Licencia Para Matar
Estados Unidos parece estar
avanzando lentamente hacia la normalidad a medida que aumenta la administración
de vacunas contra la COVID-19 y luego de las recientes recomendaciones de
los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades que indican que las
personas vacunadas pueden hacer actividades al aire libre sin necesidad de usar
mascarilla. Sin embargo, muchas legislaturas estatales del país están
intentando que un aspecto de nuestra sociedad no vuelva a la normalidad: la
protesta social. Sacudidas por la potencia y la intensidad de las protestas
contra el racismo sistémico y la brutalidad policial que estallaron a raíz del
asesinato de George Floyd a manos de la policía de la ciudad de Mineápolis en
2020, las legislaturas estatales controladas por los republicanos están
aprobando leyes específicamente dirigidas a criminalizar la protesta y
restringir el derecho a disentir. Al mismo tiempo, y de manera escalofriante,
muchas de estas leyes incluyen disposiciones que legalizan el uso de la
violencia contra los manifestantes y otorgan inmunidad a las personas que
atropellen con sus vehículos a los manifestantes.
“Estas son leyes realmente
extremas”, expresó Nick Robinson, asesor legal del Centro Internacional de
Derecho sin Fines de Lucro, en una entrevista con Democracy Now!. “Por ejemplo,
en el estado de Florida, conforme a esta nueva ley, si estás con 25 o más
personas o si estás obstruyendo el tráfico, estarías cometiendo un delito grave
o un delito de desorden público agravado y podrías enfrentar hasta 15 años de
cárcel… Y cinco años en prisión si causas daño a un monumento. De acuerdo a la
ley de Florida, el solo hecho de manchar un monumento confederado implica un
cargo sumamente grave”.
“Están anunciando el comienzo de
la temporada. Es una licencia para cazar”, dijo Susan Bro a Democracy Now! La
hija de Bro, Heather Heyer, fue asesinada el 12 de agosto de 2017 mientras se
manifestaba de forma pacífica contra la marcha supremacista blanca “Unite the
Right” realizada en la ciudad de Charlottesville, estado de Virginia. James
Alex Fields Jr., un neonazi de 24 años, arremetió con su auto contra la
multitud de manifestantes antirracistas, y mató a Heather e hirió al menos a
otras 35 personas. Susan Bro dirige ahora la Fundación Heather Heyer, creada en
memoria de su hija, una fundación que proporciona becas a estudiantes que
trabajan por la justicia social.
El asesino de Heather Heyer cumple
actualmente en prisión dos sentencias de cadena perpetua. Susan Bro dijo que
revive el ataque letal a su hija todos los días:
“Los amigos de Heather volaron
por el aire. El joven caballero cuyo zapato terminó colgado del parachoques
delantero del automóvil era uno de los amigos de Heather, Marcus Martin. Martin
estaba detrás de ella, pero había dos personas entre ambos. Al momento del
incidente, atinó a alargar la mano y a apartar a [su prometida], Marissa, del
camino. [El joven] se ha lamentado una y otra vez de no haber podido hacer lo
mismo con Heather. Yo le dije siempre: ‘Marcus, no podías ayudar en eso’. Tengo
una fotografía que muestra la fracción de segundo previa al momento en el que
[el conductor] atropella a Heather. He visto imágenes de él embistiendo a
Heather, pero mi cerebro no lo puede asimilar, ni siquiera ahora. Es increíble
decir que eso no es un crimen, que no es un delito… ¿Desde cuándo permitimos
que la gente se convierta en juez, jurado y verdugo? Porque eso es lo que esto
significa: vamos a cazar manifestantes”.
La serie actual de leyes contra
el derecho a manifestación sigue la misma línea de las leyes que cobraron
impulso a raíz de las masivas protestas lideradas por comunidades indígenas
contra el oleoducto Dakota Access en 2016. Desesperados por evitar otras
protestas masivas de ese tipo, muchos estados han promulgado leyes de
“protección de oleoductos”, que criminalizan el tipo de desobediencia civil no
violenta que está en el centro de la resistencia de la tribu sioux de Standing
Rock. Pero no son solo los republicanos los que están impulsando este tipo de
leyes. La gobernadora demócrata de Kansas, Laura Kelly, promulgó recientemente
una ley que prohíbe el ingreso a áreas próximas a tuberías y a otras
“instalaciones de infraestructura crítica”. Kansas es uno de los 16 estados
donde los republicanos tienen una mayoría a prueba de veto en la legislatura
estatal.
La agencia Associated Press
informó que el proyecto de ley de Kansas “fue presentado a pedido de la
Asociación Estadounidense de Productores de Combustibles y Petroquímicos (AFPM,
por sus siglas en inglés)”. Las industrias del petróleo, el gas y otras
industrias contaminantes, así como también algunos otros grupos empresarios,
están impulsando muchas de estas leyes antiprotesta, con la ayuda del Consejo
Estadounidense de Intercambio Legislativo, o ALEC, por sus siglas en
inglés, uno de los principales grupos de lobby de derecha del país.
La protesta social ha sido el
motor que ha impulsado todos los cambios sociales significativos en Estados
Unidos. El derecho a disentir está consagrado en la Primera Enmienda de la
Constitución de Estados Unidos. Estas peligrosas leyes que vulneran el derecho
a la protesta a lo largo y a lo ancho del país deben ser resistidas y
revocadas.
© 2021 Amy Goodman
Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy
Now! en español, spanish@democracynow.org
Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un
noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de
radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro
“Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios
en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.
Fuente: https://www.democracynow.org/es/2021/4/30/licencia_para_matar_las_leyes_contra
Tomado de Rebelión
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.