Política Fiscal y Explotación Capitalista
César Risso
LAS MEDIDAS TRIBUTARIAS impuestas
recientemente por el Ejecutivo, así como aquellas que se ventilaron
públicamente, pero que se dejaron de lado, muestran la desorientación de la
burguesía con respecto a cómo enfrentar la situación de precariedad en que se encuentra.
Pero en cuanto a lo que quieren, es perfectamente claro: aumentar sus
beneficios al máximo a costa de cualquier sacrificio de las clases explotadas.
La
disminución de la valla para gravar con el impuesto a la renta a los
trabajadores dependientes e independientes (impuesto a la renta a la cuarta y
quinta categorías), si bien quedó de lado, sin embargo ha sido puesta como una
de las medidas que en cualquier oportunidad serán implementadas. El plan ha
consistido en ver la reacción de la población frente a esta medida. El momento
ha sido inapropiado para el ejecutivo, dado que el destape de los gastos en el
congreso para halagar el gusto burgués de sus miembros, obteniendo comodidades
que insultan la situación de pobreza de varios millones de peruanos, incluyendo
los sobrecostos en la adquisición de estas mercancías, por la cual los
representantes de la burguesía en el ejecutivo ha tenido que batirse en
retirada.
De
haber prosperado esta medida, se habría producido la reducción de la capacidad
de compra de 1 millón 700 mil trabajadores formales, quienes habrían sido afectados
por la disminución de la valla a 4 UIT (según los cálculos del IPE), es decir,
se habría pasado de 1 millón 500 mil trabajadores que pagan impuesto a la renta
a 3 millones 200 mil.
A
pesar de que la burguesía se queja del alto nivel de informalidad que existe en
nuestro país, por lo cual solo el 27,5% son formales, un porcentaje de los
cuales serían afectados por el pago del impuesto a la renta, la informalidad la
beneficia.
La
informalidad laboral permite que las grandes y medianas empresas reciban bienes
y servicios a muy bajo precio; además, la mayoría de los trabajadores pueden recibir
el salario mínimo legal o menos, sin morirse literalmente de hambre o
enfermedades, debido a que los informales producen bienes salario a muy bajo
precio. La informalidad, es, a pesar de los reclamos de la burguesía, una
necesidad para mantener el sistema capitalista en el Perú.
En
el caso del aumento del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), se argumentó por
parte de los representantes del ejecutivo, que se buscaba con este aumento
reducir las externalidades negativas que produce el uso de combustibles altamente
contaminantes, así como el consumo de bebidas alcohólicas, y de bebidas
azucaradas.
La
externalidades negativas son las consecuencias negativas que se producen debido
a una determinada acción, o consumo en este caso. Por ejemplo, el consumo de
bebidas alcohólicas provoca accidentes automovilísticos, los cuales causan la
muerte o heridas graves que requieren atención médica, usando recursos que bien
pudieron haberse ahorrado. En el caso del consumo de bebidas azucaradas, se
trata de evitar enfermedades provocadas por las gaseosas, lo que requiere el
uso de medicamentos y servicios de atención en salud, los cuales pudieron
haberse ahorrado para destinarlos a la atención de otros males.
De
creer al ejecutivo que la intención era reducir las enfermedades y accidentes
provocados por el consumo de estos bienes, hubiéramos esperado que todos los
productos azucarados hubiesen sido gravados con un alto ISC; que se hubiesen
regulado y controlado las actividades mineras altamente contaminantes en todo
el territorio nacional, etc. Pero sencillamente esto no es así. La intención ha
sido otra.
El
déficit fiscal acumulado en los últimos 12 meses es de 2,6 % del PBI. Esta
brecha es la que se quiere cubrir, además de enfrentar la caída de la inversión
privada desde el 2014. Situación que se refleja en el aumento de la pobreza en
más de 300 mil personas.
Es
práctica común de la burguesía peruana trasladar el aumento de los impuestos a
los consumidores finales. El aumento del costo del transporte de personas y de
mercancías, que ya se ha empezado a sentir, que está provocando los paros y
reclamos en el interior del país, ha provocado la disminución de la capacidad
de consumo sobre todo de las personas de escasos recursos.
Pero
si se trata de cubrir la brecha fiscal, y de enfrentar la disminución de la
inversión privada, entonces lo lógico sería cobrarle a las grandes empresas,
incluidas las transnacionales que operan en nuestro país, las llamadas
exoneraciones tributarias, que son de alrededor de 16 mil 500 millones de
soles. Monto con el cual podrían cubrir 10 veces lo que pretenden recaudar con
el aumento del ISC. O si no permitiesen que, en el marco de las disposiciones
de la OCDE, con respecto al tema de la llamada doble imposición, las empresas
extranjeras que invierten en nuestro país tributen en el suyo.
Por
qué no se hace lo lógico. Porque de actuar así, el ejecutivo afectaría la
confianza del sector privado, con lo cual seguiría disminuyendo la inversión,
aumentando la pobreza, etc. “La inversión privada es la única que puede hacer
caer la pobreza con rapidez vía la creación de empleo y el aumento de ingresos.”
(http://www.ipe.org.pe/portal/la-fragil-inversion-privada/)
En
realidad, el aumento de la inversión privada, lo que hará es aumentar la
explotación de las clases trabajadoras.
“Lo único que puede hacer el presidente Vizcarra es
concentrarse en lograr disminuir el número de obstáculos que el Estado hoy pone
a la generación de riqueza. Esto que parecería un objetivo relativamente
modesto requiere de un alto nivel de liderazgo, habilidad política y claridad
en los instrumentos a utilizar.”
“El
presidente tiene que comprender que lo que el país necesita con más urgencia es
una mayor inversión para generar más empleo, más ingresos y reducir la pobreza.
Tiene que poner todos sus esfuerzos en promover la confianza que sustenta esa
inversión y, al mismo tiempo, evitar cualquier acción o postura que reste
confianza. Si no se cuida la confianza, la inversión privada simplemente no se
recuperará. Declarar, por ejemplo, que “el crecimiento económico no depende de
la flexibilización laboral”, cuando el país tiene una situación laboral
absurdamente rígida, no ayuda a generar confianza.”
Estos argumentos de un intelectual que
representa los intereses de la burguesía, son los que vienen repitiendo una y
otra vez desde hace varias décadas. Si la situación económica sigue empeorando,
serán las medidas que implementarán.
La
burguesía no tiene problemas en recurrir a cualquier medida para lograr sus
objetivos, como por ejemplo exigir y defender la semiesclavitud del régimen
laboral a que someten a los trabajadores en el sector de la agroexportación.
Así, dicen: “Cuando no se reacciona políticamente ante el intento de la
izquierda conservadora de dinamitar el éxito de la agroexportación generadora
del pleno empleo en las regiones productoras, simplemente se deprime la
confianza.” (http://www.ipe.org.pe/portal/la-fragil-inversion-privada/)
Si, como ya hemos afirmado en otro
artículo, el salario se reduce a cero, entonces habría pleno empleo. Este es el
sueño de la burguesía. Pero de ser así, no tendría consumidores en nuestro
país, así que terminaría quebrando. La burguesía no puede existir sin las
clases a las que explota. Por ello, a pesar de la vehemencia, y de la euforia
que pone en la argumentación de medidas en contra de los trabajadores, el
Estado tiene, de alguna manera, que preservar a la fuerza de trabajo, para
beneficio del sistema capitalista y de la burguesía.
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