Investigación

La Justificación del Uso de la Violencia Revolucionaria: Un Análisis de las Organizaciones Guerrilleras Peruanas de las Décadas de 1960 y 1980*

(Segunda y última parte)

Jan Lust

4. Las condiciones objetivas y subjetivas de la revolución en los años sesenta

La clase dominante peruana no sufrió, ni antes ni durante los “años guerrilleros”, una crisis de existencia. La primera condición objetiva de Lenin para considerar una situación como revolucionaria no existió. Aunque había diferencias dentro de las diferentes fracciones de la clase dominante, la unidad política fue lo que finalmente dominó. Llama la atención, por ejemplo, la facilidad con que el gobierno de Fernando Belaúnde (1963-1968) pudo obtener un préstamo de bonos para financiar la guerra contra la guerrilla. Además, anualmente el Producto Bruto Interno (PBI) real creció significativamente e incluso en 1966 podría ser considerado como robusto (un aumento de 8.1%). El gasto público creció más rápido que los ingresos y el PBI. Durante el período de 1963-1966 el gasto público se duplicó como consecuencia del aumento de los sueldos del personal docente, el aumento con más del 50% del número de maestros de la educación primaria y secundaria, el aumento del gasto en pensiones y el crecimiento de las transferencias financieras a las universidades, entre otros. La inversión pública (carreteras, riego, vivienda, etcétera) aumentó, anualmente, en el período 1963-1966, en términos reales en un 20% (Kuczynski, 1980).

        La no existencia de una crisis dentro de la clase dominante se expresa, paradójicamente, en la elección de Belaúnde como presidente.³ Los grandes terratenientes y las instituciones financieras, en la década del sesenta considerados por la izquierda como la oligarquía, se dieron cuenta de que la estructura de la sociedad había cambiado y que se estaba cociendo un gran descontento entre la población, sobre todo entre el campesinado⁴.

        La segunda condición objetiva para considerar una situación como revolucionaria, es que la situación de la clase oprimida tendría que haber sido empeorada enormemente. Las condiciones socioeconómicas de la clase obrera y de los campesinos no se habían deterioradas drásticamente durante el “período guerrillero”. Incluso, cabría decir que su situación mejoró. Por supuesto, todavía había un pequeño grupo de terratenientes que poseía la mayor parte de las tierras, pero la propuesta de hacer una reforma agraria no puede ser considerada otra cosa que una mejora en una situación generalmente miserable⁵.

        El gobierno de Belaúnde solo ha tenido que enfrentar graves problemas económicos en la fase final de su gobierno. Antes y durante los “años guerrilleros” la economía iba viento en popa. Sin duda, la población no ha “sufrido” por el aumento de las inversiones públicas en carreteras, viviendas y riego, tampoco por el crecimiento del salario de los docentes y el aumento en número de profesores de la educación primaria y secundaria.

        La tercera condición objetiva de Lenin para determinar si existe una situación revolucionaria tiene que ver con un cambio subjetivo causado por circunstancias objetivas: un aumento en la actividad política de las masas como resultado de una crisis económica y política. En el Perú no hubo estas crisis en el período desde la Revolución Cubana. A pesar de las favorables condiciones objetivas para la clase dominante en su conjunto, desde 1958 hasta los primeros meses de 1964 hubo un importante resurgimiento de la lucha de masas.

        Durante el gobierno de Manuel Prado (1956-1962), el número de huelgas aumentó y en cuatro años se duplicaron. En promedio se produjo en 1962 más de una huelga por día y el número de sindicatos reconocidos por el gobierno se incrementó más del 100%. Además, en este periodo los campesinos comenzaron a demandar reformas agrarias y la sindicalización tomó vuelo. Los sindicatos campesinos se triplicaron. En el período 1964-1966 el número anual de huelgas fue menor que en 1963. Mientras en 1963 se registraron 422 huelgas, en los años 1964, 1965 y en 1966 había, respectivamente, 398, 397 y 394 paros.

        La juramentación de Belaúnde como presidente del Perú contribuyó al desarrollo de la lucha de las masas. Los campesinos adelantaron la reforma agraria propuesta por el nuevo presidente durante la campaña electoral, ocupando la tierra. Los cientos de tomas de tierras que tuvieron lugar en todo el país, en enero de 1964, junto con el gran número de huelgas en estos años, podrían haber ayudado a acercarse a una situación revolucionaria. Aunque el sector de agricultura era macroeconómicamente menos importante que el sector secundario y terciario, en 1961 todavía la mayoría de la población económicamente activa trabajaba en la agricultura y la mayoría de la población vivía en las zonas rurales.

        El campesinado era una masa que se movía en todo el país. Si esta masa hubiera establecido conexiones políticas y organizativas con los trabajadores en huelga, pudo haber sembrado una cizaña entre las diferentes fracciones de la clase dominante exigiendo reformas agrarias radicales. La falta de organizaciones revolucionarias capaces de unir la resistencia de los campesinos y de los obreros, de traducir sus demandas políticamente y convertirlas en acciones concretas y revolucionarias, la hizo imposible y, por tanto, el gobierno tenía el campo libre para reprimir la resistencia campesina.

        Una situación revolucionaria se transforma en revolución por el acto consciente de la clase revolucionaria y sus aliados. En base a la experiencia acumulada de lucha y bajo la dirección de la vanguardia, es decir -de acuerdo con Lenin- los trabajadores organizados con conciencia de clase y políticamente activos, inician las acciones en cooperación con campesinos y sectores de la pequeña burguesía (por ejemplo intelectuales) con el objetivo de derribar el régimen. La vanguardia tiene que ser capaz de hacerlo e involucrar a las masas en estas acciones.

        Las condiciones subjetivas pueden dividirse en tres elementos interrelacionados: (1) las experiencias de la lucha de las masas; (2) el nivel de la conciencia de clase entre las masas; y (3) la existencia de una vanguardia organizada. En el Perú se había adquirido muchas experiencias importantes en la lucha de los campesinos y durante las huelgas en las ciudades, existían diversas organizaciones políticas de izquierda que lucharon entre sí por la hegemonía y hubo un bajo nivel de conciencia de clase. En otras palabras, solo por una parte se había reunido las condiciones subjetivas.

        La lucha de la clase obrera en las ciudades no superó su carácter economicista. La lucha campesina se estancó al nivel de una lucha de intereses. La izquierda tenía poca influencia en las ocupaciones de tierras por las comunidades al final de los años cincuenta y al comienzo de la década de sesenta. Aunque las acciones de las comunidades fueron muy fuertes, sin embargo, estos campesinos estaban más lejos de una conciencia de clase que los campesinos que ya fueron organizados en sindicatos.

        Las experiencias de lucha que se fueron acumulando después de la Revolución Cubana no sufrieron ningún cambio cualitativo. La lucha no fue llevada a un nivel superior. Una de las razones fue que la izquierda, aparte de los trotskistas en la provincia La Convención y en el distrito de Lares en el departamento de Cuzco (lucha campesina, toma de tierras), no estaba presente en forma organizada. La izquierda fue, a menudo, objeto de represión por lo cual una construcción organizada, sólida y estable de sus organizaciones fue impedida. Asimismo, estaba tremendamente dividida y eso se agravó por la división dentro del Partido Comunista en partidarios de Moscú y de Beijing.

        La conciencia de clase de las masas está relacionada con el nivel político de la lucha de clases y las actividades de la vanguardia revolucionaria. Las masas peruanas tuvieron un bajo nivel de conciencia de clase. La lucha guerrillera del MIR y del ELN duró muy poco para que el proceso planteado por Guevara y Castro pudiera iniciarse; es decir, para que la guerrilla pudiera elevar la conciencia de clase de las masas. Las condiciones subjetivas no fueron, a diferencia de lo que esperaba el líder guerrillero del MIR Lobatón, creadas en la lucha. Igualmente, no todas las fuerzas heroicas de las masas, como el MIR, pensaban que iba a suceder, fueron desencadenadas para que no fuera necesaria utilizar “mezquinos recursos” para crear las condiciones revolucionarias.

5. Las condiciones objetivas y subjetivas de la revolución en los años setenta-ochenta

Al comienzo de la década de ochenta no existía una crisis dentro de la clase dominante. De hecho, durante las elecciones presidenciales de 1980 la mayoría de la población votaba por los partidos de la derecha. Sin embargo, la situación económica de la mayoría de población se había empeorado radicalmente a partir de 1978 (ver datos abajo). Entonces, podríamos suponer que se cumplió la segunda condición de Lenin.

        Desde el inicio de la dictadura militar la lucha de clases estaba en aumento. Las huelgas de los trabajadores y también la lucha del campesinado evidencian un incremento de la actividad política de las masas (ver abajo). Parece que la tercera condición de Lenin también se cumplió.

        Se podría argumentar que había condiciones subjetivas para la revolución. En el periodo 1968-1984 las masas habían adquirido muchas experiencias. Eso muestra claramente los resultados electorales de la Asamblea Constituyente de 1978⁶ y el hecho de que, en 1984, Alfonso Barrantes, el candidato de una confluencia de fuerzas de izquierda (Izquierda Unida), fue elegido alcalde de Lima.⁷ Sin embargo, como vemos abajo, no podemos decir que existía un alto nivel de conciencia de clase en las masas.

        Al final de la década de setenta y al comienzo de la década de ochenta existían muchas vanguardias. No había una organización con una clara hegemonía. Y aunque es cierto que la izquierda legal logró unificarse en la Izquierda Unida, no fue capaz de convertir esta plataforma electoral en un frente revolucionario de masas. Según el PCP-SL, la izquierda legal y el MRTA fueron parte del campo de enemigo. La izquierda legal no consideró el MRTA como enemigo, pero tampoco estaba dispuesto a convertirse en el brazo legal del MRTA o juntarse con ellos en una nueva organización, por ejemplo.

        En el Perú no existió una situación revolucionaria si aplicamos estrictamente las condiciones de Lenin. Por lo tanto, el uso de la violencia revolucionaria como medio para llegar al poder no era legítimo. Sin embargo, en contraste con la década de sesenta, la situación era más compleja.

        El hecho de que no existía una crisis en la clase dominante no significa que esta crisis no fue latente. Una lucha de masas que se combina con una lucha armada podría generar la crisis. Pero esta crisis latente tampoco existió. A pesar de que el gobierno de Belaúnde introducía políticas económicas que no fueron favorables para el capital nacional, estas políticas no causaron fricciones elementales dentro de la burguesía.⁸ Y aunque el gobierno tenía problemas económicos, estos fueron la consecuencia de la crisis internacional y no fueron causados por el “frente interno”. Los choques externos, como la crisis de la deuda internacional y la caída de los precios de materias primas, “interrumpieron” el programa del gobierno, haciendo que el país fue menos atractivo para la inversión extranjera directa (IED). De acuerdo con Wise (2010: 180), en el período 1980-1984 la inversión privada como porcentaje del PBI fue de 21.5%, 20.8%, 15.1% y de 12.1%, respectivamente. En la Tabla 1 se presentan los datos sobre el crecimiento del PBI real en el período 1980-1984.

          En los años 1977 y 1978 sí había una crisis dentro de la burguesía. La lucha de masas fue su catalizador principal. En la tabla 2 se presenta la evolución de las huelgas, el número de los trabajadores que participaron en estas huelgas y la cantidad de horas-hombre perdidas en el período 1968-1979.

         La crisis en la clase dominante no “logró” convertir la lucha de las masas en una lucha revolucionaria porque la convocatoria a un Asamblea Constituyente (1979) y elecciones presidenciales (1980) eliminó el potencial político de las huelgas, especialmente la de 1978.

        El hecho de que en las elecciones presidenciales la población votó en mayoría por los partidos de la derecha no puede atribuirse simplemente al hecho que la izquierda se había dividida. El voto por la derecha expresa también que no existió una conciencia de clase consolidada. Una conciencia economicista dentro de la clase trabajadora fue dominante. Además, la lucha del movimiento obrero estaba empezando a debilitarse a medida que la crisis económica se prolongaba y el miedo a ser despedido comenzó a extenderse dentro del movimiento. Aunque los combates continuaron, parecía que el proceso electoral había eliminado el fervor político de la lucha. El hecho de que el ejército había anunciado que volvería a sus cuarteles y que otro régimen sería “a cargo” del destino del país, había cambiado la dinámica política de la lucha de clases.

        La lucha del campesinado en la década de setenta fue en aumento, pero no fue (directamente) el resultado del trabajo de sus propias organizaciones mismas o por las organizaciones de la izquierda, sino fue la consecuencia de la Reforma Agraria de 1969. Además, en general, la lucha del campesinado era una lucha para obtener la propiedad de un pequeño pedazo de tierra⁹. Entonces, no se debe sobreestimar el nivel de conciencia de clase del campesinado.

        Las medidas neoliberales del gobierno de Belaúnde al comienzo de la década de ochenta causaron un nuevo ascenso de la lucha sindical. Estas luchas, sin embargo, eran principalmente defensivas y no lograron revertir las medidas políticas económicas del gobierno. De hecho, las políticas neoliberales implementadas por el régimen significaron un ataque a este bienestar. En la Tabla 3 se presentan los índices de salarios reales y los sueldos reales para el período 1980-1984.

         Se podría argumentar que la lucha sindical tenía un alto componente político porque durante las elecciones municipales de 1984 la izquierda logró obtener la alcaldía de la municipalidad de Lima como de múltiples otros municipios en el país. Sin embargo, igual como en 1979, el movimiento huelguista empezó a disminuirse con la prolongación de la crisis económica y el miedo a ser despedido. Los cierres de empresas continuaron, las horas de trabajo se redujeron, los salarios reales disminuyeron y los trabajadores y empleados fueron despedidos. A medida que el miedo a perder el empleo comenzó a extenderse entre la población trabajadora, el poder de negociación de los sindicatos disminuyó. Los trabajadores empezaron a buscar soluciones individuales en lugar de luchar contra el Estado y el capital (Balbi y Gamero, 1990; Balbi, 1988; Parodi, 1986; Nieto Montesinos, 1986). Esta búsqueda está expresada en el aumento del sector informal y en el incremento de los trabajadores que laboraban por su propia cuenta (“independientes”).

        La disminución de las huelgas en los años 1983-1984 indica el debilitamiento del poder sindical. En las tablas 4 y 5 se presentan la evolución de las huelgas en el sector público y privado en el período 1980-1985.

         Podemos decir, igual como el MRTA, que existió una situación prerrevolucionaria porque no se cumplieron todas las condiciones de Lenin. También se puede argumentar como el PCP-SL que existió una situación revolucionaria en desarrollo. Entonces, como ellos manifiestan, se puede usar la violencia revolucionaria como método para llegar al poder. En este sentido, el MRTA y el PCP-SL seguían lo que decía Hart Dávalos: una guerra popular puede crear “situaciones revolucionarias”.

Cuando revisamos los textos del MRTA y del PCP-SL, llegamos a la conclusión que el concepto prerrevolucionario como también el concepto de situación revolucionaria en desarrollo no necesariamente puede justificar el uso de la violencia política. Incluso, en el caso del PCP-SL, podemos encontrar que han usado el concepto situación revolucionaria incorrecto.

        El PCP-SL justificó el uso de la violencia política con el pretexto que existía una situación revolucionaria en el país. En relación con su concepto situación revolucionaria en desarrollo, decían que “una situación así no puede ser base nunca para centrar la actividad política del pueblo en procesos electorales pues éstos, en circunstancias como las que vivimos, lo desorientan de su camino revolucionario”. Según la organización, la situación revolucionaria debería convertirse en violencia revolucionaria.

        Las condiciones subjetivas eran determinantes para cambiar una situación revolucionaria estacionaria en una situación revolucionaria en desarrollo. Parece que la situación estacionaria es similar al concepto de situación prerrevolucionaria del MRTA.

        El PCP-SL refería solamente a dos condiciones objetivas de Lenin en vez de tres para argumentar que existía una situación revolucionaria. Consideraba que la tercera condición (el movimiento de las masas) es el resultado de las primeras dos condiciones (crisis en la burguesía y el empeoramiento de la situación socioeconómica de las masas). No negamos que Lenin dice que “como consecuencia de las causas mencionadas, hay una considerable intensificación de la actividad de las masas”, sin embargo, la tercera condición debe existir para determinar si hay una situación revolucionaria.

        El análisis del PCP-SL de las primeras dos condiciones es muy escueto. Dice que la explotación y la opresión se agudizan más pero no muestra la diferencia entre, por ejemplo, 1980 y 1977. Es decir, no explica lo que ha cambiado cualitativamente entre el inicio de la guerra popular en mayo de 1980 y los años anteriores.

        El PCP-SL consideraba que existió una crisis en “los de arriba”. Decía que la constitución de 1979 (la “nueva Constitución”) es una prueba de la crisis en la clase dominante. Sin embargo, justamente la convocatoria a la Asamblea Constituyente solucionó la crisis dentro de la clase dominante en los años anteriores.

        La organización trató de aplicar el concepto situación revolucionaria en desarrollo de Mao a la situación concreta en el Perú. Mencionó 11 elementos (PCP, 1979) que deberían dar evidencia que en el Perú existía una situación revolucionaria en desarrollo. Había contradicciones entre los países imperialistas, entre el gobierno y las masas, entre el imperialismo y la industria nacional, entre la burguesía y la clase obrera, y entre los terratenientes y el campesinado. Todas estas contradicciones existían antes del inicio de la guerra e, incluso, hasta hoy existen. El partido no demostró si estas contradicciones habían llegado a un nivel más alto en comparación con un periodo anterior.

        En la lista de elementos de una situación revolucionaria en desarrollo hay también elementos que deben mostrar que la situación socioeconómica de la población se empeoró. Los comerciantes y los productores independientes “se ven empujados cada vez más a la quiebra,” el hambre se extiende por todo el país, las grandes masas campesinas y pobres apenas pueden subsistir, los estudiantes no pueden continuar sus estudios y falta de empleo.

        La aplicación del concepto de una situación revolucionaria en desarrollo por parte del PCP-SL no es convincente ni cuando se acepta que una situación revolucionaria existe en caso de que se cumple las primeras dos condiciones de Lenin. Que la situación de las masas se ha empeorado es evidente. Las políticas neoliberales del gobierno apuntaban al aumento de la tasa de explotación. Sin embargo, no está demostrado que realmente existía una crisis dentro de la clase de burguesía.

        Según el PCP-SL, las protestas a finales de la década de setenta mostraron que ellos tenían toda la razón en su aplicación del concepto de situación revolucionaria en desarrollo. La situación revolucionaria en desarrollo estaba “expresada en la evidente creciente protesta popular”. Sin embargo, como hemos visto arriba, el nivel de la conciencia de las masas no era alto y sus protestas fueron defensivas. Las luchas de masas no lograron revertir las medidas anti-laborales del gobierno.

        El MRTA no definió lo que era una situación prerrevolucionaria sino describió sumamente breve algunos factores que consideró como elementos de una situación prerrevolucionaria. Hablaron sobre “una crisis profunda de las clases dominantes”, pero no detallaron en qué consistió esta crisis. Parece que el MRTA confundió la crisis económica con una crisis dentro de la burguesía. Además, cuando decía que la burguesía no estaba capaz de manejar el descontento de las clases intermedias, no explicó en qué consistió esta incapacidad.

        En su documento “El MRTA y las tareas en el periodo pre-revolucionario”, decía que la burguesía era incapaz de solucionar los “problemas fundamentales para el desarrollo del país”. Desde el punto de vista marxista o, quizás mejor, desde el campo de la izquierda socialista, siempre se argumenta que la burguesía no sabe solucionar los problemas fundamentales del país. Es decir, este “factor” no diferencia cualitativamente la situación al comienzo de la década de ochenta con por ejemplo de los años 1966, 1973 o 1979.

        El MRTA escribía que la clase obrera y las masas populares estaban demostrando sus cualidades combativas y mostraban sus “experiencias de conducción popular”. Como hemos argumentado arriba, estas luchas fueron defensivas. Parece que el MRTA confundió las expresiones de la realidad de la lucha con lo que estaba motivando la lucha. Recordamos lo que decía Castro: “los factores subjetivos son los que se refieren al grado de conciencia que el pueblo tenga”.

        El concepto de la situación prerrevolucionaria podría ser muy útil para caracterizar un país que estaba en camino hacia una situación revolucionaria. Sin embargo, un adecuado uso del concepto urge en primera instancia una definición del mismo. Esta definición debe indicar la diferencia con una situación revolucionaria y con una situación antes de una situación prerrevolucionaria. Es decir, debe definir claramente las diferencias cualitativas. En segunda instancia, se debe aplicar la definición de una situación prerrevolucionaria a la situación concreta, diferenciando las expresiones de la realidad con las tendencias de carácter estructural.

6. Conclusiones

La lucha armada en las décadas de sesenta y ochenta no fue legitimada si aplicamos el concepto situación revolucionaria de Lenin. El uso de la violencia política fue justificado si consideramos, como Castro, que la lucha armada puede crear situaciones revolucionarias. Sin embargo, como argumentó Castro también, la guerrilla no es legítima cuando las vías legales aún están abiertas. En la década de sesenta las vías legales estaban cerradas. Partidos internacionales como el PCP no estaban permitidos de participar en las elecciones. En la década de ochenta el frente electoral Izquierda Unida participó con gran éxito en las elecciones nacionales y locales.

        Legitimar y deslegitimar la lucha armada en las décadas de sesenta y ochenta en base a lo que decían los “teóricos de la guerrilla” sobre la “fecha” apropiada para el inicio de la lucha armada es un ejercicio muy valioso para una evaluación a distancia de los hechos. Sin embargo, pensamos que la realidad concreta de las décadas de sesenta y ochenta hacían muy difícil desarrollar estas evaluaciones en estos mismos años. Un análisis relativamente esquemático no sabe captar la efervescencia política, también importante para la toma de decisiones revolucionarias.

        La Revolución Cubana, las intervenciones imperialistas en los países latinoamericanos y las luchas populares en la década de sesenta en el Perú crearon una atmosfera política en la cual un proyecto armada fue casi una consecuencia natural. No se exigía un análisis al fondo de la realidad peruana, sino que se debía aprovechar el tiempo para avanzar lo más rápido posible en el desarrollo de una forma de lucha que podría terminar en la toma de poder por las organizaciones revolucionarias.

        Al final de los años setenta y al comienzo de la década de ochenta existió una situación similar a la década de sesenta. Había grandes luchas, había una democracia frágil, había el triunfo de una revolución socialista (de Nicaragua), había guerrillas en diferentes partes de América Latina y había intervenciones imperialistas en los asuntos internos de América Latina. Además, en la izquierda socialista peruana ya había debates sobre las vías para llegar al poder. Sin embargo, a diferencia de los años sesenta, había también un frente electoral de izquierda muy fuerte en el Perú.

        Indudablemente, al final de la década de setenta y al comienzo de los años ochenta, las organizaciones de la izquierda revolucionaria en el Perú valoraron y analizaron los diferentes elementos de la definición de Lenin. Las experiencias guerrilleras de la década de sesenta fueron debatidas en la izquierda socialista. En sus documentos, el PCP-SL y el MRTA hacían referencia a la gesta guerrillera de 1965. Sin embargo, parece que se habían llevado por la efervescencia del periodo en vez de ver más allá que solo las expresiones de la realidad. Es decir, las organizaciones armadas de la década de ochenta cometían el mismo error que los guerrilleros de los años sesenta.

        El PCP-SL y el MRTA cambiaron la definición de Lenin o usaron otros conceptos que tenían que legitimar la lucha armada. La aplicación de estos conceptos no ha sido suficientemente rigurosa o la definición de estos conceptos no estaba bien elaborada para que estos conceptos pudieran permitir un cabal entendimiento de la situación en el país.

        Parece que las organizaciones que desarrollaron la lucha armada en la década de ochenta cambiaron el concepto de Lenin de una situación revolucionaria o usaron los conceptos situación revolucionaria en desarrollo y situación prerrevolucionaria para justificar una decisión ya tomada. Es decir, porque ya habían decidido que era necesario iniciar la guerra de guerrillas, falsificaron el concepto de Lenin, buscaron conceptos “maoístas” o elaboraron conceptos supuestamente “leninistas” que encajaban en esta decisión.

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Wise, Carol (2010). Reinventando el Estado: estrategia económica y cambio institucional en el Perú. Lima: Universidad del Pacífico / Centro de Investigación.

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(3) Durante las elecciones de 1963, los Estados Unidos habían apoyado la candidatura de Belaúnde. Al igual que el Ejército peruano, esperaban que él pueda eliminar las condiciones para una revolución. El Partido Comunista Peruano también había apoyado la campaña de Belaúnde. (4) Una de las propuestas de Belaúnde fue una reforma agraria. Sin embargo, lo que se llevó a cabo durante este régimen no fue considerado como una reforma agraria real. De los 8.975.496 acres que los expertos en agricultura consideraron necesarios para poder llevar a cabo una reforma agraria efectiva, en realidad el Estado solamente apropió 18.9%. Solo 11.343 familias se beneficiaron de la ley, el 1% del número total de hogares proyectados (Petras y LaPorte, 1971: 79, 82).

(5) Algunos datos pueden visualizar esta situación precaria de las masas peruanas. En el interior del país, un 3% de los propietarios poseía el 83% de la tierra. En la costa la distribución era un poco mejor: 10% de los propietarios era dueño del 89% de la tierra. En la selva la distribución fue la más desigual, ya que el 3% del total de los propietarios tenía el 93% de la tierra en sus manos. Para el Perú, en su conjunto, esto significa que alrededor del 12% de los propietarios poseían el 95% de la tierra (Letts, 1964: 27). En 1961, 61.300 personas (1.9% de la Población Económicamente Activa) ganaban el 44% del ingreso nacional (Béjar, 1969: 17, 33). Klarén (2004: 392) escribe que en 1960 el 5% de la población recibió 48% de la rente nacional. Según Webb (1975: 29), en 1961 el 5% de la población disponía de 43% de la renta nacional.

(6) Una izquierda más o menos unida logró obtener el 31% de los votos.

(7) La Izquierda Unida fue un frente electoral con una clara proyección socialista. Ver Izquierda Unida (1989).

(8) Las políticas económicas del gobierno no sólo apuntaron a la transformación del país en una economía basada en la exportación de productos primarios (Wise, 2010: 173; Burt, 2011: 70; Crabtree, 2005: 49), sino también a la liberalización de la economía.

(9) La Reforma Agraria de 1969 proclamó que la tierra pertenecía a los que trabajaron en ella. Estimulados por esta reforma, los campesinos comenzaron a ocupar las tierras de los grandes terratenientes. Aunque en términos generales las ocupaciones de tierras fueron motivadas por el deseo de los campesinos de poseer un pequeño pedazo de tierra, los motivos concretos para ocupar las tierras fueron diversos. Por ejemplo, la usurpación de la tierra de las comunidades por las cooperativas, la mala gestión de las cooperativas y el hecho de que los campesinos consideraban la tierra suya y ya no querían trabajar más para jefes (García-Sayán, 1982: 37, 39, 70, 126-128, 166).

(10) En la mayoría de los servicios públicos está prohibido organizar sindicatos (Sulmont, 1981: 144). Los datos en la tabla 5 muestran la evolución de las huelgas en el sector público, sin embargo, en términos generales, datos sobre las huelgas en el sector público, con la excepción de los maestros, son escasos. Aunque en muchas ocasiones no fue posible registrar los sindicatos en el sector público, a mediados de 1980 el 95% de las personas que trabajaba en el sector público estaba afiliado a un sindicato (Balbi, 1988: 9-10). Las estimaciones de Yépez del Castillo y Bernardo Alvarado (1985: 51, 52) muestran que en los años 1981 y 1982 el 82.8% de las personas que trabajaba en el sector público y que podría afiliarse a un sindicato, pertenecía a un sindicato.