Las
Luchas Populares y la Bancarrota de la Democracia Burguesa
Cesar
Risso
NO RESULTA DIFÍCIL ENCONTRAR
los móviles que condujeron al golpe de Estado contra Pedro Castillo. No ha sido
la lucha de la burguesía como clase, para sostener su dominio, es decir la
vigencia del capitalismo en nuestro país. El Estado en ningún momento dejó de
ser un Estado burgués, del mismo modo que en ningún momento estuvo en peligro
el sistema de trabajo asalariado. El problema, en términos generales, ha sido
la disputa por el gobierno del poder, y por retomar el control de todos los
hilos del dominio burgués.
Sin embargo, es necesario hacer una serie de precisiones. La
estructura mafiosa del Estado, sus redes, construidas durante décadas,
particularmente desde la dictadura de Alberto Fujimori1, se vio
seriamente afectada por el desorden causado por el gobierno de Pedro Castillo.
Al no ser parte este de la llamada “clase política” (expresión por cierto
desafortunada, porque carece de carácter científico), trabajaría, sin darse
cuenta, por reemplazar dichas redes por otras nuevas, con otros personajes,
sobre todo de su entorno, desabasteciendo así de las pingües ganancias que les
reportaba ser parte de la burocracia a los “funcionarios” y “trabajadores” de
los cargos clave en el aparato del Estado, y de quienes son los representantes
políticos de la burguesía a todo nivel.
Estos cambios significarían nuevas reglas, y ampliaría el
número de intermediarios entre las grandes empresas y el Estado. El
desbarajuste se empezaba a sentir, e incluso, aquellos que se aprovecharon de
la cercanía a Pedro Castillo, ya sea por comunidad de ideas, por afinidad
política, por lazos familiares o amicales, o incluso simples arribistas que
conseguían aproximarse por diversos medios, comenzaron a tratar de aprovechar
los negocios que se presentaban. Total, el compromiso era de Pedro Castillo y
de Perú Libre.
Probablemente una de las preocupaciones de la burguesía era
que la inexperiencia de los nuevos agentes pusiera en evidencia el enorme
negocio de la corrupción en sus diversas modalidades. Esto, evidentemente
pondría a la burguesía y al sistema con el cual domina en una situación difícil
frente a las amplias masas de trabajadores, y frente al pueblo en su conjunto.
Es decir, abierta la caja de pandora de la corrupción, aunque ciertamente las
manifestaciones de la corrupción se desbordan por todas partes, la “magia” del
gobierno del poder se desvanecería, y la burguesía quedaría al descubierto en
sus fines: obtener ganancias a costa de lo que sea, incluso del bienestar y la
vida de las clases trabajadoras.
De por medio estaba el hecho de que la gestión de Pedro
Castillo (no se trata de la labor del individuo que, por supuesto tiene cierto
peso, sino del conjunto de sectores que se beneficiaba con sus políticas y a
los cuales representaba), que tenía cierto éxito y que, por ello, podía generar
expectativas populares, y en consecuencia presionar para lograr el cambio de la
Constitución, y con ello afectar aun más las redes “tradicionales” de
corrupción imperantes, así como a sus usufructuarios.
Hay que considerar, además, que la presencia de Pedro
Castillo en el gobierno, sumaba un gobierno más a los que son considerados de
izquierda en esta parte de América, aunque en el sentido de tener una política
más o menos antimperialista, con medidas socialdemócratas, es decir
pequeñoburguesa y nacionalista.
De otro lado, el tratamiento a la inversión extranjera
directa en nuestro país, a través de los llamados contratos de estabilidad
tributaria, que bajo el “incentivo a la inversión minera”, entre otros, ha
beneficiado a las empresas transnacionales con una serie de exoneraciones y
devoluciones, significando en los hechos la entrega de nuestros recursos
naturales a precio de remate. Como se sabe, esta política denominada
neoliberal, nombrada Consenso de Washington, de carácter planetario, fue
implementada durante la dictadura de los 90 del siglo pasado por el títere
Alberto Fujimori. Política de expoliación de nuestros recursos naturales, así
como de la fuerza de trabajo peruana, ejecutada por medio del retiro del Estado
de la actividad económica, y con ello promoviendo y aplicando la eliminación de
derechos de las clases trabajadoras.
Otro aspecto importante en las condiciones que determinaron
el golpe de Estado a Pedro Castillo, está dado por la disputa entre los EEUU y
China, por la hegemonía económica mundial, que se presenta en la construcción
del mega puerto de Chancay2, así como la carretera que permitiría
distribuir las mercancías en toda América del sur, iba a otorgarle una
presencia considerable a China en el continente, restándole en gran parte el
control que sobre nuestros países ejerce el imperialismo norteamericano.
La estructura del Estado burgués (no la formal), con el
“sistema” de coimas, y los diferentes mecanismos de beneficio de los grandes
negocios, generó las condiciones para dar curso al desarrollo del narcotráfico.
Este enorme negocio planetario, ha encontrado condiciones favorables y
“sostenibles” en nuestro país. Es evidente que esta “actividad” requiere de la
red de corrupción establecida desde hace muchas décadas, por lo cual necesitaba
urgentemente la restitución de los mecanismos y los personajes que agilizaban y
facilitaban dicho “negocio”.
Otro elemento de considerable importancia está en el intento,
o la propuesta, del gobierno de Pedro Castillo de formalizar a los informales.
Es cierto que la propaganda burguesa ha repetido hasta el cansancio que los problemas
de bajo crecimiento económico, baja presión tributaria, etc., se deben a la
informalidad, y como consecuencia de ello, la baja productividad, que, según
los intelectuales a sueldo de la burguesía, configuran nuestra economía como de
baja competitividad. Sin embargo, una peculiaridad del capitalismo peruano
consiste en que los informales permiten que los trabajadores puedan sobrevivir
a pesar de la miseria que reciben como remuneración. Los informales producen
bienes salario baratos, lo cual permite sostener a las clases trabajadoras. En
consecuencia, los que hipócritamente acusan como uno de los problemas que
detiene nuestro crecimiento económico, es el sustento de la forma de
capitalismo que impera en nuestro país, y por ello mismo, no quieren que la
informalidad deje de existir.
Sin duda otros intereses menores jugaron su papel en el
conflicto cuyo desenlace aun no se puede predecir, aunque sí está claro que las
cotas a las que ha llegado tanto el accionar de la ultraderecha, en el gobierno
y en el legislativo, así como la represión de la PNP y de las fuerzas armadas, con
el asesinato de más de veinte personas, aunque aun es difícil precisar el
número exacto, conducirá la lucha política a niveles superiores, a condición de
la materialización de la organización con carácter nacional de las clases
trabajadoras y del pueblo en su conjunto.
En el Perú, el asesinato de manifestantes se va convirtiendo
en una suerte de tradición3. El aparato represor del Estado, actúa
considerando que el estado de emergencia es la libertad de asesinar impunemente.
Por ello, la llamada marcha por la paz, a la que está convocando la policía
nacional, no es más que una maniobra propagandística, que tiene por finalidad no
que no haya más muertos ni heridos, sino evitar que el pueblo se siga
organizando para desarrollar acciones directas que ponga en evidencia que el
poder está no solo en el número, sino en la voluntad unificada de las clases
populares, y que por ello, llegue a la conclusión que alcanzado cierto nivel de
organización y de conciencia, caiga en la cuenta que el verdadero poder ha
pasado a sus manos, y su voluntad sea la ley y el ejercicio de la más amplia
democracia posible.
El costo, para los representantes políticos de la burguesía,
de dar el golpe de Estado a Pedro Castillo, puede ser muy alto. Este golpe ha
motivado las manifestaciones de protesta, y ha inducido a una más rápida y
amplia organización de las clases populares.
Las formas de lucha actualmente desarrolladas están
conduciendo al pueblo a tomar conciencia de los intereses que están en juego.
Así, se puede apreciar que la organización orquestada para dar el golpe de
Estado a Pedro Castillo ha contado con la participación de los congresistas, de
algunos ministros, de la prensa, de la CONFIEP, así como de los grupos
económicos de poder. Estos hechos han conducido al pueblo a la percepción de
que este golpe no es obra solo del Congreso, sino que por encima de ellos están
los intereses de la burguesía como clase. En consecuencia, la lucha no es solo
porque se cierre el Congreso, o por el cambio de Constitución (habría que ver
en qué sentido se propone cambiar la Constitución, aunque por las consignas se
puede apreciar que se trata de un contenido pequeño burgués, nacionalista), sino
para desplazar a la burguesía del gobierno del poder, aunque sin tener claridad,
por ahora, del necesario cambio de sistema. Sin embargo, el déficit de la labor
de la izquierda proletaria se hace sentir en estos momentos. La propaganda por
el socialismo está prácticamente abandonada. No se establece la ligazón entre
la lucha política en la coyuntura actual, y el contenido de la lucha por el
socialismo. En consecuencia, las formas de lucha pueden llegar a ser las
superiores, pero el contenido puede estar por debajo de los niveles de lucha
que se desarrollen.
Poco a poco el pueblo va cayendo en la cuenta que la
Constitución y las leyes son hechura humana y que, en consecuencia, reflejan
los intereses de las clases sociales. Pero el asunto no es lineal, es decir, no
se trata de que al cambiar la Constitución automáticamente las cosas cambian;
se trata de que las cosas cambian, y la Constitución reflejará estos cambios.
Sin embargo, en la coyuntura actual, ha prendido en el pueblo la urgencia del
cambio de la Constitución. Por ello, es necesario continuar con dicha consigna
que resulta unificadora, para a partir de ella orientar hacia los intereses
históricos del proletariado y del pueblo.
La “deslegitimación” del actual gobierno, de continuar la
brutal represión de la que hacen objeto al pueblo, conducirá ya no a buscar la
aceptación de los órganos de poder para la implementación de la asamblea
constituyente y la elaboración de una nueva Constitución, sino a darle curso
por los canales populares, gremiales, etc., es decir, por las diversas formas
de organización de los sectores populares, desconociendo las formas burguesas
de gobierno del poder, para orientarse hacia formas populares de gobierno de
poder.
La propuesta de adelanto de elecciones ha obligado a los
representantes de la burguesía en el Congreso a exigirse al máximo
intelectualmente para sustentar la necesidad de su continuidad hasta cumplir su
mandato el año 2026. Una de las justificaciones está en creer que han sido
elegidos por los ciudadanos por sus méritos intelectuales, cosa que por
supuesto ni ellos mismos creen.
La expectativa generada acerca del gobierno de la primera
mujer se ha desvanecido. El problema no es de órganos sexuales, ni del uso que
se les dé. El problema es de las clases sociales que están en pugna; de la base
económica, que en este caso es capitalista.
El papel que está cumpliendo Dina Boluarte, es el mismo que
cualquier mujer u hombre cumpliría como representante político de alguna de las
clases sociales vigentes. Así, el papel que ha asumido es el de servir los
intereses de la burguesía en el gobierno del poder; la restitución de las
ventajas económicas de la burguesía; la feroz represión de los sectores
populares que se enfrentan al golpe de Estado ejecutado contra Pedro Castillo.
Para la burguesía, las formas son lo de menos. Lo importante
es el contenido, el logro de su objetivo de desplazar del gobierno del poder a
Pedro Castillo y sus allegados. Las leyes pueden retorcerse para que
signifiquen siempre lo mismo: el dominio político de la burguesía. Los
asesinatos ponen en evidencia que, frente a la propiedad privada de los medios
de producción, la burguesía está a favor de la propiedad privada de los medios
de explotación para someter a las clases trabajadoras; que los asesinatos
tienen por objetivo hacer retroceder al pueblo en su búsqueda de justicia; que
no les importa a cuantos tengan que matar, siempre que la burguesía mantenga el
poder. A pesar de lo cual, Dina Boluarte, representante de turno de los
intereses de la burguesía y defensora de su poder, dice que lamenta las
muertes. A este respecto, el artículo uno de la actual Constitución burguesa
dice: “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin
supremo de la sociedad y del Estado”. Esta declaración es la más grande mentira
que propagandiza la burguesía. Ya sabemos la condición de pobreza en la que
viven las clases populares; la precariedad de sus condiciones de vida;
condiciones que potencian los males en la “persona humana”, según reza la
Constitución; todo lo cual llega a su más alta significación en el asesinato de
los manifestantes. Es evidente la bancarrota de la democracia burguesa, como
propaganda de la más alta expresión de la vida y de las normas de convivencia.
En la lucha actual, la democracia burguesa aparece como lo que realmente es: la
dictadura de la burguesía.
El papel de la PNP y de las fuerzas armadas es el de sostener
el sistema capitalista. Por eso se les llama “instituciones tutelares” del
Estado, porque mantienen el orden burgués y el dominio burgués. Son
instituciones políticas, que por la fuerza de las armas controlan a las clases
trabajadoras para que continúen sometiéndose al régimen político de la
burguesía, plasmado en la Constitución.
Si las clases populares se deciden a construir una nueva
forma de vida, y reflejar esta en una Constitución, tienen que construir sus
“instituciones tutelares” que mantengan el nuevo orden y dominio de sus
intereses.
___________
(1) En este caso “dictadura”
hace referencia a la forma de gobierno, a diferencia del concepto de dictadura
como opresión de una clase por otra. Así, la república democrática es una forma
de gobierno en el marco de la dictadura de la clase burguesa.
(2) https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-62746144
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