Economía

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Exoneraciones Tributarias y Devoluciones del Estado Burgués Hacia la Burguesía

Cesar Risso

CONTINUAMENTE SE PRESENTA la disyuntiva entre el sector privado y el público en la posibilidad del crecimiento y desarrollo económico. Se nos dice que el sector privado es más eficiente que el público, y en consecuencia que el Estado debe reducirse hasta dedicarse a la regulación de la cantidad de dinero en la economía. Es algo así como pretender que el BCR sea la única entidad estatal.

Esta supuesta eficiencia del sector privado se explica en parte por las exoneraciones y beneficios tributarios. Así, menor pago de impuestos y hasta devolución de estos a las empresas privadas, no es otra cosa que el traslado de recursos de la sociedad en su conjunto hacia los bolsillos de la burguesía. Es decir, que quienes financian al Estado burgués son en su mayoría los trabajadores, formales e informales, los desempleados y hasta los indigentes.

“Cada año, el Estado peruano deja de recibir miles de millones de soles debido a incentivos, exoneraciones y deducciones en el pago de impuestos que favorecen a ciudadanos, empresas y organizaciones de diversos sectores. Solo en los últimos cinco años, se ha dejado de recibir un total de S/101.782 millones, según estimaciones de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat)”.*

Este importe que queda en manos de los beneficiados es el valor monetario de todo aquello que se dejó de hacer en favor de quienes requieren atención urgente en salud, educación, alimentación, vivienda, etc.

En el reciente mensaje presidencial se nos ha informado que se ha realizado gran cantidad de obras a favor de los más pobres. Sin embargo, es precisamente la Presidente Dina Boluarte, la que ha encabezado la política de exoneraciones más agresiva a favor de las grandes empresas. De los S/ 101.782 millones de exoneraciones de los últimos cinco años, el actual gobierno es responsable de haber exonerado S/71.214 millones, esto es, el 70%.

Como muestra de la renuncia del actual gobierno, así como de los anteriores de estos últimos 5 años, a las obras que pueden favorecer a los llamados “sectores vulnerables”, se tiene lo siguiente:

“Un análisis de OjoPúblico –en base a las cifras del Marco Macroeconómico Multianual– determinó que con la suma que se dejó de recaudar por los privilegios fiscales en los últimos cinco años, se pudo haber construido 1.300 Escuelas Bicentenario, otorgar Pensión 65 para los 4.747.000 adultos mayores del país durante 20 años y aumentar en 21 veces el presupuesto de la Policía para la seguridad ciudadana”.

El importe de los más de cien mil millones de soles que se ha dejado de invertir en los últimos cinco años en la “deuda social” puede ser considerado como dinero público privatizado, al igual que el importe de la corrupción, que es dinero que se canalizó desde las entidades del Estado y se repartió entre personas y empresas del sector privado. Se trata de que el sector privado coloca en las entidades del Estado a sus representantes, quienes se encargan de redirigir el dinero público de los tributos hacia las mismas empresas que los debieron abonar.

Según el estudio de Elena Miranda para Ojopúblico, lo que se pudo haber realizado con los tributos dejados de cobrar o devueltos son obras como

- Construir 300 escuelas bicentenario

- Otorgar pensión 65 a 4.747.000 adultos mayores durante dos años y medio

- Aumentar 80 veces el presupuesto para 19 mil comedores populares

- Dar tratamiento a 11.516 mujeres con cáncer de mama avanzado

- Duplicar el presupuesto anual para mejorar hospitales y puestos de salud

- Triplicar el presupuesto anual de lucha contra la anemia

- Aumentar 28 veces el presupuesto para comprar medicamentos para tratamiento oncológico de 12 mil personas

- Aumentar 6 veces el presupuesto para dar agua potable a 3.3 millones de personas que no cuentan con este servicio

- Aumentar 10 veces el presupuesto anual para luchar contra la violencia hacia la mujer

No se trata de que el Estado sea mejor que el sector privado, puesto que está formado precisamente para mantener el estado de cosas existentes, esto es, la explotación del trabajo asalariado; sino de que a través del Estado capitalista es posible hacer negocios que favorezcan a los llamados “sectores vulnerables”. Esto es así porque cualquier obra que realice el Estado será realizada por empresas constructoras privadas, como en el caso de las 300 escuela bicentenario que pudieron haberse construido con las exoneraciones tributarias que quedaron en manos de la burguesía.

Además, el Estado, dependiendo de qué organización esté en el gobierno del poder, puede percibir la necesidad de mantener a las clases trabajadoras en condiciones de ser explotadas. Si el sector privado de la burguesía controlase totalmente el Estado, entonces con seguridad se diezmaría a las clases trabajadoras, y perdería al objeto de explotación, puesto que la ganancia sale enteramente del trabajo no remunerado.

Uno de los sectores más beneficiados fue el agroexportador: “En los últimos cinco años, las empresas agroexportadoras dejaron de pagar S/30.449 millones por las exoneraciones tributarias”; a las empresas farmacéuticas se les dejó de cobrar S/2.303 millones; se les devolvió aranceles (Drawback) a las empresas exportadoras por S/5.624 millones, etc.

Se tiene, pues, que el sistema capitalista define la conducta de la burguesía individual como la de la burguesía actuando colectivamente, como clase, a través del Estado.

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(*) Las citas han sido tomadas de la investigación realizada por Elena Miranda de OjoPúblico https://ojo-publico.com/5592/privilegios-fiscales-s100-mil-millones-menos-para-obras-y-servicios