Economía

Latifundismo Capitalista en el Perú

César Risso

El problema de la tierra en el Perú exige partir del análisis y propuesta realizados por José Carlos Mariátegui, con la finalidad de esclarecer la situación actual.

La condición de marxista que esgrimió J. C. Mariátegui no fue una actitud postiza, sino expresión de su verdadera posición doctrinal. Aunque algunos lo califican de marxista heterodoxo, pretendiendo descentrarlo de su verdadera filiación ideológica, y con ello negar su marxismo ortodoxo, en tanto método y principios, con el fin de amoldarlo al positivismo que reina actualmente en las ciencias sociales.

        Así pues, la base del análisis de J. C. Mariátegui es el marxismo. Sobre esto no puede haber discusión, pues en la nota de advertencia a los 7 Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana, dice: “Toda esta labor no es sino una contribución a la crítica socialista de los problemas y la historia del Perú”, añadiendo que tenía la ambición de “concurrir a la creación del socialismo peruano”; y en El Problema de la Tierra de la misma obra escribe: “Me ha correspondido a mí, marxista convicto y confeso, su constatación.”

J. C. Mariátegui utilizó las categorías económicas marxistas para analizar los diversos problemas del Perú. Particularmente en el problema de la tierra, señaló que “El régimen de propiedad de la tierra determina el régimen político y administrativo de toda nación. El problema agrario –que la República no ha podido hasta ahora resolver–, domina todos los problemas de la nuestra. Sobre una economía semifeudal no pueden prosperar ni funcionar instituciones democráticas y liberales.” (JCM. 7 Ensayos).

Siguiendo el mismo criterio, hay que señalar ahora que el régimen económico que domina en nuestro país es el capitalista. Pero también debemos reconocer que no es el único, puesto que en la sierra existen actualmente más de seis mil comunidades campesinas, y 1469 comunidades nativas. Estos dos regímenes comunales son de carácter colectivista, donde el trabajo remunerado es casi inexistente. Son organizaciones económicas llamadas de producción y autoconsumo, es decir, que producen bienes, no mercancías, salvo excepcionalmente, pues tienen un pequeño remanente que intercambian vía trueque o por dinero.

Esta es la estructura económica sobre la que se levanta la actual política del Gobierno en relación a la propiedad de la tierra, fundamentándose en las siguientes acciones: “En la costa, se ganan tierras de cultivo al desierto mediante costosas obras de irrigación. Detrás de cada uno de estos proyectos hay estudios, planes, acuerdos financieros, movilización de grandes recursos, realización de grandes obras de infraestructura, complejos temas logísticos. Por su magnitud e importancia económica, hay grandes decisiones políticas y complejos juegos de intereses de inversionistas y del Estado.” (Fernando Eguren. En Revista “Somos Norte”  N° 192, de Diciembre de 2010).

Estos megaproyectos de irrigación tienen por finalidad favorecer a inversionistas interesados en lucrar con la tierra, aprovechando la valorización provocada por estas grandes inversiones públicas. En el caso de Chavimochic, “apenas algo más de una decena de propietarios son los dueños de las cerca de 40 mil hectáreas ganadas al desierto. Está previsto que las tierras de Olmos sea entregada en su mayoría en lotes de 1,000 hectáreas (a US$ 4,250 la hectárea).” (Fernando Eguren. En Revista “Somos Norte”  N° 192, de Diciembre de 2010).

Esta situación nos informa de la creación de “neolatifundios” en el Perú, lo cual nos obliga a precisar lo siguiente: “Las expresiones de la feudalidad sobreviviente son dos: latifundio y servidumbre. Expresiones solidarias y consustanciales, cuyo análisis nos conduce a la conclusión de que no se puede liquidar la servidumbre, que pesa sobre la raza indígena, sin liquidar el latifundio.” (JCM. 7 Ensayos).

Estas expresiones de J. C. Mariátegui se han tomado para sustentar que en el Perú seguirá existiendo la servidumbre mientras existan latifundios. Sin embargo el mismo Mariátegui explicó que “La concentración capitalista crea también, con la absorción de la pequeña propiedad por las grandes empresas, su latifundismo. Pero en el latifundio capitalista, explotado conforme a un principio de productividad y no de rentabilidad, rige el salariado, hecho que lo diferencia fundamentalmente del latifundio feudal.” (JCM. Respuesta al cuestionario Nº 4 del Seminario de Cultura peruana).

         De modo que ha habido latifundismo feudal y hay latifundismo capitalista. El primero, del cual hace el análisis J. C. Mariátegui, se caracteriza porque “El bracero que recibe un magro pedazo de tierra, con la obligación de trabajar en las tierras del señor, sin otra paga, no es otra cosa que un siervo. ¿Y no subsiste acaso la servidumbre en la cruda y característica forma del "pongazgo"? Ninguna ley autoriza, ciertamente, la servidumbre. Pero la servidumbre está ahí evidente, viva, casi intacta. Se ha abolido muchas veces los servicios gratuitos; pero los servicios gratuitos subsisten, porque no se ha abolido, económicamente, la feudalidad.” (JCM. Respuesta al cuestionario Nº 4 del Seminario de Cultura peruana).

Mientras que “En las haciendas de la costa, rige el salariado. Por la técnica de la producción y por el régimen de trabajo, nuestras haciendas de azúcar y algodón, son empresas capitalistas.” (JCM. Respuesta al cuestionario Nº 4 del Seminario de Cultura peruana).

Por lo tanto, de acuerdo a la concepción marxista esgrimida por J. C. Mariátegui, la diferencia entre el sistema económico capitalista y el sistema económico feudal está dado por las relaciones entre el propietario y el trabajador, esto es, por las relaciones sociales de producción. En el caso del feudalismo el trabajador es un siervo que recibe una porción de tierra a cambio del trabajo en las tierras del latifundista (no discutimos aquí la forma en la que el siervo paga por la porción de tierra cedida por el latifundista feudal, que puede ser en trabajo, en producto o en dinero); en cambio, en el caso del capitalismo, lo característico es que el trabajador es un asalariado.

Para enfrentar el problema de la tierra J. C. Mariátegui planteó en su tiempo lo siguiente:

“1.- El punto de partida, formal y doctrinal, de una política agraria socialista no puede ser otro que una ley de nacionalización de la tierra”

“2.- En contraste con la política formalmente liberal y prácticamente gamonalista de nuestra primera centuria, una nueva política agraria tiene que tender, ante todo, al fomento y protección de la "comunidad" indígena. El "ayllu", célula del Estado incaico, sobreviviente hasta ahora, a pesar de los ataques de la feudalidad y del gamonalismo, acusa aún vitalidad bastante para convertirse, gradualmente, en la célula de un Estado socialista moderno.”

“3.- El crédito agrícola, que sólo controlado y dirigido por el Estado puede impulsar la agricultura en el sentido más conveniente a las necesidades de la agricultura nacional, constituiría dentro de esta política agraria el mejor resorte de la producción comunitaria.” (JCM. Principios de Política Agraria Nacional. En Peruanicemos al Perú).

 

En la agricultura capitalista, los rasgos determinados por el marxismo, que nos deben orientar en el análisis del problema de la tierra, consisten en dos posibilidades: que el propietario de la tierra y el capitalista sean dos personas distintas, o que el capitalista puede ser a la vez el propietario de la tierra.

Si el propietario de la tierra la alquila al capitalista, este invierte su capital, contratando a los obreros, quienes crearán la plusvalía. Esta se divide entre el propietario, bajo la forma de alquiler o renta, y el capitalista bajo la forma de ganancia. Así, de toda la plusvalía creada por el trabajador asalariado, una parte va a parar a las manos del propietario de la tierra bajo la forma de renta, que paga el capitalista arrendatario; en tanto que el remanente queda en manos del capitalista bajo la forma de ganancia. En el caso en que el capitalista es simultáneamente el propietario de la tierra, se queda con toda la plusvalía.

La renta capitalista de la tierra tiene dos formas, la renta diferencial y la renta absoluta. La primera corresponde a la diferencia entre las peores tierras y las tierras medias y mejores, que se determina por tres aspectos: la diferente fertilidad de las tierras, la situación de las tierras respecto al mercado, y el rendimiento de las inversiones adicionales en la tierra. En cambio, la renta absoluta consiste en el alquiler que paga el capitalista al propietario de la tierra para poder explotarla.

En la lucha concreta, las reivindicaciones inmediatas tienen que ver con la mejora de las condiciones laborales y el aumento de las remuneraciones. Pero la lucha histórica del proletariado por el socialismo, consiste justamente en la propuesta de José Carlos Mariátegui, teniendo en cuenta que las relaciones feudales han sido superadas, y que en consecuencia la lucha debe ser contra la burguesía.

     En la réplica a Luis Alberto Sánchez, Mariátegui fue categórico: “La reivindicación que sostenemos es la del trabajo. Es la de las clases  trabajadoras, sin distinción de costa ni de sierra, de indio ni de cholo. Si en el debate -esto es en la teoría diferenciamos el problema del indio, es porque en la práctica, en el hecho, también se diferencia. El obrero urbano es un proletario: el indio campesino es todavía un siervo. Las reivindicaciones del primero, -por las cuales en Europa no se ha acabado de combatir- representan la lucha contra la burguesía; las del segundo representan aún la lucha contra la feudalidad. El primer problema que hay que resolver aquí es, por consiguiente, el de la liquidación de la feudalidad, cuyas expresiones solidarias son dos: latifundio y servidumbre. Si no reconociésemos la prioridad de este problema, habría derecho, entonces sí, para acusarnos de prescindir de la realidad peruana. Estas son, teóricamente, cosas demasiado elementales. No tengo yo la culpa de que en el Perú -y en pleno debate ideológico- sea necesario todavía explicarlas.” (JCM. Replica a Luis Alberto Sánchez. En Ideología y Política).

El Capitalismo Senil y el Nuevo Caos Mundial

(Segunda Parte)

Samir Amin

El Apartheid a Escala Mundial

El nuevo imperialismo colectivo de la tríada y la ambición hegemónica de los Estados Unidos, que está indisolublemente ligada a aquél, han desarrollado evidentemente su propia concepción del gobierno del mundo en el doble plano de su orden económico y de su orden geopolítico.

        La idea de que los asuntos del mundo no pueden dejarse librados únicamente a las relaciones de fuerza de las naciones y que la construcción progresiva de elementos de un orden supranacional se impone como única alternativa a la ley de la jungla es ciertamente simpática por sí misma y merece apoyo. Por otra parte, la ONU había sido creada con ese espíritu, y la Asamblea General y el Consejo de Seguridad se instituyeron sobre la base de una Carta que prohibía recurrir a la guerra como medio de resolver conflictos políticos. Inmediatamente después de concluida la Segunda Guerra Mundial, en el terreno de la regulación de la vida económica internacional, los Estados Unidos explotaban las ventajas con que se los había beneficiado: ya fuera la de imponer organizaciones situadas de entrada bajo su mando directo (las organizaciones de Bretton Woods) o la de decidir actuar por fuera del marco de la ONU (el Plan Marshall para Europa, cuyo famoso “Punto IV” abría la posibilidad de una ayuda de los Estados Unidos a los países del Tercer Mundo que aceptaran colocarse en el bando antisoviético). Luego, el peso creciente de los países del Tercer Mundo influyó en la creación de instituciones especializadas, la CNUCED entre otras, cuyo objetivo era corregir los desequilibrios fundamentales generados por la expansión capitalista. Esta página de la historia ya pertenece al pasado.

1. Desde 1975, en respuesta a la presión ejercida en aquella época por el Movimiento de los No Alineados, el presidente Giscard d’Estaing tomaba la iniciativa de inventar el “G-7”, cuya composición expresa perfectamente la idea del imperialismo colectivo. La transformación del GATT al término de la “Ronda de Uruguay” y la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) se sitúan en el corazón de la nueva concepción de la governance [control] económica del mundo por parte del imperialismo colectivo.

La OMC estuvo, en efecto, concebida precisamente con el propósito de reforzar las “ventajas comparativas” del capital transnacional y darle legitimidad. Los derechos de propiedad industrial e intelectual fueron formulados de modo tal que eternizaran los monopolios de las empresas transnacionales, garantizaran sus superganancias y crearan obstáculos prácticamente insalvables a todo intento de industrialización autónoma de las periferias. La OMS no es una organización encargada de reglamentar el comercio9 mundial (es decir, el comercio que se realiza traspasando las fronteras de los Estados), como parecería sugerirlo su nombre. Sus funciones van mucho más allá. La OMC propone unificar las reglas relativas a la gestión de los mercados internos y al mercado mundial, suprimir toda distinción entre ellas, en nombre de un concepto extremo del libro intercambio como no había habido nunca antes en la historia. El resultado solo puede ser una reorganización de los sistemas productivos para mayor ventaja de los más fuertes, es decir, del capital transnacional. La OMC se propone pues organizar la producción a escala mundial (y no solamente el comercio mundial), y organizarla, no en función de las exigencias del desarrollo (es decir, de “alcanzar la meta”, al menos parcialmente, para los más pobres), sino en función de la maximización de las ganancias de las empresas transnacionales, que, por supuesto, exige un endurecimiento de la asimetría de las estructuras productivas y su desigualdad. El proyecto de gobierno económico del mundo por parte de la OMC es un proyecto ultrarreaccionario en el sentido pleno del término: volver a formas anteriores de la división internacional del trabajo. Ésta es la razón por la cual creo que la OMC es verdaderamente el nuevo Ministerio de las Colonias del G-7 (el imperialismo colectivo). Pues esta institución cumple, respecto del conjunto de las periferias, una función idéntica: impedir que las colonias lleguen a convertirse en competidores, prohibiéndoles a los Estados (de la periferia, en realidad) el derecho de legislar y regular las actividades del capital de las metrópolis que opera en territorio de esos Estados…

        La lógica que gobierna el capitalismo realmente existente es la de la protección sistemática de los monopolios de los más poderosos. El trillado discurso de la economía (la teoría de un capitalismo imaginario) referente a las “virtudes” de la libertad de comercio no es más que un discurso de propaganda en el sentido lato del término, es decir, una mentira. Soy –junto con Braudel (y no somos muchos más)– de los que no definen el capitalismo a través del concepto de “mercado”, como lo quiere la vulgata liberal, sino por medio de la idea del poder que está más allá del mercado.

        Los medios que emplean esos poderes que están más allá del mercado son tan diversos como permiten imaginar las circunstancias del ejercicio de la fuerza. La propiedad intelectual, por ejemplo –interpretada por jueces ad hoc propuestos por la OMC–, puede permitirle a una empresa (transnacional, por supuesto) apropiarse de un saber campesino establecido y “no protegido” (las virtudes de una variedad de arroz) imponiendo su monopolio de comercialización de las semillas de la especie en cuestión, ¡incluso a los agricultores que practican su cultivo desde hace siglos! ¡Los indios tendrán que comprarles las semillas de arroz basmati a una compañía norteamericana! Este y algunos casos semejantes, estudiados entre otros por Vandana Shiva (5), revelan una faceta de quienes toman las decisiones económicas principales del mundo contemporáneo que no difiere mucho de la de los jefes de la mafia que practicaban el rackett, es decir, el comercio obligatorio. Analogía de naturaleza acerca de la cual remito al lector a los trabajos de Carlo Vercellone. (6)

        El escándalo de los laboratorios farmacéuticos que intentan beneficiarse con un acceso libre y exclusivo al mercado mundial, prohibiendo la producción competitiva de medicamentos más barato en los países del Sur, ofrece un buen ejemplo de este apartheid a escala mundial: sólo los pueblos de los países ricos tendrán derechos a una atención eficaz, mientras que a los pueblos del Sur, sencillamente, se les niega el derecho a la vida. Del mismo modo, el proyecto de la OMC de “liberalizar” la agricultura reduce a la nada las políticas de seguridad alimenticia de los países del Sur y condena a centenares de millones de sus habitantes a la miseria y, como consecuencia, a la migración a los barrios paupérrimos urbanos, lo cual no les permite abrigar ninguna esperanza de integrarse a alguna actividad económica. (7)

        Esta e4s la lógica que se repite en el proyecto de la OMC: hacer aprobar una “ley internacional de negocios” (international business law) y darle preeminencia sobre todas las demás dimensiones de la legislación, nacional e internacional. El proyecto escandaloso del AMI (Acuerdo Multilateral para las Inversiones), tramado en secreto por la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo), también participa de esta lógica.

        Las funciones de las demás instituciones internacionales es sencillamente respaldar las estrategias definidas en la OMC por sus dirigentes políticos. Tal es el caso del Banco Mundial, pomposamente calificado de think tank, encargado de formular las estrategias de desarrollo, que en realidad no es ninguna otra cosa más que una especie de Ministerio de Propaganda del G-7 responsable de la redacción de los discursos; mientras que las decisiones económicas importantes se toman en el marco de la OMC y se le confía a la OTAN la dirección política y militar de los negocios. El FMI es más importante, aunque menos de lo que se supone con frecuencia. Puesto que se ha adoptado como regla general el sistema de los cambios flexibles, y puesto que la gestión de las relaciones entre las divisas principales (el dólar, el euro-marco, el yen) escapan al FMI, esta institución es sólo una especie de Autoridad Monetaria Colonial cuya gestión está asegurada por el imperialismo colectivo de la tríada.

Notas

[5] Vandan Shiva, Éthique et agro-industrie, Harmattan, 1996.

[6] Carlo Vercellone, La mafia comme expression endogène de l’accumulsation du capital, Matisse, Univ. París I, 2001.

[7] Marcel Mazoyer y Laurence Rondart, Histoire des agricultures du monde, Seuil, 1997.