y que excluye a la comunidad de la fiscalización. A raíz de ello, fue al año siguiente, el 2011, que se movilizó la población de Islay y tres trabajadores fueron asesinados.

El segundo Estudio de Impacto Ambiental ha sido presentado por la misma empresa el 2013, y ha sido aprobado en agosto del 2014 por el Ministerio de Minas y Energía, mas no ha sido sometido a la evaluación del mismo organismo internacional de la ONU. Desde entonces hasta la fecha los pobladores de Islay y del Valle del Tambo están en pie de lucha.

Lo más probable es que el mencionado estudio no haya sido sometido a la evaluación del organismo internacional porque en realidad no ha subsanado las 138 observaciones de su primer estudio de impacto ambiental. Por lo demás, no existe ningún documento escrito que explique y demuestre que los agricultores y el ambiente no sufrirán daños con el proyecto Tía María.  

Así, a los agricultores y a la población en general del Valle del Tambo, de Arequipa y del Perú en general les sobra razones para luchar contra estas inversiones. Pero el Estado ha respondido a estas movilizaciones con la bala, el asesinato, la prisión, el terror. Pero no ha podido lograr su objetivo.

En Pichanaki hubo un muerto y 144 heridos, de los cuales 32 son heridos de bala, en febrero de 2011. En lucha contra el proyecto Conga hubo 5 muertos el 2012.  En el llamado Baguazo, el 2009, hubo 33 muertos, entre policías y civiles. 

Así, de forma autoritaria el gobierno de Ollanta Humala, como antes el de Alan García, intenta imponer por la fuerza el proyecto Tía María a la población de Islay y al Perú en general. Políticos e intelectuales democráticos exigen que el gobierno dialogue, pero lo que no toman en cuenta es que en realidad el Estado no ve que pueda llevar muy lejos ese diálogo, a no ser con los partidos de la oposición, pero no con los movimientos sociales, porque sus resultados podrían hacer francamente inviables los negocios de las transnacionales, al aumentar considerablemente el precio de costo de sus operaciones con la aplicación de medidas que preserven el ambiente y la salud de la población. Sobre esta cuestión, puede consultarse los cálculos que hace César Risso acerca de las ganancias que obtendría la Southern Copper, en su artículo El negocio del cobre, publicado en esta misma revista el 1° de abril del año en curso.

Esta situación constituye una limitante objetiva para el Estado en la construcción de consensos en el afianzamiento de sus relaciones de dominio respecto a las clases populares. De ahí la pérdida de iniciativa política del Estado. De ahí su precariedad. De ahí su creciente autoritarismo. Y de ahí las iniciativas políticas de derecha que intentan impedir el ingreso en el sistema político de fuerzas que cuestionan el modelo y el sistema.

Exigencias de democratización que incluyen la conservación del ambiente
                        
Para el Estado, a través de sus distintos gobiernos, la viabilidad de los proyectos mineros se determina de arriba abajo. Un grupo de técnicos sabe muy bien lo que le conviene al país –la inversión minera-, aunque cinco siglos de este tipo de actividad demuestran que su producto solamente beneficia a pequeños grupos económicos, mientras que los pueblos donde se realizan las operaciones quedan igual o más empobrecidos que antes.

Los movimientos sociales, sin embargo, cuestionan las prácticas políticas que excluyen a los trabajadores, a las grandes mayorías, de la toma de decisiones acerca de los asuntos que implican a toda la comunidad. Hay, pues, en las movilizaciones de Islay, y antes en las de Conga y Bagua, una exigencia de que los de abajo, los trabajadores, sean tomados en cuenta en la toma de decisiones sobre asuntos que tienen que ver con el interés colectivo. Y, como puede observarse, estos asuntos incluyen, como no podía ser de otra manera, temas de naturaleza económica y de conservación ambiental; precisamente dos temas excluidos de la dinámica de los regímenes democrático burgueses y reservados para los “especialistas”.

Los regímenes democrático burgueses son incapaces de contener esas demandas, precisamente porque desbordan los márgenes dentro de los cuales funciona el capitalismo. Y esta es la razón de fondo de por qué el gobierno de Ollanta Humala se ha opuesto a rajatabla a la realización de una consulta popular en el Valle del Tambo para decidir si Tía María procede o no va.

Los cuestionamientos de estos movimientos son de fondo y erosionan el conjunto de las concepciones que guiaron las prácticas políticas de los partidos en el siglo XX. El régimen del capital no es capaz de incorporarlos sin apostar directamente por el suicidio. Por eso, su apuesta es por la dictadura abierta o por  formas más o menos autoritarias que hagan posible reproducir las condiciones que garantizan la continuidad del capitalismo, como ocurre actualmente en Europa occidental en forma creciente y alarmante.

La justa exigencia de ser tomados en cuenta, y de preservar el equilibrio de la naturaleza, erosiona no solamente la alienación política, sino que, además, llama la atención acerca del hecho de que los de abajo, ahora los campesinos (pero debemos incluir también a los indígenas y a las mujeres) pueden y deben participar activamente en la construcción de la verdad y en la definición de lo que es bueno o malo para todos. Recordemos solamente que mientras los movimientos indígenas, ecologistas y feministas no tomaban forma y no salían a la palestra pública, el discurso de una buena parte de la izquierda contemplaba solamente la contradicción fundamental entre proletarios y burgueses. Aun hoy es difícil para una parte de la izquierda incorporar en sus luchas la defensa del equilibrio ecológico y comprometerse con los movimientos socioambientales, que es una de las formas que ha tomado la lucha de clases en las últimas décadas.

Nuestra posición está en directa oposición frente a los que afirman que lo que es verdad o mentira, o lo que es bueno o malo para muchos o para todos, debe ser unilateralmente determinado por un grupo de tecnócratas, de sabios, de profesionales. En el Perú tenemos todavía, desde luego, una izquierda autoritaria, centralista, burocrática, que cree en la neutralidad de la tecnología, de raíces positivistas, emplazada ahora por estos movimientos a dar el salto cualitativo.  ¿Será capaz de hacerlo?

Exigencias de democratización que incluyen el desarrollo integral de las fuerzas productivas: el desarrollo agrícola  y la industrialización del país

La decisión del gobierno de Ollanta Humala de dar curso al proyecto Tía María, con una inversión de 1.300 millones de dólares para la producción de 120 mil toneladas de cobre anuales, tiene lugar en un contexto de reducción de la demanda y del precio de los minerales y del petróleo en el mercado  mundial. Esta reducción ha tenido un impacto sobre la tasa de crecimiento de la economía peruana, que el 2014 bajó al 2,7%. Conectada, consustanciada como está la burguesía peruana con el capital imperialista no ha propiciado en estos años de importantes excedentes económicos el desarrollo del aparato productivo nacional, ni la economía campesina ni la industrialización que requiere el país, y aún ahora, cuando de “diversificación productiva” habla, apuesta a desarrollarla en función de la exportación de mercancías al mercado extranjero, y no en función de las necesidades de desarrollo del mercado interno. Es estúpido esperar de esta burguesía el sujeto del desarrollo de las fuerzas productivas del país. 

El crecimiento de la economía peruana de la última década, como en general el de la economía latinoamericana, ha sido impulsado por el incremento de la demanda y del precio de las materias primas. El motor del crecimiento se ubica fuera, no dentro de nuestras fronteras. Los capitales imperialistas se invierten en actividades económicas que involucran a un sector muy reducido de la población económicamente activa, mientras que la mayor parte de esta población, campesinos, trabajadores asalariados y cuentapropistas no ha recibido el mismo trato por parte del Estado ni de la empresa privada, ni de lejos. He aquí el rasgo colonial de las políticas públicas del Estado y la burguesía peruanas.  

Por eso, las movilizaciones del pueblo de Islay, del Valle del Tambo, constituyen a la vez una reacción contra el relegamiento de la agricultura y el favorecimiento otorgado a las grandes empresas mineras, gasíferas y financieras. Como se sabe, el área rural concentra todavía a una parte considerable de la población peruana, a alrededor del 30%, esto es, a algo más de 10 millones de personas, entre las cuales se concentra la pobreza. Este dato es más que suficiente para convencerse de la extraordinaria importancia que tiene el desarrollo agrícola en el país.  

Así, la agricultura ha visto reducir su participación en el PIB del 7,7% en 1994 al 6% el 2013. Por su parte, la industria manufacturera ha reducido su participación del 16% al 14,2%. En cambio, la extracción de gas, petróleo y minerales aumentó su participación del 5,6% en 1994 al 14,7% el 2011, para luego bajar al 11,7% el 2013. Tenemos, asimismo, que servicios financieros, seguros y pensiones aumentó su participación del 2,1% al 4,5% entre 1994 y el 2013, según estadísticas del INEI.

El cuadro lo tenemos completo si consideramos que, contra las aspiraciones populares de desarrollo de la economía nacional, las exportaciones totales como porcentaje del PIB aumentaron de un 12,8% en 1994 al 24,6% el 2013, sin importar los riesgos que se corren por las variaciones de los precios internacionales de las materias primas. A la vez, las importaciones aumentaron del 16,2% en 1994 al 25% el 2013, también según estadísticas del INEI disponibles en su página electrónica.

Control estatal y uso del excedente económico

El conflicto de Tía María, como antes el de Conga, Pichanaki y Bagua, deben recordar que el desarrollo del país, el desarrollo integral de sus diversos sectores económicos, el desarrollo de sus fuerzas productivas en el sentido amplio e integral del término, requiere del control estatal del excedente económico y hacer de éste un uso adecuado en el desarrollo de la agricultura y de la industria del país, de acuerdo a las características del país y de las regiones, así como de las necesidades concretas del pueblo peruano.

Acerca de este tema, el del control del excedente económico generado en el sector extractivo de la economía se dice muy poco o nada en el ámbito público. Es un tema tabú, por la eficacia que ha tenido en el Perú la demonización neoliberal de la participación del Estado en la economía. Pero la asociación de Estado a ineficiencia está históricamente desmentido. Y, por el contrario, la historia económica y política de los países más desarrollados desde el punto de vista capitalista muestra múltiples casos en los que el Estado ha cumplido un papel central como motor de la acumulación de capital en sus espacios nacionales, hasta la actualidad. En la periferia, hoy mismo Chile conserva el control sobre la producción de cobre y China es el caso más importante en la actualidad.

Como se sabe, la forma histórica que tomó el control del excedente económico que se genera en los espacios nacionales ha sido la nacionalización de las empresas llamadas estratégicas. Esta es una etapa a la que deberemos llegar en cierto momento. Pero no es sino una etapa, porque de lo que realmente se trata es de socializar los medios de producción. Y, para ello, deben liquidarse las actuales relaciones sociales de producción en base a una amplia alianza popular.

Actualmente, a todo lo que llegan algunos audaces intelectuales es a poner en cuestión el uso improductivo del excedente económico, mas no la propiedad ni la distribución actual de ese excedente económico entre las transnacionales y el Estado peruano. De lo que se trata es de cuestionar la propiedad misma de los medios de producción, que es lo que permitirá el desarrollo económico y social del país.

Ahora se imponen por sí solas algunas preguntas. Ya hemos dicho que no hay ninguna necesidad de que las inversiones se concentren en la actividad minera y que, por el contrario, es necesario invertir en el desarrollo agrícola e industrial del país. Pero, ¿qué clase de desarrollo agrícola requiere el país?, ¿es posible y deseable la gran producción agrícola con la aplicación de tecnología de punta que ineluctablemente provocaría altos niveles de desempleo en el campo?, ¿es preferible el desarrollo de la agricultura familiar?, ¿es posible una combinación de ambas vías de tal modo que se optimice el incremento de la productividad y el desarrollo humano a la vez?. ¿Qué tipo de industrialización necesita el Perú?, ¿una industrialización cuyo producto tenga como destino básicamente el mercado extranjero?, ¿una cuyo destino principal sea el mercado interno?, ¿una que se especialice en la producción de maquinaria?, ¿una que sirva al desarrollo de la agricultura?.

Las respuestas a estas preguntas requieren, nuevamente, del concurso de las organizaciones sociales y, desde luego, de los entendidos en la materia y de las organizaciones políticas de izquierda. El debate está abierto y debe hacérselo desde ahora como una manera de avanzar hacia el programa de transformación estructural del Perú, de avanzar en dirección al Perú socialista.



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