Economía

Arremetida Antilaboral y Legalidad Burguesa

César Risso

CON FECHA 26 DE DICIEMBRE del año 2018, en el Diario El Peruano, se publicó un pequeño texto titulado “El plan nacional de competitividad Parte-II” y, a renglón seguido, la opinión del abogado laboralista Germán Serkovic.

        En el marco de este Plan, el gobierno trata de crear opinión pública para la aceptación por parte de los trabajadores de la vulneración de sus derechos. Esto trata de hacerlo el ejecutivo por medio del desplazamiento de la discusión hacia la teoría jurídica. Así, la propuesta que permitiría privar de sus derechos a los trabajadores es la de aplicar la doctrina de los derechos cumplidos en sustitución de la doctrina de los derechos adquiridos.

        El texto del diario dice:

“El argumento de sostener que una eventual reforma laboral respetaría los actuales beneficios laborales dado que se trata de derechos adquiridos, es jurídicamente inapropiado. Se decide respetarlos por motivos de otra índole, políticos, electorales o de simple oportunidad, pero no en razón de un principio que impida modificarlos.” (https://elperuano.pe/noticia-el-plan-nacional-competitividad-parte-ii-74171.aspx)

Explicando el sentido del argumento del diario, expresión de los argumentos del ejecutivo, el abogado Germán Serkovic afirma:

“Desde 1984, el Código Civil en su artículo 2121 dejó de lado la doctrina de los derechos adquiridos, acogiendo la de los hechos cumplidos, a saber, la nueva norma se aplicará inclusive a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Años después, en una modificación al artículo 103 de la Constitución, se reprodujo en esencia el artículo pertinente del Código Civil otorgándole rango constitucional y por tanto alcances generales a la teoría de los hechos cumplidos.
La discusión queda zanjada, no hay derechos adquiridos.” (https://elperuano.pe/noticia-el-plan-nacional-competitividad-parte-ii-74171.aspx)

Como puede verse, la burguesía representada por Martín Vizcarra ha encontrado, según su parecer, el argumento “perfecto” para lograr afectar los derechos de los trabajadores.

        Brevemente, los objetivos prioritarios propuestos por el gobierno son:

        1. “Dotar al país de infraestructura económica y social […]”. Es decir, invertir considerablemente en construcción. Que se expresa en grandes negocios para las empresas constructoras.

        2.   “Fortalecer el capital humano, priorizando la optimización de los servicios para el fortalecimiento de capacidades y para la certificación de competencias laborales”. Esto apunta a fortaleces la formación de personal apto para enriquecer a los propietarios de los medios de producción. La educación, como sabemos, es el adoctrinamiento para la sumisión de los trabajadores a los intereses de la burguesía.

        3. “Generar el desarrollo de capacidades para la innovación, adopción y transferencia de mejoras tecnológicas, a través de mecanismos que eleven el nivel de la investigación científica y el desarrollo tecnológico”. Sabido es que una de las formas de la dominación de la burguesía imperialista, se da a través de la investigación científica, que requiere de grandes inversiones, que son financiadas por las empresas transnacionales, con el fin de apropiarse a través de patentes, del uso y control de las mismas.

        4. “Impulsar mecanismos de financiamiento local y externo, mediante la generación de instrumentos financieros acordes a las necesidades del tejido empresarial”. Lo más probable es que esto se de por medio de endeudamiento externo, lo cual nos someterá más aún a los intereses de la burguesía imperialista.

        5. “Crear las condiciones para un mercado laboral dinámico y competitivo para la generación de empleo digno, un marco regulatorio adecuado y mejora de los procesos de fiscalización laboral para la formalización de los trabajadores.” Aquí está el meollo del asunto. Mercado laboral dinámico, quiere decir, que la burguesía pueda despedir y contratar libremente a los trabajadores. Ya se ha visto como se ha propuesto la eliminación de la reposición de los trabajadores despedidos arbitrariamente. Aquí está en la mira del ejecutivo todo aquello que la burguesía denomina “sobre costos laborales”. Que son precisamente los derechos adquiridos.

        6. “Generar las condiciones para desarrollar un ambiente de negocios productivo […] la simplificación administrativa y eliminación de barreras […].” Es decir, libre mercado, retiro del Estado de la actividad económica, pero a la vez un papel regulador que consiste en la protección del libre mercado. Esto consiste en la formación de todos los precios, incluyendo el salario, el tipo de cambio, las tasas de interés, etc. Vale decir, que, por ejemplo, el salario se formará por la oferta y la demanda, en lugar de determinarse por las necesidades del trabajador y su familia. En consecuencia, los sindicatos perderán vigencia, así como la negociación colectiva.

        7. “Facilitar las condiciones para el comercio exterior de bienes y servicios, mediante el desarrollo de una oferta exportable diversificada y competitiva”. Esto quiere decir, que el ejecutivo pretende hacernos más dependientes desde el punto de vista comercial. Se sabe que los países industrializados nos dominan comercialmente a través del intercambio desigual, haciendo uso de los acuerdos comerciales.

        8. “Fortalecer la institucionalidad del país, gracias a la mejora del servicio de administración de la justicia, la articulación de medidas que promuevan la integridad pública y faciliten la lucha contra la corrupción”. La lucha contra la corrupción esgrimida por la burguesía, busca proteger a determinados sectores, o replantear la alianza o ligazón con otros sectores económicos, que se han erigido en los nuevos representantes de la burguesía. Por lo tanto, el fortalecimiento de la administración de justicia significa reordenar y facilitar el acceso a los contratos y licitaciones públicas de determinados grupos de poder económico, y además hacer frente a los justos reclamos tanto de los trabajadores, como de los pobladores de las comunidades nativas, campesinas y los pequeños agricultores frente a la agresión y la afectación de los recursos de los que viven.

        9. “Promover la sostenibilidad ambiental en la operación de actividades económicas, mediante la conservación de la infraestructura natural, la promoción de la economía circular en los mercados, la creación de capacidades para gestión de la puesta en valor de recursos naturales y la generación de soluciones sostenibles y diversificadas para el desarrollo productivo empresarial.” Tras las frases altisonantes de cuidado del medio ambiente que nos presenta el ejecutivo, está, por ejemplo, la exoneración de impuestos a las empresas mineras. Miles de millones de soles, que indican para beneficio de quién se proponen estos objetivos prioritarios. Los niños muriendo de cáncer, sin atención médica por parte de Estado, que bien podría hacer uso del dinero que deja de cobrar por exoneración de impuestos a las transnacionales, es otra muestra de quiénes serán los beneficiarios de estas medidas propuestas por el gobierno de Martín Vizcarra.

        La Política Nacional de Competitividad y Productividad, es el documento que mejor expresa la arremetida de la burguesía contra los trabajadores en el momento actual.