Movimientos Sociales

DECLARACIÓN

DEL I CONSEJO DIRECTIVO

DE LA ASAMBLEA NACIONAL

DE LOS PUEBLOS DEL PERÚ Y EL TAWANTINSUYU

De acuerdo a nuestro Estatuto se convocó para esta fecha, el Primer Consejo Directivo de la Asamblea Nacional de los Pueblos del Perú y el Tawantinsuyu, el mismo que contó con la asistencia de diferentes delegaciones representantes de las bases del norte, sur, centro y oriente del territorio patrio. El llamado tuvo por objetivo consolidar el desarrollo de este espacio fundamental de unidad social y política de los pueblos peruano y tawantinsuyano para la defensa de sus recursos naturales y derechos como el territorio, agua, salud, trabajo, educación, así como para la elaboración de una propuesta alternativa para el desarrollo nacional que se base en la experiencia colectivista originaria y la democracia directa de los pueblos del Perú y el Tawantinsuyu.

La realización del I Consejo Directivo se encuentra inmerso en un contexto político nacional en el cual se incrementan los conflictos sociales debido a la continuidad de la política neoliberal (extractivista, primario exportadora) que ha sostenido el gobierno actual de Ollanta Humala. Los trabajadores del sector salud, del poder judicial, los médicos, maestros, pequeña minería, principalmente, despliegan huelgas y paros a nivel nacional reclamando sus legítimos derechos y por salarios dignos, ante la negativa del gobierno de modificar su presupuesto y cambiar el plan económico que aplica el ministro Castilla –en los hechos quién está por encima del Presidente- siguiendo los mandatos del FMI y del BM, desoyendo los reclamos de los sectores afectados.

La misma política económica sigue impulsando la gran explotación minera transnacional, sin restricciones mínimas, reproduciendo la contaminación ambiental, el mal uso de las aguas y el consiguiente deterioro de nuestros recursos naturales, afectando no solo lasfuentes de vida de las comunidades campesina y nativas del interior del país, sino también los grandes centros poblacionales.

En todos los territorios hay conflictos sociales; pero, el más emblemático sigue siendo el de CONGA en la región de Cajamarca, puesto que aquí es donde se juega el destino del Perú en los próximos años. Si vence la empresa minera, los grandes consorcios económicos tendrán el camino libre para arrasar con el medio ambiente en todo el país. El proyecto Conga sigue avanzando con la construcción de los diques y los accesos para los transportes pesados, con el silencio cómplice de las autoridades y la prensa, originando que el pueblo cajamarquino reanude sus acciones de lucha y la protección de sus ecosistemas frágiles.

Por otro lado, otra expresión de los intereses depredadores de las transnacionales es la adjudicación de tierras para proyectos de grandes empresas agroindustriales, perjudicando la actividad de las comunidades campesinas y pequeños productores y afectando el uso de recursos para su actividad agrícola como agua. Esto además, viene generando una reconcentración de las tierras impulsando la relatifundización, consecuencia nefasta de la firma de los diversos Tratados de Libre Comercio (TLC) y, consiguientemente, una enorme desigualdad en el campo, además del hecho de que los trabajadores de estas empresas sufren de sobreexplotación y no se respetan mínimamente sus derechos, los cuales están a merced de las contratas y services.

Ante esa realidad, nuestros pueblos han continuado movilizándose en rechazo a estas políticas, permitiendo que, los frentes de defensa se consoliden como el vehículo más importantes para la defensa y protección de nuestros recursos naturales, de nuestra soberanía y de nuestros territorios ancestrales; sin embargo, es necesario que este esfuerzo logre una articulación mayor con gremios, sindicatos, federaciones, organizaciones urbanas, de trabajadores y estudiantes y, en general, con todas las bases que están protestando y proponiendo alternativas al ser afectada, de distintas maneras, por un solo enemigo: el capitalismo y el modelo económico neoliberal. Día a día se reafirma la necesidad de unificar y centralizar nuestras luchas, aún dispersas, de dotarlas de un espacio común de articulación, discusión y coordinación para la acción y de elaboración de una Plataforma común en defensa de nuestra soberanía, recursos naturales y por el desarrollo integral de la nación, en justicia e igualdad.

Por eso el I Consejo Directivo de la Asamblea Nacional de los Pueblos del Perú y Tawantinsuyo declara:

1.     Acordar como tareas de las organizaciones afiliadas a la ANPPT y como propuesta a todas las organizaciones sociales y pueblos del Perú y el Tawantinsuyu:

a.      Convocar y organizar el 27 de Julio una Jornada Nacional de Lucha.

b.   Convocar y organizar la V Asamblea Nacional de los Pueblos del Perú y el Tawantinsuyo en la ciudad de Lima los días 25 y 26 de Octubre del 2014.

c.      Impulsar la Anticumbre de los Pueblos para el mes de Diciembre paralela a la vigésima Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático (COP20).

d.   Convocar y organizar LA II MARCHA NACIONAL DEL AGUA DE LOS PUEBLOS DEL PERÚ Y EL TAWANTINSUYU en el marco de la Cumbre COP20 y la vigésima Conferencia de las Partes sobre el cambio Climático (COP20) que tendrá lugar en Lima del 1 al 12 de diciembre de 2014.

2.    Reafirmar su posición de rechazar la actividad minera en cabecera de cuenca y glaciares o que utilice mercurio y cianuro, así como que usurpe los recursos naturales y territorio de los pueblos del Perú y el Tawantinsuyu. En ese sentido se deben declarar la moratoria y revisión de las concesiones otorgadas; revisar los contratos mineros priorizando en ellos los intereses de las poblaciones locales; del desarrollo del país en base a una industrialización que no afecte la sustentabilidad de los ecosistemas naturales.

3.     Impulsar la nacionalización de los sectores mineros y extractivos estratégicos, que bajo gestión pública y con fiscalización de las comunidades y poblaciones involucradas, desarrollen una minería sostenible y que realmente genere ingresos para el desarrollo social.

4.     Defender irrestrictamente el agua como derecho humano inalienable, imprescriptible e inembargable, y que se le dé rango constitucional.

5.     Defender los recursos naturales y culturales, como elementos de nuestra soberanía e identidad. Exigimos se declare a nuestro país como multicultural y multiétnico, rumbo a la consolidación de la unidad para llevar a la práctica la defensa del país de Todas las Sangres.

6.   Solidarizarnos, unificar y hacer nuestras las luchas de los diferentes sindicatos, gremios y trabajadores del país, que pugnan por defender sus derechos y modificar la injusta política laboral que tiene más de veinte años de vigencia. Luchamos por una nueva Ley de Trabajo, en donde se elimine los CAS, services, así como se limite los contratos laborales temporales. Se eleven las remuneraciones y sueldos, a fin de que se garantice a los trabajadores un trabajo digno, para una vida digna.

7.   Defender absolutamente los derechos fundamentales del pueblo como la salud, la vivienda, la seguridad social y la educación entre otros. En ese sentido nos solidarizamos con la lucha del magisterio peruano por la defensa de la educación pública, gratuita y de calidad. Rechazamos los intentos de privatización de la educación a través de su municipalización, así como de eliminar los derechos laborales de los maestros.

8.   Denunciar todos los actos de corrupción vengan de donde vengan, principalmente del Gobierno Central, Gobiernos Regionales y Locales (más aún si se trata de propuestas políticas que supuestamente se hayan identificado con los principios y propuestas planteadas por las organizaciones del pueblo).

9.     Por una nueva policía democrática al servicio del pueblo y no de los poderes fácticos económicos y políticos de turno. En ese sentido rechazamos también la política minero militar del gobierno Central; la impunidad y los indultos por crímenes de lesa humanidad. Nos oponemos a la política neofascistoide de criminalización de la protesta social y nos declaramos en contra de la aprobación de las normas que las permiten. Así como nos solidarizamos con aquellas personas que son perseguidas solo por sus ideas políticas.

10.  Ratificar nuestra firme posición respecto al rechazo de la Constitución fujimontesinista de 1993, por ilegítima. Forjar una nueva Carta Política que no solo declare los derechos del pueblo, sin los haga eficaces y efectivos. Sentar las bases para la convocatoria a una Asamblea Constituyente popular, democrática y representativa.

11.  Proponer a nivel de construcción orgánica de la ANPPT lo siguiente:

a.   Profundizar el proceso de institucionalización a nivel orgánico y nacional de la ANPPT, priorizando la conformación y acreditación de sus bases nacionales, a través de las siguientes acciones:

i.       Impulsar escuelas de formación política para todos y cada uno de nuestros dirigentes nacionales.

ii.    Promover debates desde las bases y organizaciones sobre los capítulos de la nueva constitución de los pueblos, en los temas de agua, seguridad, soberanía, trabajo, etc.

b. Constituir Frentes de Defensa u organizaciones similares afiliadas a la ANPPT verdaderamente representativos en todos los distritos y provincias de nuestro país, así como fortalecer los ya existentes.

c.   Seguir construyendo y ampliado la Plataforma Unitaria de Lucha a nivel nacional en base a un diagnóstico de la situación política y económica de cada región realizado en asambleas populares.

d.  Continuar con los esfuerzos por la construcción del nuevo instrumento Político representativo a nivel nacional, herramienta que se debe seguir nutriendo desde las bases que están en lucha y no desde las cúpulas burocráticas.

e.  Ratificar la naturaleza de la ANPPT como movimiento o frente socio-político de carácter estratégico e histórico para el desarrollo de las luchas directas en función de la conquista del poder del pueblo. 

¡CONGA NO VA, NI NINGUNA CONGA EN EL PAÍS… VA EL PUEBLO!

¡VIVA LA UNIDAD DEL PUEBLO DE TODAS LAS SANGRES! 

Consejo Directivo Nacional de la ANPPT 

Cajamarca, 17 de mayo de 2014

Declaración

Sociedad civil advierte que proyecto de Ley presentado por el Ejecutivo debilita los estándares y la institucionalidad ambiental.

Las organizaciones de pueblos indígenas y originarios, sociales, trabajadores, redes de derechos humanos y de la sociedad civil y de los gobiernos descentralizados firmantes, expresan su profundo rechazo ante la propuesta de “medidas económicas para la reactivación de la economía peruana”, presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ante el Consejo de Ministros, medidas que pretenden reducir las competencias ambientales del Ministerio del Ambiente (MINAM) para aprobar los Límites Máximos Permisibles (LMP) y Estándares de Calidad Ambiental (ECA), y para establecer zonas reservadas administradas por el Servicio Nacional de las Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP); y pretenden limitar la capacidad sancionadora del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para establecer multas a las instituciones que incumplan las obligaciones ambientales; además de limitar las opiniones vinculantes y no vinculantes de los sectores para la aprobación de los Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Las propuestas alcanzadas por el MEF, además de debilitar la capacidad sancionadora del aún joven OEFA, de reducir la capacidad normativa del MINAM, también se pretende reducir la capacidad de gestión para la creación de zonas reservadas (áreas protegidas de categoría transitoria). Este pretendido cambio normativo contraviene el Convenio sobre Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales - Ley 26821 (art. 13), la Ley de Áreas Naturales Protegidas – Ley 26834 (art. 13), e incluso las propias obligaciones del Perú frente al Tratado Libre Comercio con Estados Unidos, al colocarse una restricción política como es la aprobación por el Consejo de Ministros.

Hemos perdido una oportunidad histórica al no aprovechar los beneficios de la renta extractiva para la diversificación de nuestra economía en los últimos 20 años. Recién cuando se ve agravada la dependencia de nuestro modelo económico por la caída de los precios de los minerales, se pretende impulsar la economía a costa de debilitar las incipientes reformas en materia ambiental, señalando sin sustento técnico que éstas son las reales causas del retraso económico o las que generan “desconfianza” en el sector empresarial.

De acuerdo a distintos expertos nacionales y extranjeros, el mantener un Estado rentista y clientelista, y la falta de profundas reformas institucionales son, entre otras, las principales causas de la falta de “competitividad” de la economía peruana. De acuerdo al seguimiento de la Defensoría del Pueblo sobre los conflictos socio-ambientales, el Estado peruano ha sido cuestionado en su rol de promotor de las inversiones. Es por ello que la población local y los pueblos indígenas se han movilizado para criticar y exigir respeto a sus derechos, a decidir sobre las prioridades de su desarrollo, a su relación con la naturaleza.

El problema fundamental no es la demora de las inversiones sino la falta de voluntad política en el proceso de fortalecimiento institucional para la gestión ambiental y social de las inversiones, es decir, tanto para la evaluación ambiental, como para la supervisión de las obligaciones ambientales, que pasa por respetar la autonomía de la autoridad ambiental y continuar con el fortalecimiento del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) y el OEFA.

Desafortunadamente, existe un reducido compromiso de nuestro gobierno por impulsar un modelo de desarrollo sostenible equitativo e inclusivo que contemple el proceso de Ordenamiento Territorial, la definición de competencias ambientales entre niveles de gobierno, el fortalecimiento de la gestión de evaluación ambiental a las inversiones, la implementación de la consulta previa y la titulación territorial para los pueblos indígenas, entre otras políticas. Este escenario se ve agravado por una campaña mediática y de opiniones del sector empresarial que muestran su poca capacidad por comprender que los problemas nacionales solamente se solucionarán logrando un debate abierto y trasparente sobre la gestión de los recursos naturales y bajo un enfoque de respeto a los derechos individuales y colectivos, y construyendo consensos en torno a acuerdos a largo plazo sobre nuestro modelo de sociedad, obligaciones establecidas bajo el modelo de gobernanza ambiental en el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA) y el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE).

Estos intentos por seguir debilitando el proceso de reformas del sector ambiental atentan contra el derecho fundamental a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado, y demuestran una vez más el errático compromiso que tiene este gobierno frente a la Agenda de Cambio Climático, peor aún como país anfitrión de la Vigésima Conferencia de las Partes de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP20), que se realizará en Lima el mes de diciembre.

En tal sentido, demandamos que el Ministerio del Ambiente se pronuncie como ente rector del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y que el Gobierno peruano asuma una posición coherente frente a la conservación de la diversidad biológica y una correcta política de mejora de la gestión ambiental de las inversiones, así como el respeto de los derechos de las y los ciudadanos y pueblos indígenas del Perú, mediante un debate amplio que involucre no solo a medios de comunicación o sector privado, sino a toda la sociedad civil y las comunidades campesinas y nativas, principales afectadas por estas medidas.

Firmantes:

Asociación Arariwa / Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) / Asociación Nacional de Centros (ANC) / Asociación Paz y Esperanza / Amazónicos por la Amazonía (AMPA) / Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) / Asociación Proyecto Amigo-la Libertad / CEDAL Centro de Derechos y Desarrollo / Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) / Centro de Promoción y Estudios de la Mujer Andina "Lulay" / Centro Proceso Social Asesoría Legal  / Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) / Colectivo Tarpuy Mita / Colegio de Biólogos del Perú / Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) / Confederación Nacional Agraria (CNA) / Confederación Campesina del Perú (CCP) / Conferencia Nacional sobre Desarrollo Social (CONADES) / CooperAcción / Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH) / Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) / Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FEMUCARINAP) / Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado del Perú (FENTAP) / Foro Ecológico del Perú / Fórum Solidaridad / Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ) / Grupo Perú COP 20 / Grupo Propuesta Ciudadana / Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible (IDLADS) / Instituto del Bien Común IBC / Marcha Mundial de las Mujeres – Perú / Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático (MOCCIC) / Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú ONAMIAP / Programa Democracia y Transformación Global (PDTG) / Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE) / Red Muqui Nacional / Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (REMURPE) / Servicios Educativos Rurales (SER)