Pronunciamiento

PRONUNCIAMIENTO

Ante la grave situación de represión de la que vienen siendo víctimas las clases populares, planteamos lo siguiente:

1. La legislación burguesa ha ido configurando un tratamiento “legal” a las protestas populares, hasta convertirlas en delito, cualquiera que sea la causa que las motive. Independientemente de las formas más o menos pacíficas, todas las protestas populares, están sujetas a ser consideradas como delito bajo la configuración de “organización criminal”.

2. Las brutales formas de explotación exigen de parte de la burguesía medidas brutales de contención de la protesta popular. El saqueo de nuestros recursos, humanos y naturales, llevado a cabo en su forma extrema a través del neoliberalismo, ha provocado la respuesta de los pobladores de las diversas regiones de nuestro país.

3. Las sobreganancias de las empresas transnacionales, el desarrollo del narcotráfico, el lavado de activos, las coimas a todo nivel, han configurado un narcoestado, en el que hay una organización legal que enmascara la organización criminal real de la sobre explotación.

4. La Constitución burguesa actual, no alcanza a contener las aspiraciones de la burguesía a mantener la actual organización real del Estado (organización criminal), a pesar de que las manifestaciones que se vienen desarrollando no ponen en cuestión la vigencia del sistema capitalista (sistema de trabajo asalariado).

5. Los crímenes cometidos por el gobierno de Dina Boluarte, por sus ministros, el ejército y la policía nacional, y por todo el aparato del Estado comprometido en el asesinato de los manifestantes, así como la labor de la prensa propiedad de los grupos económicos de poder, nos permiten ver hasta donde es capaz la burguesía de llegar para mantener su poder.

6. La arbitraria vacancia a Pedro Castillo, preparada desde antes de que ganara las elecciones en segunda vuelta, ha sido el detonante que ha lanzado a la cara de la burguesía todos sus crímenes. El hartazgo del pueblo llegó a su límite.

7. Las condiciones de vida del pueblo, exigen una serie de soluciones y mejoras, que la burguesía no está dispuesta a implementar, porque atenta contra sus intereses, al disminuir sus ganancias. Sin embargo, en estos momentos las luchas populares apuntan a la renuncia de Dina Boluarte; a una nueva Constitución por medio de una Asamblea Constituyente, y a que se vayan todos los congresistas.

Por lo dicho, exigimos:

I.      El respeto a la libre manifestación política del pueblo, bajo las diversas formas que ha ido desarrollando para la conquista de sus derechos.

II.    El cese de los asesinatos que sistemáticamente ha ido ejecutando el gobierno de Dina Boluarte.

III.   El cumplimiento de los preceptos constitucionales que defienden la vida, la libertad de expresión, la libertad de conciencia, la libertad de información, etc., contenidos en el artículo 2 de la actual Constitución.

IV.  La investigación, independiente e imparcial, de los asesinatos cometidos, así como el juicio y condena a los responsables y ejecutores de tales crímenes.

Comité de Redacción.

Lima, 14 de enero de 2023.