Economía

De la Crisis Económica a la Crisis de la Estabilidad

Cesar Risso

EL CONJUNTO DE MEDIDAS de política económica propuestas por el ministro de economía Alex Contreras, tiene no tanto la finalidad de enfrentar la crisis económica, sino la de hacer propaganda del supuesto interés del ejecutivo por apoyar a los sectores populares, o vulnerables, como se les llama ahora. Propaganda falsa, sin embargo, puesto que lo que pretenden es apoyar a las grandes empresas, y de paso, tratar de agenciarse de cierto respaldo popular.

La alarma de la caída de la producción, da el mensaje de que la economía peruana está en una situación en la que no se presta para hacer negocios. La inversión privada ha disminuido considerablemente. Esto trae una cadena de consecuencias, entre las que se presenta la disminución de la rentabilidad. Cuando los negocios son rentables, no importa el número de pobres. Los 9 millones 184 mil pobres que existen en nuestro país solo sirven para justificar las medidas a favor de la burguesía.

El primer plan del ministro de economía de Dina Boluarte, Con Punche Perú, ha sido un fracaso. Aunque lo de fracaso tiene que ver con lo que se proponía lograr. Ya sea como propaganda a favor del gobierno, o para disminuir la pobreza, o para incentivar la producción, igual fue un fracaso.

La solución que proponen apunta a que las grandes empresas sigan obteniendo considerables ganancias. Si se paraliza algún sector de la economía, esto afectará a la totalidad de las empresas y, en consecuencia, al sistema capitalista en su conjunto. Por lo tanto, los programas implementados tratan de reducir el impacto de la caída de la producción. Para esto recurren a medidas “postizas”, “artificiales”, puesto que no corresponden al libre mercado que tanto pregonan. La burguesía recurre al libre mercado para enfrentar los reclamos de los trabajadores, afirmando que afectar al libre mercado es populismo, y solo conseguiría empeorar su situación; pero abandona el libre mercado cuando se trata de proteger y favorecer sus intereses.

Qué sucedería si las microempresas disminuyeran su actividad, o si dejaran de operar, sobre todo aquellas que producen bienes salario. Simplemente pasaría que el mísero salario que reciben los trabajadores haría imposible su existencia, y con ello se daría la destrucción de la fuerza de trabajo; y, como bien se sabe, las empresas no tendrían a quien extraerle la plusvalía.

Sin embargo, a la burguesía no le importa ni la situación ni el destino de las clases populares. Cada burgués, a través de la competencia, busca obtener la máxima ganancia. Para proteger el conjunto de los intereses de la burguesía están las llamadas instituciones tutelares, y el Estado en su conjunto, que es en definitiva la razón de existir del Estado burgués.

Ahora proponen otro plan más ambicioso (Plan Unidos). Se trata de 25 medidas, las cuales apuntan a favorecer a las grandes empresas, sobre todo a las empresas mineras y agroexportadoras. Se trata de facilitar, con una serie de medidas, la ampliación de la inversión privada. Por el lado de la inversión pública, como siempre, irá a parar a manos de las empresas privadas, que son las que ejecutarán las obras.

La protección de la cadena de pagos, dirigida en primera instancia a las Mypes, desembocará en los bolsillos de los grandes burgueses. Debido a que uno de los problemas que se enfrentan en esta crisis es el aumento de la morosidad en la devolución de los créditos, los fondos pasarán por las manos de los pequeños propietarios solo para honrar sus deudas. De esta manera se protege las ganancias de la gran burguesía.

En el caso del llamado destrabe de los proyectos mineros, se trata de dar libre curso a estas inversiones, de tal modo que los estudios de impacto ambiental se vayan dejando de lado para así dar mayor rapidez a estas inversiones. Es decir, lo que la propia burguesía ha ido avanzando a nivel mundial, y nacional, que es el cuidado del medio ambiente (en la medida que esto es posible dentro de un sistema que promueve el interés privado sobre el social), pasa a segundo plano, afectando los tres niveles de impacto que dejan las actividades económicas: social, físico y biológico. De modo que se desatará la contaminación de los recursos de que disponen las comunidades campesinas y nativas, así como los pequeños productores agrarios, y con ello se afectará al conjunto de la sociedad que dispondrá de agua y alimentos contaminados, además del aspecto cultural que se verá seriamente dañado al abandonar la protección de los restos arqueológicos.

Estas medidas exigen el uso de los recursos del Estado. Este pondrá a disposición de los diversos sectores, a través de una serie de mecanismos, estos recursos. Esto generará un exceso de demanda que derivará en un proceso inflacionario. La burguesía peruana caracterizada por ser rentista, que vive de la permanente expropiación de los recursos del Estado (el 60% de los impuestos corresponde al IGV que pagamos todos), aprovechará los beneficios así obtenidos.

Todas estas medidas, que en tiempos “normales” (sabemos que esto significa desempleo, pobreza y explotación de las clases trabajadoras) no se hubiesen podido aplicar, así como disponer de los fondos, con la anuencia de los sectores populares, se ha hecho posible por las condiciones actuales de alarma por la crisis económica y el impacto del fenómeno del niño. En otras palabras, la crisis por la que estamos atravesando es la coartada para la burguesía de hacerse de buena parte de los fondos públicos.

El aumento del desempleo, y de la pobreza, conducirá a los trabajadores despedidos, a dedicarse a alguna actividad económica. Así, no tendrán otra alternativa, para poder sobrevivir con sus familias, que engrosar el sector de los informales. Pero el aumento de los informales significará que los ingresos obtenidos por la demanda de los bienes y servicios que atiende este sector se distribuirán entre un mayor número de trabajadores, con lo cual, tomados individualmente, serán más pobres. A esto se suma lo que significa la condición de trabajador informal: ganar menos del salario mínimo legal, no tener vacaciones, ni gratificaciones, ni seguridad social, y trabajar más horas de las establecidas por ley.

Sobre el problema de la inflación, que el gobierno ha enfrentado por medio de la política monetaria del BCR, con las mismas políticas de los países imperialistas, ha sido contraproducente puesto que ha contribuido a agravar la crisis económica que enfrentamos actualmente. La medida de la elevación de las tasas de interés para controlar el “exceso” de demanda, es una política que, de no tener efectos inmediatos en reducir la inflación, es recesiva, que es justamente lo que ha ocurrido.

Si desde el punto de vista de la teoría económica es lógico disminuir la demanda, desde el punto de vista de la realidad y de los sectores populares es un crimen. Si hay más de 9 millones de pobres en nuestro país, quiere decir que su demanda para consumo es mínima, por debajo de lo que necesitan para vivir. Pero, debido a que hay inflación, los teóricos burgueses consideran que la demanda es mayor que la oferta, lo cual conduce a la inflación. Es decir, no les importa la cantidad de pobres, lo que les importa es lograr el equilibrio entre la oferta y la demanda, bajando así la inflación, pero a costa de la destrucción de seres humanos que se encuentran en situación de pobreza.

Además de lo señalado, la inflación le permite a la burguesía disminuir el salario real de los trabajadores. Es decir, se reduce el costo de la mano de obra, pues los salarios no aumentan, mientras que el precio de las mercancías que venden es más alto, con lo cual pueden obtener mayores ganancias. Del mismo modo, aquellos sectores cuyos precios suben más que los de otros sectores, logran obtener mayores ganancias.

Si agregamos a los trabajadores familiares no remunerados, la situación pasa de dramática a trágica. La capacidad de autosostenerse por parte de los sectores populares, con la llamada política del emprendedurismo, ha contribuido a que, a partir de los trabajadores despedidos de la década del 90 del siglo pasado, en el marco de la política neoliberal, lleven adelante actividades económicas que hacen uso de forma gratuita de la mano de obra familiar. Esta vil maniobra de expulsarlos de su centro laboral, no solo del estatal sino de buena parte del privado, dándoles capacitación para que pongan sus propios negocios, logró obtener el resultado de someter, no solo al trabajador de la empresa, sino a toda su familia, a la voracidad de las empresas privadas. Las empresas privadas se deshicieron de la responsabilidad de respetar los derechos laborales, y además obtuvieron bienes y servicios baratos. Pero, lo que resulta tragicómico, es que lograron afianzar el pensamiento burgués en los trabajadores así sometidos. Estos piensan como empresarios, pero viven peor que obreros. De modo que no solo viven precariamente, sino que además defienden al sistema capitalista.

La propaganda de la política de reactivación de nuestra economía por medio del Plan Unidos, si fuese objetiva, tendría que exponerse así: “Plan Unidos para aumentar las ganancias de los grupos económicos de poder, a través del esfuerzo de los amplios sectores populares”.

Los miles de millones de soles destinados a la gran burguesía por medio del Plan Unidos, saldrán del Tesoro Público. Es decir, del bolsillo de los sectores populares, pues el 60% de los ingresos del Estado se obtiene por el pago del IGV, el cual pagamos todos, incluidos los desempleados, los indigentes, etc. Es la lógica de la burguesía peruana, que aparte de vivir de la explotación a la que somete a los trabajadores bajo el sistema de trabajo asalariado, se apropia de los recursos públicos en su condición de burguesía, sobre todo, rentista.