La Justificación del Uso de la Violencia
Revolucionaria: Un Análisis de las Organizaciones Guerrilleras Peruanas de las
Décadas de 1960 y 1980*
(Segunda y última parte)
Jan Lust
4.
Las condiciones objetivas y subjetivas de la revolución en los años sesenta
La clase dominante peruana no sufrió,
ni antes ni durante los “años guerrilleros”, una crisis de existencia. La
primera condición objetiva de Lenin para considerar una situación como
revolucionaria no existió. Aunque había diferencias dentro de las diferentes
fracciones de la clase dominante, la unidad política fue lo que finalmente
dominó. Llama la atención, por ejemplo, la facilidad con que el gobierno de
Fernando Belaúnde (1963-1968) pudo obtener un préstamo de bonos para financiar
la guerra contra la guerrilla. Además, anualmente el Producto Bruto Interno
(PBI) real creció significativamente e incluso en 1966 podría ser considerado
como robusto (un aumento de 8.1%). El gasto público creció más rápido que los
ingresos y el PBI. Durante el período de 1963-1966 el gasto público se duplicó
como consecuencia del aumento de los sueldos del personal docente, el aumento
con más del 50% del número de maestros de la educación primaria y secundaria,
el aumento del gasto en pensiones y el crecimiento de las transferencias
financieras a las universidades, entre otros. La inversión pública (carreteras,
riego, vivienda, etcétera) aumentó, anualmente, en el período 1963-1966, en
términos reales en un 20% (Kuczynski, 1980).
La
no existencia de una crisis dentro de la clase dominante se expresa,
paradójicamente, en la elección de Belaúnde como presidente.3 Los
grandes terratenientes y las instituciones financieras, en la década del
sesenta considerados por la izquierda como la oligarquía, se dieron cuenta de
que la estructura de la sociedad había cambiado y que se estaba cociendo un
gran descontento entre la población, sobre todo entre el campesinado4.
La
segunda condición objetiva para considerar una situación como revolucionaria,
es que la situación de la clase oprimida tendría que haber sido empeorada
enormemente. Las condiciones socioeconómicas de la clase obrera y de los
campesinos no se habían deterioradas drásticamente durante el “período
guerrillero”. Incluso, cabría decir que su situación mejoró. Por supuesto,
todavía había un pequeño grupo de terratenientes que poseía la mayor parte de
las tierras, pero la propuesta de hacer una reforma agraria no puede ser
considerada otra cosa que una mejora en una situación generalmente miserable5.
El
gobierno de Belaúnde solo ha tenido que enfrentar graves problemas económicos
en la fase final de su gobierno. Antes y durante los “años guerrilleros” la
economía iba viento en popa. Sin duda, la población no ha “sufrido” por el
aumento de las inversiones públicas en carreteras, viviendas y riego, tampoco
por el crecimiento del salario de los docentes y el aumento en número de
profesores de la educación primaria y secundaria.
La
tercera condición objetiva de Lenin para determinar si existe una situación
revolucionaria tiene que ver con un cambio subjetivo causado por circunstancias
objetivas: un aumento en la actividad política de las masas como resultado de
una crisis económica y política. En el Perú no hubo estas crisis en el período
desde la Revolución Cubana. A pesar de las favorables condiciones objetivas
para la clase dominante en su conjunto, desde 1958 hasta los primeros meses de
1964 hubo un importante resurgimiento de la lucha de masas.
Durante
el gobierno de Manuel Prado (1956-1962), el número de huelgas aumentó y en
cuatro años se duplicaron. En promedio se produjo en 1962 más de una huelga por
día y el número de sindicatos reconocidos por el gobierno se incrementó más del
100%. Además, en este periodo los campesinos comenzaron a demandar reformas
agrarias y la sindicalización tomó vuelo. Los sindicatos campesinos se
triplicaron. En el período 1964-1966 el número anual de huelgas fue menor que
en 1963. Mientras en 1963 se registraron 422 huelgas, en los años 1964, 1965 y
en 1966 había, respectivamente, 398, 397 y 394 paros.
La
juramentación de Belaúnde como presidente del Perú contribuyó al desarrollo de
la lucha de las masas. Los campesinos adelantaron la reforma agraria propuesta
por el nuevo presidente durante la campaña electoral, ocupando la tierra. Los
cientos de tomas de tierras que tuvieron lugar en todo el país, en enero de
1964, junto con el gran número de huelgas en estos años, podrían haber ayudado
a acercarse a una situación revolucionaria. Aunque el sector de agricultura era
macroeconómicamente menos importante que el sector secundario y terciario, en
1961 todavía la mayoría de la población económicamente activa trabajaba en la
agricultura y la mayoría de la población vivía en las zonas rurales.
El
campesinado era una masa que se movía en todo el país. Si esta masa hubiera
establecido conexiones políticas y organizativas con los trabajadores en
huelga, pudo haber sembrado una cizaña entre las diferentes fracciones de la
clase dominante exigiendo reformas agrarias radicales. La falta de
organizaciones revolucionarias capaces de unir la resistencia de los campesinos
y de los obreros, de traducir sus demandas políticamente y convertirlas en
acciones concretas y revolucionarias, la hizo imposible y, por tanto, el
gobierno tenía el campo libre para reprimir la resistencia campesina.
Una
situación revolucionaria se transforma en revolución por el acto consciente de
la clase revolucionaria y sus aliados. En base a la experiencia acumulada de
lucha y bajo la dirección de la vanguardia, es decir -de acuerdo con Lenin- los
trabajadores organizados con conciencia de clase y políticamente activos, inician
las acciones en cooperación con campesinos y sectores de la pequeña burguesía
(por ejemplo intelectuales) con el objetivo de derribar el régimen. La
vanguardia tiene que ser capaz de hacerlo e involucrar a las masas en estas
acciones.
Las
condiciones subjetivas pueden dividirse en tres elementos interrelacionados:
(1) las experiencias de la lucha de las masas; (2) el nivel de la conciencia de
clase entre las masas; y (3) la existencia de una vanguardia organizada. En el
Perú se había adquirido muchas experiencias importantes en la lucha de los
campesinos y durante las huelgas en las ciudades, existían diversas
organizaciones políticas de izquierda que lucharon entre sí por la hegemonía y
hubo un bajo nivel de conciencia de clase. En otras palabras, solo por una
parte se había reunido las condiciones subjetivas.
La
lucha de la clase obrera en las ciudades no superó su carácter economicista. La
lucha campesina se estancó al nivel de una lucha de intereses. La izquierda
tenía poca influencia en las ocupaciones de tierras por las comunidades al
final de los años cincuenta y al comienzo de la década de sesenta. Aunque las
acciones de las comunidades fueron muy fuertes, sin embargo, estos campesinos
estaban más lejos de una conciencia de clase que los campesinos que ya fueron
organizados en sindicatos.
Las
experiencias de lucha que se fueron acumulando después de la Revolución Cubana
no sufrieron ningún cambio cualitativo. La lucha no fue llevada a un nivel
superior. Una de las razones fue que la izquierda, aparte de los trotskistas en
la provincia La Convención y en el distrito de Lares en el departamento de
Cuzco (lucha campesina, toma de tierras), no estaba presente en forma
organizada. La izquierda fue, a menudo, objeto de represión por lo cual una construcción
organizada, sólida y estable de sus organizaciones fue impedida. Asimismo,
estaba tremendamente dividida y eso se agravó por la división dentro del
Partido Comunista en partidarios de Moscú y de Beijing.
La
conciencia de clase de las masas está relacionada con el nivel político de la
lucha de clases y las actividades de la vanguardia revolucionaria. Las masas
peruanas tuvieron un bajo nivel de conciencia de clase. La lucha guerrillera
del MIR y del ELN duró muy poco para que el proceso planteado por Guevara y
Castro pudiera iniciarse; es decir, para que la guerrilla pudiera elevar la
conciencia de clase de las masas. Las condiciones subjetivas no fueron, a
diferencia de lo que esperaba el líder guerrillero del MIR Lobatón, creadas en
la lucha. Igualmente, no todas las fuerzas heroicas de las masas, como el MIR,
pensaban que iba a suceder, fueron desencadenadas para que no fuera necesaria
utilizar “mezquinos recursos” para crear las condiciones revolucionarias.
5.
Las condiciones objetivas y subjetivas de la revolución en los años
setenta-ochenta
Al comienzo de la década de ochenta no
existía una crisis dentro de la clase dominante. De hecho, durante las
elecciones presidenciales de 1980 la mayoría de la población votaba por los
partidos de la derecha. Sin embargo, la situación económica de la mayoría de
población se había empeorado radicalmente a partir de 1978 (ver datos abajo).
Entonces, podríamos suponer que se cumplió la segunda condición de Lenin.
Desde
el inicio de la dictadura militar la lucha de clases estaba en aumento. Las
huelgas de los trabajadores y también la lucha del campesinado evidencian un
incremento de la actividad política de las masas (ver abajo). Parece que la
tercera condición de Lenin también se cumplió.
Se
podría argumentar que había condiciones subjetivas para la revolución. En el
periodo 1968-1984 las masas habían adquirido muchas experiencias. Eso muestra
claramente los resultados electorales de la Asamblea Constituyente de 19786
y el hecho de que, en 1984, Alfonso Barrantes, el candidato de una confluencia
de fuerzas de izquierda (Izquierda Unida), fue elegido alcalde de Lima.7
Sin embargo, como vemos abajo, no podemos decir que existía un alto nivel de
conciencia de clase en las masas.
Al
final de la década de setenta y al comienzo de la década de ochenta existían
muchas vanguardias. No había una organización con una clara hegemonía. Y aunque
es cierto que la izquierda legal logró unificarse en la Izquierda Unida, no fue
capaz de convertir esta plataforma electoral en un frente revolucionario de
masas. Según el PCP-SL, la izquierda legal y el MRTA fueron parte del campo de
enemigo. La izquierda legal no consideró el MRTA como enemigo, pero tampoco
estaba dispuesto a convertirse en el brazo legal del MRTA o juntarse con ellos
en una nueva organización, por ejemplo.
En
el Perú no existió una situación revolucionaria si aplicamos estrictamente las
condiciones de Lenin. Por lo tanto, el uso de la violencia revolucionaria como
medio para llegar al poder no era legítimo. Sin embargo, en contraste con la
década de sesenta, la situación era más compleja.
El
hecho de que no existía una crisis en la clase dominante no significa que esta
crisis no fue latente. Una lucha de masas que se combina con una lucha armada
podría generar la crisis. Pero esta crisis latente tampoco existió. A pesar de
que el gobierno de Belaúnde introducía políticas económicas que no fueron
favorables para el capital nacional, estas políticas no causaron fricciones
elementales dentro de la burguesía.8 Y aunque el gobierno tenía
problemas económicos, estos fueron la consecuencia de la crisis internacional y
no fueron causados por el “frente interno”. Los choques externos, como la
crisis de la deuda internacional y la caída de los precios de materias primas,
“interrumpieron” el programa del gobierno, haciendo que el país fue menos
atractivo para la inversión extranjera directa (IED). De acuerdo con Wise
(2010: 180), en el período 1980-1984 la inversión privada como porcentaje del
PBI fue de 21.5%, 20.8%, 15.1% y de 12.1%, respectivamente. En la Tabla 1 se
presentan los datos sobre el crecimiento del PBI real en el período 1980-1984.
El hecho de que en las elecciones
presidenciales la población votó en mayoría por los partidos de la derecha no
puede atribuirse simplemente al hecho que la izquierda se había dividida. El
voto por la derecha expresa también que no existió una conciencia de clase consolidada. Una conciencia economicista dentro de la
clase trabajadora fue dominante. Además, la lucha del movimiento obrero estaba
empezando a debilitarse a medida que la crisis económica se prolongaba y el
miedo a ser despedido comenzó a extenderse dentro del movimiento. Aunque los
combates continuaron, parecía que el proceso electoral había eliminado el
fervor político de la lucha. El hecho de que el ejército había anunciado que
volvería a sus cuarteles y que otro régimen sería “a cargo” del destino del
país, había cambiado la dinámica política de la lucha de clases.
La
lucha del campesinado en la década de setenta fue en aumento, pero no fue
(directamente) el resultado del trabajo de sus propias organizaciones mismas o
por las organizaciones de la izquierda, sino fue la consecuencia de la Reforma
Agraria de 1969. Además, en general, la lucha del campesinado era una lucha
para obtener la propiedad de un pequeño pedazo de tierra9. Entonces,
no se debe sobreestimar el nivel de conciencia de clase del campesinado.
Las
medidas neoliberales del gobierno de Belaúnde al comienzo de la década de
ochenta causaron un nuevo ascenso de la lucha sindical. Estas luchas, sin
embargo, eran principalmente defensivas y no lograron revertir las medidas
políticas económicas del gobierno. De hecho, las políticas neoliberales
implementadas por el régimen significaron un ataque a este bienestar. En la
Tabla 3 se presentan los índices de salarios reales y los sueldos reales para
el período 1980-1984.
La
disminución de las huelgas en los años 1983-1984 indica el debilitamiento del
poder sindical. En las tablas 4 y 5 se presentan la evolución de las huelgas en
el sector público y privado en el período 1980-1985.
Cuando revisamos los textos del MRTA y
del PCP-SL, llegamos a la conclusión que el concepto prerrevolucionario como
también el concepto de situación revolucionaria en desarrollo no necesariamente
puede justificar el uso de la violencia política. Incluso, en el caso del
PCP-SL, podemos encontrar que han usado el concepto situación revolucionaria
incorrecto.
El
PCP-SL justificó el uso de la violencia política con el pretexto que existía
una situación revolucionaria en el país. En relación con su concepto situación
revolucionaria en desarrollo, decían que “una situación así no puede ser base
nunca para centrar la actividad política del pueblo en procesos electorales
pues éstos, en circunstancias como las que vivimos, lo desorientan de su camino
revolucionario”. Según la organización, la situación revolucionaria debería
convertirse en violencia revolucionaria.
Las
condiciones subjetivas eran determinantes para cambiar una situación
revolucionaria estacionaria en una situación revolucionaria en desarrollo.
Parece que la situación estacionaria es similar al concepto de situación
prerrevolucionaria del MRTA.
El
PCP-SL refería solamente a dos condiciones objetivas de Lenin en vez de tres
para argumentar que existía una situación revolucionaria. Consideraba que la
tercera condición (el movimiento de las masas) es el resultado de las primeras
dos condiciones (crisis en la burguesía y el empeoramiento de la situación
socioeconómica de las masas). No negamos que Lenin dice que “como consecuencia
de las causas mencionadas, hay una considerable intensificación de la actividad
de las masas”, sin embargo, la tercera condición debe existir para determinar
si hay una situación revolucionaria.
El
análisis del PCP-SL de las primeras dos condiciones es muy escueto. Dice que la
explotación y la opresión se agudizan más pero no muestra la diferencia entre,
por ejemplo, 1980 y 1977. Es decir, no explica lo que ha cambiado
cualitativamente entre el inicio de la guerra popular en mayo de 1980 y los
años anteriores.
El
PCP-SL consideraba que existió una crisis en “los de arriba”. Decía que la
constitución de 1979 (la “nueva Constitución”) es una prueba de la crisis en la
clase dominante. Sin embargo, justamente la convocatoria a la Asamblea
Constituyente solucionó la crisis dentro de la clase dominante en los años
anteriores.
La
organización trató de aplicar el concepto situación revolucionaria en
desarrollo de Mao a la situación concreta en el Perú. Mencionó 11 elementos
(PCP, 1979) que deberían dar evidencia que en el Perú existía una situación
revolucionaria en desarrollo. Había contradicciones entre los países
imperialistas, entre el gobierno y las masas, entre el imperialismo y la
industria nacional, entre la burguesía y la clase obrera, y entre los
terratenientes y el campesinado. Todas estas contradicciones existían antes del
inicio de la guerra e, incluso, hasta hoy existen. El partido no demostró si
estas contradicciones habían llegado a un nivel más alto en comparación con un
periodo anterior.
En
la lista de elementos de una situación revolucionaria en desarrollo hay también
elementos que deben mostrar que la situación socioeconómica de la población se
empeoró. Los comerciantes y los productores independientes “se ven empujados
cada vez más a la quiebra,” el hambre se extiende por todo el país, las grandes
masas campesinas y pobres apenas pueden subsistir, los estudiantes no pueden
continuar sus estudios y falta de empleo.
La
aplicación del concepto de una situación revolucionaria en desarrollo por parte
del PCP-SL no es convincente ni cuando se acepta que una situación
revolucionaria existe en caso de que se cumple las primeras dos condiciones de
Lenin. Que la situación de las masas se ha empeorado es evidente. Las políticas
neoliberales del gobierno apuntaban al aumento de la tasa de explotación. Sin
embargo, no está demostrado que realmente existía una crisis dentro de la clase
de burguesía.
Según
el PCP-SL, las protestas a finales de la década de setenta mostraron que ellos
tenían toda la razón en su aplicación del concepto de situación revolucionaria
en desarrollo. La situación revolucionaria en desarrollo estaba “expresada en
la evidente creciente protesta popular”. Sin embargo, como hemos visto arriba,
el nivel de la conciencia de las masas no era alto y sus protestas fueron
defensivas. Las luchas de masas no lograron revertir las medidas anti-laborales
del gobierno.
El
MRTA no definió lo que era una situación prerrevolucionaria sino describió
sumamente breve algunos factores que consideró como elementos de una situación
prerrevolucionaria. Hablaron sobre “una crisis profunda de las clases
dominantes”, pero no detallaron en qué consistió esta crisis. Parece que el
MRTA confundió la crisis económica con una crisis dentro de la burguesía.
Además, cuando decía que la burguesía no estaba capaz de manejar el descontento
de las clases intermedias, no explicó en qué consistió esta incapacidad.
En
su documento “El MRTA y las tareas en el periodo pre-revolucionario”, decía que
la burguesía era incapaz de solucionar los “problemas fundamentales para el
desarrollo del país”. Desde el punto de vista marxista o, quizás mejor, desde
el campo de la izquierda socialista, siempre se argumenta que la burguesía no
sabe solucionar los problemas fundamentales del país. Es decir, este “factor”
no diferencia cualitativamente la situación al comienzo de la década de ochenta
con por ejemplo de los años 1966, 1973 o 1979.
El
MRTA escribía que la clase obrera y las masas populares estaban demostrando sus
cualidades combativas y mostraban sus “experiencias de conducción popular”.
Como hemos argumentado arriba, estas luchas fueron defensivas. Parece que el
MRTA confundió las expresiones de la realidad de la lucha con lo que estaba
motivando la lucha. Recordamos lo que decía Castro: “los factores subjetivos
son los que se refieren al grado de conciencia que el pueblo tenga”.
El
concepto de la situación prerrevolucionaria podría ser muy útil para
caracterizar un país que estaba en camino hacia una situación revolucionaria.
Sin embargo, un adecuado uso del concepto urge en primera instancia una
definición del mismo. Esta definición debe indicar la diferencia con una situación
revolucionaria y con una situación antes de una situación prerrevolucionaria.
Es decir, debe definir claramente las diferencias cualitativas. En segunda
instancia, se debe aplicar la definición de una situación prerrevolucionaria a
la situación concreta, diferenciando las expresiones de la realidad con las
tendencias de carácter estructural.
6.
Conclusiones
La lucha armada en las décadas de
sesenta y ochenta no fue legitimada si aplicamos el concepto situación
revolucionaria de Lenin. El uso de la violencia política fue justificado si
consideramos, como Castro, que la lucha armada puede crear situaciones
revolucionarias. Sin embargo, como argumentó Castro también, la guerrilla no es
legítima cuando las vías legales aún están abiertas. En la década de sesenta
las vías legales estaban cerradas. Partidos internacionales como el PCP no
estaban permitidos de participar en las elecciones. En la década de ochenta el
frente electoral Izquierda Unida participó con gran éxito en las elecciones
nacionales y locales.
Legitimar
y deslegitimar la lucha armada en las décadas de sesenta y ochenta en base a lo
que decían los “teóricos de la guerrilla” sobre la “fecha” apropiada para el
inicio de la lucha armada es un ejercicio muy valioso para una evaluación a
distancia de los hechos. Sin embargo, pensamos que la realidad concreta de las
décadas de sesenta y ochenta hacían muy difícil desarrollar estas evaluaciones
en estos mismos años. Un análisis relativamente esquemático no sabe captar la
efervescencia política, también importante para la toma de decisiones
revolucionarias.
La
Revolución Cubana, las intervenciones imperialistas en los países
latinoamericanos y las luchas populares en la década de sesenta en el Perú
crearon una atmosfera política en la cual un proyecto armada fue casi una
consecuencia natural. No se exigía un análisis al fondo de la realidad peruana,
sino que se debía aprovechar el tiempo para avanzar lo más rápido posible en el
desarrollo de una forma de lucha que podría terminar en la toma de poder por
las organizaciones revolucionarias.
Al
final de los años setenta y al comienzo de la década de ochenta existió una
situación similar a la década de sesenta. Había grandes luchas, había una
democracia frágil, había el triunfo de una revolución socialista (de
Nicaragua), había guerrillas en diferentes partes de América Latina y había
intervenciones imperialistas en los asuntos internos de América Latina. Además,
en la izquierda socialista peruana ya había debates sobre las vías para llegar
al poder. Sin embargo, a diferencia de los años sesenta, había también un
frente electoral de izquierda muy fuerte en el Perú.
Indudablemente,
al final de la década de setenta y al comienzo de los años ochenta, las
organizaciones de la izquierda revolucionaria en el Perú valoraron y analizaron
los diferentes elementos de la definición de Lenin. Las experiencias
guerrilleras de la década de sesenta fueron debatidas en la izquierda
socialista. En sus documentos, el PCP-SL y el MRTA hacían referencia a la gesta
guerrillera de 1965. Sin embargo, parece que se habían llevado por la
efervescencia del periodo en vez de ver más allá que solo las expresiones de la
realidad. Es decir, las organizaciones armadas de la década de ochenta cometían
el mismo error que los guerrilleros de los años sesenta.
El
PCP-SL y el MRTA cambiaron la definición de Lenin o usaron otros conceptos que
tenían que legitimar la lucha armada. La aplicación de estos conceptos no ha
sido suficientemente rigurosa o la definición de estos conceptos no estaba bien
elaborada para que estos conceptos pudieran permitir un cabal entendimiento de
la situación en el país.
Parece
que las organizaciones que desarrollaron la lucha armada en la década de
ochenta cambiaron el concepto de Lenin de una situación revolucionaria o usaron
los conceptos situación revolucionaria en desarrollo y situación
prerrevolucionaria para justificar una decisión ya tomada. Es decir, porque ya
habían decidido que era necesario iniciar la guerra de guerrillas, falsificaron
el concepto de Lenin, buscaron conceptos “maoístas” o elaboraron conceptos
supuestamente “leninistas” que encajaban en esta decisión.
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Wickham-Crowley, Timothy P. (1992). Guerrillas & revolution in Latin
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Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
Wise, Carol (2010). Reinventando el
Estado: estrategia económica y cambio institucional en el Perú. Lima:
Universidad del Pacífico / Centro de Investigación.
____________
(3) Durante las elecciones de 1963,
los Estados Unidos habían apoyado la candidatura de Belaúnde. Al igual que el
Ejército peruano, esperaban que él pueda eliminar las condiciones para una
revolución. El Partido Comunista Peruano también había apoyado la campaña de
Belaúnde. (4) Una de las propuestas de Belaúnde fue una reforma agraria. Sin
embargo, lo que se llevó a cabo durante este régimen no fue considerado como
una reforma agraria real. De los 8.975.496 acres que los expertos en
agricultura consideraron necesarios para poder llevar a cabo una reforma
agraria efectiva, en realidad el Estado solamente apropió 18.9%. Solo 11.343
familias se beneficiaron de la ley, el 1% del número total de hogares
proyectados (Petras y LaPorte, 1971: 79, 82).
(5) Algunos datos pueden visualizar
esta situación precaria de las masas peruanas. En el interior del país, un 3%
de los propietarios poseía el 83% de la tierra. En la costa la distribución era
un poco mejor: 10% de los propietarios era dueño del 89% de la tierra. En la
selva la distribución fue la más desigual, ya que el 3% del total de los
propietarios tenía el 93% de la tierra en sus manos. Para el Perú, en su
conjunto, esto significa que alrededor del 12% de los propietarios poseían el
95% de la tierra (Letts, 1964: 27). En 1961, 61.300 personas (1.9% de la
Población Económicamente Activa) ganaban el 44% del ingreso nacional (Béjar,
1969: 17, 33). Klarén (2004: 392) escribe que en 1960 el 5% de la población
recibió 48% de la rente nacional. Según Webb (1975: 29), en 1961 el 5% de la
población disponía de 43% de la renta nacional.
(6) Una izquierda más o menos unida
logró obtener el 31% de los votos.
(7) La Izquierda Unida fue un frente
electoral con una clara proyección socialista. Ver Izquierda Unida (1989).
(8) Las políticas económicas del
gobierno no sólo apuntaron a la transformación del país en una economía basada
en la exportación de productos primarios (Wise, 2010: 173; Burt, 2011: 70;
Crabtree, 2005: 49), sino también a la liberalización de la economía.
(9) La Reforma Agraria de 1969
proclamó que la tierra pertenecía a los que trabajaron en ella. Estimulados por
esta reforma, los campesinos comenzaron a ocupar las tierras de los grandes
terratenientes. Aunque en términos generales las ocupaciones de tierras fueron
motivadas por el deseo de los campesinos de poseer un pequeño pedazo de tierra,
los motivos concretos para ocupar las tierras fueron diversos. Por ejemplo, la
usurpación de la tierra de las comunidades por las cooperativas, la mala
gestión de las cooperativas y el hecho de que los campesinos consideraban la
tierra suya y ya no querían trabajar más para jefes (García-Sayán, 1982: 37,
39, 70, 126-128, 166).
(10) En la mayoría de los servicios
públicos está prohibido organizar sindicatos (Sulmont, 1981: 144). Los datos en
la tabla 5 muestran la evolución de las huelgas en el sector público, sin
embargo, en términos generales, datos sobre las huelgas en el sector público,
con la excepción de los maestros, son escasos. Aunque en muchas ocasiones no
fue posible registrar los sindicatos en el sector público, a mediados de 1980
el 95% de las personas que trabajaba en el sector público estaba afiliado a un
sindicato (Balbi, 1988: 9-10). Las estimaciones de Yépez del Castillo y
Bernardo Alvarado (1985: 51, 52) muestran que en los años 1981 y 1982 el 82.8%
de las personas que trabajaba en el sector público y que podría afiliarse a un
sindicato, pertenecía a un sindicato.
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