sábado, 2 de enero de 2021

Economía

Neoliberalismo y Ley de Promoción Agraria1 

César Risso

SE DICE, por parte de los empresarios, que la Ley de Promoción Agraria que se ha derogado recientemente, ha sido la base del dinamismo del sector agroexportador. Pues bien, esto lleva a dos conclusiones: la primera es que de ser así, sería el modelo anhelado para el dinamismo o crecimiento de la actividad privada en su conjunto; la segunda sería que los llamados “sobrecostos laborales” son efectivamente una traba en el desarrollo económico del sector agropecuario y de nuestra economía en su conjunto.

        Curiosamente, los especialistas en la medición del crecimiento e impactos positivos de la agroexportación, aplicando técnicas econométricas, llegan a la siguiente conclusión: “A pesar de la evolución favorable de distintos indicadores, así como de los beneficios mencionados, la evidencia econométrica sobre los efectos de la Ley de Promoción Agraria es limitada.”2


“Muchos especialistas coinciden en que el despegue de las agroexportaciones, en un contexto de apertura comercial, ha sido posible gracias a la Ley de Promoción del Sector Agrario (LPA). Esta ley, que fue aprobada en octubre de 2000, introdujo una serie de beneficios, como el pago de 15 por ciento como concepto de impuesto a la renta, depreciación acelerada, recuperación anticipada del IGV, pago de una remuneración diaria (RD) que incluye la CTS y las gratificaciones, y un aporte mensual de 4 por ciento a la seguridad social a cargo del empleador. Estos se reflejan en costos laborales no salariales de 21 por ciento del salario bruto, en comparación al régimen laboral general, cuyos costos representan el 57 por ciento”3

Con estas medidas es imposible no crecer. Si las empresas pagan solo la mitad del impuesto a la renta, si pueden depreciar aceleradamente, esto es, recuperar el valor monetario de las máquinas y equipos, si pueden recuperar anticipadamente el IGV (devolución del IGV), y pagos de remuneraciones diarias que incluyen la CTS y las gratificaciones, entonces el supuesto crecimiento no es otra cosa que una repartición del valor creado por los trabajadores que favorece largamente a los empresarios.

        ¿Qué es lo que ha estado sucediendo en el sector agroindustrial que ha provocado la reacción organizada y masiva de los obreros agrícolas?


“La CGTP dice en un comunicado emitido que la Ley 227360, Ley de Promoción Agraria, conocida como Chlimper, modifica las reglas laborales. ‘En la remuneración se incluye la CTS, 2 gratificaciones, y las vacaciones anuales, anulando los beneficios sociales de 270 mil trabajadores agroindustriales’, señala el sindicato que además contabiliza dicha acción como un ahorro por parte de los empresarios de S/. 1200 millones.”4

Además de afectar considerablemente a los trabajadores en sus remuneraciones y en la jornada laboral, esta Ley afectó a los llamados sectores vulnerables al restar recursos al Estado para la función de protección:


“Un estudio objetivo habría revelado que entre 2005 y 2020 el fisco perdió S/. 2,900 millones y que EsSalud perdía S/. 300 millones al año”5

Si sumamos lo que las empresas se han “ahorrado” por el régimen laboral que las ha venido beneficiando con las ventajas tributarias, se tendría una suma de 4100 millones de soles, en términos gruesos, que pasaron a engrosar las utilidades de estas empresas.

        Esta Ley que raya en la esclavitud, es poco más o menos lo que la burguesía en el Perú ha estado tratando de imponer. Las ganancias a las que aspiran pasa necesariamente por la sobre explotación de los trabajadores, disfrazando su discurso con argumentos supuestamente técnicos. Su propuesta de eliminar los derechos laborales (vacaciones, gratificaciones, etc), que de manera recurrente han venido exigiendo, no ha prosperado debido a la actitud vigilante de los mismos trabajadores, como en el caso de los jóvenes, en quienes se quiso aplicar estas medidas como una suerte de plan piloto para hacerlas extensivas a todos los trabajadores.

        El llamado modelo neoliberal vigente en el Perú y en el mundo, destaca la necesidad del libre mercado, puesto que, según los intelectuales burgueses, este sería el mejor asignador de recursos. Por esto es que señalan que no debe de haber salario mínimo, sino que más bien el salario se debe determinar por la “ley” de la oferta y la demanda de la fuerza laboral. Si, por ejemplo, por el libre mercado, el salario fuese de 500 soles, entonces el Estado no debería intervenir, puesto que la oferta y la demanda así lo determinan. Esto estaría significando, según el libre mercado, que hay un exceso de fuerza de trabajo, o que hay una escasa demanda de fuerza de trabajo. Cada quien puede imaginarse cómo se puede resolver el problema de este ridículo salario, sabiendo que la canasta básica familiar es de S/ 1408 por hogar.

        De ser la situación de un exceso de oferta de fuerza de trabajo, entonces el asunto es cómo reducir la cantidad de trabajadores; pero si fuese de una escasez de demanda de fuerza de trabajo, que no sería sino el reverso de la situación anterior, habría que ver igualmente la forma de resolver el problema. La pregunta sería ¿para quién es un problema el exceso de oferta de fuerza de trabajo? Este exceso de fuerza de trabajo permite que la burguesía, basándose en el libre mercado, pueda justificar salarios miserables. De modo que este supuesto exceso de oferta de fuerza de trabajo favorece los intereses de la burguesía que así puede justificar que, independientemente de su voluntad, por las leyes “naturales” de la oferta y la demanda, se determine el salario de “equilibrio”.

        Sin embargo, lo que apreciamos con la Ley de Promoción Agraria, es precisamente la intervención del Estado. Esta ha servido para beneficiar tributariamente a las empresas agroindustriales, así como para afectar los ingresos de los trabajadores. De modo que, aquello que es válido en términos generales, universalmente, en la conciencia burguesa, para el normal desenvolvimiento de la economía, es decir, el libre mercado, resulta no siendo válido cuando se trata de sacar el máximo provecho. El Estado burgués, es aprovechado por la clase social que lo sostiene y a la que representa, para beneficiarse a través de normas legales que permite redistribuir la riqueza creada por los trabajadores, haciendo mucho mayor la tajada que se apropia. La ganancia no es otra cosa que la apropiación legal por la burguesía de parte de la riqueza que ha sido creada por los trabajadores, y que con la Ley de Promoción Agraria, se amplía considerablemente a costa de privar a los trabajadores de una porción mayor de la que ellos han creado, reduciéndolos a la situación de parias.

        Este neoliberalismo, que tiene como sustento la desregulación y el retiro del Estado de la actividad empresarial, que desprotege a los trabajadores, y que busca de todas las formas posibles agigantar las ganancias, que postula el libre mercado como la panacea para toda la sociedad, renuncia por sus propios intereses al libre mercado y recurre al Estado cuando así le parece, cuando así le conviene, como en la Ley de Promoción Agraria.

        Es ya un estribillo escuchar a los representantes de la burguesía en los gremios empresariales decir que las pequeñas empresas no podrán soportar el aumento de remuneraciones de los trabajadores, que éstas no podrán pagar el impuesto a la renta, etc. Pareciera que las empresas informales y pequeñas existen para que las grandes empresas puedan justificar su ventajosa situación.

        El neoliberalismo vigente actualmente, se da para proteger los intereses de la burguesía y promover la sobre explotación de los trabajadores.

        Dentro de poco, con seguridad, toda la burguesía empezará a exigir el mismo tratamiento laboral y tributario que el sector agroexportador. Argumentando el éxito de la agroexportación, propondrán que esta debería ser la nueva “normalidad” económica que nos permita aumentar la inversión privada y con ello ubicarnos en el primer mundo. Este es el cuento que los intelectuales burgueses y los representantes de los gremios empresariales, quieren que brote espontáneamente en la conciencia de los trabajadores.

        Por ahora los trabajadores no ven la propuesta general de la burguesía, sino solo las necesidades inmediatas de los trabajadores. Esto es lo que no permite avanzar a las clases trabajadoras a nivel nacional. Ven la situación en la empresa que laboran, o en el sector de empresas en el que laboran, pero en su conciencia no se funde en una visión única la situación, de la que son víctimas, y que es la misma en el conjunto de nuestra sociedad, y que el Estado, más allá de algunas actitudes y propuestas, incluyendo el llamado “populismo”, es justamente el representante de los intereses de la burguesía, como se ha demostrado en los hechos hasta la saciedad.

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(1) “Ley del régimen laboral agrario y de incentivos para el sector agrario y riego, agroexportador y agroindustrial”. En https://es.scribd.com/document/489391625/Ley-Agraria-2#fullscreen&from_embed

(2) https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Moneda/moneda-181/moneda-181-06.pdf

(3) Ibíd.

(4) https://cuadernoborrador.com/2020/11/30/ica-arde-en-protestas-contra-la-agroexportacion-%F0%9F%9A%A8/

(5) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=896399094438836&id=408068936605190

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