Economía

Confrontación Económica entre la Burguesía y la Pequeña Burguesía, y las Luchas del Pueblo

Cesar Risso

LA CONFRONTACIÓN ENTRE LA BURGUESÍA, el gobierno, las tendencias de izquierda y el pueblo, aparece como las contradicciones en las que se disputa la dirección de la economía.

Lo cierto es que la burguesía quiere encontrar los cauces que le permitan que su poder se exprese más allá de la estructura económico-social. Esto es, que no le basta que sea el sistema capitalista la base de nuestra economía y sociedad, sino que necesitan, los burgueses concretos, manifestar su interés individual en las mayores ganancias que puedan obtener a través de las instituciones burguesas.

Se trata de que la burguesía tiene el poder, pero la gestión del Estado está en manos de diversos sectores de la pequeña burguesía.

La gran burguesía peruana sabe muy bien las diversas formas que ha ido desarrollando para tener el control absoluto de la economía. Esto lo ha logrado a través de la Constitución del 93, en la que se cobijan todos sus desmanes económicos, que se expresan en los diversos mecanismos de corrupción, entre otros. Por esto, sabe que hay muchas posibilidades de que la pequeña burguesía le desarme el andamiaje que levantó durante las décadas del elevado crecimiento de sus ganancias. Esto es precisamente lo que quiere impedir.

 Como expresión de esta pugna, se ha presentado de parte del legislativo el llamado paquetazo laboral, donde pretenden relajar los derechos de los trabajadores, flexibilizando las normas actualmente existentes que, al amparo de la actual Constitución, ha significado la práctica desaparición de la estabilidad laboral por medio de los contratos a plazo fijo.

 Evidentemente a la burguesía no le basta con la precaria situación de los trabajadores en estos momentos, con la imposición de una legislación neoliberal. La burguesía peruana necesita mucho más. Por ello ha venido exigiendo la eliminación de los derechos laborales a los que llama “sobrecostos laborales”. A pesar de la situación actual de los trabajadores, la burguesía considera que estos son privilegiados, que tienen muchos derechos, que el salario mínimo legal es muy alto, etc.

 Otro aspecto de la lucha de la burguesía en el plano económico está dado por la negativa a la propuesta de renegociación de los contratos con las empresas transnacionales, sobre todo en el sector de hidrocarburos. Para esto silencian los hechos, como el que ha habido varias centenas de renegociaciones solicitadas por las mismas empresas privadas. Igualmente silencian la sanción que CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) le impuso al consorcio del gas de Camisea por no haber pagado las regalías correspondientes al haber exportado el gas a México a un precio bajo y luego haberlo reexportado a un precio considerablemente alto.

En relación a la inflación ocurre más o menos lo mismo. La burguesía silencia que existe inflación internacional que impacta los precios nacionales. Igualmente, plantea que el aumento del tipo de cambio se debe a la gestión del actual gobierno, cuando se sabe que esto se debe a fenómenos internacionales.

 Del lado del gobierno, está la propuesta de renegociar con el consorcio que explota el gas de Camisea, así como la solicitud al Congreso para legislar en materia tributaria; medidas que, según se intuye, reducirán las ganancias de la burguesía.

Los analistas señalan respecto al incremento de los tributos que esto provocará inflación y recesión, agregando que esto afectará sobre todo a los sectores populares. Este es uno de los argumentos más repetidos por la burguesía y sus intelectuales. Se manifiestan preocupados por la situación de los pobres. Pero si las medidas que proponen justamente hacen más pobres a los pobres, porque parte de los ingresos de los pobres van a pasar a manos de la burguesía.

El incremento de los tributos no siempre pasa directa y totalmente al consumidor final, sino que puede ser asumido por las empresas en su totalidad, o también puede repartirse entre las empresas y los consumidores finales. Esto es lo que dice la teoría económica burguesa; pero por defender sus mezquinos intereses, niegan en los hechos su propia teoría. De modo que no todo está dicho en este asunto.

A esto le han agregado que al sustraer de manos de la burguesía una parte de sus ganancias, entonces esto reducirá los gastos de la burguesía con lo cual se afectará el crecimiento económico. Pero lo que no dicen es que ese dinero va a parar a manos del Estado para redistribuirlo a través de inversión pública, de los programas sociales, etc. Claro está que estamos hablando de un Estado burgués, aunque, por ahora, con una política pequeño burguesa.

Así las cosas, de un lado está la pequeña burguesía con una propuesta de renegociación del contrato con el consorcio que explota el gas de Camisea, y de reforma tributaria, y de otro lado la burguesía que a través de sus representantes ha propuesto el paquetazo laboral.

Entre estas disputas tenemos la lucha de los campesinos contra la actividad minera.

El conflicto entre los campesinos y las mineras que explotan nuestros recursos en cabecera de cuenca, se da como consecuencia del impacto negativo que producen estas actividades, al contaminar el agua que genera todo el sistema hídrico de las zonas en cuestión. Aunque la actual Constitución dice proteger el medio ambiente, sin embargo no se refiere expresamente a las cabeceras de cuenca. De modo que lo que viene ocurriendo es que la actividad minera sustrae de la actividad agropecuaria gran cantidad de agua, a la cual contamina, generando la contaminación de los animales y de las tierras de los campesinos. Este daño brutal contra los campesinos no merece ningún comentario de parte de la burguesía. Pero sí merece los reclamos de sus representantes, cuando los campesinos, después de haber intentado por todos los medios formales el diálogo para la solución de los problemas, se enfrentan directamente para solucionar el problema. En este conflicto está de por medio la vida de los campesinos, de un lado, y las ganancias de la burguesía transnacional, de otro.

El intento de aparecer como las víctimas y a la vez como generosos defensores de la vida y la salud de los campesinos, por parte de la minera Antamina, no es sino un recurso barato. Entre otras cosas dice la minera Anatima lo siguiente:

“Durante los últimos días hemos apelado al diálogo y la búsqueda de entendimiento. Hemos manifestado nuestra disposición a escuchar, atender inquietudes y contestar consultas. Hemos tendido la mano en busca de acuerdos y nos han respondido con falsos señalamientos. Más preocupante aún, hemos sido objeto de acciones violentas y recibido veladas amenazas de generar más violencia; todo esto mientras se anuncian supuestas “alianzas” entre malos dirigentes para seguir generando alteraciones de la paz social.” [https://www.antamina.com/noticias/suspendemos-nuestras-operaciones/]

Como bien señala el comunicado, “en los últimos días” han apelado al diálogo los directivos de la minera, cuando se trata de un problema que lleva años.

“No queremos esperar a que ocurran hechos que pongan en riesgo la integridad física de nadie. Tampoco que se registren incursiones que afecten los bienes de terceros o nuestras instalaciones. Se trata de riesgos que sentimos latentes y que configuran infracciones de orden penal intolerables en un Estado de Derecho, tales como delitos contra la seguridad pública en las modalidades de peligro común, mediante incendio y de entorpecimiento de vías de comunicación y delitos contra la tranquilidad pública, en la modalidad de disturbios.”

Podemos apreciar que la minera hace referencia a una serie de delitos, sin tener en cuenta la vida de los campesinos. Es decir, las ganancias de Antamina son más importantes que la vida de los campesinos. Aunque hacen referencia a la vida de estos, lo hacen en el sentido de que las protestas pueden provocar campesinos heridos o muertos como consecuencia de la represión, pero no como consecuencia de la contaminación del agua, que es vital para la actividad de los campesinos y por lo tanto para su existencia.

Finalmente, la reunión del G20 tiene propuestas que de haberse hecho aquí, con seguridad la burguesía tildaría de socialistas, comunistas y hasta de terroristas.

“Los países del G20 se comprometen a abonar a los países vulnerables 100.000 millones de dólares del monto global de los 650.000 millones de dólares de Derechos Especiales de Giro (DEG) emitidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para enfrentar los efectos de la pandemia.

‘Damos la bienvenida a las promesas recientes por un valor de alrededor de 45.000 millones de dólares como un paso hacia la ambiciosa cantidad de 100.000 millones de dólares en contribuciones voluntarias para los países más necesitados’, señalaron los líderes.”

Lo que la burguesía de los países industrializados considera que es una necesidad para seguir explotando a países enteros, y a las clases trabajadoras, la burguesía nativa debe considerar que es una medida populista.

        La inteligencia de la burguesía de los países imperialistas le hace ver que han llegado al límite de la explotación a los países “subdesarrollados” y a los trabajadores, más allá del cual ya no es posible extraerles más plusvalía, dado que pueden condenarlos a su destrucción y desaparición, con lo cual no tendrán a quién explotar. En cambio, la burguesía peruana carece de la inteligencia suficiente para darse cuenta que las ganancias que obtiene se deben a la explotación de los trabajadores, y siguen actuando en favor de agudizar la explotación de los trabajadores, sin darse cuenta que con esto lo único que van a lograr es eliminar a la fuente de sus ganancias, y con ello, a sí misma como clase.