Movimientos Sociales

A propósito del Movimiento Contra el Peaje en Puente Piedra

Santiago Ibarra Rosario

EL 17 DE ENERO Castañeda Lossio, Alcalde de Lima, afirmaba: “Quiero anunciarles que el peaje de Chillón no va… haremos respetar los derechos del Perú y de cada uno de los limeños que me encargaron una tarea de defenderlos…”. Así fue cómo Castañeda intentaba aparecer en la noche de la serenata a Lima como un político que representa los intereses generales de la población y no los particulares del gran capital peruano, las transnacionales y la derecha política. No obstante, la verdad es que el mencionado no hacía sino buscar limpiar la imagen que él mismo había ensuciado días atrás, cuando afirmaba que “nos guste o no, los contratos se cumplen”.

El peaje es una de las cláusulas que contempla el contrato con la empresa brasilera Odebrecht -la misma que es protagonista de una de las mayores redes de corrupción en Brasil y Perú-, y que había empezado a funcionar cobrando cinco soles a las personas por salir y cinco soles adicionales para entrar nuevamente. Ese dinero se hubiera constituido en una más de las fuentes de las multimillonarias ganancias de esa empresa. Para la persona que vive de su trabajo, empero, se constituye en un pesado fardo con el cual cargar porque incluso habría significado para la mayoría de las familias sacrificar el dinero que se destina normalmente a la alimentación, a la salud y al vestido. El pueblo comprendió que era desde todo punto de vista injusto e ilegítimo ese cobro y que no respondía a ningún interés general, sino al interés egoísta de una empresa. En realidad, como ya se ha dicho, en la ciudad de Lima, NO debe existir ningún peaje.

Así, los días 5 y 12 de enero decenas de miles de trabajadores de Puente Piedra salieron masivamente a la calle a exigir que se cierre el peaje que se había abierto en diciembre del año pasado en el kilómetro 25.5 de la Panamericana Norte. Fueron dos jornadas de lucha duras, de más de 12 horas de duración, con 88 detenidos y varias personas afectadas por la lluvia de gases lacrimógenos y perdigones que la policía disparó.

Las marchas contra el peaje han sido las más importantes que se han protagonizado en Lima en los últimos años y cuya contundencia y efectividad se miden por las medidas que obligaron a tomar al Alcalde Castañeda Lossio.  Desde luego, en la decisión final de Castañeda hay que considerar además que Odebrecht ya viene siguiendo un juicio por corrupción en Brasil y en el Perú, lo que la debilitaba anticipadamente en las negociaciones. En el poder ejecutivo muy pronto entendieron que el peaje no iba y que la Municipalidad de Lima Metropolitana debía negociar con la empresa en cuestión. Hasta el momento, no se conocen los resultados de esas negociaciones.

De otro lado, el tamaño y la contundencia de las marchas muestran por sí mismas que el malestar y la inconformidad con el estado actual de cosas, con las políticas económicas de los sucesivos gobiernos no se limitan a las regiones donde se han producido movilizaciones contra la inversión minera, entre las que destacan las de Conga (Cajamarca), Tía María (Arequipa) y Las Bambas (Apurímac), sino que esos sentimientos, actitudes y pensamientos están presentes en Lima Metropolitana, lo que -es importante tenerlo en cuenta- no necesariamente se traduce en el activismo en alguna organización social  y menos en una militancia partidista, dado que el pueblo peruano y limeño en particular sufren todavía las consecuencias de la destrucción del tejido social y de la creación de grandes sectores de la población marginados del acceso a la cultura  social y humanística crítica provocados por las políticas neoliberales impuestas por el gobierno de Alberto Fujimori.

La acción directa de masas del valiente pueblo de Puente Piedra ha derrotado a Castañeda y a Odebrecht, es cierto, pero el Perú requiere la movilización concertada, organizada y planificada de las amplias mayorías para cambiar el Perú de raíz y construir políticas económicas que estén al servicio de esas mismas mayorías, y para ello es necesario crear, desarrollar y fortalecer las organizaciones de masas, en cuya tarea las organizaciones matrices y las organizaciones políticas de izquierda tienen un rol primordial que cumplir.

Otra cuestión que debe ser observada es la criminalización de la protesta. La prensa del país, como siempre, criminalizó el movimiento, oponiéndolo a la democracia. La prensa escrita, la televisión y la radio contraponen apriorística, arbitraria y malévolamente movimientos de masas a democracia. Al mismo tiempo, a ese sistema que se reclama de la democracia representativa pero que no representa a las mayorías sino a una minoría de ricos, lo deja intacto y nunca lo cuestiona y lo muestra como el único sistema político posible.

El movimiento contra el peaje ha sido la forma en que la población de Puente Piedra ha defendido sus intereses, ha sido ampliamente representativo del sentir y el pensar de esa población y de la población de otros sectores de Lima Metropolitana y otras regiones del país, pues no en vano el movimiento inspiró otros similares en la misma ciudad de Lima y en Chimbote.

La criminalización de los movimientos de masas es una técnica que el Estado y los medios de comunicación al servicio de los poderes constituidos usan para desbaratar expresiones democráticas que cuestionan el “orden” establecido.

Desarrollar el movimiento de masas para cuestionar un “orden” establecido que lo que hace es esquilmar a la población trabajadora, conservar políticas fiscales regresivas, políticas comerciales y monetarias que favorecen al capital extranjero, que deja los bosques y recursos naturales en general desprotegidos frente a los apetitos de ganancia ilimitada de las transnacionales y empresas privadas, y que destina a la salud y a la educación un porcentaje mínimo del producto interno bruto es fundamental y una necesidad de las mayorías del país.